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Alias Memín, cabecilla de grupos paramilitares, acepta 167
cargos
Esta actuación es el resultado de una gran investigación relacionada con
los crímenes cometidos contra la población civil en 27 municipios del
noroccidente de Antioquia.
Alias Memín reconoció homicidios, desapariciones, secuestros, casos de
tortura, hurtos y desplazamientos forzados entre otras conductas delictivas
ocurridas en Frontino.
Como parte de una macroinvestigación que busca esclarecer los crímenes
atribuidos a las grupos paramilitares que delinquieron en 27 municipios del
noroccidente de Antioquia, entre 1996 y 2005, la Fiscalía General de la Nación
logró que Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, aceptara su responsabilidad en
167 hechos de graves agresiones contra la población civil.
El procesado, quien fue el máximo cabecilla del entonces Bloque
Noroccidente Antioqueño de las extintas AUC y atendía órdenes directas de la
denominada ‘Casa Castaño’, indicó que hombres armados a su cargo se dedicaron a
ubicar a personas señaladas equivocadamente de ser colaboradoras de las extintas
Farc, las sacaron de sus casas y negocios o las interceptaron mientras se
movilizaban en vehículos de servicio público, y las sometieron a diferentes
conductas ilícitas.
Este accionar violento fue indiscriminado y dejó como víctimas a
agricultores, comerciantes, menores de edad, mujeres e integrantes de
comunidades indígenas de la región.
En una primera fase del procesao, relacionada exclusivamente con los
delitos cometidos en Frontino (Antioquia), alias Memín reconoció, entre otros,
31 casos de homicidio en persona protegida, 25 de desaparición forzada, 40 de
deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil;
46 de secuestro, 10 de tortura en persona protegida, 7 de hurto agravado y
calificado; y uno de acceso carnal violento.
Exfiscal Fabio Augusto Martínez condenado por 'chuzadas'
La Fiscalía General logró establecer la participación del exfiscal
especializado Fabio Augusto Martínez en una red de corrupción,
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la cual interceptó ilegalmente las comunicaciones de
profesionales y representantes de empresas y sindicatos entre 2017 y 2018.
De acuerdo con la entidad, Martínez utilizó su cargo para concertarse
ilícitamente con otros funcionarios y particulares con el propósito de obtener
información privada y corporativa que, posteriormente, fue comercializada a
terceros. En el curso del proceso fueron documentados siete eventos distintos en
los que faltó a su deber constitucional y fue invadida la privacidad de las
víctimas.
En todos los casos que se le atribuyen al exfiscal, las órdenes de
interceptación fueron legalizadas ante jueces de control de garantías con
documentos que contenían datos y hechos contrarios a la verdad, lo que hizo
incurrir en error a los diferentes despachos judiciales.
El señor Martínez Lugo, mediante preacuerdo, aceptó de manera libre y
voluntaria su responsabilidad.
Este reconocimiento fue avalado por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, que lo condenó a siete años y tres meses de prisión por los
delitos de: concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y
violación ilícita de comunicaciones.
El fallo dispone que la pena se cumplirá en centro carcelario y que el
sentenciado deberá pagar una multa de 302 millones de pesos; además de enfrentar
inhabilidad de 87 meses para ejercer cargos públicos. “La Fiscalía ha llegado a
exponer un preacuerdo claro, respetuoso y verdaderamente conectado con las
funciones profundas de estos mecanismos de justicia”, precisó el Tribunal
Superior en la decisión.
Durante la audiencia en la que la Fiscalía presentó el preacuerdo, el
exfuncionario judicial ofreció excusas públicas. Pidió perdón a la Fiscalía, la
Rama Judicial, las víctimas y la sociedad por sus actos delictivos y los daños
causados.
Fiscalía pide nuevamente preclusión del caso contra Álvaro
Uribe
La Fiscalía General de la Nación solicitó nuevamente la preclusión del
caso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y
fraude procesal, luego de ejercutar siete inspecciones.
El ente acusador indicó que realizó "14 declaraciones, realizó un
interrogatorio al imputado, ejecutó siete inspecciones a diferentes autoridades,
hizo una búsqueda selectiva en base de datos y practicó pruebas técnicas y
análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y
extracción de información de teléfono celular, entre otras" en esta nueva fase
del caso.
Ante esta situación, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, Javier Cárdernas, consideró que "se han configurado las causales de
preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia, que
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serán presentadas en la audiencia respectiva".
Cabe recordar que este proceso judicial lleva varios meses e inició por una
denuncia que puso el mismo
expresidente
Uribe señalando al senador Iván Cepeda de ofrecer sobornos a testigos, en los
que se encuentran varios exparamilitares
para declarar en contra de él.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación, la Corte cerró
el caso en contra del senador y la abrió en contra del exmandatario por las
visitas que realizó su abogado Diego Cadena a la cárcel.
Es importante mencionar que esta es la segunda vez que la Fiscalía
realiza esta solicitud, el pasado 5 de marzo del 2022 la presentó , pero el juez
28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento la negó en abril.
Tribunal de Bogotá anuló condena contra Carlos
Mattos
El Tribunal Superior de Bogotá falló en favor del empresario Carlos
Mattos anulando su condena de cinco años y nueve meses de prisión por el caso de
Hyundai.
Mattos se encuentra pagando su condena en la cárcel de Cambita, Boyacá,
sin embargo el alto tribunal determinó que la Fiscalía no probó que el señalado
presentara incremento patrimonial gracias a las decisiones judiciales que se
desprendieron de los sobornos a diferentes funcionarios públicos.
Cabe recordar que el tribunal ya había anulado otra condena de nueve años
y cinco meses de prisión, con este mismo argumento. En ese entonces, el Tribunal
precisó que el condenado debía reintegrar al menos la mitad del incremento
patrimonial para acceder al beneficio de la rebaja de pena.
"Para acceder a la rebaja de la pena en caso de allanamiento o hacer
procedente el preacuerdo, debe reintegrar por lo menos 50% del valor equivalente
al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente".
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