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El rostro desigual del hambre en Colombia: Mejora
en las ciudades, crisis en el campo
En un país donde la tierra es fértil pero las mesas aún están vacías, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló un dato que,
aunque parece alentador a primera vista, deja ver una realidad mucho más
compleja: en 2024, el 25,5 % de los hogares colombianos enfrentaron inseguridad
alimentaria. Una leve mejoría nacional frente al 26,1 % registrado en 2023, sí,
pero que esconde una herida abierta en las zonas rurales.
Aunque la cifra general da señales de esperanza, lo cierto es que el campo
colombiano vive una situación alarmante. La inseguridad alimentaria moderada o
grave creció 3 % en las zonas rurales, un aumento estadísticamente significativo
que revierte los avances en las cabeceras municipales. En otras palabras,
mientras las ciudades respiran con algo más de alivio, el campo se hunde más en
el hambre.
El fenómeno climático de El Niño y los conflictos armados que persisten en
regiones rurales han sido factores determinantes en este retroceso, según
explicó Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia. “La inversión
en resiliencia climática y en paz territorial es clave para revertir esta
tendencia”, advirtió durante la presentación del informe.
Los datos también permiten trazar un perfil de los hogares más afectados: madres
cabeza de familia, familias con niños pequeños, personas con bajo nivel
educativo, hogares numerosos o migrantes venezolanos. Un patrón que muestra cómo
el hambre no golpea al azar, sino que sigue caminos de desigualdad estructural.
La brecha de género también es visible. En 2024, el 28,2 % de los hogares
liderados por mujeres reportaron inseguridad alimentaria moderada o grave,
frente al 23,1 % de los encabezados por hombres. Y aunque esta brecha ha
variado, las cifras siguen dejando claro que el género sigue marcando la
diferencia incluso al momento de acceder a la comida.
A nivel territorial, La Guajira, Sucre y Córdoba son los departamentos donde más
se padece hambre, con cifras que superan el 47 % de inseguridad alimentaria
moderada o grave. En contraste, Bogotá, Caldas y Santander presentan los
indicadores más bajos. Sin embargo, diez departamentos vieron crecer la
inseguridad alimentaria grave, lo que significa que más personas están pasando
hambre de manera crítica.
Y mientras tanto, Colombia desperdicia cerca de 9,7 millones de toneladas de
alimentos al año. La cifra es escandalosa si se piensa que con ese volumen se
podrían alimentar, con tres comidas diarias, a toda la población de La Guajira
durante 15 años. Solo el 0,4 % de esa comida ha logrado ser rescatada por los
bancos de alimentos en 26 años de trabajo.
Así, los datos del DANE no solo revelan cifras, sino historias: de exclusión, de
abandono, pero también de oportunidades urgentes. Colombia se enfrenta al reto
de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entre el desperdicio y la
necesidad, y de convertir los avances parciales en una victoria completa contra
el hambre.
ONU advierte que cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada podrían
desaparecer
Los kogui, arhuacos, wiwas,
kankuamos y arzarios, guardianes ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta,
enfrentan una amenaza que va más allá de lo simbólico: la
extinción. Así lo advirtió con firmeza el Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, tras visitar
la región y constatar la gravedad de la situación.
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En medio de la
belleza de sus paisajes y la profundidad espiritual de sus territorios,
estos pueblos luchan por sobrevivir frente a la violencia armada, el abandono
estatal y las múltiples formas de exclusión. “El riesgo de extinción física y
cultural es real. Es una tragedia que aún podemos prevenir”, aseguró Campbell.
La advertencia no es nueva, pero sí más urgente. Desde 2022, el incremento de la
violencia en la Sierra ha sido alarmante. Grupos armados ilegales, atraídos por
el control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas, han convertido
la región en un campo de disputa que arrasa con todo a su paso.
La comunidad wiwa ya ha sufrido el desplazamiento de al menos 600 personas solo
en lo corrido de 2024. Masacres, cuerpos abandonados con señales de tortura,
restricciones a la movilidad, amenazas y asesinatos de líderes son parte de la
cotidianidad. Las autoridades indígenas han denunciado cómo estas agresiones
desarticulan sus prácticas culturales, espirituales y de gobierno propio.
Las mujeres y niñas indígenas viven una situación aún más crítica. Campbell fue
tajante: “La situación de las mujeres indígenas se parece a la del siglo X”. Sin
acceso efectivo a la justicia, sin rutas de atención con enfoque étnico, y
expuestas a violencia sexual y amenazas, muchas de ellas ni siquiera pueden
salir del territorio para pedir ayuda. Sus testimonios, recogidos durante la
visita, dan cuenta de una vulnerabilidad extrema y una ausencia total del
Estado.
A pesar del panorama, la respuesta estatal ha sido calificada como
“insuficiente”. La ONU pidió al Gobierno colombiano implementar medidas urgentes
que incluyan la protección del territorio, el reconocimiento de las autoridades
ancestrales y garantías reales en salud, educación y justicia.
La Sierra Nevada es más que un paisaje. Es el corazón espiritual de estos
pueblos y un patrimonio que, si no se protege, podría desvanecerse para siempre.
Suspenden extradición de 'HH', comandante de
Comuneros del Sur
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender la extradición a
Estados Unidos de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante del grupo armado
Comuneros del Sur, en el marco de su participación en los diálogos de paz con el
Estado colombiano.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución Ejecutiva 158 del 20 de mayo
de 2025, la cual señala que la entrega del jefe disidente a las autoridades
norteamericanas quedará en pausa mientras aporte “resultados concretos y
verificables” en el proceso de paz.
Yepes Mejía es requerido por una Corte del Distrito Este de Texas por
narcotráfico y concierto para delinquir, pero su papel como negociador de paz
con el Gobierno Nacional ha motivado la suspensión temporal de su extradición,
decisión que fue anunciada durante la quinta sesión de diálogos con la
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, celebrada en el resguardo indígena
Awá, Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco (Nariño).
“El presidente de la República ha respondido con hechos, y yo creo que el país
debe alegrarse de esa decisión”, expresó Armando Novoa, jefe de la Delegación de
Gobierno, confirmando la decisión revelada en primicia.
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En el artículo 2 de la resolución, se establece textualmente que
se suspende la entrega de ‘HH’ “mientras contribuya con aportes verificables y
resultados concretos en la consecución de la Paz Total dentro del marco de la
Ley 2272 de 2022”. La medida tiene carácter indefinido, dependiendo del avance
real de las negociaciones.
No obstante, el Gobierno dejó claro que si Yepes Mejía cesa su participación o
sus aportes al proceso de paz, se procederá a reactivar la extradición previa
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el país
solicitante.
La decisión
también marca un giro frente a la resolución que había expedido la exministra de
Justicia Ángela María Buitrago, quien antes de dejar el cargo avaló la
extradición de Yepes sin consultar previamente al presidente.
Según Novoa, esta medida busca destrabar el proceso con Comuneros del Sur, un
grupo que se separó del ELN, y facilitar su concentración en zonas acordadas con
el Gobierno Nacional.
Consultado sobre si decisiones similares podrían tomarse respecto a otros
comandantes como Andrés Rojas, alias “Araña”, actualmente en el pabellón de
extraditables de la cárcel La Picota, Novoa anticipó que el próximo 25 de mayo
se harán anuncios importantes al finalizar el actual ciclo de conversaciones.
Esta suspensión representa un nuevo capítulo en la política de “Paz Total” del
Gobierno Petro, que continúa privilegiando el diálogo como vía de resolución al
conflicto armado interno, aún frente a procesos judiciales internacionales.
Ampliar consulta sobre áreas agrícola en La
Guajira pide Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación presentó observaciones y recomendaciones al
proyecto de resolución que modificaría las Áreas de Protección para la
Producción de Alimentos (APPA) en La Guajira, y solicitó al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural la ampliación del plazo de consulta pública.
El ente de control pidió contar con 15 días hábiles adicionales para un análisis
técnico y jurídico más exhaustivo por parte de la ciudadanía, del proyecto que
modifica la Resolución 161 de 2024, en cumplimiento de los principios de
transparencia, participación y acceso a la información pública.
Así mismo, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios
advirtió que el proyecto, si bien menciona una actualización cartográfica
realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 2024, no precisa
la fecha ni la fuente oficial del documento en el que se basa esta modificación.
Además, no se aclara si la cartografía incorporada sustituye o modifica los
anexos de la mencionada resolución.
La Procuraduría también recomendó que se transcriban en la resolución los usos
del suelo permitidos y restringidos según el documento técnico anexo de la UPRA.
Igualmente, se observó que el proyecto omite la inclusión de entidades
responsables de sistemas de información, y no especifica los artículos que
permanecerán sin modificación.
Finalmente, el ente de control recordó que, de conformidad con el Decreto 1081
de 2015, el plazo mínimo de consulta pública es de 15 días calendario, y que su
reducción sólo puede justificarse con argumentos de razonabilidad y
proporcionalidad, circunstancias que no se evidencian en este caso. También
reiteró la necesidad de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a todos los
estudios, documentos técnicos y sustento normativo del proyecto, así como
respuestas claras a sus observaciones.
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