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Probabilidad de que se incumpla
la regla fiscal es alta: Credicorp
En el marco de la presentación de sus perspectivas macroeconómicas para el año
en curso, CREDICORP Capital señaló una cuestión de suma importancia para la
estabilidad financiera de Colombia: la alta probabilidad de incumplimiento de la
regla fiscal.
Esta advertencia, fundamentada en análisis detallados, destaca los desafíos
económicos que enfrenta la nación en la gestión de sus finanzas públicas.
Uno de los principales puntos de preocupación se centra en el déficit fiscal
proyectado para el presente año, establecido en un 5,3% del Producto Interno
Bruto (PIB). Según Daniel Velandia, economista jefe de CREDICORP, "existe una
alta posibilidad de que el Gobierno Nacional no cumpla con la regla fiscal
establecida". Esta preocupación surge debido a las incertidumbres en torno a la
ejecución completa del gasto público, especialmente en un contexto de
crecimiento económico más moderado.
La controversia también rodea la inclusión de ingresos por litigios en el
cálculo del déficit fiscal. Mientras el Gobierno estima ingresos significativos
provenientes de litigios, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) argumenta
que estos no deben considerarse ingresos estructurales. Velandia señala que
"existe la posibilidad de que, a pesar de que el déficit fiscal total pueda
aproximarse a las proyecciones del Gobierno, se incumpla la regla fiscal en lo
que respecta a los litigios".
En cuanto a proyecciones macroeconómicas, la entidad prevé que el PIB repunte a
1,1%, mientras la inflación retroceda hasta 5,5%, con sesgo bajista.
La preocupación por el incumplimiento de la regla fiscal también se ve
exacerbada por las posibles repercusiones en la calificación crediticia
internacional de Colombia. Se proyecta que agencias como Fitch Ratings y
Standard & Poor's (S&P Global Ratings) podrían reducir la calificación del país,
lo que aumentaría el costo de endeudamiento y afectaría la credibilidad
económica.
A pesar de estos desafíos, Credicorp también ofrece un análisis realista de la
situación. Reconocen el impacto positivo de la recuperación poscovid en la
economía colombiana, aunque advierten sobre la importancia de abordar los
riesgos fiscales de manera efectiva. Además, destacan la estabilidad relativa
del dólar, que, aunque no está alto actualmente, podría verse afectada por
cambios políticos significativos, como la aprobación de reformas importantes.
Bucaramanga: construirán primer laboratorio para
la descarbonización
ECOPETROL y la Cámara de Comercio de Bucaramanga construirán en la ciudad de
Bucaramanga el primer laboratorio digital de innovación
del país, enfocado en la creación de soluciones tecnológicas para contribuir con
la descarbonización y la eficiencia energética de Colombia.
Para este proyecto, que requiere
inversiones por cerca de $5.000 millones de pesos, ECOPETROL aportará 4.249
millones en dinero y especie, mientras que la Cámara de Comercio destinará 750
millones de pesos.
El laboratorio tendrá un espacio de 110 metros cuadrados y quedará ubicado en
las instalaciones del Centro de Apoyo al Emprendimiento y
la Innovación, S-innova, que forma parte de la red de innovación abierta del
Grupo ECOPETROL, ECONOVA.
Se espera que la obra sea inaugurada
a
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principios de 2025 y
se ha adelantado que funcionará bajo el
modelo de 'living lab' o laboratorio viviente, que ofrece a los usuarios un
ambiente de experimentación para desarrollar las apuestas tecnológicas.
Del mismo modo, el laboratorio estará dotado de herramientas digitales para
simulación y modelación de procesos, análisis de imágenes satelitales e
instrumentación para medir gases de efecto invernadero en la atmósfera, entre
otros.
"Esta apuesta científica y tecnológica representa un gran avance para que el
ecosistema de innovación del país promueve ideas para enfrentar la problemática
mundial del cambio climático. El laboratorio tendrá capacidades digitales de
última generación para desarrollar tecnologías que resuelvan retos en
descarbonización y eficiencia energética", ha señalado el director del Centro de
Innovación y Tecnología (ICP), Pedro Nel Benjumea.
Bajo el liderazgo científico del ICP, la iniciativa se encargará de madurar y
aplicar las soluciones tecnológicas que propongan los innovadores del país, para
facilitar la descarbonización de las operaciones de la industria, apalancar la
gestión eficiente de la energía eléctrica del país y contribuir a las metas de
cero emisiones netas al 2050.
S-Innova, donde estará ubicado el laboratorio, opera dentro del ecosistema de
innovación más grande de Santander, que articula 11 aliados entre gremios,
entidades gubernamentales, empresas y universidades. En tres años de
funcionamiento ha beneficiado a 782 empresarios y 161 empresas de la región.
Anuncian amnistía a más de 9.600
firmantes del acuerdo de paz
Entre junio de 2017 y julio de 2018, el Estado colombiano otorgó amnistías de
iure a más de 9.600 exintegrantes de las FARC-EP por delitos políticos. En
cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, a través de nueve decretos
presidenciales, se resolvió la situación jurídica de la gran mayoría de los
integrantes de la extinta guerrilla.
Todas estas amnistías, concedidas por el Estado colombiano, solamente fueron
otorgadas por delitos políticos. Aunque los beneficiados deben atender el
llamado de la JEP y la UBPD, en caso de que se les requiera, aquellos que las
recibieron y no tienen más deudas con la justicia están exentos de
responsabilidades legales y pueden continuar su proceso de reincorporación,
convirtiéndose así en agentes activos de la construcción de un mejor país.
Que los antiguos integrantes de las FARC-EP tengan claridad sobre su situación
legal facilita su reincorporación a la sociedad, evita
la congestión judicial y permite
darle un enfoque más eficiente al trabajo de la JEP, focalizándose en los casos
más representativos donde existen graves responsabilidades. Las amnistías son un
instrumento acordado para cerrar el ciclo de violencia, atendiendo los
estándares internacionales y sin impunidad.
En un proceso de investigación que comenzó en septiembre de 2023, la Sala de
Amnistía o Indulto de la JEP, en coordinación con la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización,
y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
recopilaron los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía y que
hoy, en un acto público, fueron comunicados a los firmantes del Acuerdo Final de
Paz.
Bajo
ese contexto, la JEP habilitó una plataforma digital para que los antiguos
integrantes de las FARC-EP descarguen el decreto y el certificado de amnistía de
iure. Con esta herramienta, cada uno de los firmantes podrá ingresar y
descargar, en formato PDF, el decreto donde se le concedió la amnistía.
Facilitar el acceso a esta información les brinda certeza sobre su situación
legal y les permite construir sus vidas con confianza en el marco de la
legalidad.
Para garantizar el derecho al habeas data de los firmantes, y dando aplicación a
la restricción impuesta por el numeral primero del artículo 19 de la Ley 1820 de
2016, |
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el listado con los nombres de los beneficiarios fue borrado del texto de los
decretos. Cada firmante podrá descargar un certificado en el que consta que su
nombre fue incluido en el respectivo decreto que lo beneficia.
Además de esta plataforma digital, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP
viajará a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
para notificar personalmente a los firmantes del acuerdo que fueron cobijados
por estas amnistías. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
también comunicará directamente a quienes recibieron estos beneficios jurídicos.
Además, la JEP se reunirá con todos los abogados de los antiguos firmantes para
compartir esta información y atender sus inquietudes.
En el caso de los antiguos miembros de las exFARC-EP que no fueron amnistiados y
no han sido seleccionados como máximos responsables de los graves crímenes, será
la Sala de Amnistía o Indulto la que se encargue de definir su situación
jurídica. Esta dependencia de la JEP se ocupa de los casos más difíciles. Es
decir, aquellos en los que es necesario investigar en profundidad si el hecho
victimizante puede ser amnistiable o no.
Los exintegrantes de las Farc-EP que aún se encuentren privados de la libertad
por decisión de la justicia ordinaria, o que tengan procesos por delitos no
políticos o conexos, continuarán con sus trámites ante la JEP y recibirán la
comunicación del decreto en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo,
dicho beneficio no suspende, afecta o altera, las razones por las cuales siguen
privados de su libertad.
Cargos a Ramiro Bermúdez por
megaproyecto de $28.000 millones
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el saliente
alcalde de Riohacha (2020 – 2023), Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde Juan
Carlos Suaza (2018 -2019) por presuntas irregularidades en el proyecto para
llevar alcantarillado y pavimento flexible a más de 10.000 habitantes de la
Comuna 10 de esa ciudad.
El Ministerio Público pudo verificar en su investigación, deficiencias técnicas
en los estudios y diseños del proyecto que habrían generado un retraso de seis
años en la ejecución, a pesar de haber sido advertidas previamente.
También que varias actividades nuevas, no aprobadas en el proyecto inicial, como
la reparación de conexiones domiciliarias de acueducto y gas natural, obras de
drenaje y dificultades en la expropiación o compra de varios predios necesarios
para dar continuidad a la instalación de las redes, han ocasionado sobrecostos y
demoras.
Desde que comenzó a ejecutarse, en diciembre de 2017, el proyecto ha tenido
cuatro adiciones en tiempo y una suspensión preventiva de giros por parte del
Departamento Nacional de Planeación, lo que ha causado que a la fecha presente
un avance físico de apenas 53.23%.
“Considera el despacho que dentro de la actuación obran suficientes pruebas de
cuyo análisis se puede establecer la existencia de posibles conductas
irregulares constitutivas de falta disciplinaria y presunta responsabilidad en
la comisión del comportamiento enunciado”, se advierte en el Auto.
Los cargos formulados contra los funcionarios en mención, están relacionados con
la posible omisión de funciones al no haber adelantado los trámites necesarios
para la expropiación o compra de predios y adición de recursos para la
interventoría y así garantizar la culminación de las obras, entre otros,
calificadas provisionalmente como Graves a título de Culpa Grave.
La Procuraduría General de la Nación trabaja para garantizar que los servidores
públicos encargados de administrar los recursos del Sistema General de Regalías,
lo hagan de manera transparente y eficiente, en beneficios de la ciudadanía.
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