6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.369-949

Fecha: Jueves 21-11-2024

 

Denuncian posible estafa en adjudicación de tierras en Colombia

 

 

En un preocupante giro de los acontecimientos, diversas comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en Colombia han denunciado una serie de estafas y actos de corrupción relacionados con la adjudicación de tierras. Los implicados son conocidos como “falsos tramitadores”, quienes, bajo engaños, solicitan sumas de dinero a cambio de agilizar o garantizar el acceso a tierras que, en muchos casos, nunca llegan a ser adjudicadas.

Las denuncias han sido reportadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ha tomado medidas al respecto, trasladando los casos a la Fiscalía General de la Nación para una investigación más profunda y sanción a los responsables. La ANT, a través de su Oficina Jurídica y la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, está coordinando acciones con las autoridades para erradicar estos delitos, que afectan principalmente a familias vulnerables.

Uno de los casos más alarmantes se presenta en el departamento de Bolívar, donde más de 3.000 familias campesinas, ubicadas en municipios como Cartagena, Santa Catalina, Arjona, y otros, se habrían visto perjudicadas por estos “falsos tramitadores”. Según las denuncias, uno de los líderes campesinos cobra entre $30.000 y $40.000 mensuales a sus afiliados, bajo la premisa de que este pago es necesario para avanzar en los procesos de adjudicación de tierras. Se estima que las sumas recaudadas de esta manera superan los 120 millones de pesos mensuales.

En los Llanos Orientales, específicamente en Villavicencio, se ha dado a conocer otro caso en el que un individuo, suplantando a un funcionario de la ANT, organizó reuniones públicas en espacios comunitarios para engañar a campesinos. Este sujeto solicitaba pagos que variaban entre $3.000.000 y $7.000.000 para asegurar cupos en la adjudicación de tierras en zonas rurales de San Martín, Puerto López y San Carlos de Guaroa. Este tipo de estafas está poniendo en riesgo la seguridad económica y el bienestar de muchas familias que dependen de estos procesos para acceder a tierras para su sustento.

Además, en el departamento de Sucre, la ANT intervino tras recibir una denuncia sobre una persona identificada como Yermain Toro, quien contactó a un vendedor de predios a través de WhatsApp y se hizo pasar por un funcionario de la agencia. Toro intentó cobrar una comisión del 12% del valor de la propiedad a cambio de facilitar la compra de la misma por parte de la entidad. Este intento de estafa fue frustrado gracias a la pronta intervención de la Agencia Nacional de Tierras.

En las regiones de Huila y Tolima, la ANT detectó las actividades de un hombre conocido como “Huberlín”, quien falsificaba documentos oficiales de la Agencia. Este individuo creaba documentos con información alterada sobre los costos de trámites relacionados con la adjudicación de tierras, incluyendo montos fraudulentos por conceptos como visitas técnicas, actualización catastral y suscripción ante la superintendencia nacional de registro.

Ante la creciente preocupación por estos hechos, la ANT ha alertado a la población sobre las diversas modalidades de estafa que se están llevando a cabo y ha recordado que todos los trámites relacionados con la adjudicación de tierras se realizan de manera digital a través de los canales oficiales de la entidad, sin necesidad de pagos adicionales. La Agencia también ha enfatizado que las
comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas pueden acercarse sin costo alguno a las 32 sedes territoriales de la ANT en todo el país

 

 

 

para recibir orientación y realizar sus trámites de forma legítima y segura.

 

Encuentran cuerpo dentro de maleta envuelto en bolsas plásticas en Pereira

 

 

No ceden los hechos violentos en Pereira: en las últimas horas fueron asesinadas tres personas, en hechos ocurridos en la Avenida del Río con calle 17, Los 2.500 lotes de Cuba y el barrio el Danubio, en la Comuna Villasantana.

Registrando mayor preocupación el macabro hallazgo del cuerpo de una persona al interior de una maleta y envuelto en bolsas plásticas, en zona boscosa cercana al barrio Zea en la Avenida del Río.

El cuerpo fue encontrado por un habitante de calle que dio aviso a las autoridades, las cuales realizaron el levantamiento del cadáver y procedieron a llevarlo a Medicina Legal para poder establecer su identidad y las causas concretas de su muerte.

El defensor de Derechos Humanos regional, Eisenhower Djanon Zapata, señaló que actos de crueldad, como encontrar un cuerpo en una maleta o descuartizados -como se ha dado en las últimas semanas-, es un mensaje contundente de amenaza entre bandas criminales.

Precisó que es ahí donde las autoridades deben investigar qué tipo de delincuencia es la que se está dando en Pereira.

“El hecho de que a una persona la introduzcan en una maleta o sea descuartizada, como ocurrió recientemente en el barrio la Churria de Pereira, donde fue hallada una cabeza semienterrada, es un mensaje claro de amenaza que le envía una estructura criminal a otra, para generarle miedo (y) terror", indicó el activista.

Precisó que, con esto las bandas criminales buscan "quedarse con el control del tráfico de estupefacientes (...) Las autoridades deben establecer qué clase de delincuentes son los que están actuando en la ciudad, pues estos actos de crueldad son reconocidos en la mafia”.

 

Destituyen a juez de Buenaventura por favorecer a líder de grupo criminal

 

 

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) confirmó en la mañana de hoy la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez años, de Jairo Segura Ortega, juez sexto de control de garantías de Buenaventura entre los años 2019 y 2020.

El jurista fue señalado de beneficiar en el reparto de un proceso a Félix Orlando Luna Angulo, alias Gordo Lindo, jefe de finanzas de la banda La Local que delinque en el puerto del Valle del Cauca. El hombre había sido capturado el 27 de septiembre de 2019, señalado por los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
 

 

 

Pese a que se le dictó medida de aseguramiento intramural, el entonces juez Segura Ortega, que coordinaba el Centro de Servicios Judiciales de Buenaventura, benefició a alias Gordo Lindo al manipular el reparto para que se asignara el caso a su despacho.

 

Posteriormente, le concedió la detención domiciliaria al líder de La Local. Quien alertó al Ministerio de Justicia por esa irregularidad fue la entonces gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

“Las pruebas recaudadas permitieron concluir que el Juez Sexto de control de garantías de Buenaventura incidió en el reparto irregular del proceso para favorecer al presunto criminal, quien efectivamente entre el 5 y el 10 de diciembre de 2019 recibió el beneficio de sustitución de la detención preventiva en centro carcelario por detención domiciliaria”, indicó la CNDJ.

Por su parte, el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la CNDJ, dijo que el exjuez Segura Ortega actuó en contra de la jurisprudencia y de las normas referidas a los delitos por los que había sido capturado alias Gordo Lindo.

“Queremos ratificar que la justicia está al servicio de los ciudadanos y vamos a ser contundentes con todas aquellas decisiones que supongan conceder beneficios a peligrosos delincuentes que han afectado a la sociedad”, dijo el magistrado Cajiao.

Segura Ortega ya había sido sancionado por una Comisión Seccional, decisión a la que luego apeló y que fue ratificada hoy por la CNDJ.

Entre los hechos por los que capturaron a alias Gordo Lindo, el delincuente beneficiado por Segura Ortega, está el secuestro de un habitante de Buenaventura en mayo de 2017.

El hombre fue llevado a la fuerza hasta las afueras de Buenaventura, donde lo torturaron y lo amenazaron para obligarlo a que entregara todo el dinero de sus cuentas bancarias.

 

Explosivista del Clan del Golfo se entregó a las autoridades en Antioquia

 

 

Tropas de la décima primera brigada del Ejército nacional anunciaron el sometimiento a la justicia de un integrante del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte entregado por la institución militar, la entrega de este sujeto se dio durante una operación realizada en zona rural del municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia, donde se conoció que el hombre era un reconocido explosivista de la subestructura Uldar Cardona Rueda de la organización armada que delinque en esta región del país.

De igual manera, el Ejército detalló que este hombre llevaba 10 años vinculado al grupo delictivo, y decidió desertar del Clan del Golfo por la presión ejercida por las autoridades en el municipio antioqueño. Durante su entrega, el capturado entregó material de comunicaciones que tenía en su poder.

De acuerdo con los reportes de la institución castrense, en lo corrido del 2024, van 27 combatientes que decidieron someterse a la justicia colombiana, buscando reincorporarse a la vida civil.

Por ello, el Ejército hizo una invitación a los integrantes de grupos armados ilegales para que se entreguen a las autoridades y abandonen su actividad delictiva.

 

 

 

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