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Ataques incendiarios
y detonaciones al sur de Chile
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“Ahora se puede decir que en las cárceles se cumple la ley y en los
centros penitenciarios que se construya no habrá lujos, ni
comodidades, sino lo necesario para quienes se quieran rehabilitar,
no más”, señaló el diputado del oficialista Nuevas Ideas, Caleb
Navarro.
La ley debe ser promulgada por el presidente Bukele y publicada en
la gaceta oficial para entrar en vigor.
Según el presidente, en 24 días de vigencia del régimen de
excepción, se ha detenido a 13.573 pandilleros.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este
país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y
Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros en El Salvador, de
los cuales casi 30.000 estarían tras las rejas, luego de las
recientes capturas.
Ortega ilegalizó otras 25 ONG: ya van
137
EFE
Decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de estas
asociaciones fue aprobado con trámite urgente en el Parlamento con
el voto de 74 diputados sandinistas y sus aliados. Entre las 25
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas se encuentran
la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense
exiliado en España Sergio Ramírez Mercado y la Asociación para el
Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta
trapense Ernesto Cardenal (1925-2020).
También la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de
Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos, y
la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No
Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Además, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la
Asociación Nicaragüense de Cinematografía, la Asociación Centro de
Capacitación de la Mujer Obrera, y la Fundación Coen, del empresario
Piero Coen.
Asimismo, la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular,
la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de
Sutiaba, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y
Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación
Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el
Desarrollo de la Sociedad Civil, entre otras.
Con la anulación de esas otras 25 ONG independientes, se elevó a 137
las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis
sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355
muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
y que son calificadas como un intento de golpe de Estado por Ortega.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las 25
ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 74 diputados
sandinistas y sus aliados, 15 abstenciones, y el resto no votó, de
los 91 legisladores que integran el Parlamento.
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Al Presidente Boric le toca enfrentar lo mismo que sus antecesores
ante una sociedad deseosa de obtener soluciones ràpidas alas
necesidades. Un conflicto que va más allá del territorio.
Ataques incendiarios en cabañas, grúas y camiones, además de
detonaciones de bala contra un retén de funcionarios policiales,
reportan este miércoles en las regiones de Biobío y La Araucanía al
sur de Chile, reseña la agencia de noticias internacional.
La Araucanía desde el siglo XIX ha sido un territorio disputado
entre mapuches y autoridades chilenas, la violencia y el
desconocimiento a las autoridades posee un largo historial.
Se reportaron ataques a vehículos de carga y garitas policiales,
también fueron atacadas cabañas en zona turística.
Un grupo sin identificar habría sido responsable del ataque en el
sector de Quidico, en la franja literal de la zona. Se encontraron
lienzos alusivos a la causa mapuche y la liberación de comuneros en
el lugar, según una radio local.
El presidente izquierdista Gabriel Boric dijo que intentaría
potenciar el diálogo entre los pueblos originarios y el gobierno
chileno, durante su campaña. Los Mapuches siguen luchando contra las
autoridades chilenas por la usurpación ilegal de tierras, que es una
postura firme para los nativos del sur chileno.
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El Salvador construirá más prisiones
Después de la polémica generada a nivel nacional e internacional al
Presidente Bukele, por la actuación sin precedente contra las
pandillas que durante años han puesto en jaque ala sociedad
salvadoreñas. El Congreso de El Salvador aprobó este martes una ley
para agilizar la construcción de nuevas prisiones, en momentos en
que el gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y ha
detenido a 13.573 de sus presuntos integrantes en menos de un mes.
La normativa fue aprobada con los votos de 64 diputados aliados del
presidente Nayib Bukele, de los 84 con los que cuenta la Asamblea
Legislativa. A fines de marzo, el Parlamento aprobó un régimen de
excepción que tiene a policías y militares a la caza de presuntos
pandilleros.
A esas agrupaciones se les atribuye el asesinato de 87 personas
entre el 25 y 27 de marzo, lo que motivó la ofensiva liderada por
Bukele.
La denominada “Ley Especial para la Construcción de Centros
Penitenciarios” establece el marco regulatorio para “la
planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los centros
penitenciarios que sean necesarios, en razón del incremento de la
población privada de libertad”.
De acuerdo con la normativa, será el Ministerio de Obras Públicas la
entidad encargada de la construcción de las nuevas prisiones y con
la posibilidad de que pueda establecer “convenios” con empresas
privadas para tal fin.
Las prisiones serán operadas por la Dirección General de Centros
Penales. La ley aprobada no establece un número específico de
prisiones a levantar, que se sumarán a la veintena de cárceles que
ya existen.
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