Pereira - Colombia. Año 62 - Segunda época - Nº 12.436-16 Fecha: 08-13-2010

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NOTICIAS

Asesinado por asfixia en su casa

Rubier de Jesús Gómez Quiceno  era un ciudadanos muy querido por la comunidad pereirana. Había hecho parte de innumerables actos de la vida de la ciudad, siendo un representante de diferentes asociaciones para el bienestar de la ciudad. Hijo de Ricardo Gámez y Guillermina Quiceno. Contaba con 71 años el día trágico, en que al parecer dos ladronzuelas irrumpieron en su vivienda para asesinarlo y luego proceder a robarle unas cuantas alhajas.

Residía en la Carrera 4 entre las calles 11 y 12 por más de treinta años. Su hermano menor, Darío Gómez  Q. ocupa la primera planta de la edificación de tres plantas.

Alrededor de las 4 de la tarde Darío se encontró con su hermano a poca distancia de la casa, lo saludó y como era hábito de Ribier continúo su caminada que hacia casi todos los días en las horas de la tarde. Todo era normal hasta ese momento. Al regresar a su casa Darío, en las horas de la noche noto que las luces del segundo piso estaban encendidas, sin pensar que una tragedia había ocurrido allí.  Darío entro a sus habitaciones como era costumbre y continúo con sus quehaceres. Al rato de estar allí pensó que su hermano ya se había acostado por el silencio que existía. Al siguiente día el silencio continúo y Darío se preguntó que algo no estaba bien, era su costumbre de llamar a Rubier cuando no lo escuchaba. Hacia un tiempo a tras que su hermano había tenido una operación de corazón abierto por complicaciones coronarias. Y este hecho los había unido más.  Darío preocupado por el bienestar de su hermano decidió ingresar a la casa de este para inspeccionar el lugar y serciorarse de que todo esta bien. Ya que era extraño que aún las luces continuaran encendidas, Su hermano era muy cuidadoso con el consumo de energía.

La Sorpresa

Al ingresar al segundo piso de la casa y al encontrarse con la sala, miro y vio que en el piso estaba extendido su hermano amarrado de pies y manos y su cabeza dentro de una bolsa plástica asfixiado con el rostro boca abajo.

Un crimen de esta magnitud es reprochable, por el daño que causa. Los asesinos, porque deben ser varios, porque los hechos lo demuestran. La sociedad en general reproche tan lamentable hecho y espera que los criminales sean aprehendidos y se haga justicia y que no suceda como en múltiples casos que todo que en la impunidad. Estaremos vigilantes a las investigaciones señores de la fiscalia.

REELECCIÓN DE URIBE EN LA MIRA DE JUSTICIA

RELATOR DE ONU ADVIERTE "CLIMA DE IMPUNIDAD"

By Ángel Páez  

LIMA, Sep. 9, 2010 (IPS) - Los juicios a uniformados en Perú por violaciones a los derechos humanos, en particular por casos de matanzas de pobladores civiles, "avanzan muy lentamente", lo cual genera "la percepción de un clima de impunidad", dijo el representante de la ONU, Martín Scheinin, al término de su misión en el país.

Sheinin, relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, señaló a IPS su especial preocupación por el decreto-ley 1097, emitido el 1 de este mes por el presidente Alan García, que puede favorecer a acusados de crímenes contra la humanidad en la lucha antiguerrillera de 1980 a 2000.

La publicación del decreto, que toma carácter de ley por una potestad especial otorgada por el parlamento a García, "refuerza" ese clima de impunidad, porque "parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 9 de noviembre de 2003, puntualizó.

Es que la flamante norma contiene dos aspectos que han levantado polémica.

Uno es el mandato de archivar los procesos judiciales contra uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos si es que se ha superado el periodo máximo de 36 meses, que corresponde a la etapa de presentación de pruebas. El otro asunto criticado es que reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de este tipo sólo a partir del 9 de noviembre de 2003.

"He recogido la opinión de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en el sentido de que dicha ley es inconstitucional y no debería ser aplicada porque habría sido diseñada para favorecer a ciertas personas involucradas en casos que están en giro", dijo Sheinin a IPS.

"Aunque el ministro de Defensa, Rafael Rey, me aseguró que el propósito de la ley no era favorecer a acusados de crímenes", añadió.

"Lo que me preocupa es que el Decreto Legislativo 1097 puede dar lugar a un clima de impunidad en un país que ha demostrado al mundo que es capaz de enjuiciar a acusados de delitos de lesa humanidad según los estándares internacionales, como ocurrió con el jefe de (la guerrilla de) Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)", expresó.

El relator de ONU entiende que "hay cierta tendencia de algunas autoridades hacia la impunidad, a ocultar bajo la alfombra hechos sancionables con la ley".

En la actualidad están en marcha dos procesos judiciales relacionados al grupo Colina, el escuadrón de la muerte integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que estuvo activo entre 1991 y 1992.

El primero es por la matanza el 3 de noviembre de 1991 de 15 pobladores de la vecindad limeña de Barrios Altos y la del 2 de mayo de 1992 de nueve campesinos de El Santa, una localidad en la costa norte del país, y también por el secuestro y desaparición ese último año del periodista Pedro Yauri.

El segundo es a Vladimiro Montesinos, el asesor del entonces presidente Fujimori, el jefe del ejército de la época, a Nicolás Hermoza, y a los cabecillas del escuadrón de la muerte, los mayores hoy en retiro Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, por la 

masacre en 1992 de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.

Por estas masacres fue condenado el año pasado Fujimori a 25 años de prisión.

Los acusados por los crímenes de

Barrios Altos y La Cantuta pidieron la prescripción de los delitos por los cuales son enjuiciados, ya que la ley 1097 señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre 2003", según la interpretación que hace su defensa de un fallo del Tribunal Constitucional.

El pedido fue presentado ante la Primera Sala Penal Especial de Lima, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.

Sin embargo, Magdiel González, ex integrante del Tribunal Constitucional, manifestó que el Poder Ejecutivo ha interpretado incorrectamente el mencionado fallo con el propósito de otorgar un beneficio indebido a los uniformados acusados de las masacres.

"El Tribunal Constitucional jamás ha dicho que a partir del 2003 recién rige la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad", aseguró González a IPS.

"Lo único que ha señalado es que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entra en vigencia el 9 de noviembre de 2003, y eso no es lo mismo", explicó.

"No lo es porque la propia Convención indica que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido", puntualizó.

Según la abogada de las víctimas de la masacre de La Cantuta, Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la norma emitida por el Ejecutivo se parece mucho a la Ley de Amnistía que promulgó Fujimori en 1995 para excarcelar a militares y policías condenados y enjuiciados por violaciones a los derechos humanos.

"Ambas leyes tienen el mismo propósito de beneficiar ilegalmente a quienes vistiendo el uniforme militar asesinaron a civiles inocentes y desarmados", dijo.

Para Cano, "llama la atención que la ley se haya publicado justo cuando el juicio contra Vladimiro Montesinos, ex jefes militares y los ex agentes del SIE ha ingresado a la etapa final". Esa ley 1097 tiene nombre propio", afirmó.

Pero Rey arguyó en conferencia de prensa que el Decreto Legislativo 1097 se basa "en consideraciones de orden del derecho internacional y nacional" y refirió que su sentido es terminar con supuestos abusos judiciales contra personal militar "que luchó abnegadamente contra el terrorismo".

El ministro negó que fueran a ser beneficiados con la ley los ex agentes del SIE procesados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y reiteró que el espíritu de la norma es proteger "a los militares y policías en actividad y en retiro que son perseguidos e investigados durante años y no tienen sentencia".

Por su parte, el ex primer ministro (2006-2008) y congresista oficialista Jorge Del Castillo admitió ante IPS que la norma era perfectible, aunque entendía que su objetivo es contribuir con aquellos militares y policías que combatieron a la guerrilla que alegan inocencia y, sin embargo, afrontan juicios que tardan varios años.

"No es una ley para beneficiar a los integrantes de los escuadrones de la muerte", expresó Del Castillo. "Me voy a preocupar para que no favorezca a acusados de delitos de lesa humanidad", se comprometió, tras indicar que la norma es revisable para evitar ello".

By Helda Martínez

BOGOTÁ, Sep. 6, 2010 (IPS) - Se acumulan las sentencias y condenas de la justicia de Colombia en los procesos contra los implicados en facilitar ilegalmente la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2006 y en un nuevo intento de ser candidato, frustrado en febrero. Un escándalo donde queda historia por contarse.

"Empieza a hacerse justicia", dijo a IPS el opositor parlamentario Germán Navas, uno de quienes en 2004 demandó a la ex legisladora Yidis Medina por haber aceptado prebendas para cambiar su voto, lo que resultó clave para que Uribe pudiese presentarse como candidato por segunda vez, tras llegar al gobierno en 2002.

Medina llegó al bicameral Congreso legislativo en mayo de 2004, para sustituir durante tres meses a Iván Díaz, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que entonces debatía la posibilidad de aprobar la reelección presidencial inmediata, hasta entonces prohibida en Colombia.

Uribe transfirió la Presidencia a su ex ministro Juan Manuel Santos el 7 de agosto, después que en febrero la Corte Constitucional consideró ilegal su pretendida tercera candidatura consecutiva.

La ex legisladora se sumó a quienes se oponían: 18 miembros de la Comisión de un total de 35, relató Navas, uno de los protagonistas en denunciar las ilegalidades que reconstruyó los hechos para IPS.

Pero a última hora cambió, argumentando la importancia de la inversión social anunciada por el gobierno de Uribe en su natal Barrancabermeja, un municipio petrolero del departamento de Santander, afectado duramente por el conflicto interno entre la guerrilla izquierdista, los paramilitares de extrema derecha y las fuerzas del Estado.

El cambio de Medina impulsó demandas de Navas y otros parlamentarios ante el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la Nación.

Medina negó los hechos y evadió entonces la justicia.

Pero temerosa ante la posibilidad de un atentando en contra suya o de sus hijos grabó un testimonio como protección, que entregó a Daniel Coronell, director de Noticias Uno, bajo el compromiso de publicarlo sólo en situación de gravedad o previa autorización suya.

El secreto a voces, aunque sin pruebas confirmatorias sobre las irregularidades en la votación que permitió a Uribe ser reelegido se mantuvo hasta 2008, cuando ya se gestaba otra maniobra constitucional a través de un referendo popular, para impulsar un tercer mandato del derechista presidente.

Pero hechos circunstanciales abrieron el camino a la verdad: el periodista Alfredo Serrano quiso escribir un libro sobre la diputada Medina y para promocionar la idea, acudieron al diario El Espectador, que entendió que tenía entre manos una historia compleja y noticiosa, y le dedicó su primera plana.

De inmediato, Coronell anuncio la difusión del testimonio del que era depositario.

La Presidencia trató de neutralizar el impacto y antes de esa difusión emitió un comunicado de 14 puntos, para denunciar un complot contra Uribe orquestado por Coronell y Medina.

La ex legisladora, asustada e indecisa entre entregarse y huir, acudió al abogado Ramón Ballesteros quien pidió pruebas. "Yidis Medina trajo dos maletas con documentos", dijo el abogado a IPS.

"La prueba del delito perfectamente archivada. Currículos de las personas que recomendó para cargos públicos, copias de actos administrativos para sus nombramientos, cartas de agradecimiento, pagarés firmados en blanco y renuncias sin fecha", recordó Ballesteros, quien condicionó su defensa a la entrega de Medina ante la Fiscalía

General de la Nación.

"Durante la indagatoria aportó elementos probatorios que fueron valorados por la CSJ, originando una crisis de Estado entre el Ejecutivo y el poder Judicial", añadió.

En 2008 la CSJ condenó a la ex legisladora a tres años y cuatro

Alvaro Uribe Velez

meses por cohecho, "hecho punible de doble vía, en el que tan culpable es quien ofrece como al que acepta", anotó el también abogado y periodista Navas, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Por esa razón, la Fiscalía, la Procuraduría y la CSJ abrieron la investigación por el mismo delito contra los entonces secretarios de la Presidencia, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, y los ministros de Protección Social, Diego Palacios, y de Interior y Justicia, Sabas Pretelt.

También inició un proceso contra Teodolindo Avendaño, un legislador que aceptó ausentarse durante la votación, a cambio de una notaría, y que ahora cumple una condena de ocho años de cárcel.

El avance de las investigaciones motivó que el 24 de agosto, ya con Uribe como ex presidente, la Procuraduría inhabilitara por 12 años al ex ministro Pretelt para ejercer cargos públicos y ordenara su destitución de como embajador ante Italia.

"Se sirvió de su cargo para formular ofrecimientos que afectaron el trámite de la reelección", reza el dictamen.

"La justicia avanza, la fiscalía investiga, y se prevén prácticas probatorias y sentencias judiciales muy pronto", agregó Ballesteros.

La consideración del abogado incluye la sentencia condenatoria contra Luis Guillermo Giraldo, promotor del Referendo Reeleccionista. Los señalamientos contra Giraldo y la Asociación Colombia Primero que impulsaba el proyecto y manejaba sus recursos, se iniciaron en 2008.

Fueron promovidos en el parlamento por el liberal Carlos Piedrahita y el propio Navas quien, recordó, "demostré con documentos el fraude procesal".

A Colombia Primero pertenecían contratistas del Estado, que hicieron auto préstamos para evadir la superación de los topes legales de financiación, entre otros delitos. Los libros contables presentaron diferentes vacíos e inconsistencias.

Giraldo lo negó todo hasta poco antes de iniciarse el juicio contra él y otros siete integrantes de Colombia Primero.

Entonces aceptó cargos de fraude y falsedad de documento a cambio de la pena mínima de 54 meses y detención domiciliaria.

Ese preacuerdo fue rechazado después por un juez penal, en una medida ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.

"Lo negaron porque esos beneficios se otorgan cuando el acusado se acoge a la justicia al inicio de la investigación en un acto sincero de contrición, facilitando la investigación y dando a conocer el escenario criminal. No es éste el caso", dijo Ballesteros.

El juicio se produciría antes de 60 días y a la práctica probatoria seguiría la inmediata sentencia.

"Es especulativo decir el tiempo de condena, pero todo hace pensar que habrá privación de libertad", dijo Ballesteros. La suma de anomalías ocurridas desde 2004, revisadas a la luz de las decisiones judiciales podría dejar un consecuencia adicional: la reversión de los actos legislativos que aprobaron la reelección presidencial.

Ello sucedería "en caso de configurarse demandas en contra del proceso que la permitió", enfatizó Navas.

"Es un tema pendiente", agregó Ballesteros. "Hay vicio de fondo por el acto criminal que permitió la aprobación. Los últimos hechos reviven el tema " concluyó. Así que la historia de las consecuencias de la consumada y de la frustrada reelección de Uribe está lejos de haber terminado.

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