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Subastas clandestinas por el control del TUSI
desatan guerra criminal en Pereira
En el corazón de la noche pereirana, donde la música electrónica retumba y miles
de jóvenes se congregan cada fin de semana, se libra una silenciosa pero
violenta disputa por el control del mercado de tusi, una droga sintética que se
ha convertido en el combustible de la criminalidad en la capital risaraldense.
Investigaciones judiciales recientes revelan que el acceso a las discotecas para
distribuir esta sustancia se otorga mediante subastas clandestinas organizadas
por redes criminales. Los “postores” deben demostrar su capacidad de ventas y
pagar sumas millonarias al grupo dominante, una estructura con tentáculos que
combinan violencia, inteligencia digital y lógica empresarial.
Uno de los nombres que más inquieta a las autoridades es alias Juangui, presunto
líder de la facción ‘La Cordillera’. Según interceptaciones legales, sería quien
da la orden de atacar a distribuidores que operan por su cuenta o que se niegan
a alinearse con las reglas impuestas. El uso de códigos QR para validar a los
vendedores autorizados y la incorporación de plataformas digitales para
coordinar entregas a domicilio forman parte del engranaje que sostiene este
lucrativo negocio.
“En una sola noche pueden confluir hasta 2.000 consumidores en un mismo sitio,
lo que convierte a estos espacios en puntos estratégicos de distribución”,
señaló una fuente cercana al caso. A esto se suma el hecho de que muchos de los
laboratorios de producción se encuentran en propiedades residenciales, lo que
dificulta su detección debido a la ausencia de olores o ruidos.
Mientras tanto, los grupos armados reorganizan su estructura operativa con
nuevos mandos, intermediarios y metas de comercialización, y se recurre a la
violencia selectiva para mantener el control. “Hay un reciclaje de sicarios”,
admiten las autoridades, que ya han capturado a 27 de los 35 identificados como
responsables de intimidaciones o asesinatos por disputas territoriales.
Frente a este escenario, la Policía Metropolitana de Pereira, bajo el mando de
la general Yurian Jeanette Romero, ha logrado importantes avances: 1.823
capturas en lo que va del 2025 y un aumento del 42 % en incautaciones de armas.
“Cada captura, cada arma decomisada, es un paso para devolverle la tranquilidad
a nuestras calles”, afirmó la oficial.
Aun así, la disputa por el control del tusi continúa encendida, y las
autoridades saben que enfrentan a estructuras que mutan y se adaptan para
sostener un negocio que mezcla fiesta, droga y sangre.
‘La Inmaculada’ pierde $800 millones en fallida
fuga de ‘Pipe Tuluá’
El fallido intento de fuga de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá,
exjefe de la organización criminal La Inmaculada, desató
una tarde de caos y miedo en Tuluá (Valle del Cauca) el pasado 4 de junio.
Mientras las autoridades frustraban un plan cuidadosamente orquestado para
liberar al capo de la cárcel La Picota, su organización respondió con furia en
las calles.
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Ese miércoles, varios puntos de Tuluá ardieron: cuatro vehículos fueron
incinerados en acciones coordinadas por miembros de la banda. El alcalde Gustavo
Vélez decretó un toque de queda desde las 6:00 p.m., mientras los habitantes se
encerraban en sus casas ante el temor de nuevos ataques. Aunque las primeras
versiones señalaban que los hechos eran una represalia por la inminente
extradición de Marín Silva a Estados Unidos, donde es requerido por
narcotráfico, la realidad resultó más compleja.
La banda perdió una suma cercana a los 800 millones de pesos, recolectados a
través de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores. Con ese
dinero, planeaban sobornar funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y cubrir los gastos logísticos de la huida. Pero el traslado
repentino del reo desde La Picota hasta una estación de Policía en Los Mártires,
en Bogotá, frustró sus planes en el último momento.
La operación secreta de las autoridades dejó al descubierto no solo la
vulnerabilidad del sistema penitenciario, sino también la capacidad de
corrupción que estas organizaciones pueden movilizar para alcanzar sus fines. La
comparación con el caso de alias Matamba, quien escapó en 2022 tras el pago de
2.000 millones de pesos, resulta inevitable. Aunque Matamba fue abatido meses
después, su fuga aún genera interrogantes sobre complicidad interna.
Hoy, Tuluá se encuentra bajo fuerte presencia militar y policial. El ministro de
Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía Nacional, mayor general
Carlos Triana, anunciaron un despliegue reforzado para proteger a la ciudadanía.
“Tenemos dispositivos amplios en la zona para evitar más hechos de violencia”,
aseguró Triana.
Mientras las autoridades intentan devolver la calma, queda la pregunta de
cuántos millones más estarán dispuestas a perder estas bandas por proteger a sus
jefes, y cuántas vidas más quedarán marcadas en el fuego cruzado del crimen.
Violencia en Guaviare deja a cientos de niños sin
clases y comunidades indígenas confinadas
La selva del Guaviare, una región tan rica en diversidad como olvidada en las
políticas públicas, vuelve a ser escenario de una tragedia humanitaria. Desde el
pasado 25 de mayo, enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias de las
FARC —una liderada por alias Iván Mordisco y otra por Calarcá— han desencadenado
una grave crisis que ya afecta a más de 10.000 personas, en su mayoría indígenas
y campesinos.
En medio del fuego cruzado, 572 niños y jóvenes se han quedado sin escuela. Las
clases fueron suspendidas en 43 sedes educativas de siete instituciones,
mientras ocho residencias escolares cerraron sus puertas. Docentes y estudiantes
huyeron o quedaron atrapados, sin garantías de seguridad para continuar con sus
labores cotidianas. Para muchos, la escuela era más que un lugar de aprendizaje:
era un refugio.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia
alzó su voz este jueves y denunció la situación como una grave violación a los
derechos humanos. “Nos preocupan el confinamiento, las restricciones de acceso a
alimentos y salud, y las afectaciones a pueblos indígenas como los Nukak, Jiw y
Sikuani”, expresaron en un mensaje publicado en la red social X.
Además del cierre escolar, los grupos armados han bloqueado pasos
cruciales como la Trocha Ganadera, obstaculizando la entrada de ayuda
humanitaria y personal médico. Las comunidades
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denuncian desabastecimiento, miedo constante y una
sensación de abandono que crece día a día.
La Defensoría del Pueblo confirmó la magnitud del confinamiento forzado,
resultado de un bloqueo armado impuesto por los grupos ilegales. Esto ha
paralizado la movilidad en varias veredas y limitado severamente el acceso a
servicios esenciales. La ONU pidió a los actores armados respetar el derecho
internacional humanitario y exigió al Estado colombiano medidas urgentes para
proteger a la población civil.
Desde Bogotá, las respuestas aún son tibias. Pero en Guaviare, la urgencia es
real: niños que dejaron de aprender, comunidades atrapadas entre la guerra y el
olvido, y un llamado desesperado a que los derechos más básicos no sean papel
mojado en medio del conflicto.
Capturan en Antioquia a alias Aldemar, temido
cabecilla del Clan del Golfo
Un golpe certero contra el Clan del Golfo se concretó esta semana en el suroeste
de Antioquia. La Policía Nacional confirmó la captura de Eider José González
Padilla, conocido como alias Aldemar, considerado el segundo cabecilla de la
subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado Ejército Gaitanista
de Colombia (EGC), y uno de los hombres más buscados en el departamento de
Córdoba.
La detención se llevó a cabo por unidades de la Sijín en el marco de la
estrategia Actuando por Antioquia. Alias Aldemar tenía una condena vigente por
homicidio y porte ilegal de armas, además de una orden de captura por concierto
para delinquir agravado. Su prontuario lo había puesto en la mira de Interpol,
que le asignó una notificación azul.
Su historial criminal es amplio y violento. Se le atribuye la autoría de al
menos seis homicidios entre 2020 y 2022, incluyendo el doble asesinato de Oberto
Antonio Farías Ávila y el soldado Daniel José Cantero Cuadrado, ocurrido en
Cereté, Córdoba. Asimismo, es señalado como el autor intelectual de cuatro
crímenes más en Montería, los de Over Solano Montalvo, Jader Salazar Espitia,
Yendri Bracho Morales y Cristian Peña Rodríguez, todos perpetrados en un lapso
de cinco meses.
Durante la pandemia, específicamente el 16 de abril de 2021, también habría
liderado una incursión armada en Montería, en la que se intimidó a la población
civil y a miembros de la fuerza pública. Ese hecho marcó una de sus múltiples
acciones dirigidas a sostener el control territorial y amedrentar a comunidades
enteras en el norte del país.
Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante del Departamento de Policía
Antioquia, alias Aldemar tenía injerencia directa en los municipios de Urrao,
Betulia y Concordia, desde donde coordinaba acciones violentas y enfrentamientos
con otras organizaciones criminales.
Junto a él fue capturado Rafael Enrique Sánchez Cuitiva, alias Libardo, quien
sería su escolta personal y hombre de confianza. En el operativo, las
autoridades incautaron una pistola calibre 9 mm, 39 cartuchos, radios de
comunicación y un teléfono celular, todos utilizados para facilitar actividades
ilegales y evadir controles.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, en lo que
representa un nuevo paso en la ofensiva contra el crimen organizado. Las
autoridades recalcaron que este resultado se suma a una estrategia nacional que
ya ha permitido la captura de más de 8.000 miembros de estructuras criminales
desde 2015.
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