Pereira - Colombia. Año 62 - Segunda época - Nº 12.439-19 Fecha: 10-08-2010

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OPINIÓN

E D I T O R I A L

¿Y qué hacer con el dinero encontrado en Bogotá?

El estado colombiano es supuestamente favorecido con el millonario encuentro de las caletas en la capital de la República.  Muchas cosas podrían hacerse con los dineros allí encontrados;  le hacen falta al país obras de  infraestructura necesarias para el desarrollo,  con menos endeudamiento público para ejecutarlas.

Se podría construir por ejemplo, el acueducto de Quibdó y demás poblaciones en el Chocó, que no sólo serviría a los pobres, también a los ricos; serviría a todos; se podría construir el metro de Bogotá; se podrían construir y  modernizar las carreteras de Colombia sin necesidad de recurrir a las concesiones privadas; ayudaría a alivianar la crisis de la salud; en fin, se podría pensar en muchos usos para necesidades apremiantes en el país.

Nuestros amados “padres de la patria”, siempre trabajando por nuestro país, aportando sus maravillosas ideas, seguramente encontrarán la manera de usar éste dinero para que nuestro país dé el anhelado salto económico y dejar de pertenecer al club de países del tercer mundo.

Una de las propuestas salidas de la inspiración de los políticos es el utilizar este dinero para construir casitas de interés social para los pobres del país.  Recordemos que recientemente uno de los candidatos en campaña para la presidencia         hizo la “novedosa” propuesta tendiente a generar empleo mediante la construcción de casitas, la reactivación de la construcción.

En resumidas cuentas, parece que los políticos que nos gobiernan piensan que los colombianos sólo servimos para ser obreros; no hay científicos, ni mentes brillantes ganadoras del Nobel, ni empresarios que generen empleos diferentes a ser albañiles o rusos.   El presupuesto para la innovación e investigación no alcanza siquiera a un punto del PIB.   Colombia es uno de los países de la región que ostenta dicha vergonzosa condición.

Si nuestros gobernantes no tienen la capacidad de pensar de manera prospectiva en una Colombia superior y competitiva, si no ven el caso de  países como Japón, que no tienen recursos naturales pero una gran inventiva y generación de tecnología, por más que trabajemos por este país jamás dejará de ser el país de obreros que somos: gente obrera , no tenemos derecho a pensar en grande, ni siquiera cuando se encuentra una millonaria caleta, que ayudaría a que el estado de veras apoye la innovación y el desarrollo de tecnología como la forma ya probada de generar riqueza y el salto que tanto se anuncia en campaña.   Aún recuerdo el famoso “Salto” anunciado en la campaña presidencial de 1994 con Ernesto Samper; y nos creímos toda esa demagogia.

Con el dinero de las caletas se haría mucho más cosas por Colombia, que beneficiarían a los “ricos” y a los “pobres”  por igual; de esa manera sí se estaría hablando de una patria incluyente y social, habría más inversión y no sólo extranjera, los empresarios colombianos podrían competir con sus productos en el mundo.

Muchas cosas se podrían hacer con este dinero encontrado, no sólo casitas de interés social para los más pobres, ideas que no generan progreso para Colombia.

Ahora la gran pregunta es: ¿Se usará este dinero en el país  o tendrán que devolvérselo a los Estados Unidos por ser presuntamente obtenido por el narcotráfico?  

Vía Longuē

Derecho sobre el derecho

Por Zahur Klemath Zapata

Existir no es fácil aunque parezca que todo se ha dado a nuestro alrededor, hay que buscar aquí o allá para poder subsistir. Pero lo más interesante en todo esto, es que nosotros mismos hacemos que la vida sea difícil y se la hacemos a otros igual, y a todo lo que nos rodea. Con el único fin de satisfacer unas pocas necesidades.

El gobierno colombiano, no importa quien sea, es el enemigo número uno para la sociedad colombiana. Por ignorante y atravesado. Él es que impide que el progreso se abra camino en medio de la maraña de otros países que están luchando por alcanzar un mejor estándar de vida. El montaje legislativo que existe, impide prosperar sanamente, porque lo único que puede hacer alguien que desee alcanzar algunas metas, tiene que delinquir contra el Estado para poder llegar al sito o alcanzar la prosperidad que desea. El ciudadano de a pie, el que no maneja el razonamiento premonitorio no puede ver ni entender lo que realmente esta pasando; como se esta jugando con el futuro de varias generaciones. Que hoy, de la forma en que se esta demarcando la línea hacia el futuro, se van a perder otros cincuenta años en esta travesía y nuestros herederos les tocará reparar el daño de sus ancestros.

El crimen que existe en la actualidad, es un crimen inducido por el Estado, por que el Estado legisla para criminalizar una conducta natural del ser humano. Y no estoy hablando de crímenes de lesa humanidad, ni de crímenes violentos o asesinatos, sino de aquellos que el Estado penaliza por considerar fuera de la orbita del negocio, lo que el llamaría negocio ilícito. Algo que los mismos legisladores consumen y que comparten sin ningún re catamiento.

Hay que revisar las  leyes y corregir el daño causado a millones de personas en todas las latitudes. Y establecer un orden que permita que tanto el Estado como el ciudadano puedan convivir en armonía.

Cuando el crimen nace del Estado es tan punible tanto para los legisladores como para el Estado.

CARGAS DE PROFUNDIDAD

¿VAMOS A QUEBRAR AL ESTADO?

Por: Gabriel Alberto Toro Peláez

El Presidente Juan Manuel Santos nos ha convocado a la unidad nacional en torno al Estado Colombiano cuya dirección recibió el pasado 7 de agosto, luego de obtener a favor de su nombre una votación impresionante que superó todo antecedente electoral de respaldo a un mandatario.

El pueblo, convocado por al Partido de la U,  con el apoyo del partido conservador y ciudadanos que anhelaban la continuidad de la Seguridad Democrática en primera vuelta lo señaló como la mejor opción y para la segunda, con la adhesión de Liberales, Cambio Radical y otros electores, claramente le dieron el liderazgo para convocar la Unidad Nacional  que nos permita consolidar la Prosperidad Democrática que se propone, como en efecto ha convocado a todos los sectores de opinión en torno a ella.

Es entonces lógico que en aras de esa Unidad Nacional, recoja propuestas y llame a dialogar con el gobierno a otros partidos políticos buscando el consenso nacional que consolide la seguridad en los campos y veredas, analice y ponga en práctica acciones  que implementen la armonía social en las ciudades, cuyas urbes están bajo la presión de reinsertados, desadaptados y desocupados, con su carga de violencia que genera una nueva ola de inseguridad. Tiene aquí pues el Gobierno Nacional, en cooperación con Gobernadores, Alcaldes y Jueces, un basto campo de acción y de inversión de recursos fiscales.

Sin embargo, se le está dando prioridad a una audaz Política de Reparación a las víctimas de la violencia, que se plantea tan general que no hay forma de cuantificarla.

Recoge el gobierno una propuesta del candidato liberal, derrotado en las urnas, y se la juega con entusiasmo el Ministro del Interior y de Justicia Vargas Lleras, al parecer sin un estudio serio sobre el valor de tales reparaciones, ni de las razones por las que el Estado deba responder por lo daños causados por los delincuentes de todos los pelambres.

Habrán calculado los proponentes cuantos son los afectados por todo tipo de violencia, y ¿con qué criterio se van a valorar cada uno de los perjuicios causados? Se calculan las reparaciones en CUARENTA

BILLONES de pesos y el ministro de Hacienda, compelido por el afán de los proponentes, piensa que puede presupuestarlos en 10 o 15 años. ¿Cómo se programarán esos pagos? ¿Quedará presupuesto suficiente para realizar los demás programas de gobierno?

¿Qué tipo de eventos se van a cubrir y desde cuándo?

¿A cuántos parientes y herederos se van a indemnizar? No será que al aplicar la Ley de Reparación y después de recibir tal beneficio por vía administrativa los perjudicados acudirán también a la justicia, como lo pueden hacer hoy y consiguen justipreciar sus indemnizaciones por mayores valores ya que las reparaciones deberán ser integrales para cada caso y no sometidas a tarifas predeterminadas caprichosamente?

¿Y qué decir de la  debacle  que se avecina con el proyecto de restitución de tierras en zonas de violencia, donde se va a presumir la mala fe de los actuales tenedores y propietarios para restituirlas a reclamantes a cualquier título que pretexten que fueron afectados por la violencia o que fueron obligados a vender o abandonar la tierra?

¿No pone en entredicho esta propuesta, la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en todo el país?

Vamos a generar un caos muy difícil de controlar, pues la tierra, pierde su valor y nadie así se atreverá a invertir un peso para ponerla a producir en tanto que serán muchos los que atraídos por las facilidades que dará la ley se aprovechan de las circunstancias y reclamarán derechos antecedentes de todo tipo.

En este país en donde se mancilla o acomoda la verdad con gran facilidad, no faltarán los “vivos” que pesquen en ese río revuelto y terminen desplazando a propietarios y tenedores de buena fe.

Si de lo que se trata es de dar a cada cual lo que le pertenece, como predicaba ULPIANO, fortalezcamos la justicia, démosle instrumentos y normas para que sea más oportuna y  apliquemos las leyes y decretos que ordenan la expropiación de los bienes dedicados al delito o verdaderamente usurpados y allí habrá billones y trillones no solo para reparar a las víctimas de la violencia guerrillera, paramilitar, y dedicada al narcotráfico e incluso para hacer un reparto más equitativo y justo  de la tierra, en una excelente y bien dirigida reforma agraria en beneficio de los campesinos., pero no obliguemos al Estado a generar incontables recursos que tendremos que pagar los contribuyentes, porque esto quebrará sus arcas e impedirá la realización de otras políticas de educación, salud, vivienda, obras públicas, generación de empleo y bienestar.

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