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Situación humanitaria en Colombia es
"preocupante": Cruz Roja
Las treguas entre el Gobierno y algunos grupos ilegales no han representado un
alivio humanitario en Colombia, debido a la "intensificación" de los
enfrentamientos entre organizaciones irregulares que se disputan territorios,
aseguró este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
"A pesar de la esperanza, del optimismo debido a las negociaciones que están en
curso, la situación humanitaria no ha mejorado sustancialmente", dijo a la
prensa Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en el país, durante la
presentación de un balance de violaciones al derecho internacional humanitario (DIH)
en 2023.
El año pasado, el presidente Gustavo Petro decretó treguas con guerrillas como
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y la
Segunda Marquetalia, estas dos últimas disidencias de las FARC que siguieron en
armas tras el acuerdo de paz de 2016.
También con un grupo paramilitar llamado Autodefensas Conquistadoras de la
Sierra Nevada y durante algunos meses con el cartel del Clan del Golfo, un alto
al fuego que se frustró por ataques a civiles y uniformados.
De acuerdo con Caraffi, los enfrentamiento entre la fuerza pública y esas
organizaciones se redujeron "radicalmente", pero la guerra entre los grupos al
margen de la ley que intentan ocupar zonas clave para negocios como el
narcotráfico y la minería ilegal sigue afectando a las comunidades.
"Se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados para el control
territorial" y "es la población civil que carga las consecuencias mayores de
esos enfrentamientos", añadió Caraffi, que calificó la situación de
"preocupante".
El CICR calculó que en 2023 hubo 444 presuntas violaciones al DIH, destacando
amenazas, abusos sexuales, reclutamiento de menores y el uso de artefactos
explosivos.
Según el informe aumentó el confinamiento de las poblaciones por culpa de los
combates (19%) y los desplazamientos individuales (18%) con relación al año
anterior. En tanto se redujeron las víctimas de explosivos en un 27%.
Junto a las treguas, Petro sostiene negociaciones de paz con el ELN y el EMC, y
anunció diálogos con la Segunda Marquetalia sin dar una fecha.
La oposición le critica que las conversaciones avanzan lentamente y el gobierno
da demasiadas concesiones a los grupos armados. Investigaciones independientes
señalan que algunas de esas organizaciones están aumentando su número de
miembros.
El CICR solicitó a las partes que en las negociaciones se "adopten acuerdos
especiales" para proteger el DIH.
"Exhortamos a que incluyan las preocupaciones humanitarias como un punto
fundamental en las agendas", subrayó Caraffi.
TikTok, ‘arma’ de disidencias de Farc para
reclutar
"EL Frente Jaime Martínez te espera, joven". Unas botas, una cantimplora, un
plato de arroz y la promesa de una vida mejor acompañan al texto. Con mensajes
como este, el mayor grupo disidente de las Farc recluta vía TikTok en Colombia.
El frente opera en el departamento del Cauca y responde al Estado Mayor Central
(EMC), la mayor facción de disidentes que rechazaron el
acuerdo de paz de 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno
colombiano. Desde finales de 2023 sostienen conversaciones con el presidente
izquierdista Gustavo Petro.
Pero, en paralelo, mantienen una campaña de propaganda en redes sociales, con
influencers uniformados rodeados de narcocultivos y promesas de riqueza
ambientadas con corridos mexicanos.
Mensajes que calan en un país atravesado por más de medio siglo de conflicto
armado y donde la pobreza afecta a 46% de la población rural, según el más
reciente balance de la autoridad estadística (2022).
"Me quiero unir"
En TikTok, y en menor medida en Facebook, decenas de cuentas, cientos de
publicaciones y varias comunidades propagandísticas de este grupo armado. Unos
3.500 combatientes integran el EMC, imponen un régimen de terror en el campo y
se financian principalmente del narcotráfico, según inteligencia militar.
"Me quiero unir", comenta una joven en un video musicalizado con un corrido
mexicano. "Al privado", responde el usuario de TikTok identificado como
".revolucionario".
El mismo perfil ha tenido más de una
decena de interacciones similares. "Yo presté servicio militar (...) y ahora me
gustaría coger un fusil nuevamente", comenta un
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hombre en una publicación donde se
ve a uniformados entrenar en un bosque con neblina.
Guerrillas y narcos del país reclutaron a 110 menores de edad en 2023 y este año
ya van 23, según la Defensoría del Pueblo.
Para una juventud rural con escasas oportunidades, las disidencias significan
cierta estabilidad financiera, pero también muchos "terminan metidos ahí
escapando de la violencia intrafamiliar" o de otros grupos armados, dice
Alejandro Jaramillo, investigador de la Universidad de New York.
"La narrativa siempre ha sido que la guerrilla se va a convertir en tu familia",
agrega.
Colombia y Panamá no protegen a migrantes por el
Darién: HRW
Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de
migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el tapón del Darién, y
deberían ampararlos, planteó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW)
en un informe divulgado este miércoles 3.
Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW, afirmó al
presidentar el informe que "sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y
solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a
condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos
durante el viaje".
El tapón del Darién es un espacio selvático de medio millón de hectáreas en la
frontera entre Colombia y Panamá, con vegetación arbolada, espesa y húmeda, con
ríos, montañas y áreas fangosas, y sin carretera alguna, que los migrantes
atraviesan sorteando peligros propios de la selva y el acecho de grupos
criminales.
Más de medio millón de personas, incluyendo 113 000 niños, niñas y adolescentes,
cruzaron el tapón del Darién en 2023, más de 73 000 lo hicieron en los dos
primeros meses de 2024, y las autoridades esperan una cifra récord al finalizar
el año.
Las autoridades panameñas mantienen controles en pequeñas poblaciones próximas a
la selva, y entidades humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) operaron
puestos de asistencia, pero el gobierno panameño suspendió la autorización para
que la entidad médica operase en el país el pasado marzo.
La medida se adoptó días después de que MSF denunciase "un aumento de los
ataques brutales y la violencia sexual en la selva" contra migrantes.
El informe de HRW, "Abandonados en la selva: Protección y asistencia para
migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién", identificó
deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a los
migrantes, así como para investigar abusos cometidos en su contra.
Para nutrir su informe, HRW visitó el tapón del Darién en cuatro ocasiones entre
abril de 2022 y junio de 2023, y entrevistó a casi 300 personas, incluyendo a
migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores
humanitarios y autoridades colombianas y panameñas.
Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también realizaron
entrevistas telefónicas y virtuales, analizaron datos e informes de los
gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, de agencias de las Naciones
Unidas y de organizaciones humanitarias.
La mayoría de sus solicitudes de información a las autoridades colombianas y
panameñas fueron respondidas, según el reporte.
HRW sostuvo que, a ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen
eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y
solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos
de forma efectiva, rápida y exhaustiva.
Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos
de salud han resultado insuficientes, "lo que afecta los derechos tanto de la
población migrante como los de las comunidades locales que han sido
marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de
oportunidades", señala el informe.
Delitos
contra migrantes y solicitantes de asilo en el tapón, "incluyendo constantes
casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados".
Además "la rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una
combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de
investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y
panameñas".
Goebertus lamentó que el gobierno panameño suspendiese el trabajo de MSF,
entidad que "desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y
solicitantes de asilo en el Darién, incluyendo a cientos de víctimas de
violencia sexual".
"Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita
para abordar la situación en el Tapón del Darién", afirmó Goebertus, para quien
"las autoridades panameñas deben reconsiderar urgentemente esa decisión".
Más de 1300 personas denunciaron ante MSF haber sufrido violencia sexual entre
abril 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras reales sean aún mayores.
Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la |
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Procuraduría General de Panamá informó
que sólo había conocido sobre 285 víctimas de violencia sexual.
Decenas de personas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido
durante el cruce. Muchos no han sido encontrados. Aunque la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 245 personas desaparecieron
entre 2021 y marzo de 2023, es posible que la cifra real sea mucho mayor,
comenta el informe de HRW.
Los investigadores de HRW señalan que Colombia carece de una estrategia clara
para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo
que cruzan el Darién.
"La escasa presencia estatal en la región deja a estas personas en manos del
Clan del Golfo, un grupo armado fuertemente involucrado en narcotráfico, que
controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo y se beneficia de su
desesperación y vulnerabilidad", sostiene el informe.
Y el gobierno panameño aplica una estrategia de "flujo controlado", la cual
"parece centrada en restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá
y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus
necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio", agrega HRW.
El documento concluye señalando que tanto Colombia como Panamá deberían nombrar
a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta al aumento de
la migración a través del Darién.
Igualmente, deberían reforzar la cooperación entre los dos gobiernos, así como
con las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que
operan en la zona, y con las comunidades locales.
Entre sus tareas más necesarias se señalan el rescate de personas desaparecidas
en el tapón, la identificación y recuperación de los cuerpos de personas
fallecidas en la selva, y redoblar esfuerzos para prevenir, investigar y
sancionar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo.
Conflicto armado dejó más de 400
violaciones a DD.HH en 2023
Los ocho conflictos armados que sacuden actualmente Colombia afectaron a miles
de personas a lo largo del pasado año 2023, dejando un balance de hasta 444
presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, según el último
informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Las principales consecuencias humanitarias de estos conflictos pasan por la
desaparición y el desplazamiento, la violencia sexual, el confinamiento y las
secuelas por artefactos explosivos diseminados por el país. Asimismo, el CICR ha
destacado la asociación de niños y adolescentes con actores armados.
En lo que respecta al desplazamiento de personas, el CICR ha señalado que más de
195.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, especialmente
en los departamentos de Valle Nariño (más de 43.500), Valle del Cauca (cerca de
28.200) y Cauca (más de 17.100).
Por otro lado, cerca de 47.000 personas se han visto afectadas por
confinamientos de comunidades debido al recrudecimiento de hostilidades o por la
presencia de artefactos explosivos. Esto supone un aumento del 19 por ciento a
nivel nacional en 2023 respecto con los datos del año anterior.
Esas minas y explosivos diseminados por el territorio colombiano han afectado
directamente a 380 personas, la mayoría de ellas civiles. Aunque en este
apartado se ha registrado un descenso del 22 por ciento respecto al año
anterior, el CICR incide en que esto no conlleva directamente una disminución
del territorio afectado.
Asimismo, a lo largo del año 2023 el CICR ha documentado un total de 222
desapariciones de personas relacionadas con los conflictos armados y la
violencia en el país, aunque el organismo se ha afanado en remarcar que esta
cifra "no da cuenta del número total de desapariciones que pudieron ocurrir en
ese tiempo".
Es por todo esto que el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo
Caraffi, ha hecho un llamamiento al Gobierno y los principales grupos armados
del país para que pongan "las preocupaciones humanitarias en el centro de los
diálogos de paz" y alcancen acuerdos al respecto.
"En medio de las negociaciones se pueden adoptar acuerdos especiales que
contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada por los conflictos
armados, reforzando las obligaciones que tienen las partes en conflicto frente
al Derecho Internacional Humanitario", ha añadido.
En este sentido Caraffi ha recalcado la necesidad de que los posibles acuerdos
alcanzados correspondan a medidas concretas y positivas construidas bajo las
disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, y cuya finalidad sea la de
proteger a los civiles de los conflictos armados.
Finalmente, el CICR ha incidido en la necesidad de tener presencia en las zonas
más afectadas por los conflictos armados y la violencia en Colombia para
"comprender la dura realidad" que vive la población afectada. En 2023 el
organismo prestó ayuda humanitaria a cerca de 150.000 personas en Colombia.
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