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Risaralda pone precio a la
denuncia: $50 millones por información sobre grupos ilegales
En un intento decidido por devolverle la tranquilidad a Risaralda,
el gobernador Juan Diego Patiño anunció una recompensa de 50
millones de pesos para quienes proporcionen información que conduzca
a la desarticulación de estructuras armadas ilegales que operan en
el departamento. La medida fue presentada este jueves durante la
instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea
Departamental, y se convierte en el eje de una ofensiva
institucional contra el crimen organizado.
“Estamos frente a una amenaza directa contra la seguridad
ciudadana”, expresó Patiño en su intervención, haciendo eco de las
crecientes denuncias de extorsión, intimidación y presencia armada
en zonas urbanas y rurales. La estrategia busca activar la denuncia
ciudadana como herramienta clave, no solo para obtener datos de
inteligencia, sino también para construir una red de cooperación
entre las comunidades y las autoridades.
El gobernador también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional
para que se conforme un consejo regional de seguridad con presencia
activa del Ejecutivo central. A su juicio, la lucha contra los
grupos armados no puede limitarse a esfuerzos locales. “Necesitamos
respuestas más rápidas y eficaces. La seguridad debe ser una tarea
compartida entre la Nación y los territorios”, insistió.
Además del componente de seguridad, el mandatario presentó dos
proyectos de ordenanza ante la Asamblea. Uno está orientado a
reforzar las finanzas departamentales, y el otro a atender la
emergencia invernal que ha dejado múltiples afectaciones en vías,
viviendas y cultivos. “Hoy muchas familias risaraldenses están
viviendo situaciones críticas. Nuestra labor es actuar en todos los
frentes al mismo tiempo”, recalcó.
En los últimos meses, comerciantes y empresarios han alzado la voz
ante el aumento de las extorsiones —algunas de ellas orquestadas
desde centros carcelarios—, lo que ha puesto en jaque la estabilidad
económica de municipios como Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de
Cabal. La propuesta del gobernador busca dar un golpe certero a
quienes amenazan con sembrar miedo y violencia.
Con esta apuesta, Risaralda envía un mensaje claro: la seguridad no
es negociable y la ciudadanía tiene un rol fundamental en su
recuperación. La recompensa está sobre la mesa, pero lo que
realmente se juega es el futuro de un territorio que se niega a
ceder ante el crimen.
Lluvias generan caos vial en la vía
Panamericana entre Risaralda y Chocó: paso restringido y comunidades
en alerta
Las intensas lluvias que han azotado el occidente de Risaralda en
los últimos días dejaron como saldo varios deslizamientos de
tierra que mantienen parcialmente bloqueada la vía
Panamericana, una arteria
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clave que
conecta este departamento con el vecino Chocó. El tramo más afectado se
encuentra entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, donde el paso de vehículos ha
quedado restringido a un solo carril.
El panorama en la zona es complejo. Cientos de camiones cargados con alimentos y
mercancía se vieron obligados a detener su marcha durante horas, generando una
fila de vehículos varados que inquieta tanto a autoridades como a conductores.
Néstor Cardona, miembro del Cuerpo de Bomberos de Pueblo Rico, explicó que la
vía estuvo completamente cerrada por lo menos en dos puntos críticos debido a
los derrumbes.
“La recomendación es no avanzar hacia los puntos de bloqueo. Es preferible que
los transportadores busquen albergue en los centros poblados cercanos, donde
puedan comer y descansar con seguridad. Aglomerarse en la carretera representa
un riesgo innecesario”, comentó Cardona.
Aunque maquinaria amarilla logró habilitar un carril en horas de la noche,
persiste la amenaza de nuevos deslizamientos. En sectores como la vereda
Remolinos, un vehículo quedó atascado por el flujo de sedimentos, aunque
afortunadamente el conductor resultó ileso.
La situación no solo afecta a los transportadores. En los resguardos indígenas
del corregimiento de Santa Cecilia se reportan emergencias por la posible
socavación de una quebrada y nuevos derrumbes. Los organismos de socorro
continúan monitoreando estas zonas apartadas, muchas de ellas de difícil acceso.
Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda, confirmó que los 14
municipios del departamento están en alerta, la mayoría en nivel rojo por riesgo
de crecientes súbitas. En las últimas horas, otro deslizamiento bloqueó la vía
entre Quinchía e Irra, situación que también está siendo atendida por las
autoridades.
Gobernador Juan Diego Patiño impulsa
transformación social en Risaralda con Obras por Impuestos
Con el firme propósito de reducir las brechas sociales y promover el desarrollo
en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, el gobernador de
Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, lideró la Segunda Mesa Departamental de
Obras por Impuestos, un encuentro clave para dinamizar este mecanismo en el
departamento.
La reunión se llevó a cabo en el despacho del mandatario y contó con la
participación de los alcaldes de los municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por
el Conflicto Armado), representantes del sector empresarial y delegados de la
Agencia de Renovación del Territorio (ART), quienes escucharon de primera mano
las necesidades más urgentes de Balboa, Mistrató, Quinchía y Pueblo Rico.
“Es fundamental que avancemos con mesas técnicas sectoriales urgentes.
Necesitamos acelerar los procesos para que estos proyectos se concreten y
comiencen a beneficiar directamente a nuestras comunidades”, expresó Patiño
Ochoa, quien ha hecho de este mecanismo una de las prioridades de su
administración.
En la jornada, los mandatarios locales expusieron proyectos enfocados en
infraestructura vial, educativa y salud, buscando atraer a empresas dispuestas a
financiar estas obras mediante el pago anticipado del impuesto de renta.
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La secretaria de Planeación de
Quinchía, Eliana
Echeverry, destacó cómo esta herramienta ha transformado su
municipio: “Ya hemos ejecutado más de seis proyectos y vamos por más. El
respaldo de la Gobernación ha sido clave”.
Sin embargo, el gobernador fue enfático en señalar que sin el apoyo decidido del
Gobierno Nacional y la ART, muchos de estos proyectos corren el riesgo de
estancarse por falta de validaciones técnicas.
El espacio también sirvió para afinar estrategias y consolidar nuevas alianzas
público-privadas. La Gobernación continuará prestando asistencia técnica a las
alcaldías para estructurar iniciativas sólidas que puedan convertirse en
realidades tangibles. El compromiso es claro: llevar desarrollo a donde más se
necesita.
Clan del Golfo extorsiona a líderes y comerciantes
en Mistrató
La zozobra vuelve a apoderarse de los municipios risaraldenses. Esta vez, la
alerta se enciende en Mistrató, Apía y Belén de Umbría, donde comerciantes y
líderes comunitarios denuncian ser víctimas de presiones y extorsiones por parte
del Clan del Golfo. Aseguran que están siendo obligados a asistir a reuniones en
zonas rurales, donde miembros de este grupo armado los intimidan para obtener
dinero y colaboración.
Eisenhower Djanon Zapata, defensor de Derechos Humanos y reconocido líder de
víctimas en el departamento, confirmó la delicada situación y denunció que el
grupo criminal ha comenzado a ocupar fincas abandonadas en áreas selváticas,
operando en pequeños grupos y ampliando su presencia de forma silenciosa pero
constante.
Una fuente anónima de Mistrató, cuya identidad se protege por razones de
seguridad, relató a medios locales que incluso están siendo citados a convites
comunitarios, supuestamente para el arreglo de vías rurales, pero con fines de
control territorial y presión social. “No es una ayuda voluntaria, es una
orden”, expresó el ciudadano con evidente temor.
Zapata también alertó que estas células del Clan del Golfo están alquilando
habitaciones en fincas campesinas, pagando meses por adelantado como estrategia
para infiltrarse y camuflarse en las comunidades. Este método les permite hacer
labores de inteligencia sin levantar sospechas inmediatas.
A esta tensión se sumó la aparición de banderas del ELN en puntos estratégicos
del municipio de Pueblo Rico, aumentando el temor entre los habitantes. Tres de
estos símbolos fueron hallados entre el jueves y viernes, a escasos minutos de
zonas urbanas.
Ante el avance de los grupos armados ilegales, el gobernador de Risaralda, Juan
Diego Patiño Ochoa, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Fuerza
Pública. “No vamos a permitir que sigan expandiéndose. Rechazamos cualquier
forma de violencia y ya hemos dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de
pesos para quienes entreguen información que permita desarticular estas
estructuras”, declaró el mandatario.
Mientras tanto, la comunidad vive entre la incertidumbre y el miedo. La
esperanza, dicen muchos, está en que las autoridades actúen pronto, antes de que
la situación se salga aún más de control.
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