Emergencias por ola invernal
colapsan a Risaralda

Las lluvias no han dado tregua en Risaralda durante este 2025, y las
consecuencias ya se sienten con fuerza en todos los rincones del
departamento. Según el más reciente balance de la Coordinación
Departamental de Gestión del Riesgo, se han registrado 295
emergencias por ola invernal, una cifra que pone en evidencia la
intensidad del fenómeno climático y su impacto devastador en la
región.
Los municipios más afectados son Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa
de Cabal, donde las lluvias han provocado deslizamientos, vendavales
e inundaciones. Solo Pereira ha reportado 81 emergencias, mientras
que Dosquebradas y Santa Rosa suman 47 y 29 eventos,
respectivamente. Quinchía y La Celia también han sufrido con 22 y 19
incidentes. Aunque en otros municipios los casos no superan los 16,
las afectaciones son igual de preocupantes, especialmente en zonas
rurales donde el acceso es limitado.
Las cifras hablan por sí solas: el 51 % de los eventos corresponde a
deslizamientos, el 28 % a vendavales, el 14 % a inundaciones, y el
restante 7 % a daños estructurales. Pero detrás de los números, hay
historias de familias aisladas, carreteras bloqueadas y comunidades
enteras sin acceso a ayuda humanitaria.
Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora de Gestión del Riesgo
en Risaralda, aseguró que la situación es crítica: “Estamos ante una
emergencia de gran escala. Muchas vías están colapsadas y eso
dificulta la llegada de ayuda. Hay zonas rurales totalmente
incomunicadas”, afirmó.
Ante la gravedad del panorama, el Gobierno departamental declaró la
calamidad pública, medida que permite acelerar recursos y poner en
marcha planes de acción con apoyo nacional. Mientras tanto, la
lluvia continúa cayendo sin descanso, elevando el temor de nuevas
emergencias.
Los habitantes de Risaralda miran al cielo con incertidumbre,
esperando una tregua que les permita comenzar a reconstruir lo que
el invierno ha dejado atrás.
Comunidades indígenas y CARDER
firman acuerdos para proteger el Río Quinchía

En medio de un ambiente de respeto y diálogo intercultural, el
municipio de Quinchía fue escenario de un encuentro trascendental
para el futuro del Río Quinchía. Funcionarios de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) se reunieron con
representantes de las comunidades indígenas
Embera Chamí y Escopetera y Perza para socializar y firmar los
acuerdos que regirán el uso y conservación de
este importante afluente.
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Más que un acto protocolario, la
jornada fue un ejercicio de escucha activa y construcción colectiva. Las
comunidades indígenas, reconocidas históricamente como guardianas del
territorio, compartieron sus saberes ancestrales y reafirmaron su compromiso con
la defensa del agua, mientras los técnicos de
CARDER presentaron los lineamientos del proceso de reglamentación.
Durante el encuentro se destacó la importancia de integrar la visión cultural de
los pueblos originarios con los marcos técnicos de gestión ambiental. “El agua
no es solo un recurso, es vida, es espíritu, y debemos cuidarla con respeto”,
expresó uno de los líderes Embera, recordando que la protección del río también
es una forma de preservar la identidad del territorio.
La firma de estos acuerdos marca un paso firme hacia una gobernanza ambiental
más justa e inclusiva, donde la participación comunitaria es clave. Con esta
alianza, se busca asegurar el caudal ecológico del río, promover un uso
sostenible del agua y garantizar su disponibilidad para futuras generaciones.
La presencia de CARDER en Quinchía reafirma que la conservación ambiental
comienza en los territorios, con las comunidades que habitan y protegen cada
rincón. El Río Quinchía no solo fluye como fuente de vida, sino también como
símbolo de unidad, resistencia y esperanza compartida.
Apía le apuesta al saneamiento rural: pozos
sépticos transforman la salud y el entorno

En lo alto de las montañas risaraldenses, donde las veredas dibujan una vida
tranquila pero olvidada por décadas, un nuevo proyecto está marcando un antes y
un después para cientos de familias rurales en Apía. Se trata de la instalación
de 42 sistemas sépticos individuales, una iniciativa impulsada por la
Gobernación de Risaralda y Empresas Públicas del departamento, con el objetivo
de mejorar el saneamiento básico y proteger el medio ambiente en zonas que
históricamente han carecido de servicios esenciales.
La inversión, que supera los $2.400 millones provenientes del Sistema General de
Regalías, busca no solo responder a una necesidad urgente, sino también
dignificar la vida en el campo, como lo expresó el gobernador Juan Diego Patiño
Ochoa, durante la socialización del proyecto con las comunidades beneficiadas.
“Durante años estas familias han vivido sin un sistema adecuado para el
tratamiento de aguas residuales. Este proyecto es una solución real, pensada
para cambiar vidas y proteger nuestros recursos naturales”, afirmó el
mandatario, visiblemente emocionado por la acogida que ha tenido la iniciativa.
Y es que en veredas como El Jazmín, donde se realizó uno de los encuentros con
líderes comunitarios, la gratitud se respira en el ambiente. “Esto es una
bendición”, dijo William de Jesús Úsuga, presidente de la vereda. “Muchos aquí
nunca pensamos que llegaría una obra de esta magnitud. Hoy sentimos que sí
estamos siendo escuchados”.
La gerente de Empresas Públicas de Risaralda, Ana María Camacho, también destacó
el impacto ambiental y social del programa: “Estamos dejando atrás prácticas que
ponían en riesgo la salud de las familias y la calidad del agua. Con estos pozos
sépticos estamos sembrando futuro, bienestar y sostenibilidad”.
El problema era claro: en muchas zonas
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rurales, las aguas negras se vertían
directamente en quebradas, suelos y cultivos, generando focos de contaminación y
enfermedades. Con estos nuevos sistemas, diseñados para funcionar de manera
autónoma y adaptada al terreno, se espera una reducción drástica en la
contaminación de fuentes hídricas, además de una mejora significativa en la
salud pública.
Pero el proyecto va más allá de lo técnico. Las autoridades han insistido en que
el éxito no depende únicamente de la infraestructura instalada, sino del
acompañamiento educativo a las familias para garantizar el uso y mantenimiento
adecuado de los sistemas.
La apuesta en Apía
se perfila como un modelo replicable para otros municipios del departamento,
especialmente en aquellos donde la extensión geográfica o la dispersión de las
viviendas impide construir redes convencionales de alcantarillado.
“Estamos demostrando que es posible atender necesidades históricas con
soluciones concretas, si hay voluntad política y trabajo articulado con las
comunidades”, concluyó un vocero técnico de la entidad.
Hoy, en los caminos de Apía, no solo corren nuevas aguas más limpias, también
renace la esperanza de un futuro más digno, saludable y respetuoso con la tierra
que los acoge.
Nuevos puentes peatonales transforman la vida de
comunidades indígenas en Pueblo Rico

En medio del verde espeso del municipio de Pueblo Rico, dos nuevos puentes
peatonales marcan un hito en la conectividad y el bienestar de más de 3.800
indígenas pertenecientes a las comunidades de Caja de Oro y Bajo Gitó. Estas
obras, recientemente finalizadas, no solo simbolizan progreso, sino también
dignidad y esperanza para quienes por años cruzaron ríos a pie o sobre
estructuras improvisadas.
La iniciativa fue posible gracias a la gestión del gobernador de Risaralda, Juan
Diego Patiño Ochoa, ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD). Con una inversión superior a los $1.900 millones, los puentes
se convierten en un cambio tangible para cientos de familias que ahora podrán
acceder de forma más segura a servicios de salud, educación y mercados locales.
Durante una visita al territorio, el gobernador expresó su emoción por el
impacto positivo de estas obras. “Esto no es solo concreto y acero, es una
muestra de respeto hacia nuestras comunidades indígenas y de compromiso con su
bienestar. Seguiremos trabajando por un Risaralda más inclusivo y con
oportunidades reales para todos”, afirmó.
Para las comunidades, estos puentes significan mucho más que infraestructura.
Representan seguridad para los niños que van a la escuela, tranquilidad para las
madres que deben llegar al puesto de salud y mejores condiciones para el
comercio de productos agrícolas.
Este proyecto refuerza la importancia de invertir en las zonas más apartadas,
donde la necesidad se siente con más fuerza y la gratitud se expresa con
sinceridad. Hoy, en Pueblo Rico, los pasos son más firmes y el futuro, un poco
más cercano.
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