Gobierno hizo balance del grave ciberataque que
tiene en problemas a varias entidades

Tras el grave ciberataque que afectó varias instituciones en Colombia, comenzó a
conocerse el balance de los daños tecnológicos, luego de la segunda sesión del
Puesto de Mando Unificado (PMU Ciber), presidida por el alto consultor para la
Transformación digital, Saúl Kattan, el Comité Nacional de Seguridad Digital y
el proveedor de servicios IFX.
Instituciones estatales en Colombia luchan contra un ciberataque en sus
plataformas digitales, por lo que el Gobierno anunció medidas - crédito -
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El proveedor IFX informó en la mañana del viernes 15 de septiembre que
instaurará una denuncia ante la Fiscalía General. Asimismo, manifestó que “tiene
contratos con 46 entidades públicas, de las cuales 25 tienen servicios de
conectividad y 21 tienen servicios de data center (nube)”. También, se precisó
que se implementó́ un plan de contingencia para el servicio de conectividad en
las 25 entidades, de acuerdo con el equipo de Transformación Digital de la
Presidencia de la República.
Informaciones preliminares de ese PMU indicaron al menos 55 millones de datos
que pertenecen al Ministerio de Salud están secuestrados por los
ciberdelincuentes. El ministerio sigue identificando otros, es MyPress en el que
se gestionan los medicamentos y servicios especiales que no están en el Plan de
Beneficios a la Salud.
Kattan explicó que se podría desencadenar una crisis sanitaria en el país puesto
que los delincuentes obstruyeron el acceso a información médica crucial para el
personal médico que pondría en jaque el sistema de salud. Por ejemplo, se
restringió el acceso para interponer quejas en línea por falta de atención en
salud o urgencias.
Así mismo, el CSIRT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética)
y el Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) han
recibido comunicación de más de 50 organizaciones públicas y privadas a nivel
nacional, manifestando su afectación y solicitando apoyo por parte de las
autoridades competentes.
Caso Arturo Char: Corte Suprema citó a declarar a
alias 'Oso Yogui'
La Corte Suprema de Justicia citó a declaración a Héctor Amarís, alias 'Oso
Yogui' con el fin de esclarecer el supuesto caso de
corrupción electoral por el que es
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señalado el
exongresista Arturo Char.
Y es que según declaró Aida Merlano,
este hombre sería el encargado de comandar empresas fachada, coimas y otros
temas económicos del actual candidato a la Alcaldía Alejandro Char y hermano de
Arturo Char.
De igual manera, se dio a conocer que el alto tribunal cuenta con pruebas de
contundencia, rendidos por la excongresista y según se evidencia, serían
confiables para continuar con esta indagación.
La citación está programada para el próximo 3 de octubre a las 8 de la mañana.
Quien escuchará a Amarís será el magistrado Francisco Farfán, asimismo, existe
una lista de alrededor 20 personas que serán citadas al despacho, sin embargo,
los nombres se desconocen y están bajo el poder de Farfán.

En este momento, Arturo Char está retenido en la cárcel La Picota en Bogotá,
esperando la resolución del caso y el dictamente de la Corte.
Procuraduría abrió seis nuevas líneas de
investigación por actos que involucran a militares en Tierralta, Córdoba

Seis nuevas líneas de investigación, abrió la Procuraduría General tras
recolectar evidencia física y testimonial para establecer lo ocurrido el pasado
11 de septiembre en la vereda Bocas de Manso, en zona rural de Tierralta,
Córdoba. Hasta la fecha, la comisión especial enviada por el Ministerio Público
ha escuchado a once integrantes de la fuerza pública y pobladores.
El viernes 15 de septiembre, el procurador delegado para los Derechos Humanos,
Javier Sarmiento, presentó un panorama poco alentador frente a la situación que
se registró. “Cuatro personas que tomaron la vocería por parte de las
comunidades afirmaron que, efectivamente, el Ejército llegó a intimidarlos, a
amenazarlos, los encañonaron, los colocaron bocabajo, durante varios minutos
mientras proferían palabras soeces. Este maltrato duró tres horas y media”.
En estos testimonios se confirmó que diez
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personas fuertemente armadas, y que se presentaron como
disidentes de las FARC, atacaron a la población civil, aumentando el miedo y la
zozobra en la región. Las declaraciones fueron contundentes para evidenciar el
vacío del Estado y la falta de protección para los habitantes de la vereda.
“Solicitan que se haga justicia y eso es lo que reclaman”, enfatizó el
procurador que lidera la comisión especial encargada de recolectar elementos
materiales probatorios dentro de la investigación disciplinaria.
Frente a la
gravedad de la situación, la Procuraduría General pidió una comisión de primer
nivel del Gobierno para que se traslade a la zona y escuche los reclamos de los
pobladores.
El comandante del Ejército, general Luis Fernando Ospina, confirmó el pasado
jueves, desde Montería, que fueron retirados del servicio 10 de los uniformados
involucrados en este hostigamiento. El hecho es tan grave que en las denuncias,
incluso, señalan que se dio la violación de una mujer indígena, un caso que está
en investigación.
Nicolás Petro acusó al fiscal Barbosa de
amenazarlo cada que tiene un problema con el Presidente

A través de su cuenta oficial de X, el hijo mayor del presidente de la
República, Nicolás Petro, manifestó que el fiscal General de la Nación,
Francisco Barbosa, tiene politizado su proceso judicial, por lo que le hace un
llamado a no continuar amenazándolo cada vez que este tiene un problema con el
jefe de Estado.
“Cada vez que el Fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre @petrogustavo,
siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor Fiscal, despoliticé mi
proceso judicial”, expresó en su red social.
Por el momento, el fiscal Francisco Barbosa no se ha pronunciado al respecto del
post de Nicolás Petro, pero lo que sí es evidente es que cada día los percances
entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa van en aumento.
Debido a estos enfrentamientos, Nicolás Petro pidió en medio del caso, que le
sigue el ente investigador por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que
el fiscal General no tuviera conocimiento del proceso y que tampoco se
pronunciara en la investigación.
Así mismo, la Corte Suprema de Justicia recientemente respaldó al fiscal
Francisco Barbosa, cuando le negó la recusación que había hecho Petro Burgos.
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