EL IMPARCIAL | Página 6

6-El Imparcial

Pereira, Colombia - Edición: 13.372-952

Fecha: Martes 26-11-2024

Desarticulan red de delincuencia dedicada al hurto de motocicletas en Pereira y Dosquebradas

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, se logró desarticular una red delincuencial que operaba en Pereira y Dosquebradas, dedicada al hurto de motocicletas y autopartes. La intervención permitió la captura de varios miembros de la banda y la incautación de más de 500 autopartes, además de la recuperación de varias motocicletas robadas.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Las Violetas, Campestre, Guaduales y El Japón en Dosquebradas, y en el sector de La Circunvalar en Pereira. La Coronel Yurian Yaneth Romero, comandante de la Policía Metropolitana, reveló que la organización criminal está vinculada a más de 50 hurtos en la región.

A pesar del aumento en los robos de motocicletas durante el 2024, las autoridades destacaron la efectividad de los operativos. Hasta la fecha, la Policía ha logrado recuperar 202 motocicletas y continúa con el fortalecimiento de los controles en las vías principales, para garantizar la legalidad de los vehículos y su documentación.

Este golpe a la delincuencia refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra los delitos en el área metropolitana, generando mayor seguridad para la comunidad.

Batallón del Ejército en Arauca atacado con explosivos: sin heridos

El domingo 24 de noviembre, la Base Militar de Pueblo Nuevo, ubicada en el corregimiento de Puerto Jordán, Arauquita, Arauca, fue atacada con explosivos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según las primeras informaciones, el grupo armado lanzó varios proyectiles explosivos hacia las instalaciones, lo que desató un hostigamiento prolongado contra el Batallón de Comandos Urbanos (Bafur), conocido como La Holanda.

Además de los explosivos, las fuerzas del ELN lanzaron ráfagas de fusil hacia la base, intensificando el ataque. A pesar de la magnitud de la agresión, fuentes militares confirmaron que no se reportaron uniformados heridos, lo que sugiere que, al momento del ataque, la base no estaba en su punto más vulnerable.

Este incidente, aunque grave, no es un hecho aislado. La Base de Pueblo Nuevo ha sido blanco de ataques similares en el pasado. En una ocasión reciente, en meses anteriores, el Batallón de Puerto Jordán, cercano a la base de Pueblo Nuevo, sufrió un ataque similar por parte de una estructura del Frente de Guerra Oriental del ELN.

La ubicación estratégica de la base, cercana a otras instalaciones militares clave, ha convertido a la zona en un punto crítico dentro del conflicto armado que afecta al departamento de Arauca, una región que ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado.

La impunidad de la desaparición forzada en Colombia alcanza el 99,86%, según informe de ONG

La desaparición forzada en Colombia sigue siendo uno de los crímenes más devastadores y persistentes en la historia reciente del país, con un nivel de impunidad alarmante. Según un informe de la ONG Human Rights Everywhere, el 99,86% de los casos de desaparición forzada siguen sin resolución, dejando a más de 111.000 personas desaparecidas y a sus familias atrapadas en un limbo de dolor, esperanza frustrada y abandono institucional. Este informe refleja no solo la magnitud del problema, sino también la falta de avances significativos en la búsqueda de justicia para las víctimas.

La desaparición forzada en Colombia ha sido un fenómeno de larga data, vinculado a la violencia del conflicto armado interno y a la connivencia entre actores del Estado, guerrillas y paramilitares. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de organizaciones como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el informe subraya que las condenas y las sentencias siguen siendo escasas. De las 111.640 personas registradas como desaparecidas en el país, solo 305 casos han resultado en sentencias condenatorias. En muchos de estos casos, las condenas han recaído sobre funcionarios públicos, especialmente de la Fuerza Pública, pero la justicia ha sido limitada en cuanto a actores no estatales, como las antiguas guerrillas o los grupos paramilitares.

Uno de los ejemplos más recientes de condena fue el fallo del Consejo de Estado en 2024, que ratificó la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de un militante de la Unión Patriótica en 2022, a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, estos avances siguen siendo la excepción en un panorama general de impunidad.

El informe de Human Rights Everywhere también destaca la falta de reparación a las víctimas y la difícil situación económica que enfrentan las familias. Muchas de las personas que han sufrido la desaparición de un ser querido han tenido que lidiar con la pobreza extrema, pues la desaparición de su familiar también significa la pérdida de un sostén económico. El caso de Paulina Mahecha, una madre de Guaviare que ha buscado incansablemente a su hija desaparecida por el Bloque Centauros de las AUC, es un claro ejemplo de esta situación. A pesar de los esfuerzos y sacrificios de Mahecha, aún no ha logrado obtener justicia ni una respuesta digna.

El informe también pone en evidencia que, en el ámbito institucional, persisten fallas graves en la recopilación de datos y en la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de la búsqueda de desaparecidos. La Unidad de Búsqueda, dirigida por Luz Janeth Forero, reconoció que, a este ritmo, tomaría hasta 300 años resolver todos los casos de desaparición forzada. Además, algunos de los restos de las víctimas han sido arrojados a ríos, incinerados en hornos crematorios o enterrados en lugares inaccesibles, lo que hace aún más difícil la labor de las autoridades.

Los expertos señalan que, aunque la situación ha mejorado en algunos aspectos, como en la visibilidad del problema y el esfuerzo por identificar los restos de las víctimas, la justicia sigue siendo un reto mayúsculo. Francisco Gómez, coordinador de Human Rights Everywhere para Latinoamérica, señala que en Colombia desaparecer forzadamente sigue siendo un delito "demasiado barato judicialmente", lo que facilita la perpetuación de este crimen sin consecuencias graves para los responsables.

El investigador Federico Andreu, quien fue asesor de la Comisión de la Verdad, también advierte sobre la dificultad de obtener pruebas en casos más antiguos, cuando los culpables han envejecido o muerto, los testigos han callado o se han desplazado, y los lugares de la desaparición han sido modificados. Esta falta de evidencias impide que muchos casos lleguen a juicio y perpetúa la sensación de injusticia.

A pesar de estos obstáculos, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado sobre el hecho de que, en promedio, cada 36 horas en Colombia se registra un nuevo caso de desaparición forzada, lo que perpetúa un ciclo de dolor y desesperanza. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las víctimas insisten en que el Estado debe redoblar esfuerzos y acelerar el proceso judicial para brindar respuestas a las familias que esperan desde hace más de 20 años.

El principal llamado de Human Rights Everywhere y de las víctimas es que no se repita el trágico destino de aquellos que han muerto esperando justicia, sin haber visto nunca a los responsables procesados o haber encontrado los restos de sus seres queridos. La desaparición forzada sigue siendo un crimen que permanece en el olvido para la justicia colombiana, un crimen que sigue marcando de manera profunda y dolorosa la vida de miles de familias en el país.

Giro en la investigación del asesinato del hijo del Inspector General de la Policía

La investigación sobre la muerte de Juan Felipe Rincón Quiroga, hijo del Inspector General de la Policía de Colombia, ha dado un giro inesperado. En un esfuerzo por garantizar la imparcialidad, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que asuma el caso, y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía ha comenzado a tomar las riendas de la pesquisa. El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre, en el barrio Quiroga de Bogotá, donde Rincón, de 21 años, fue encontrado muerto a causa de heridas de bala.

Los hechos que rodean su muerte son aún confusos. Según el informe preliminar, Juan Felipe Rincón fue atacado a tiros sobre las 11:35 a.m., mientras se encontraba en la vía pública de la calle 32 Sur. Dos personas más resultaron heridas en el incidente: Sebastián Correal, de 28 años, quien sufrió una herida abdominal, y Andrés Camilo Sotelo, de 27 años, quien fue impactado en la pierna izquierda. Ambos están hospitalizados y se espera su testimonio para esclarecer los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que la muerte de Rincón podría estar vinculada a un asunto personal relacionado con menores de edad. Se sabe que el joven había establecido contacto con una adolescente de 15 años, y se sospecha que antes de ello intentó contactar a una niña de 9 años. Las razones detrás de estos acercamientos están siendo analizadas a fondo, y el teléfono móvil de Rincón está siendo sometido a un análisis forense.

Además, se investiga si la agresión contra Rincón fue provocada por la interacción con la menor. Según algunas versiones, más de 20 personas, principalmente hombres, lo esperaban para golpearlo, lo que llevó a que su escolta, un patrullero de la Policía, abriera fuego en defensa del joven. Sin embargo, otra versión señala que en medio de la agresión, uno de los hombres involucrados también disparó, lo que complica aún más el panorama.

La investigación está a la espera de los resultados de balística forense y la necropsia de Rincón, así como de los testimonios de los involucrados y los residentes del sector, para determinar las circunstancias exactas de su muerte y quién fue el responsable de los disparos fatales. Las autoridades se centran en esclarecer estos hechos, mientras la familia Rincón y la comunidad esperan respuestas.

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