6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.507-1087

Fecha: Jueves 05-06-2025

 

Incautan vivienda en Suba usada para explotación sexual de menores

 

 

En una operación que ha causado conmoción en el norte de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre una vivienda ubicada en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba. El inmueble, avaluado en cerca de $1.000 millones, fue intervenido tras descubrirse que en su interior funcionaba un sofisticado estudio para la producción de contenido sexual explícito, bajo la fachada de un hogar familiar.

Las autoridades revelaron que la casa había sido adaptada con equipos profesionales de grabación, sistemas de iluminación, conexión a internet de alta velocidad y varios escenarios especialmente diseñados para la filmación de videos. Sin embargo, lo más alarmante es que, según la investigación, en este lugar no solo se generaba contenido para adultos, sino que también se explotaba sexualmente a menores de edad.

El caso más estremecedor documentado por la Fiscalía es el de una niña de apenas 13 años, quien habría sido sometida en vivo a graves vejámenes sexuales. El arrendatario del inmueble, según el ente acusador, ya fue condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores, lo que refuerza la gravedad de los hechos.

La medida cautelar impuesta por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio implica que la vivienda no podrá ser vendida, transferida ni utilizada con fines comerciales mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer la magnitud de la red de explotación que operaba en este sector residencial, mientras la comunidad expresa su indignación y exige justicia para las víctimas.

 

Capturan en Antioquia a alias Aldemar, temido cabecilla del Clan del Golfo

 

 

Un golpe certero contra el Clan del Golfo se concretó esta semana en el suroeste de Antioquia. La Policía Nacional confirmó la captura de Eider José González Padilla, conocido como alias Aldemar, considerado el segundo cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y uno de los hombres más buscados en el departamento de Córdoba.

La detención se llevó a cabo por unidades de la Sijín en el marco de la estrategia Actuando por Antioquia. Alias Aldemar tenía una condena vigente por homicidio y porte ilegal de armas, además de una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Su prontuario lo había puesto en la mira de Interpol, que le asignó una notificación azul.

 

Su historial criminal es amplio y violento. Se le atribuye la autoría de al menos seis homicidios entre 2020 y 2022, incluyendo el doble asesinato de Oberto Antonio Farías Ávila y el soldado Daniel José Cantero Cuadrado, ocurrido en Cereté, Córdoba. Asimismo, es señalado como el autor intelectual de cuatro crímenes más en Montería, los de Over Solano Montalvo, Jader Salazar Espitia, Yendri Bracho Morales y Cristian Peña Rodríguez, todos perpetrados en un lapso de cinco meses.

 

 

 

Durante la pandemia, específicamente el 16 de abril de 2021, también habría liderado una incursión armada en Montería, en la que se intimidó a la población civil y a miembros de la fuerza pública. Ese hecho marcó una de sus múltiples acciones dirigidas a sostener el control territorial y amedrentar a comunidades enteras en el norte del país.

Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante del Departamento de Policía Antioquia, alias Aldemar tenía injerencia directa en los municipios de Urrao, Betulia y Concordia, desde donde coordinaba acciones violentas y enfrentamientos con otras organizaciones criminales.

 

Junto a él fue capturado Rafael Enrique Sánchez Cuitiva, alias Libardo, quien sería su escolta personal y hombre de confianza. En el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 mm, 39 cartuchos, radios de comunicación y un teléfono celular, todos utilizados para facilitar actividades ilegales y evadir controles.

 

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, en lo que representa un nuevo paso en la ofensiva contra el crimen organizado. Las autoridades recalcaron que este resultado se suma a una estrategia nacional que ya ha permitido la captura de más de 8.000 miembros de estructuras criminales desde 2015.

 

Crece la angustia por desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena

 

 

Han más de 50 días desde que Tatiana Hernández, una joven estudiante de Medicina, fue vista por última vez en Cartagena. La última imagen conocida de ella la muestra sentada sobre los espolones rocosos junto a la avenida Santander, el pasado 13 de abril. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero, y la incertidumbre ha dejado a su familia en un limbo emocional que parece no tener fin.

Las autoridades han desplegado diferentes operativos de búsqueda. La Armada, la Policía, la Alcaldía de Cartagena y la Fiscalía han intervenido en distintas fases del caso, pero sin lograr un solo resultado tangible. En uno de los intentos más recientes, a mediados de mayo, se utilizó un robot submarino para inspeccionar el lecho marino frente a la costa, sin hallar rastro alguno.

La única prueba visual que se conoce es un video grabado por un turista, donde se observa a Tatiana ingresando al espolón, pero no saliendo. Desde entonces, la pregunta sobre lo que ocurrió después no ha obtenido respuesta. El secretario del Interior del Distrito, Bruno Hernández, ha insistido en que “no se descarta ninguna hipótesis”, aunque tampoco se han ofrecido avances concretos.
 

La Universidad Militar Nueva Granada, donde Tatiana cursa prácticas en el Hospital Naval, ha mantenido su respaldo y sigue elevando llamados públicos para no permitir que el caso caiga en el olvido. “Su ausencia duele”, escribió la institución en un comunicado reciente.

La familia, por su parte, sostiene que Tatiana no cayó al mar, como se ha insinuado. “Nuestra hija está en tierra firme. Lo sentimos, lo creemos y por eso seguimos buscando”, afirma su madre, Lucy Díaz. Todos los días recorren barrios, pegan carteles y preguntan a desconocidos, aferrándose a cualquier dato que permita reconstruir el rastro perdido.

 

La Fiscalía designó un grupo especial de fiscales y agentes del CTI para investigar el caso. Sin embargo, más allá de una breve declaración inicial publicada en redes, no se han vuelto a emitir pronunciamientos oficiales. El silencio institucional es, para la familia, el mayor motivo de angustia.

 

 

 

La Alcaldía mantiene una recompensa de 200 millones de pesos por información, e insiste en que la Fiscalía debe romper su reserva y divulgar avances reales. Mientras tanto, Tatiana sigue desaparecida, y su ausencia pesa cada vez más en el corazón de una ciudad que no quiere acostumbrarse a no verla.

 

Caen tres presuntos integrantes de red dedicada al tráfico de migrantes en Colombia

 

 

Una compleja operación judicial desarrollada en tres regiones del país permitió la captura de tres personas señaladas de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico de migrantes. Las detenciones se llevaron a cabo en Cúcuta, Ipiales y Turbo, tras una investigación liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos.

 

Los capturados son acusados de facilitar el paso irregular de migrantes extranjeros por el territorio colombiano con destino final en Estados Unidos, utilizando como corredores las regiones de frontera con Panamá. Según las autoridades, esta red delictiva mantenía nexos con organizaciones ilegales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, a quienes pagaban por permitir el tránsito de personas a través de zonas controladas por esos grupos.

La modalidad de operación de esta organización incluía una fachada de legalidad: una agencia de viajes ubicada en la terminal de transportes de Cúcuta. Desde allí se ofrecían “paquetes” para cruzar la frontera por rutas hacia Capurganá y Acandí, en el Chocó. Por estos servicios cobraban entre 380 y 1.800 dólares por persona, dependiendo de las condiciones del viaje.

Entre los capturados se encuentra Mayra Alejandra Ortega Navia, alias “Mayra”, señalada como la cabecilla de la red. Su historial judicial ya era conocido por las autoridades, pues en el pasado había sido investigada por su vínculo con “Los Pepinos”, una estructura delincuencial con nexos con el ELN, dedicada también a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Europa.

Los otros dos detenidos son Yaneth del Carmen Yama Zamora, presunta coordinadora de la red en Ipiales (Nariño), y Rubén Darío Murillo Valencia, alias “Gato”, encargado de las operaciones en Turbo (Antioquia). La Fiscalía también relaciona a esta red con un trágico naufragio ocurrido en enero de 2024 en Chocó, donde murieron dos menores de edad y un adulto que viajaban en una embarcación con destino a Panamá.

Según la Dijín, al menos 18 migrantes lograron cruzar desde Colombia hacia Estados Unidos gracias a esta red ilegal. De estos, dos fueron arrestados por violaciones a la ley estadounidense y otro deportado.

Las capturas fueron legalizadas por un juez de Control de Garantías y los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Dos de ellos cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Ortega Navia, por motivos de salud, permanecerá bajo vigilancia domiciliaria.

Las cifras reveladas por la Federación Nacional de Departamentos son alarmantes: entre 2019 y 2024 el tráfico de migrantes creció un 1.800 %. La situación en el Tapón del Darién, donde ya han cruzado más de 400 mil personas este año, refleja la magnitud de esta crisis silenciosa.

 

 

 

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