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Vías del Samán en crisis: costos de obras se disparan
El ambicioso proyecto Vías del Samán, que prometía mejorar
significativamente la conectividad entre Risaralda y Valle del
Cauca, atraviesa una de sus etapas más críticas desde su anuncio en
2021. Lo que en su momento se presentó como una apuesta estratégica
por la modernización de la infraestructura vial en el occidente
colombiano, hoy se ve empañado por un alarmante aumento en los
costos de ejecución: las cifras iniciales se han cuadruplicado y han
puesto en duda la viabilidad financiera de varias de sus obras
clave.
Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda, fue enfático al
señalar que, con el modelo financiero original, hoy sería imposible
ejecutar las obras como se plantearon hace cuatro años. Ejemplos
claros son la doble calzada Cerritos-La Virginia y el tramo La
Romelia-El Pollo. Este último, que arrancó con un presupuesto de 200
mil millones de pesos, apenas podrá avanzar en 3.1 kilómetros, bajo
una lógica de ejecución por etapas. Una decisión obligada por las
nuevas condiciones económicas y que obliga a replantear el alcance
del proyecto.
A pesar del panorama sombrío, hay una luz de esperanza: la
intersección Galicia, ubicada en la vía a Cerritos, cuenta con
recursos asegurados y, según las autoridades, será entregada en
diciembre. No obstante, el resto del plan vial se tambalea y se
encuentra a la espera de un nuevo análisis financiero por parte de
INVIAS y Findeter, entidades clave en la estructuración del
proyecto. Risaralda propondrá además una nueva vía, con un costo
estimado de 150 mil millones de pesos, como parte de la estrategia
para mantener viva la iniciativa.
En el Valle del Cauca la situación no es menos preocupante. La
gobernadora Dilian Francisca Toro expresó su inquietud por el
incremento desmedido en el valor de las obras. La vía
Zaragoza-Aeropuerto, en las afueras de Cali, inicialmente valorada
en 91 mil millones, ahora requiere 600 mil millones para su
ejecución. Frente a este nuevo escenario, la opción de construir
solo una calzada —y no una doble como se había planeado— gana
fuerza.
El tema financiero se ha convertido en el corazón del problema. Una
de las alternativas que se discute es extender el tiempo de
recaudación del peaje Cerritos II, cuya proyección original era
alcanzar 1.6 billones de pesos hasta 2041. Hoy, con una recaudación
anual estimada en 63 mil millones, se contempla la necesidad de
alargar el plazo para poder garantizar recursos adicionales. De esos
fondos, 400 mil millones están destinados exclusivamente a la
gestión vial integral.
En paralelo, el Valle también apunta a los ingresos generados por
los peajes de la vía Panorama, un corredor de 102 kilómetros que
conecta varios municipios de la región. El objetivo es recaudar
cerca de 200 mil millones de pesos en los próximos 15 años para
rehabilitar esta importante arteria vial. Aunque ya hay avances
entre Anserma y Cartago, las obras requieren más capital, lo que
obliga a pensar en nuevas fuentes de financiamiento.
Lo que alguna vez fue un símbolo de integración y desarrollo
regional, hoy se convierte en una muestra más de cómo los
cambios económicos pueden trastocar los planes de
infraestructura. Gobernadores y autoridades tienen ahora la
responsabilidad de redibujar un proyecto que, pese a los tropiezos,
sigue siendo vital para el crecimiento del suroccidente colombiano.
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El Eje Cafetero teje su futuro cultural
Con un fuerte llamado a la integración regional y a la valoración del patrimonio
cultural, el Eje Cafetero dio un paso clave en la consolidación de su Plan
Regional de Cultura, una iniciativa que busca alinear las expresiones culturales
de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima bajo una misma visión estratégica.
El segundo Encuentro de Secretarios y Directores de Cultura, realizado esta
semana en Pereira, sirvió como escenario para avanzar en la construcción de esta
hoja de ruta, que proyecta estar finalizada hacia finales de 2025. El objetivo
central es claro: unir saberes, tradiciones y creatividad para fortalecer la
identidad regional y promover un desarrollo cultural sostenible.
Humberto Tobón, gerente de la RAP Eje Cafetero, explicó que el plan no solo
reconoce la riqueza de las expresiones culturales del territorio, sino que
también busca articularlas con sectores como el turismo y la economía creativa.
“La cultura puede y debe ser un motor de desarrollo regional”, afirmó.
Desde Risaralda, Andrés García, director de Cultura y Artes, celebró que el
componente cultural esté incluido en el plan estratégico de la RAP, lo que
permitirá pensar el patrimonio —tanto material como inmaterial— desde una mirada
más amplia y con impacto real.
En la misma línea, el secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo, subrayó
la importancia de trabajar de manera colaborativa entre departamentos para
construir una política cultural sólida y con visión a largo plazo.
Este plan responde al creciente reconocimiento en Colombia de que la cultura no
solo es símbolo, sino también estrategia: una herramienta poderosa para
articular territorios y construir región desde la diversidad.
Defensoría del Pueblo atendió a más de 12.000
personas en el Quindío durante 2024
En una jornada marcada por la escucha activa y el reconocimiento del trabajo en
defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo presentó en Armenia
los resultados de su gestión en el Quindío durante 2024. El balance reveló una
cifra significativa: más de 12.000 personas fueron atendidas a través de
solicitudes, asesorías, trámites, quejas y asignación de defensores públicos.
Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, que tuvo lugar en la sede
de la Defensoría en Armenia, participaron autoridades locales, líderes sociales,
indígenas, migrantes y colectivos ciudadanos.
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Uno de los hallazgos más relevantes
fue que el derecho a la salud se posicionó como el más vulnerado en el
departamento, según las tutelas gestionadas por la Dirección de Atención y
Trámite de Quejas.
Otro punto destacado fue la labor de la delegada para Asuntos de Mujeres y
Género, quien logró impactar a más de 1.800 personas mediante jornadas de
promoción de derechos con enfoque diferencial. La gestión incluyó la atención de
16 casos específicos y la interposición de 7 acciones de tutela relacionadas con
procesos de feminización, masculinización y acceso a tratamientos hormonales.
Uno de los momentos más emotivos del evento fue el testimonio de
Gina Hoyos, una mujer trans de Circasia, quien agradeció el respaldo legal
recibido en su camino de transformación. “No me sentí sola, y eso marcó la
diferencia”, expresó.
El informe fue presentado por funcionarios de distintas delegadas de la entidad,
mientras que representantes de comunidades indígenas y migrantes compartieron
sus experiencias. El resultado fue un balance positivo, que reafirma la
importancia del trabajo constante de la Defensoría del Pueblo en la protección
de los derechos en el Quindío.
Tribunal del Quindío da ultimátum al MinAmbiente:
90 días para reglamentar Consejos de Agua
En un fallo que pone en evidencia la falta de avances concretos en la gestión
ambiental, el Tribunal Administrativo del Quindío acogió la solicitud de la
Procuraduría General de la Nación y ordenó al Ministerio de Ambiente expedir, en
un plazo máximo de 90 días, la reglamentación necesaria para la conformación y
funcionamiento de los Consejos de Agua.
La decisión surge tras una intervención de la Procuraduría Delegada de Asuntos
Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, que alertó sobre los retrasos
injustificados en el desarrollo de esta reglamentación. Según lo expuesto, el
pasado 4 de octubre de 2024 se solicitó al Ministerio información actualizada
sobre los avances del proceso. La respuesta, lejos de ser alentadora, evidenció
demoras sustanciales y etapas aún inconclusas.
El Tribunal respaldó el pronunciamiento del órgano de control, recalcando que el
Ministerio tiene una obligación legal incumplida. Aclaró además que no se trata
de ejecutar obras o destinar recursos económicos, sino de emitir una norma
reglamentaria, por lo que no cabe alegar la falta de presupuesto como excusa.
Este reglamento es clave para que los Consejos de Agua —instancias
participativas orientadas a la gestión sostenible del recurso hídrico— puedan
funcionar efectivamente. Sin esta normativa, la ley que los crea queda sin
efecto práctico, algo que preocupa especialmente en regiones como el Quindío,
donde el agua es un recurso vital y en constante riesgo.
Ahora, el Ministerio de Ambiente tiene un plazo improrrogable de tres meses para
cumplir. De no hacerlo, podría enfrentar consecuencias legales por desacato. La
decisión ha sido bien recibida por sectores ambientalistas, que ven en ella un
paso necesario para frenar la inercia institucional frente a la protección del
agua en Colombia.
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