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Por presunta corrupción, a
juicio hermano del jefe de gobierno español
Por presunto tráfico de influencias y prevaricación en un contrato
que firmó en 2017 con una institución pública del suroeste de España
será juzgado David Sánchez, el hermano del jefe de gobierno español.
David Sánchez, que fue nombrado responsable de la oficina de Artes
Escénicas de la provincia de Badajoz y es hermano menor del
dirigente socialista español, será juzgado junto a otras diez
personas, incluido el secretario general del Partido Socialista en
la región de Extremadura, indicó el auto.
Sánchez es sospechoso de los delitos de tráfico de influencias y
prevaricación, señaló el escrito de la jueza de instrucción Beatriz
Biedma, que no especifica la fecha del juicio.
La magistrada rechazó la solicitud de la fiscalía, que hace una
semana pidió archivar la investigación contra Sánchez, alegando,
según los medios españoles, que se basaba solo en "conjeturas".
La decisión de la jueza llega en un momento de debilidad para Pedro
Sánchez, por otras investigaciones que apuntan a su entorno: una
contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de
influencias, y otra contra el fiscal general, una figura nombrada
por el Ejecutivo.
Sánchez "no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de
elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la
degradación institucional y moral de este gobierno", reaccionó Cuca
Gamarra, la número dos del Partido Popular (PP, derecha), el
principal de oposición.
Ante todos estos casos, el presidente del Gobierno ha señalado a la
derecha y a la extrema derecha de estar detrás de una "campaña" de
desprestigio para desestabilizar su Ejecutivo.
El hermano de Pedro Sánchez era investigado desde junio de 2024 por
las presuntas irregularidades en su contratación a mediados de 2017,
tras una denuncia formulada por “Manos Limpias”, un colectivo
cercano a la extrema derecha.
En un auto anterior, Beatriz Biedma consideró que "existen indicios"
de que David Sánchez "habría utilizado influencia en la Diputación
de Badajoz", gobernada por los socialistas, "para obtener un
beneficio propio".
La jueza estimó que David Sánchez, a sabiendas de que el puesto "se
había creado para él", se presentó a la convocatoria, e hizo la
entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento.
La contratación ocurrió en junio de 2017, pocos días después de que
Pedro Sánchez fuera elegido como secretario general del Partido
Socialista, en ese momento en la oposición, aunque el puesto había
sido creado el año anterior.
Además, la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha
indicado que, no estando fijada en el presente momento procesal la
cuantía, ni siquiera aproximada, de las responsabilidades civiles
solicitadas, no procede la fijación de fianza.
Cabe destacar que, junto a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, se
ha acordado la apertura de juicio oral contra el exasesor de Moncloa
Luis María Carrero Pérez, o el diputado de Cultura de la Diputación
de Badajoz, Ricardo Cabezas Martín, entre otros.
Por otra parte, la jueza Beatriz Biedma ha dictado otro auto en el
que desestima el recurso presentado por David Sánchez contra el auto
de procesamiento del pasado 28 de abril, y en el que insiste en los
indicios de delito.
EE. UU. anunció fin de licencia de
Chevron en Venezuela
La licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar
en
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Venezuela expirará la próxima semana, como estaba previsto,
insistió este jueves el Departamento de Estado, contradiciendo al enviado
especial de la Casa Blanca Richard Grenell.
En febrero Estados Unidos anunció el fin de la licencia de Chevron pero un mes
después prolongó hasta el 27 de mayo el plazo para que liquide operaciones en el
país caribeño.
Además el presidente Donald Trump sancionó a los países que hacen negocios con
el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro imponiéndoles un arancel
del 25% si compran petróleo o gas venezolano, independientemente de si lo
adquieren directamente o a través de terceros.
La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de
Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le
ha impedido enviar a Grenell a negociar con altos cargos venezolanos la
liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.
"El presidente Trump autorizó esa prórroga si éramos capaces de conseguir algún
avance, si podíamos generar confianza y eso lo logramos hoy, así que se
concederá la prórroga", declaró Grenell en una entrevista en el podcast de Steve
Bannon, estandarte del populismo de derecha y exasesor de Trump.
Lo dijo después de mediar para la liberación esta semana de un exmilitar
estadounidense detenido en Venezuela.
Pero el miércoles a última hora el jefe de la diplomacia estadounidense Marco
Rubio, muy crítico con Maduro, publicó un mensaje muy escueto en su cuenta
personal de la red social X.
"La licencia petrolera pro Maduro de (el expresidente demócrata Joe) Biden en
Venezuela vencerá según lo previsto el próximo martes 27 de mayo", escribió.
En una rueda de prensa este jueves, los periodistas pregunto a su portavoz Tammy
Bruce por la aparente discrepancia entre Rubio y Grenell.
"No hay confusión. Creo que muchas personas, en todos los temas, pueden tener
muchas opiniones, pero creo claramente que nos fijamos en aquellas que tienen el
poder de tener impacto y que toman la decisión", contestó Bruce.
"Y, por supuesto, esto (la decisión) también va en la dirección del presidente
Trump", precisó.
Rubio tiene peso en el gobierno. Trump ha repetido públicamente varias veces que
está encantado con este hijo de migrantes cubanos nacido en Miami.
La última licencia mantiene a Chevron, la única petrolera estadounidense que
opera en Venezuela, una serie de restricciones.
No puede pagar "impuestos o regalías al gobierno de Venezuela" ni dividendos a
la petrolera estatal Petróleos de Venezuela PDVSA. Tampoco permite las
operaciones con personas sancionadas por Washington.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer
mandato de Trump.
Estados Unidos apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia,
quien reivindica el triunfo en los comicios presidenciales de julio de 2024.
Murió a los 86 años expresidente de Ecuador
Alfredo Palacio
El expresidente de Ecuador Alfredo Palacio, murió este jueves a los 86 años,
informó el gobierno.
Palacio gobernó entre 2005 y 2007 en reemplazo del exmandatario Lucio Gutiérrez,
quien fue derrocado en medio de una revuelta popular.
Gutiérrez había sido elegido en 2003 con Palacio, un reconocido cardiólogo, como
vicepresidente.
"Expresamos nuestras condolencias ante el sensible fallecimiento del
expresidente Alfredo Palacio", señaló la presidencia en su cuenta de X.
El mandatario Daniel Noboa declaró dos días de duelo nacional y ordenó un
funeral de Estado para Palacio.
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"La Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios
públicos y privados, tanto civiles como militares", informó el gobierno en un
comunicado.
El Congreso de Ecuador también expresó en la misma red social su "pesar" por la
muerte de Palacio.
Las causas del deceso no han sido divulgadas.
Tras dejar el poder, el exgobernante se alejó de la política y se dedicó a la
academia.
Palacio nació en la costera ciudad de Guayaquil (suroeste) en 1939. También fue
ministro de Salud en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996).
Durante su gobierno, nombró por un breve periodo como ministro de Finanzas al
izquierdista Rafael Correa, quien luego gobernó el país durante una década
(2007-2017).
Trump retira a Harvard posibilidad de inscribir
estudiantes extranjeros
La administración de Donald Trump retiró a la Universidad de Harvard el derecho
a inscribir a estudiantes extranjeros, en una nueva escalada de las tensiones
con la prestigiosa institución.
"Con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y
Visitantes de Intercambio (SEVIS) de la Universidad de Harvard", escribió la
secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta dirigida al
presidente de Harvard, Alan Garber.
Se trata de un sistema que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en
Estados Unidos.
En el último curso académico, casi 6.800 estudiantes eran extranjeros, el 27,2%
del total del alumnado de Harvard, según la página web ShunStudents.
"Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó. Han perdido su
certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio como
resultado de su incumplimiento de la ley. Que esto sirva de advertencia a todas
las universidades e instituciones académicas del país", escribió Noem en la red
social X.
Noem acusa a la universidad de "fomentar la violencia, el antisemitismo y
coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus".
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) envió
inicialmente a Harvard una carta el 16 de abril exigiendo que la universidad
proporcionara información sobre las actividades de los estudiantes
internacionales en el campus, incluida la participación en protestas.
La universidad, según la publicación The Harvard Crimson, presentó parcialmente
los registros disciplinarios de los estudiantes internacionales que habían sido
solicitados por Washington.
El gobierno de Trump ha emprendido una lucha sin cuartel contra las
universidades del país a las que acusa de permitir el antisemitismo en los
campus, a raíz de las manifestaciones propalestinas del año pasado.
También busca acabar con los programas de diversidad destinados a abordar la
marginación de las minorías.
La semana pasada, el gobierno del republicano anunció un nuevo recorte de 450
millones de dólares en subvenciones federales que se suman a otros 2.200
millones anunciados con anterioridad.
"Para las universidades es un privilegio, no un derecho, matricular a
estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus elevados pagos de matrícula para
ayudar a engrosar sus multimillonarias dotaciones", dijo Noem.
Trump describió recientemente a Harvard como una "institución de extrema
izquierda y antisemita", un "desastre progresista" y una "amenaza para la
democracia".
La universidad demandó a la administración el mes pasado por el intento del
gobierno de imponer cambios en su plan de estudios, sus políticas de admisión y
sus prácticas de contratación.
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