6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.353-973

Fecha: Jueves 28-11-2024

 

Noche del terror en Pereira y Dosquebradas: balaceras, homicidios y un cuerpo en una bolsa

 

 

En Pereira y Dosquebradas continúan repitiéndose los hechos de violencia sin que las autoridades puedan hacer algo para detenerlos. Desde octubre hasta la fecha, en ambos municipios los ataques sicariales han cobrado la vida de decenas de personas y dejan cifras de homicidios que preocupan a los ciudadanos.

A pesar de que los hechos se presentan casi que a diario, la noche del martes 26 de noviembre entre Pereira y Dosquebradas fue de terror.

Cerca de las 7 de la noche, habitantes del barrio El Martillo, en la comuna 8 del municipio industrial, dieron alerta a las autoridades por el posible hallazgo de un cuerpo desmembrado en costales, dejado en una zona boscosa del sector.

Según informaron los vecinos de la zona, el cuerpo en la bolsa podría tratarse de una mujer. Sin embargo, las autoridades aún no confirman ese dato.

Seguidilla de ataques sicariales en Pereira

Mientras las autoridades atendían el hallazgo en Dosquebradas, en el Parque Industrial en Pereira hombres armados, que al parecer se movilizaban en un vehículo, dispararon contra habitantes de ese barrio, dejando a personas lesionadas y a una persona fallecida.

Pocos minutos después, en la Avenida del Río, a la altura del barrio La Esneda de Dosquebradas, hombres armados atacaron a un grupo de personas que estaban en el puente de entrada a la localidad, asesinando a dos personas.

La reacción oportuna de las autoridades no pudo salvarle la vida a los dos hombres que fueron baleados, debido a la gravedad de las lesiones.

La noche continuó marcada por la violencia. En el barrio Santander, una persona resultó herida en otro ataque armado.

Estos incidentes se suman a lo ocurrido en la madrugada del martes en el barrio San Judas, de Dosquebradas, donde una balacera dejó a un policía herido y culminó con la captura del presunto agresor. Según informó la coronel Yurian Romero, el oficial está fuera de peligro.

En octubre de 2024, según Medicina Legal, hubo 103 homicidios, 5 más que en el mismo periodo de 2023.

 

La disputa por La América: El exparamilitar ‘Comandante Barbie’ desafía la reparación a víctimas del conflicto

 

 

En el corazón del Cesar, en la vereda Perete, se libra una batalla legal que podría marcar un antes y un después en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano. La finca La América, un extenso predio de 1.453 hectáreas con un valor cercano a los 26.000 millones de pesos, se ha convertido en el epicentro de una disputa que enfrenta a un exparamilitar, organizaciones campesinas y víctimas de la violencia.
 

Hace solo unas semanas, el presidente Gustavo Petro y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, encabezaron la entrega formal de este

 

 

 

predio a organizaciones campesinas y comunidades afectadas por décadas de violencia en el municipio de Chimichagua. Este acto fue celebrado como un avance en la reforma agraria y un paso más en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que busca devolver tierras a quienes las perdieron a causa del conflicto armado. Sin embargo, esta victoria en el terreno de la justicia social ha tropezado con un nuevo obstáculo: Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, alias Comandante Barbie, un exlíder paramilitar del Bloque Norte de las AUC, ha reactivado su lucha legal para recuperar el control de la finca.

La historia de La América es, en sí misma, un reflejo de la tragedia que ha marcado a muchas regiones de Colombia. El predio ha cambiado de manos en varias ocasiones, pasando por figuras vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo. En sus primeras décadas, el terreno estuvo en manos de José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández, vinculado al crimen organizado, y luego de Jaime Blanco Maya, condenado por el asesinato de sindicalistas de la Drummond. Fue en 2004 cuando la finca pasó a manos de Comandante Barbie, un personaje oscuro cuya figura estuvo asociada a la violencia extrema y la consolidación de las AUC en la región.

En 2007, tras las revelaciones de desmovilizados del grupo paramilitar, el Estado decidió incautar la finca como parte del proceso de reparación a las víctimas, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, Comandante Barbie sigue sosteniendo que adquirió la finca de manera legítima y ha recurrido nuevamente a los tribunales para que le sea devuelta. En su demanda, presentada ante la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla, Fuentes Rodríguez argumenta que él y su familia son "terceros de buena fe" y niegan cualquier relación directa con las actividades paramilitares, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

Este no es el primer intento de Fuentes Rodríguez por recuperar el predio. En febrero de 2023, una demanda similar fue rechazada por el mismo tribunal, que además ordenó investigar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presuntas irregularidades en la administración de la finca. La defensa legal del exparamilitar, a cargo de la abogada Ana Fenney Ospina, ha insistido en que la expropiación de la finca fue irregular y debe ser revertida.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras, que adquirió el predio por 16.729 millones de pesos, ha defendido la legalidad de la transacción. Según el director de la ANT, Felipe Harman, la adjudicación ya se ha realizado y cualquier decisión judicial futura solo afectará el destino de los recursos pagados, sin alterar la entrega a las víctimas.

A pesar de este respaldo institucional, las organizaciones campesinas y las víctimas temen represalias por parte de antiguos actores armados que han tenido dominio sobre la tierra. En este contexto, La América no solo es un terreno disputado, sino también un símbolo de las dificultades que enfrenta Colombia en la construcción de un futuro pacífico y justo. La audiencia más esperada en este proceso se celebrará el 25 de marzo de 2025, cuando se podría definir el destino definitivo de este predio y, con él, la lucha por la reparación a las víctimas del conflicto.

 

Capturan a militar en Tolemaida por exigir dinero a subalternos a cambio de permisos

 

 

El miércoles 27 de noviembre, las autoridades confirmaron la captura de un oficial del Ejército en la Base Militar de Tolemaida, ubicada en Nilo, Cundinamarca, acusado de solicitar dinero a sus subalternos para otorgarles permisos fuera de las instalaciones. El militar, quien desempeñaba un cargo importante en el Batallón de Policía Militar número 5, fue detenido en un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y la contrainteligencia de las Fuerzas Militares.
 

 

 

Según las investigaciones, el oficial cometió los delitos de concusión, cohecho propio y abuso de autoridad, desde 2023 hasta la fecha. En su rol de comandante del batallón, entre julio y agosto de este año, tuvo bajo su mando a más de 1.000 efectivos a quienes pedía pagos en efectivo a cambio de permisos.

El procedimiento de captura se llevó a cabo tras una exhaustiva investigación, que involucró un trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad. El militar será presentado ante un Juez Militar y Policial de Control de Garantías para la realización de las audiencias correspondientes.

Este hecho es un ejemplo de los esfuerzos por parte de las Fuerzas Militares para erradicar la corrupción dentro de sus filas. "Seguimos trabajando con autonomía, efectividad y transparencia", señalaron fuentes oficiales. La captura refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado.

 

Un solo impacto mortal: Circunstancias que rodean el asesinato del hijo del Inspector General de la Policía

 

 

La muerte de Juan Felipe Rincón Quiroga, de 21 años, hijo del actual Inspector General de la Policía, general William Rincón, ha conmocionado a la institución y al país. El joven fue encontrado sin vida el pasado domingo 24 de noviembre, en un hecho violento que involucra a dos menores de edad, una de 9 y otra de 15 años, en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. Según las autoridades, Juan Felipe murió a causa de un único impacto de bala que le perforó el abdomen, aunque los detalles sobre el arma utilizada siguen siendo inciertos.

El caso ha desencadenado una serie de investigaciones lideradas por la Fiscalía, que el martes imputó cargos a Andrés Camilo Sotelo Torres, un hombre de 27 años, por homicidio doloso agravado y tráfico ilegal de armas. Sotelo, quien resultó herido en una pierna durante el altercado, no aceptó los cargos presentados en su contra. Las autoridades han detallado que el incidente comenzó cuando Juan Felipe salió con la menor de 15 años, pero antes había contactado a la niña de 9 años por redes sociales. Los padres de la niña esperaban a Juan Felipe con la intención de confrontarlo y, presuntamente, llamar a la Policía, lo que desencadenó un enfrentamiento.

 

El joven fue hallado sin vida en plena vía pública, en la intersección de la calle 32 Sur con la carrera 22, donde según testimonios, la situación se desbordó y la comunidad intentó lincharlo. En el lugar se encontraron 10 cartuchos de 9 milímetros, los cuales, según la investigación, habrían sido disparados por el patrullero que escoltaba a Rincón Quiroga. Este patrullero, quien también estaba armado con una pistola SIG Sauer, de 15 tiros de capacidad, se encuentra involucrado en los hechos.

 

El informe de Medicina Legal reveló que la causa de la muerte fue una herida abdominal con entrada y salida, pero se descartó la posibilidad de encontrar la ojiva, lo que dificulta determinar el tipo de arma utilizada. Además, se detectaron politraumatismos, algunos de ellos provocados por golpes con un tambo metálico. En el lugar también se halló un arma neumática, lo que podría cambiar el rumbo de la investigación.

 

Se espera que en las próximas horas los peritos puedan ofrecer más detalles sobre la trayectoria balística del disparo y los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas al patrullero involucrado. Mientras tanto, el caso sigue siendo objeto de atención y preocupación tanto para la familia Rincón como para las autoridades colombianas, que buscan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades en este trágico episodio.

 

 

 

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