¿POLITIZAR A PROVIDENCIA?
 

Por: Álvaro Ramírez González
alragonz@yahoo.es
 

La madrugada del 16 de noviembre del 2020, todo cambió en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El huracán Iota, provocó una de las peores tragedias ambientales y de destrucción que haya conocido el Archipiélago.

El 98% de las construcciones en Providencia se vinieron abajo, incluido el Hospital.

Ocho días después, el gobierno instaló un hospital provisional de campaña.

La desolación fue total, y el entonces Presidente Ivan Duque fue a la Isla con varios aviones de ayuda humanitaria y a anunciar el inicio de la reconstrucción total de la Isla.

Es importante recordarle a mis lectores que todo el 2020, el país estaba confinado por la Pandemia.

Este factor insalvable hacia mucho más complicada esa tarea.

Susana Correa, una juiciosa y calificada ejecutiva fue encargada de la misión y Findeter, la encargada de administrar los recursos.

La primera e insalvable dificultad que se encontró el la Isla, es que no tenia un muelle para los barcos de carga.

Apenas un pequeño muelle de pasajeros que no era apto para recibir los barcos cargueros con las miles de toneladas de los materiales e insumos requeridos para reconstruir la Isla.

Hubo pues que hacer un muelle de carga y esa obra fue complicada y tomó su tiempo.

¡Pero se hizo!

El gobierno contrató con los Isleńos toda la mano de obra, como clara estrategia de empleo, ante una Isla cerrada al turismo por ańo y medio.

De ese fatídico amanecer han pasado ya 21 meses y la Isla está reconstruida en un 95%.

Todas las viviendas se hicieron nuevas, con materiales de alta resistencia ante nuevos huracanes, pero con él diseño arquitectónico y los colores raizales.

Hubo que reconstruir uno a uno los acueductos y alcantarillados de cada vivenda, respetando su localización.

Hubo que reconstruir Colegios, el Aeropuerto, la Alcaldía, vías, comunicaciones, y el Hospital que está casi listo.

En su última visita a Providencia, el Presidente Duque hizo un largo recorrido de todas las obras nuevas y recibió abundantes muestras de gratitud de la comunidad isleña.

Hace pocas horas visitó la Isla el Presidente Gustavo Petro.

Su discurso, como el de la Andi, y como todos, solo produjo extrańeza y desconcierto.

Dijo que “esa reconstrucción, se había tirado la Isla por haber desconocido elementos raizales", un cuento que nadie entendió.

Cuento confuso y mamerto pero lleno de mala energía, que es lo menos que necesita esa comunidad hoy.

Sin una sola objeción de la Contraloría que vigiló esa reconstrucción de principio a fin, ni del Alcalde ni del Gobernador, lanza Petro una bomba amarillista cuestionando los costos de esa obra.

Nada de lo que deja Duque, le puede gustar a Petro, pero jamás imaginé, que una obra tan valiosa, tan esforzada y tan redentora para la Isla de Providencia, fuera motivo de ese bajo y burdo nivel de politización.

La isla brilla, veo videos de familias felices en sus nuevas casas, que no les costaron un solo centavo.
 

Y el turismo ya abierto, empieza a ser el motor de esa paradisiaca Providencia.

¿Para que politizar la reconstrucción de Providencia?

Hablar es muy fácil.

Conseguir en plena Pandemia $1.3 billones y reconstruir una Isla completa es una labor titánica.

Los isleños y el país entero saben, quien reconstruyó a Providencia.

Y quien la quiere llenar de confusión y veneno.

¡Ahí está la diferencia!!

La bandera que le cae en la cabeza

Por: Guillermo Navarrete Hernández

El jueves de esta semana mientras el Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, realizaba una alocución en el municipio de Leticia, en la que, entre otras cosas, trazaba línea de cómo salvar la selva Amazónica para el bien de la humanidad, le cayó encima la bandera de Colombia, lo que provocó en él una reacción natural de defensa, tratar de establecer lo sucedido y lanzar la exclamación: “Que no se me caiga Colombia”. La causa, un integrante de su esquema de seguridad se había desmayado y sin intención alguna, hizo que el mandatario suspendiera su discurso y se dispusiera a atenderlo. Un evento que fue registrado en medios de comunicación y redes sociales.

Son ya trece días desde su posesión y esta no es la única polémica que se ha desatado. La conformación de la cúpula militar, la denominada “paz completa” para adelantar diálogos con actores armados ilegales en conflicto con el Estado, así como anuncios como el de suspender las exploraciones de gas y de contemplar la posibilidad de importarlo desde Venezuela realizado por la Ministra de Minas y Energía, devolver el derecho a los trabajadores de recibir el recargo nocturno a partir de las 6 pm. y no desde las 10 noche como se determinó desde el año 2002, son controversiales.

Sin embargo, hay una generadora de toda serie de resistencias: la reforma tributaria, por cuanto toca el bolsillo de personas y empresas, a su vez de desconfianza por la corrupción, la cual convierte los recursos públicos en lógicas de intereses mezquinos, fenómeno metastásico que podría oscilar entre 12 y 50 billones de pesos de acuerdo con lo plasmado en el programa de gobierno del señor Federico Gutiérrez, a cuyas cifras deben sumársele la elusión y evasión de impuestos, ejercidas principalmente por grandes empresas y lavadores de activos.

La reforma en cuestión había sido anunciada por la mayor parte de los candidatos a la primera magistratura, excepto por Rodolfo Hernandez, quien, sin embargo, manifestaba la reducción de IVA y la aplicación de un impuesto a las más altas pensiones para reducir las obligaciones de estudiantes con ICETEX, lo que sin duda hubiese implicado una medida en el mismo sentido.

En este contexto, también es importante anotar que Colombia es un país difícil de gobernar debido a la violencia exacerbada, la creciente inseguridad, la impunidad por la paquidermia de los operadores judiciales, la pobreza que se proyecta en el 39,2% (Diario la República en cita a la CEPAL, 2022), con la posibilidad de una inflación de dos dígitos, el incremento de las tasas de interés decretadas por el Banco de la República, el endeudamiento interno y externo del Estado, el cual, según el Ministerio de Hacienda, asciende a $753,4 billones, el 57,2% del Producto Interno Bruto, es decir, más de la mitad de lo que se produce en bienes y servicios, y las exenciones otorgadas a grandes empresas que se calculan en $90 billones.

Lo cierto es que los problemas estructurales que padece la Nación se resuelven con recursos y estos se obtienen de impuestos, tasas y contribuciones de diferentes sectores poblacionales y empresariales. ¿Cuál es la fórmula? Es algo que deberá resolverse

en los debates que se desarrollen en el Congreso de la República, los aportes de gremios y ciudadanos. En lo particular el Ministro José Antonio Ocampo es una persona con conocimiento en la materia, con declaraciones reposadas a favor del país, catalizador de impulsos ministeriales e inspirador de confianza para el sector productivo. Por lo pronto, mi deseo, como lo expresó el Presidente, es que Colombia no le caiga sin compasión a Petro en la cabeza.

El hambre en las reformas

Por: Edgar Cabezas

Los primeros 100 días de cualquier gobierno marcan la relación armónica o inarmónica que tendrá de pesos y frenos la colaboración de las tres ramas del poder público para el cumplimento de sus funciones. La rama del poder ejecutivo redacta las leyes en coordinación con la rama del poder legislativo a la cual le corresponde hacer las leyes y, la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional, declara la exequibilidad con la que se manifiesta que cada una de las leyes expedidas son acordes a la constitución política.

A los colombianos se les ha hecho creer que Colombia es un país de leyes y que si las armas les dieron la libertad, las leyes les darán la paz. De manera que el aplazamiento de las reformas políticas: tributaria, agraria, política, justicia, salud, educación, de las fuerzas militares y de policía, industria, comercio, turismo, energía y transición del modelo de desarrollo extractivista es lo que perpetúa la inequidad, la falta de oportunidades laborales, la inflación y la violencia y, que por lo tanto, con leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas las multitudes saciaran su hambre nutricional determinada por el índice de precios al consumidor.

Si bien es cierto que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, no es menos cierto que el Estado ha de tener una relación armónica con el pueblo, del cual emana el poder público. Pero el pueblo tiene hambre y quiere una sociedad en la que todos puedan comer con dignidad todos los días, con buena comida, saludable, nutritiva, sin depender de nadie, y ganándose el pan con el sudor de su propio trabajo.

Además desea que los precios de los productos básicos de la canasta familiar en el expendio estén regulados a tiempo por la oferta y la demanda de las cosechas que en los periodos secos y de lluvias, desde las diferentes regiones del país abastecen la mesa de las multitudes, por un índice de precios al consumidor en el que el expendedor no imponga un “IPM: índice de precios según el marrano”.