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Alias “Castañeda” asegura que Iván Cepeda le
ofreció beneficios a cambio de incriminar a Uribe
Durante la jornada número 41 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe
Vélez, realizada el viernes 16 de mayo, un nuevo testimonio reavivó las
tensiones en torno al proceso que se adelanta por presunto fraude procesal y
soborno en actuación penal. Esta vez fue el turno del abogado Wilser Darío
Molina, actual alcalde de Amagá (Antioquia), quien compareció en calidad de
testigo de la defensa.
Molina relató que, en 2014, cuando ejercía como abogado penalista, fue
contactado por su cliente Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín”, en la cárcel de
Itagüí. Según su versión, Tuberquia le pidió reunirse con dos internos: Ramiro
de Jesús Henao, alias “Simón”, y Gabriel Muñoz, alias “Castañeda”, ambos
exintegrantes del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Durante ese encuentro, los exparamilitares habrían denunciado que el senador
Iván Cepeda, acompañado por la abogada Mercedes Arroyave, los visitó en el penal
con el objetivo de convencerlos de declarar en contra de Uribe. Según el relato,
Cepeda habría ofrecido beneficios penitenciarios y hasta asilo político en
Argentina a cambio de que implicaran al entonces exgobernador de Antioquia en un
supuesto asesinato ordenado por él.
“Me dijeron que los dejaron solos con el senador en la oficina del director del
penal, y que les entregaron un libreto para que lo aprendieran y lo repitieran
ante la justicia. La propuesta era muy clara: declarar que habían matado a un
comandante del ELN por órdenes de Álvaro Uribe”, aseguró Molina en su testimonio
ante el juez.
Gabriel Muñoz, alias “Castañeda”, también fue mencionado de forma directa. Según
Molina, él fue quien le informó inicialmente sobre la supuesta propuesta de
Cepeda, y aseguró haber sido contactado a través de la abogada Arroyave, quien,
dijo, lo presionó para aceptar el trato.
La jornada también incluyó la intervención de la exfiscal Hilda Niño Farfán,
quien volvió a declarar sobre un supuesto plan dentro de la Fiscalía para
perjudicar judicialmente a Uribe y a su hermano Santiago. Sin embargo, estas
afirmaciones no han sido probadas en sede judicial.
Con este testimonio, la defensa del expresidente busca fortalecer su tesis de
que Uribe no manipuló testigos, sino que fue víctima de una campaña en su
contra. El proceso judicial continúa, y aún restan por declarar decenas de
testigos que podrían inclinar la balanza en uno de los casos más sensibles y
mediáticos de la justicia colombiana reciente.
Golpe certero contra el crimen organizado en Pereira: 47 capturados en la
Operación 90H
La ciudad de Pereira ha estado viviendo en las últimas semanas una de las
operaciones policiales más contundentes de los últimos
años. Con 47 personas capturadas hasta el momento y una ofensiva simultánea en
los sectores más golpeados por la criminalidad, la denominada Operación 90H dejó
al descubierto el músculo operativo de la estructura delincuencial Cordillera,
que por años ha sembrado el miedo en el Eje Cafetero.
Durante los últimos días, la Policía Metropolitana desplegó unidades élite,
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binomios caninos,
inteligencia estratégica y trabajo comunitario para dar con los responsables de
delitos como microtráfico, extorsión y homicidios selectivos. El resultado: 38
capturas en flagrancia y 9 por orden judicial, todas ellas relacionadas con el
accionar del grupo Cordillera, una red criminal con tentáculos urbanos y
rurales.
Uno de los momentos más destacados del operativo fue la detención de alias ‘Llante’,
señalado como sicario al servicio de alias ‘Manguala’, uno de los cabecillas más
temidos del grupo. La captura se produjo en Nacederos, una zona marcada por la
disputa territorial entre bandas por el
control del narcotráfico. Las autoridades lo relacionan con al
menos dos homicidios y esperan que su testimonio contribuya a esclarecer otros
crímenes.
La general Yurian Romero, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que la
operación fue posible gracias a una mezcla de tecnología, análisis criminal y
participación ciudadana. “Aplicamos mapas de calor del delito, cámaras de
seguridad y recibimos llamadas anónimas que fueron claves para ubicar los
objetivos”, explicó.
Los sectores intervenidos reflejan con crudeza la realidad de muchos barrios
populares: El Plumón Bajo, La Isla, Alto de Cuba, El Rosal, La Guamera, La
Platanera, El Remanso y Ciudadela del Café fueron epicentros de la acción
policial. En Dosquebradas, las tomas diferenciales se concentraron en Guadualito
y Pueblo Sol, zonas fuertemente golpeadas por las extorsiones.
Además de las capturas, se incautaron cuatro armas de fuego que serían
utilizadas por redes de sicarios. Estos elementos ya están en manos de los
fiscales especializados, quienes avanzan en los procesos judiciales.
La Operación 90H no solo deja cifras contundentes, sino una sensación de
esperanza entre los ciudadanos. “No es solo sacar delincuentes de las calles, es
devolverle el control del territorio a la comunidad”, concluyó la general
Romero. Un mensaje claro de que, en Pereira, el crimen ya no tiene la última
palabra.
Incautadas más de tres toneladas de droga en
Putumayo
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada y la Policía,
las autoridades colombianas lograron interceptar un cargamento de más de tres
toneladas de cocaína y marihuana en el departamento de Putumayo. La embarcación,
detenida en el muelle La Esmeralda, en jurisdicción de Puerto Asís, transportaba
una tonelada de clorhidrato de cocaína y dos de marihuana. Dos personas fueron
capturadas en el operativo.
Este hallazgo, calificado como un “golpe certero” por las fuerzas de seguridad,
evitó la circulación de cerca de 6.000 millones de dosis en el mercado ilegal,
según cálculos del Ejército. La droga, que al parecer pretendía cruzar hacia el
vecino país de Ecuador para ser exportada por rutas transnacionales, representa
un fuerte revés para las finanzas de grupos criminales que operan en esta zona
del sur del país.
Aunque por ahora se desconoce a qué estructura criminal pertenecía el
cargamento, las autoridades aseguran que este tipo de operaciones impactan
directamente las redes del narcotráfico responsables de actos violentos,
homicidios y disputas armadas por el control de las rutas.
“Con este resultado se fortalece la presencia legítima del Estado en zonas
históricamente golpeadas por el crimen organizado”, afirmó el ministro de
Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien destacó la articulación entre fuerzas
militares y de policía en esta ofensiva contra las economías ilegales.
Este operativo se suma a otras acciones recientes que evidencian el avance
sostenido en la lucha contra el narcotráfico. La semana pasada, agentes
antinarcóticos decomisaron 130.000 dosis de cocaína camufladas en tallos de
flores que iban a ser exportadas desde el aeropuerto El Dorado hacia Países
Bajos. Además, en Maicao
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(La Guajira), fue desmantelado un centro de acopio donde se
hallaron 403 kilogramos de clorhidrato de cocaína, droga que tenía como destino
final Estados Unidos.
Las cifras hablan por sí solas: entre agosto de 2022 y mayo de 2025, las
autoridades han incautado más de dos millones de kilos de cocaína en el país.
Sin embargo, en regiones como Putumayo, donde los cultivos ilícitos y el tráfico
fluvial siguen siendo un desafío, estos resultados representan tanto un avance
como una alerta.
Mientras las organizaciones criminales insisten en mutar y expandir sus rutas,
el Estado continúa reforzando su presencia con inteligencia, tecnología y
presencia institucional. Para los habitantes de zonas como Puerto Asís, cada
incautación es una muestra de esperanza en medio de una lucha que aún está lejos
de terminar.
Tatiana Hernández: Un mes de angustia que expone
la grave crisis de desapariciones en Cartagena
El 13 de mayo se cumplió un mes desde la desaparición de Tatiana Hernández, una
joven estudiante de medicina de 23 años cuyo rastro se perdió en las playas de
Bocagrande, en Cartagena. La incertidumbre sobre su paradero ha dejado a su
familia sumida en la desesperación, mientras el caso se convierte en símbolo de
una problemática que crece en silencio: las desapariciones forzadas en la
ciudad.
Tatiana se encontraba en su año rural en el Hospital Naval y, según las
versiones iniciales, su desaparición podría haber sido producto de un accidente
en el mar. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva por parte de la Armada
Nacional en más de 12.500 kilómetros cuadrados, no se encontró ninguna prueba de
que hubiera ingresado al agua. Ante esto, la familia sostiene otra hipótesis.
“Tatiana no está muerta. A Tatiana se la llevaron. Y la vamos a encontrar”,
sentenció el abogado Antonio Hernández Torres, quien representa legalmente a los
familiares de la joven. Para ellos, se trata de un posible secuestro. Y no están
solos en su preocupación: Cartagena ha registrado 147 desapariciones desde 2019,
y más del 80 % permanecen sin resolver.
La mayoría de las víctimas están entre los 20 y 39 años, un patrón que ha
encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos y veedurías
locales. Érick Urueta, de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena, insiste
en que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que requiere atención
urgente. “Es alarmante que las personas desaparezcan y no haya respuestas. No
hay coordinación entre las instituciones, y las investigaciones se diluyen con
el tiempo”, señaló.
El fenómeno parece agravarse con los años. En 2022 hubo 32 desapariciones; en
2023, 33; y en 2024, al menos 35. En lo que va de 2025 ya se reportan cuatro,
incluida la de Tatiana. La ciudad, además, encabeza la lista de territorios con
menor porcentaje de casos resueltos: solo el 17 %.
La situación se ve agravada por la presencia de grupos criminales que operan en
zonas costeras y rurales. Luis Fernando Trejos, experto en seguridad, advierte
que el puerto, el turismo y la cercanía al Caribe convierten a Cartagena en un
punto vulnerable para el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades
ilícitas. “La desaparición se ha convertido en una herramienta de castigo en el
mundo criminal”, aseguró.
La familia de Tatiana ha solicitado una audiencia urgente con el ministro de
Defensa, exigiendo respuestas y acciones concretas. Mientras tanto, la
ciudadanía mantiene viva su imagen y reitera un llamado colectivo: que Tatiana
aparezca y que Cartagena deje de ser una ciudad donde tantos simplemente
desaparecen.
Si usted tiene información sobre Tatiana Hernández, puede comunicarse a los
teléfonos 123 (Policía), 122 (Fiscalía) o a las líneas 3214732045, 3225072370 y
3233190810.
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