6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.452-1032

Fecha: Miércoles 02-03-2025

 

César Manrique, exjefe de Función Pública, condenado por irregularidades en contrato con la Policía de Bogotá




El exjefe de la Función Pública, César Manrique, fue condenado por su participación en un contrato irregular para la compra de motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Este caso, que se suma a su vinculación con otros escándalos de corrupción, se centra en un acuerdo firmado en 2012 cuando Manrique era gerente (e) del Fondo de Vigilancia de la capital colombiana, durante la alcaldía de Gustavo Petro.

El contrato en cuestión, cuyo valor ascendió a 4.357 millones de pesos, buscaba la compra de 100 motocicletas eléctricas de la marca Zero Motorcycles, con la intención de mejorar la movilidad y operatividad de la Policía Metropolitana. Sin embargo, lo que parecía una compra destinada a la modernización de los equipos policiales terminó siendo un entramado de irregularidades que comprometió la transparencia del proceso.

Manrique fue declarado culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. Aunque fue absuelto por el cargo de peculado por apropiación, el juez consideró que el exfuncionario favoreció de manera indebida a la empresa Northbound Technologies S.A.S., encargada de proveer las motos, resultando en un detrimento patrimonial superior a los 1.000 millones de pesos.

La investigación reveló que, además del sobreprecio en la venta de las motos, que se incrementó con costos adicionales no justificados como los seguros y cargadores de batería, la selección del proveedor fue sospechosa. Según la Fiscalía, el proceso de contratación fue manipulado para beneficiar a Northbound Technologies, un hecho que se agravó por la falta de una licitación pública, como lo exige la ley.

El Consejo de Estado también se pronunció sobre el caso, anulando el convenio en agosto de 2023. El tribunal advirtió que el proceso de selección del contratista no fue transparente y que la cotización presentada por Northbound parecía haber sido adelantada por conocimiento previo de la intención de compra, obtenida a través de medios de comunicación. Además, la ficha técnica de la oferta coincidía de manera sospechosa con los requisitos publicados por la entidad, lo que generó aún más dudas sobre la legalidad de la contratación.

El caso ha dejado en evidencia la fragilidad de los controles en la administración pública y ha puesto en el centro del debate la necesidad de reformar los mecanismos de contratación estatal en Colombia, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Manrique, quien en su momento fue un alto funcionario del Gobierno Nacional, afronta ahora una condena de 10 años de prisión, una sentencia que podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción en el país.


Avanza juicio contra Álvaro Uribe: Nuevo testigo clave declara sobre sobornos y fraude procesal
 



El martes 1 de abril, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez continuó su curso en la Corte Suprema de Justicia, luego

 

 

 

de una breve suspensión por una recusación presentada por la defensa del exmandatario. Uribe enfrenta cargos por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal en el marco de investigaciones relacionadas con su presunta intervención en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Desde el pasado 28 de marzo, el proceso judicial retomó su ritmo, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rechazar una tutela presentada por la defensa del exsenador, que alegaba vulneraciones a los derechos del expresidente durante el desarrollo del juicio. La corte consideró que no era procedente la suspensión del caso, pues existía el riesgo de que los cargos prescribieran si no avanzaba a tiempo.

En esta fase del juicio, 23 testigos clave han comparecido ante el tribunal. Entre ellos se encuentran figuras políticas de relevancia, como el senador Iván Cepeda y exfuncionarios del gobierno, así como varios exparamilitares que han señalado a Uribe en relación con sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Uno de los testimonios más esperados es el de Máximo Cuesta Valencia, exparamilitar que el día de ayer afirmó haber sido testigo de intentos de soborno por parte del senador Iván Cepeda, quien, según Cuesta, habría ofrecido beneficios a cambio de declaraciones favorables contra Uribe.

El caso central del juicio gira en torno a las acusaciones de que Uribe, durante su mandato, habría enviado emisarios a diversas cárceles del país para manipular testimonios que lo exoneraran de vínculos con el Bloque Metro, uno de los grupos paramilitares más notorios en Colombia. La Fiscalía sostiene que estas gestiones se habrían realizado a través de sus asesores, quienes sobrepasaron sus funciones para obtener testimonios que favorecieran al exmandatario.

Este proceso se ha convertido en uno de los más relevantes de la historia reciente de Colombia, no solo por la figura de Uribe, sino por las implicaciones que podría tener en la lucha contra el paramilitarismo y la corrupción en el país. La estrategia de defensa de Uribe se ha centrado en desmentir estos testimonios y en alegar que los mismos exparamilitares han mentido bajo presión.

A medida que el juicio avanza, se espera que más testigos clave, tanto de la defensa como de la Fiscalía, brinden su testimonio sobre los hechos que marcaron una de las épocas más oscuras en la historia política reciente de Colombia. El caso podría tener repercusiones profundas en la política nacional, especialmente si se confirman las acusaciones de manipulación de pruebas y sobornos a testigos.

 

Secuestro de cinco ganaderos genera alerta en los Llanos Orientales
 



El pasado lunes 31 de marzo, la comunidad de los Llanos Orientales se vio sacudida por la noticia del secuestro de cinco ganaderos originarios del municipio Hato Corozal, en Casanare. Las víctimas, que habían asistido a una reunión en la vecina localidad de Paz de Ariporo, fueron retenidas ilegalmente mientras viajaban por la vía que conecta los municipios de Tame y Arauca, en el departamento del mismo nombre.

Se sospecha que el grupo armado responsable de este acto podría estar vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene presencia en esta región. Aunque las autoridades no han confirmado detalles específicos, se sabe que los ganaderos fueron secuestrados el 27 de marzo mientras transitaban por la zona. Entre los plagiados se encuentran los hermanos Betuel Leonín Adorán Barrera Sandoval, Emilio Cristancho y Jairo Cristancho. La incertidumbre ha generado gran preocupación, ya que hasta la tarde del lunes se desconocía su paradero exacto.

La situación ha conmocionado a las familias de las víctimas, quienes han pedido respeto por la vida de los secuestrados y han

 

 

 

solicitado pruebas de supervivencia. Yalile Muñoz Barrera, sobrina de tres de los afectados, expresó a medios nacionales: "Pedimos a quien tenga información de ellos, les respeten la vida y nos hagan llegar alguna prueba de supervivencia".

Por su parte, el gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro, informó que se activaron de inmediato los organismos de seguridad e inteligencia de los departamentos de Arauca y Casanare para dar con el paradero de los secuestrados. En su pronunciamiento, el mandatario también hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica para coordinar esfuerzos que faciliten la liberación de los ganaderos.

Este secuestro se suma a otro incidente reciente en Arauca, donde también se reportó el secuestro de cinco contratistas de Ecopetrol, lo que ha elevado las alarmas sobre la seguridad en la región. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la liberación de las víctimas y asegurar que se respete su vida y dignidad.


Capturan a dos disidentes de las FARC en el Valle del Cauca por transporte de armas y extorsión




En un operativo conjunto entre la Policía del Valle del Cauca, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de dos presuntos disidentes del frente ‘Adán Izquierdo’ de las FARC. Los detenidos, conocidos como alias Candamil y alias Leo, fueron arrestados en la región del Valle del Cauca, donde se les imputa su participación en actividades delictivas relacionadas con el almacenamiento y transporte de armas de fuego, extorsión y otros delitos.

El operativo se llevó a cabo con la colaboración de diversas unidades de la Fuerza Pública, entre ellas el Gaula Elite y personal especializado en Inteligencia, que coordinó la acción de manera efectiva. Durante la captura, se incautaron varios objetos de relevancia, como un pendón alusivo al grupo armado, municiones, gran cantidad de explosivos plásticos, equipos de comunicación y accesorios tácticos como porta granadas y reatas. Estos elementos indican la peligrosidad y organización de la estructura disidente, que continúa operando en varias zonas del país.

Alias Candamil, cuyo nombre real es Esteban Candamil cuenta con un largo historial criminal dentro de la disidencia de las FARC. Se le vincula con varios delitos, incluyendo el secuestro extorsivo de dos empleados de una empresa de Guacarí, ocurrido en septiembre de 2023, cuando el grupo armado exigió un rescate de cinco millones de pesos. Además, Candamil habría participado en la distribución de panfletos extorsivos dirigidos a comerciantes, ganaderos y transportistas, buscando mantener el control territorial en la zona.

Por su parte, alias Leo ingresó al grupo armado a los 17 años y es señalado de actividades relacionadas con el reclutamiento de adolescentes y el perfilamiento de posibles víctimas para cobros extorsivos en los municipios de Buga y Guacarí. Su rol dentro de la organización implicaba también realizar trabajos de inteligencia sobre las fuerzas de seguridad y coordinar acciones de intimidación en la región.

Ambos capturados fueron trasladados a centros penitenciarios, donde deberán enfrentar los cargos que se les imputan. Este golpe a las disidencias de las FARC llega en un momento crítico, cuando las autoridades continúan luchando contra la violencia y el narcotráfico en el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por estos grupos armados.

 

 

 

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