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Por contratos irregulares sancionan a exgobernador
de Amazonas
La Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador de Amazonas,
Manuel Antonio Carebilla Cuellar, con el pago de salarios devengados por
$87.243.903, por transgredir el régimen de inhabilidades.
En fallo de primera instancia, el Ministerio Público confirmó también la misma
falta disciplinaria de la exsecretaria de Educación del departamento, Betsy
Londoño Becerra, por tanto, es sancionada con el pago de salarios devengados por
$53.208 millones.
La entidad ratificó que, para la vigencia 2016, el disciplinado suscribió un
contrato de prestación de servicios por $27 millones con Joaquín Andrés Segura
Samudio, cuando su hermano Edwin Segura Samudio, era el director de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la entidad territorial; por lo que, se encontraba
inhabilitado para celebrar contrato con la gobernación del departamento.
Asimismo, se verificó, que en enero de 2017 hubo una segunda contratación
suscrita por la exsecretaria, quién a su vez ejercía funciones como gobernadora
designada, con Joaquín Andrés Segura Samudio, cuando su familiar ejercía un
cargo de asesor del Despacho; por tanto, continuaba inhabilitado para contratar
con el ente departamental.
Finalmente, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la
falta de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa grave, por
vulnerar el principio de moralidad administrativa.
JEP debe investigar abusos sexuales contra mujeres
indígenas por parte de militares de la Tercera Brigada
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá empezar a recolectar toda la
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información que esté relacionada con
los procesos disciplinarios que se adelantaron en los batallones de la Tercera
Brigada del Ejército, en los departamentos de Cauca y Nariño, contra un grupo de
soldados que reconocieron tener relaciones sexuales con mujeres indígenas en el
interior de las instalaciones militares. Esta fue la petición que le envió este
miércoles a la Procuraduría General.
En la compleja solicitud firmada por la delegada ante la JEP se señala que estas
mujeres indígenas fueron víctimas de abuso sexual por parte de los militares.
Igualmente, pidió que se investigue la violencia secundaria ocurrida alrededor
con el fin de determinar si se presentó la revictimización padecida por estas
mujeres.
“Al parecer, estos delitos fueron definidos dentro de las investigaciones
internas disciplinarias como relaciones sexuales consentidas, lo cual desfiguró
e invisibilizó el impacto de los delitos cometidos”, precisa la solicitud
firmada la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi
Teresa Jiménez López. La petición tiene su origen al contrastar la información
entregada por los exmilitares y expolicías de estas regiones del país.
Con esta información se reseña que “hay una alta probabilidad de que hayan
ocurrido múltiples sucesos similares propiciados por estas mismas condiciones”.
La Procuraduría General también pidió que se indague por la existencia de un
posible patrón victimizante derivado de estos hechos; se investigue la violencia
secundaria de la que fueron objeto las mujeres indígenas; se determine cuáles
fueron las presiones y la revictimización sufrida por quienes se atrevieron a
denunciar y se identifique a los responsables.
La solicitud radicada ante la JEP hace parte de las observaciones que se han
venido haciendo por la Procuraduría Delegada frente a las declaraciones
voluntarias rendidas por cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública (dos soldados
y dos policías) que violaron a una mujer indígena y posteriormente la
intimidaron para que no denunciara.
Fiscalía acusa a Alias Iván Márquez por el
homicidio de un suboficial del Ejército en 2003
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos emitió resolución de acusación en contra de Luciano Marín Arango, alias
Iván Márquez, señalado cabecilla de la estructura ‘Segunda Marquetalia’ de las
disidencias de las FARC, como posible responsable de los delitos de homicidio en
persona protegida y secuestro extorsivo agravado.
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Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la privación de la
libertad y posterior muerte del sargento viceprimero del Ejército Nacional,
Héctor Lucuara Segura.
El uniformado fue secuestrado el 15 de agosto de 1998, luego de un
enfrentamiento entre las fuerzas militares y las extintas FARC, en el Urabá
chocoano. Posteriormente, fue trasladado a una zona selvática en la que
permanecían otras víctimas del grupo armado ilegal como el entonces gobernador
de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; y el exconsejero de paz del
departamento, Gilberto Echeverri Mejía.
El suboficial estuvo en cautiverio por cerca de cinco años, en medio de
condiciones infrahumanas y degradantes. El 5 de mayo de 2003, fue asesinado por
integrantes de las Farc junto a otras personas y militares que estaban
secuestrados, durante un operativo de rescate que realizaba la fuerza pública en
Urrao (Antioquia).
Para la Fiscalía, alias Iván Márquez habría incurrido en un crimen de guerra. La
retención y asesinato del sargento viceprimero Lucuara Segura fueron ejecutados
por frentes que estuvieron a su cargo, y en cumplimiento de los lineamientos que
fijó como coordinador del entonces bloque norocciental e integrante del
secretariado de las extintas FARC.
Envían a prisión a presunto extorsionista del Clan
del Golfo en Sucre
En el municipio de San Marcos, perteneciente a la subregión San Jorge, en el sur
de Sucre, las unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un presunto
extorsionista del Clan del Golfo.
El detenido, identificado como José Antonio Orozco Cassiani, es conocido con el
alias de ‘Sombra’ y pertenecería al frente Uldar Cardona Rueda del Clan del
Golfo que tiene su radio de acción en los municipios de San Marcos, La Unión y
San Benito.
La captura la realizaron en cumplimiento de una orden judicial proferida por un
juez por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y
extorsión, que este no aceptó, pero aun así fue enviado a prisión.
“Alias ‘Sombra’ dentro de esta organización criminal cumpliría el rol de
cobrador de las exigencias extorsivas al gremio de comercio y ganadería, así
como a personas del común con buenas condiciones económicas”, reportó la Policía
Nacional.
A Orozco Cassiani le registran anotaciones judiciales por el delito de lesiones
personales.
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