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POLÍTICA

 

Pereira, Colombia - Edición: 12.981-561

Fecha: Jueves 29 de septiembre de 2022

 

Minjusticia plantea reforma a la Ley de Extinción de Dominio

 

 

 

  

Por su parte, la representante por el Partido Verde, Carolina Giraldo, indicó que esperan que con este tratado internacional, Colombia no entre en inseguridad.

“Éste es un tratado internacional, como tantos otros que ha suscrito Colombia y esperemos que el ordenamiento jurídico de Colombia no entre en inseguridad con el Acuerdo de Escazú, en cambio, sí entra en mayores garantías para la seguridad de nuestros líderes y lideresas ambientales”, señaló Giraldo.

Asimismo, el presidente de la Cámara, David Racero, indicó que espera agendar este último debate para dentro de15 días.


Cabe recordar que el proyecto para ratificar fue presentado por el Gobierno en 2020 con mensaje de urgencia. A pesar de ello, tuvo muchas dificultades para avanzar en su trámite debido a las dudas que manifestaron varias bancadas como la del Centro Democrático y Partido Conservador, y la mayoría de gremios.
 

Ganaderos dispuestos a venderle tierras al Gobierno para reforma agraria
 



La administración de Gustavo Petro ha anunciado una reforma agraria que tiene por meta entregar 10 millones de hectáreas a campesinos pobres, y una parte de los terrenos serán comprados por el Gobierno, según lo que ha manifestado.

 

Ayer el tema comenzó a aterrizar en una reunión que sostuvo el jefe del Estado con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, para hablar principalmente de la preocupación de los ganaderos por la invasión de predios, pero también se tocó el tema de la posible venta de tierras.

Al final del encuentro en la Casa de Nariño, Lafaurie dijo que “el Gobierno está dispuesto a comprar tierras y lo que hay que buscar es un gran acuerdo en torno a eso (…). Por supuesto, si el Gobierno compra, ¿por qué no?, se trata de ver cómo uno logra avanzar en ese frente”.

Agregó el dirigente gremial que el Gobierno pretende “avanzar en cumplir con el punto uno del Acuerdo que se firmó con las Farc”, en materia de entregar tierras a labriegos pobres.

Las otras vías que ha previsto el Gobierno para conseguir las tierras que piensa entregar a campesinos que carecen de este recurso son los baldíos de la Nación, así como los terrenos que están hoy para administración en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), producto de fallos judiciales que por la figura de extinción de dominio se han quitado al narcotráfico.

 

 

 

   


Ante la plenaria del Senado, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, planteó la posibilidad de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio y un aumento significativo del número de jueces que conocen estos procesos -actualmente son 12- para que el Estado pueda asumir en el menor tiempo posible el control de bienes vinculados con actividades ilícitas y los destine a proyectos productivos que favorezcan a población vulnerable.

En su intervención, el ministro llamó la atención sobre la necesidad de que los procesos de extinción no sean tan demorados como ocurre en la actualidad, y de incentivar las sentencias anticipadas.

“Reformar el Código de Extinción de Dominio podría ser una buena idea para fortalecer ese proceso y permitir que haya con mayor facilidad la aceptación de sentencias anticipadas, ya que no ha sido estimulante para las personas involucradas acogerse a estas sentencias”.

Agregó que “dentro de la jurisdicción penal se creó una especialidad de extinción de dominio, pero lamentablemente el número de jueces es ínfimo. Entonces una primera actuación del gobierno sería la de proponerle al Consejo Superior de la Judicatura un incremento significativo, notable y visible del número de jueces que se ocupan de dichos procesos”, precisó.
 

Proyecto de Ley brindará apoyo a productores de banano, plátano y palma
 



El senador César Augusto Pachón Achury presentó el Proyecto de Ley por medio del cual se busca brindar apoyo a cultivadores de banano, plátano, palma de aceite, y así hacer frente a la grave problemática surgida en razón a la propagación de la marchitez en dichos cultivos y la enfermedad (HLB) en cítricos.
 

Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), afirmó que estas enfermedades ya llegaron a los departamentos de La Guajira y Magdalena, y que es muy importante capacitar a los productores para lograr su contención.

   

 

   

Esta Ley permitirá a entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) afrontar con mejores herramientas los retos que en manejo de cultivos se les presenten.

Son tres los principales pilares de esta Ley: el primero, buscar el fortalecimiento de las capacidades institucionales; el segundo, crear una comisión nacional por cada enfermedad; y el tercero, lograr seguimiento de las acciones, financiamiento y orientación a los cultivadores.

Por su parte, el senador Andrés Felipe Guerra Hoyos, del Centro Democrático, señaló que si no se controla a tiempo esta plaga, se pueden llegar a perder cerca de 167 mil empleos directos, terrenos productivos se inhabilitarán por alrededor de 30 años, y eso es lo que se busca evitar con este Proyecto de Ley.
 

Más empleos
 

Entre tanto, el senador Didier Lobo Chinchilla, al participar en el debate, señaló que “en 2019 se generaron 500 mil empleos gracias a los cítricos, que ahora se ven amenazados por la enfermedad Huanglongbing (HLB)”. Cerró las intervenciones el senador José David Name, dando una cifra: el sector palmero ha perdido más de US$2.900 millones desde que apareció esta enfermedad en los cultivos.
 

Tercer sí a la ratificación del Acuerdo de Escazú
 



En tercer debate fue aprobada la ratificación del Acuerdo de Escazú por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, estando muy cerca a ser aprobado.

Con 14 votos por el ‘sí’ y tres votos por el ‘no’, al proyecto ambiental le resta un debate en la plenaria de la Cámara y la revisión final de la Corte Constitucional para ser implementando en el país.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien estuvo presente junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna, manifestó que con esto “Ratificamos nuestro compromiso con la Democracia Ambiental, el acceso a la información y la protección de defensoras ambientales”.

   

 

  

 

 

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