Pereira, Colombia - Edición: 13.491-1071

Fecha: Sábado 17-05-2025

El cerco comenzó el pasado 5 de mayo, un día después de que las autoridades peruanas lo señalaran como el presunto responsable del asesinato de 13 personas en una mina artesanal en Pataz, al norte del Perú. Según las investigaciones, Cuchillo habría enviado un grupo armado de 20 hombres para robar oro extraído por trabajadores mineros. El asalto derivó en un enfrentamiento que dejó los cuerpos apilados dentro de un socavón.

Desde entonces, los investigadores le siguieron la pista. Ingresó a Colombia por Venezuela y viajó primero a Bogotá. Luego se trasladó a Medellín, donde se hospedó en dos hoteles distintos, abordó varios taxis y fue visto repetidamente con una mujer. Esa cercanía fue clave para establecer sus movimientos. El rastro culminó en el Pasaje La Bastilla, en pleno barrio La Candelaria.

El día de su detención, Cuchillo fue sorprendido caminando tranquilamente. Llevaba consigo tres celulares y 20 millones de pesos en efectivo. Una llamada, sin embargo, fue decisiva: 20 minutos antes de su arresto, habló con su abogada en Perú, presuntamente para coordinar su regreso. Esa conversación, interceptada por las autoridades, terminó de confirmar su paradero.

Rodríguez Díaz no es un desconocido para la justicia peruana. En 2014, integró la banda criminal Los Chuckys, famosa por asaltar usando máscaras del muñeco diabólico. De ahí su apodo. En 2023, ya había sido vinculado al asesinato de diez mineros en un ataque similar. Y en 2024, se le señaló como cabecilla armado de ‘La Gran Alianza’, una organización que disputa el control de la minería ilegal en el norte de Perú.

Ahora, el hombre que cruzó fronteras para evadir la justicia permanece bajo custodia de la Dijín en Medellín, a la espera de que las autoridades peruanas oficialicen su pedido de extradición. Según confirmó la Policía, y al cierre de esta edición, en las próximas horas sería trasladado a Bogotá mientras avanzan los trámites diplomáticos.

Se cae preacuerdo entre Olmedo López y la Fiscalía

Un juez especializado de Bogotá tumbó el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por considerar que la pena negociada no corresponde con la gravedad de los delitos que se le atribuyen. La decisión representa un nuevo giro en el escándalo que sacudió las entrañas del Estado y evidenció un esquema de corrupción con impacto nacional.

El fallo fue emitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento, que concluyó que la multa acordada no era proporcional frente a los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, que López había reconocido en el documento de 27 páginas firmado con la Fiscalía. El preacuerdo contemplaba una pena de seis años y dos meses de prisión, con una rebaja del 40 % por su colaboración.

Durante la audiencia, el juez fue enfático: aceptar ese tipo de preacuerdos podría enviar un mensaje equivocado sobre la sanción al desfalco de fondos públicos, sobre todo tratándose de una organización criminal que —según la Fiscalía— operó con permanencia e influencia directa en procesos de contratación de la UNGRD.
 

La Fiscalía detalló que esta red de corrupción incluía a otros altos funcionarios y particulares, entre ellos Sneyder Pinilla,

En un acto simbólico, López pidió perdón público a su familia, a las comunidades wayúu de La Guajira —directamente afectadas por el mal manejo de recursos— y a la sociedad en general. Aseguró que no volverá a involucrarse en actividades delictivas, como muestra de su intención de no repetición.

Por ahora, el caso sigue en manos del juez de segunda instancia, mientras el país observa con atención cómo avanzan los procesos penales contra quienes se lucraron de una entidad que debía proteger a los más vulnerables.

Tragedia en el Catatumbo: Ataque con dron deja un niño muerto y once campesinos heridos

Una nueva tragedia golpeó a la población civil del Catatumbo, en el norte de Colombia, donde el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales cobró la vida de un niño de 12 años y dejó al menos once campesinos heridos. El ataque ocurrió en la noche del jueves 15 de mayo en la vereda 20 de Julio, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

La explosión, atribuida a un enfrentamiento entre el frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN, estremeció a esta comunidad campesina, donde según testimonios locales, el menor falleció de forma instantánea. Una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, resultó gravemente herida y recibe atención médica en un centro asistencial.

La situación ha generado profundo dolor entre los habitantes, quienes denuncian que el Estado ha abandonado por completo a estas comunidades. “Aquí los niños crecen entre disparos, explosiones y miedo. Lo que pasó anoche es otra prueba de ese abandono”, expresó un líder social que pidió mantener su nombre en reserva.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) rechazó enérgicamente el uso de drones en zonas pobladas. En un comunicado, afirmó que estos ataques violan el derecho internacional humanitario y causan daños irreparables en las familias campesinas. “Especialmente los niños y niñas son quienes más sufren. Las comunidades no son un campo de guerra”, señaló la organización.

Desde marzo de este año, se han registrado varios ataques con drones explosivos en esta región, dejando un saldo de al menos ocho personas muertas, incluidos tres militares. La escalada de esta nueva modalidad de violencia preocupa a las organizaciones de derechos humanos, que han insistido en la necesidad de una intervención urgente del Estado.

Ascamcat publicó los nombres de los heridos en un esfuerzo por contactar a sus familiares. Mientras tanto, la comunidad del Catatumbo sigue esperando respuestas y acciones concretas que frenen esta violencia que, cada vez más, cobra víctimas inocentes.