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La democracia
actual es el concepto que desarrolla corrupción
Por: Zahur Klemath Zapata
zapatazahurk@gmail.com
Los griegos establecen la
democracia como una herramienta útil para manipular los conceptos de libertad e
igualdad. Ellos como sociedad en evolución intelectual necesitaban en su pequeño
mundo social poder sentirse que tenían el suficiente juicio de igualdad con sus
congéneres a pesar que con relación a la evolución en la que estamos, ellos eran
primitivos, pero muy avanzados para esos tiempos.
Han transcurrido más de dos mil quinientos años desde que los atenienses
establecieron el sistema de democracia en su territorio. Una sociedad que con
relación a las del presente eran muy ingenuas comparadas con los avances del
intelecto que hoy el ser humano tiene y su astucia para comportarse hoy en
sociedad.
La democracia para ellos era algo natural que se podía manejar desde cualquier
escenario donde la única forma de corrupción era intercambiar valores y favores
que hoy cualquier ciudadano los hace en el transcurso de su vida.
Al analizar una palabra bien trajinada en el mundo político, en la actualidad
encontramos su mal uso cuando ella no representa el verdadero significado que se
le quería dar, ya que los griegos la usaron con el sentido que ellos le
delimitaron dentro de la función de ella en una sociedad elitista.
Hoy, democracia representa la negociación entre dos partes para obtener
beneficios mutuos económico-lucrativos entre las partes asociadas en menoscabo
de terceros. Que es el pueblo, quien es al final el que paga por los acuerdos
democráticos.
La democracia es caldo de cultivo en el mundo político para
que se de las transacciones que se acuerdan previa las elecciones entre
inversionistas y el candidato para ser pagadas después por el
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candidato cuando este sea elegido y posesionado
del cargo en el establecimiento. De esta forma surge la corrupción y
el saqueo del erario el cual el ciudadano paga con su plusvalía los
impuestos y obligaciones que los elegidos imponen para poder
permanecer en la administración pública.
Hacer desaparecer esta simbiosis es imposible mientras exista el
concepto de democracia y elecciones porque son dos energías que se
atraen y generan una dinámica económica que alimenta una minoría
mientras la gran mayoría sostiene la cosa pública.
Pero existe una forma de hacer que esta simbiosis deje de funcionar,
eliminando la democracia bajo un nuevo parámetro que no es de
elección popular de representantes del establecimiento sino
estableciendo el Estado Polimano que es el que ya no elige
representantes sino que se nombran los representantes de las
diferentes entidades administrativas de la nación para que el país
sea productivo y se manejen los bienes del pueblo como una sociedad
anónima y cada ciudadano posea realmente una parte de la nación que
ella tenga.
Para poder iniciar el proceso se necesita establecer una autonomía
territorial permitiendo así que cada región convoque a sus
ciudadanos y nombren sus representantes en la delineación
administrativa sin gobernantes y líderes que interfieran en el
desarrollo del manejo de la cosa pública.
El pueblo debe desmontar el sistema democrático a través del voto en
blanco ya que este le permite vetar a los políticos que aspiran a
cuerpos colegiados y demás ramas de elección democrática e ir
introduciendo la autonomía, equidad y libertad entre pueblo.
Este no es un proceso revolucionario, dictatorial o de imposición
por un partido político, es la acción directa de la sociedad que
busca alcanzar a través de la autonomía, equidad y libertad un
estándar de vida que le permita vivir con todas las garantías de un
bienestar social a través del pago de regalías al erario para que de
allí regrese a los ciudadanos en su edad adulta para su
sostenimiento final.
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FALTARON 500 METROS
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Audio:
https://www.spreaker.com/episode/57353084
En la singularisima geografía del cultivo de la coca en
Colombia existe una zona al occidente de Popayán que ya está entronizada como el
riñón nacional de la cocaína.
Es exactamente por donde debió haberse construido hace más de 100 años la
carretera al mar que uniera al Cauca con Guapi y ya hasta el presidente Petro lo
bautizó como el Cañón del Micay. Allí no solo se ha conseguido una altísima
producción de la planta de coca sino una sofisticada red entre primitiva y muy
moderna del procesamiento de la cocaína.
Por esos cultivos y esos territorios siempre pelearon las Farc. Fue hacia
ese rincón de la patria a donde llevaron a los diputados de la Asamblea del
Valle para después fusilarlos.
Los nombres de sus municipios, veredas y corregimientos ya son de mención
diaria en las noticias. El Plateado, Argelia, Huisitó, Timbiquí, López de Micay
son los puntos poblados donde se han librado una y mil batallas desde cuando las
Farc perdieron el control de la zona y el ELN y los frentes 30 y Carlos Patiño
de las antiguas fuerzas de Timochencko que no firmaron en La Habana la paz de
Santos, han intentado adueñarse o defenderlo.
El pasado 22 de agosto el presidente Petro ordenó públicamente desde El
Tambo, la Operación Trueno para derrotar a los tres grupos guerrilleros que
dominan el área. Los soldados de la Fuerzas Especiales han seguido la ruta de la
idealizada carretera al mar que en medio de los fragores de la batalla, pero con
aportes de los cultivadores y refinadores de la coca, ellos mismos han ido
volviendo de trocha caminera a vía del futuro.
Por ella, dijo el periódico El País ayer, las tropas constitucionales
estuvieron el pasado 1 de octubre a solo 500 metros de tomar El Plateado y dar
un vuelco al control del cañón del Micay. Nadie sabe por qué no entraron y se
detuvieron. Quizás haga parte de la búsqueda de la Paz Total que se pregona por
estos días.
Ojalá porque la historia patria no resiste más mentiras.
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Las Tasas del
Castigo: ¿A Quién Protege Realmente el Banco de la República?
Es una de las
ironías más amargas de la economía colombiana actual. Mientras los ciudadanos de
a pie estiran cada peso para llenar la canasta básica y las pequeñas empresas
rurales del Eje Cafetero luchan por no quebrar, la Junta Directiva del Banco de
la República insiste en mantener la tasa de intervención en un asfixiante
11,25%. Nos repiten, con la fría frialdad de los tecnócratas, que este
torniquete monetario es vital para contener la inflación. Sin embargo, la
realidad de la calle cuenta una historia radicalmente distinta: con el índice de
precios al consumidor estabilizado en torno al 5,51%, este abismo entre la
inflación real y el costo del dinero ya no es una estrategia de control; es un
castigo directo a la producción nacional.
La teoría económica tradicional dicta que subir las tasas enfría el consumo para
frenar la escalada de precios. Pero cuando la brecha es tan absurdamente amplia,
el remedio se vuelve más tóxico que la enfermedad. Al encarecer el crédito de
forma artificial, el banco central no está apagando un incendio inflacionario;
lo está avivando por la vía de la oferta. Fabricar un zapato en Bucaramanga,
sembrar una hectárea de café en el Quindío o levantar un bloque de apartamentos
en Pereira hoy cuesta el doble debido a los intereses financieros. Ese
sobrecosto se traslada inevitablemente al consumidor final o, peor aún, destruye
el empleo. Lo que estamos presenciando es la parálisis inducida de la industria,
el agro y la construcción, los verdaderos motores del empleo en el país.
¿Quién gana en este escenario de congelamiento productivo? La respuesta se
esconde en los balances del sector financiero. Mientras el sector real se
desangra, los banqueros celebran utilidades históricas gracias a márgenes de
intermediación inflados. Captan el dinero de los ahorradores a tasas bajas y lo
prestan a niveles de usura, blindados por la política del emisor. Es un sistema
que succiona la liquidez de la clase trabajadora y de los emprendedores para
concentrarla en las arcas del oligopolio financiero. Un banco central
independiente debería velar por el bienestar integral de la nación, no actuar
como el guardespaldas de los grandes capitales.
Gobernar la economía desde una torre de marfil en Bogotá, ignorando el clamor de
los gremios productivos y el sufrimiento de las regiones, es un error histórico.
Colombia necesita reactivarse con urgencia. El Banco de la República debe
bajarse de su soberbia técnica, sintonizarse con la inflación real del 5,51% y
recortar las tasas con valentía. Seguir dilatando esta decisión no es prudencia
macroeconómica; es una complicidad flagrante con el estancamiento nacional.
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The
Punishment Rates: Who Is the Bank of the Republic Really Protecting?
It is one of the
most bitter ironies of Colombia’s current economy. While everyday citizens
stretch every single peso to fill their grocery baskets and small rural
businesses in the Coffee Axis fight to avoid bankruptcy, the Board of Directors
of the Bank of the Republic stubbornly insists on maintaining the intervention
rate at a suffocating 11.25%. They repeat to us, with the cold detachment of
technocrats, that this monetary tourniquet is vital to contain inflation.
However, the reality on the streets tells a radically different story: with the
consumer price index stabilized around 5.51%, this massive abyss between actual
inflation and the cost of money is no longer a control strategy; it is a direct
punishment to national production.
Traditional economic theory dictates that raising rates cools down consumption
to halt escalating prices. But when the gap is so absurdly wide, the remedy
becomes far more toxic than the disease. By artificially making credit expensive,
the central bank is not putting out an inflationary fire; it is fueling it
through the supply side. Manufacturing a shoe in Bucaramanga, planting a hectare
of coffee in Quindío, or building an apartment block in Pereira costs twice as
much today because of financial interest. That extra cost is inevitably passed
on to the final consumer or, even worse, it destroys employment entirely. What
we are witnessing is the induced paralysis of industry, agriculture, and
construction—the true engines of employment in our country.
Who wins in this
scenario of productive freezing? The answer is hidden in the financial sector’s
balance sheets. While the real economy bleeds out, bankers celebrate historic
profits thanks to inflated intermediation margins. They capture savers' money at
low rates and lend it out at usurious levels, shielded by the issuer's rigid
policy. It is a system that sucks liquidity from the working class and
entrepreneurs to concentrate it in the vaults of the financial oligopoly. An
independent central bank should safeguard the comprehensive well-being of the
entire nation, not act as the bodyguard of big capital.
Governing the
economy from an ivory tower in Bogotá, ignoring the loud clamor of productive
guilds and the suffering of the regions, is a historical mistake. Colombia
urgently needs to reactivate. The Bank of the Republic must step down from its
technical arrogance, tune into the real inflation of 5.51%, and cut rates
courageously. Continuing to delay this vital decision is not macroeconomic
prudence; it is blatant complicity with national stagnation.
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