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Incautación de 10 toneladas de cocaína revela
nuevas rutas a Israel y Grecia
La reciente incautación de 10 toneladas de cocaína en distintos puntos de
Colombia ha dejado al descubierto un fenómeno preocupante en el narcotráfico: la
búsqueda de nuevas rutas hacia destinos inusuales como Israel y Grecia. Esta
ofensiva, liderada por la Policía Nacional de Colombia, es parte de una serie de
operativos contra el narcotráfico que han implicado una estrecha cooperación
internacional con agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña,
Europol, Interpol, y Ameripol, que han permitido desmantelar parte de estas
redes.
El director de la Policía de Colombia, general William René Salamanca, informó a
través de su cuenta de X que, en tan solo una semana, se incautaron 10.224 kilos
de cocaína, cuyo destino final no se limitaba a los mercados tradicionales de
Europa o América Latina, sino que ahora incluía a países como Israel y Grecia,
además de otros como Bélgica, España, Panamá y México. "Este decomiso es el
resultado de la cooperación internacional y de la lucha constante contra el
narcotráfico", destacó el oficial.
Según fuentes cercanas a la Policía Nacional, los cargamentos, que eran
presuntamente organizados por el 'Clan del Golfo', están siendo investigados por
su posible vínculo con las redes de los llamados 'narcos invisibles'. Este
término hace referencia a organizaciones criminales que operan en las sombras,
sin la visibilidad de los carteles tradicionales, pero con la capacidad de
coordinar rutas de tráfico a nivel internacional.
Rutas hacia Israel y Grecia
Uno de los decomisos más llamativos se produjo el 16 de noviembre en el puerto
de Cartagena, cuando se incautaron 1.650 kilos de cocaína que, según los
documentos, tenían como destino final el puerto de Ashdod, en Israel. Este es
uno de los puertos más importantes de Medio Oriente y uno de los más activos en
términos de comercio internacional. La carga había partido desde el puerto de
San Antonio, en Chile, y transbordó en Ecuador, lo que despierta sospechas sobre
el papel de este país en la nueva ruta del narcotráfico.
En cuanto a Grecia, el 17 de noviembre, se detectó otro envío en Cartagena, esta
vez con 1.014 kilos de cocaína cuyo destino final era el puerto de Piraeus, en
Atenas, el mayor puerto del Mediterráneo. Las autoridades colombianas están
analizando esta nueva tendencia, pues, por primera vez, se detecta cocaína
destinada a estos países, lo que sugiere que los narcotraficantes están buscando
diversificar sus rutas para reducir el riesgo de interceptaciones.
De acuerdo con los analistas, esta tendencia podría estar relacionada con el
intento de los narcotraficantes de eludir el control que ejercen los carteles
mexicanos sobre el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, buscando nuevas
alternativas hacia mercados emergentes en Europa y Medio Oriente. "La hipótesis
que manejamos es que los 'narcos invisibles' y las redes ecuatorianas están
buscando formas de deshacerse del control que ejercen otras organizaciones sobre
los precios de la cocaína", explicó una fuente de la Policía de Colombia.
Refuerzo de operaciones y nuevos enfoques
Ante este panorama, el general Salamanca ha ordenado reforzar las operaciones de
interdicción en los puertos, con el objetivo de aumentar las incautaciones y
desmantelar las redes que operan en estos nuevos mercados. Esta estrategia
incluye un enfoque renovado, con mayor énfasis en la cooperación internacional y
la detección de cargas sospechosas en rutas menos convencionales.
Otras incautaciones importantes se llevaron a cabo entre el 11 y el 15 de
noviembre. En el puerto de Cartagena, se decomisaron 1.254 kilos de cocaína con
destino a España, gracias a la colaboración con las autoridades españolas.
Además, en el Puerto de Caucedo, en República Dominicana, se incautaron 2.200
kilos de cocaína, mientras que en aguas internacionales de México se detuvo otro
cargamento de 2.177 kilos provenientes de Colombia.
La Policía Nacional ha asegurado que continuará desarrollando operaciones con un
enfoque más dinámico, lo que permitirá resultados más contundentes en la lucha
contra las redes narcotraficantes que operan tanto a nivel local como
internacional. Las autoridades siguen trabajando junto a organismos
internacionales para rastrear y desmantelar las rutas emergentes, asegurando que
los carteles de la droga no logren expandir su alcance hacia nuevos mercados.
María Isabel Urrutia enfrenta imputación
de cargos por presunta corrupción en contratación pública
La exministra de Deportes y destacada atleta olímpica, María Isabel Urrutia
Ocoró, se encuentra nuevamente bajo la mirada de
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las autoridades judiciales. La
Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos,
en el marco de un proceso de contratación que habría sido presuntamente
manipulado con fines corruptos. La imputación se deriva de su supuesta
implicación en la adjudicación irregular de un contrato de casi $5.000 millones,
destinado a implementar un sistema de validación de acceso a los estadios de
fútbol del país.
Según las investigaciones, Urrutia habría violado normas esenciales de
contratación al otorgar el contrato directamente a un solo oferente,
incumpliendo lo establecido por el Decreto 1622 de agosto de 2022, que exigía la
participación de múltiples oferentes para garantizar la transparencia del
proceso. Este sistema, que buscaba asociar las boletas de entrada a los
documentos de identidad de los hinchas, también tenía como objetivo verificar
antecedentes y aplicar restricciones de acceso, pero el proceso contractual fue
supuestamente manipulado desde su inicio.
La Fiscalía revela que, en dos ocasiones, Urrutia intentó entregar el proyecto a
intermediarios, condicionándolos a subcontratar a una persona previamente
seleccionada. Esta acción fue llevada a cabo a pesar de las advertencias de los
equipos técnicos y jurídicos que señalaban irregularidades en el proceso.
Además, la exministra firmó un convenio interadministrativo el 30 de diciembre
de 2022, avalado por funcionarios que no participaron en la estructuración del
contrato, lo que, según la Fiscalía, subraya una clara falta de diligencia y
cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la supuesta alteración de
documentos para justificar la contratación directa, lo que configura el delito
de falsedad ideológica en documentos públicos. Las investigaciones señalan que
el contrato fue diseñado para realizar un análisis sobre la viabilidad de
implementar el sistema de validación, en lugar de ejecutarlo directamente, lo
que contravendría los fines originales del proceso de contratación.
Este nuevo escándalo se suma a otro proceso administrativo que ya estaba en
marcha. En noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló
pliego de cargos contra Urrutia por presuntas irregularidades en la firma de 95
contratos de prestación de servicios en el Ministerio de Deportes. Según la
entidad, estos contratos habrían sido utilizados de manera estratégica para
mantener a ciertas personas en sus puestos hasta el final del mandato del
presidente Gustavo Petro, luego de que Urrutia fuera destituida de su cargo. El
ente disciplinario afirmó que las renovaciones fueron realizadas sin
justificación adecuada y con fines ajenos a la misión institucional del
Ministerio.
La exministra de Deportes se encuentra ahora en el centro de un proceso judicial
que podría tener consecuencias graves si se confirma su responsabilidad en las
acusaciones que enfrenta. La Fiscalía continúa con la investigación para
esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades en este caso
de corrupción que salpica la administración pública en Colombia.
Preocupante aumento de víctimas en masacres en
Colombia durante octubre de 2024
En Colombia, octubre de 2024 se destacó por ser el más violento en términos de
masacres en los últimos dos años, según un informe del Ministerio de Defensa.
Durante ese mes, se registraron 43 víctimas de masacres, superando
significativamente las 27 víctimas del mismo mes en 2023. Este aumento en la
violencia ha generado preocupación en el país.
A lo largo de 2024, de enero a octubre, se contabilizaron un total de 69
masacres en todo el territorio colombiano, resultando en 234 víctimas. Aunque
estas cifras son alarmantes, representan una disminución del 13% en comparación
con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 81 masacres y 270 víctimas,
de acuerdo con lo revelado por la cartera de Defensa.
Cabe mencionar que, desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se
han documentado 192 masacres con un saldo de 649 víctimas. Los departamentos más
afectados por estos actos de violencia han sido Valle del Cauca, Cauca,
Antioquia, Atlántico y Norte de Santander.
El informe también destaca que la masacre más reciente ocurrió en el municipio
de Bugalagrande, Valle del Cauca. Además, dos días antes, en Riohacha, La
Guajira, se encontraron los cuerpos de otras cuatro personas en un área entre
los corregimientos de Perico y El Ebanal. Estas cifras y eventos reflejan un
panorama complejo de seguridad en Colombia, donde las masacres continúan siendo
un desafío significativo para las autoridades y la sociedad en general.
Panorama desalentador para dos departamentos
Valle del Cauca y Cauca se destacan como las regiones más afectadas por las
masacres en Colombia durante 2024, con un total de 64 incidentes registrados en
el país, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Ambas regiones registraron 10 casos cada una, lo que refleja una preocupante
tendencia de violencia en estas áreas.
El reciente ataque en el norte del Valle del Cauca, ocurrido el 17 de noviembre,
es un ejemplo de la violencia que azota la región. En este incidente, tres
personas murieron en un ataque sicarial en la vía que conecta Bugalagrande con
Andalucía. Las
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víctimas, identificadas como José
Jesús Aristizábal, Jesús Alejandro Bravo y Luis Alejandro Pérez, fueron
interceptadas por hombres armados que abrieron fuego, según el coronel Giovanni
Cristancho, comandante del Departamento de Policía Valle. Las autoridades
sospechan que el ataque fue un ajuste de cuentas relacionado con el grupo
criminal La Inmaculada.
La violencia en estas regiones está estrechamente vinculada a las economías
ilegales, como el cultivo de coca, la producción de cocaína y la minería ilegal,
que generan tensiones entre los grupos criminales y las comunidades locales.
Iván Carvajal, consultor en seguridad, explicó que el Valle del Cauca actúa como
un corredor para estos negocios ilegales, lo que contribuye a la violencia en la
zona.
En Cauca, las masacres han cobrado la vida de 41 personas en 10 incidentes,
afectando principalmente a comunidades étnicas que defienden sus territorios.
Los líderes comunitarios enfrentan un dilema entre aceptar las condiciones
impuestas por los grupos armados o resistirse, lo que a menudo resulta en
violencia, según Carvajal.
La investigadora de Indepaz, Juana Cabezas, señaló que los actores detrás de
estas masacres son variados, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN, la
Segunda Marquetalia y bandas locales. Estas organizaciones buscan controlar
economías ilegales como el microtráfico y la extorsión, lo que incrementa la
violencia en las comunidades.
A pesar de los esfuerzos por reducir la violencia, las cifras de masacres no han
mostrado una disminución significativa en los últimos años. Entre 2016 y 2019,
se registraron entre 33 y 51 masacres anuales, pero desde 2020 no se ha logrado
bajar de las 90. Esta persistente violencia subraya la necesidad de una
intervención estatal más efectiva en las regiones afectadas, no solo con
presencia de la Fuerza Pública, sino también con programas de desarrollo social
y económico.
Corte Suprema absuelve a exembajador León Fredy Muñoz por delitos de
narcotráfico
León Fredy Muñóz, exembajador de Colombia en Nicaragua y excongresista de la
Alianza Verde, fue absuelto en el caso por el que la Corte Suprema de Justicia
lo investigaba por delitos relacionados con el narcotráfico. En la mañana del
martes, la magistrada de la Sala de Primera Instancia Blanca Nélida Barreto
Ardila, leyó el sentido de fallo con el que salió favorecido el político.
La decisión tomada por la Sala se dio a pesar de la petición de la Fiscalía de
condenar al exembajador por delitos relacionados con el narcotráfico, en lo que,
según trató de probar el ente investigador, tenían que ver con los 146 gramos de
cocaína encontrados en su maleta en un aeropuerto en 2018.
La Sala concluyó que aunque “para la configuración del tipo penal se requiere
demostrar el ánimo que tenía el procesado de la distribución o venta de la
sustancia estupefaciente, y en este caso la Sala consideró que la Fiscalía no se
ocupó de acreditar esto y omitió toda referencia fáctica y probatoria dirigida a
evidenciar que el excongresista pretendía comercializarla”.
Asimismo, en su decisión, la Corte consideró que la defensa de Muñóz no logró
demostrar su hipótesis de que se trató de un montaje y que la droga fue plantada
en la maleta. “El órgano instructor enmarcó los hechos y las circunstancias por
las cuales sería sometido a juicio Muñoz Lopera, omitiendo cualquier referencia
al destino de la sustancia que fue hallada en su poder, pues solo dio por
sentado que al no haberse probado la calidad de consumidor, debía entenderse que
la finalidad de llevarla consigo no era su consumo, sin concretar entonces desde
lo fáctico y lo probatorio, cuál era el propósito —con relevancia penal— de la
droga incautada, bien fuera su distribución o venta”, dice la decisión.
Al salir de la audiencia que se llevó a cabo en la sede de la Corte Suprema en
la calle 72 de Bogotá, el exembajador Muñón dijo que el caso en su contra
“efectivamente fue un montaje, se dijo desde el principio. ¿Es que quién va a
llevar cocaína de Bogotá para Medellín?, además en esa época yo había sido
electo como congresista, me iba a ganar $35′000.000 y esa droga valía $500.000,
no era ni para consumir, porque se demostró que no era consumidor, jamás en la
vida he consumido y jamás en la vida voy a narcotraficar con 146 gramos de
cocaína”.
Durante el proceso en el alto tribunal, según se pudo conocer, Muñóz dijo no ser
“un narcotraficante, no soy un consumidor, jamás lo he hecho. No tengo malas
costumbres. He sido un luchador. El único defecto en la vida mía es decir la
verdad. Y lo voy a seguir haciendo (…) Pero cuando me hicieron este montaje, eso
partió mi vida, nunca he tenido un día en paz después de eso; sueño con eso,
tengo pesadillas con eso. Para mi familia ha sido muy duro”.
La génesis del caso se remonta al 31 de mayo de 2018. Ese día Muñoz Lopera fue
capturado por la Policía en el aeropuerto de Rionegro al descubrirse que en su
maleta de mano traía una bolsa transparente con 146 gramos de cocaína. Para esa
fecha ya había sido elegido representante a la Cámara por el Partido Verde, pero
aún no se había posesionado. La noticia de su detención provocó revuelo
nacional. Curiosamente, veinte meses después, el 30 de enero de 2020, las
autoridades encontraron una segunda bolsa con cocaína en la maleta de Muñoz
Lopera que permanecía en custodia judicial. Esa segunda bolsa no fue detectada
en el momento de su arresto.
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