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Regulación de redes sociales llega a máximo tribunal de Brasil
La corte suprema de Brasil empezó a discutir este miércoles la
regulación de las redes sociales, en un debate pionero en América
Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de 'fake
news' y discursos de odio.
El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del
país, analiza cuatro casos referidos a las reglas para las
plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados
por los usuarios.
La discusión comienza justo después de que una investigación
policial sobre un presunto plan frustrado de golpe de Estado en
2022, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro, concluyera esta
semana que los supuestos golpistas usaron las redes sociales para
desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y así
justificar sus acciones.
El debate en el STF, cuya resolución se espera para 2025, debe
definir entre otras cosas si las plataformas pueden recibir
sanciones por 'posteos' ilegales de los usuarios.
Un punto clave de la discusión será si las empresas deben fiscalizar
y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea,
sin necesidad de intervención judicial.
Aunque se trata de casos puntuales, lo que defina el tribunal
sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general.
"Las plataformas digitales (...) abrieron vías para la
desinformación, el odio, las mentiras deliberadas y las teorías
conspirativas", dijo a la AFP el juez Luís Roberto Barroso,
presidente del STF.
"En todo el mundo democrático se están desarrollando debates para
proteger la libertad de expresión sin permitir que el mundo caiga en
un abismo de incivilidad. (...) En Europa ya se produjo una
regulación que busca ese punto ideal de equilibrio", agregó.
En opinión del magistrado, tanto el Congreso como la justicia
brasileña deben actuar "con un mínimo de intervención del Estado
sobre la expresión del pensamiento, pero impidiendo el avance de la
criminalidad y la incitación a la violencia".
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las
plataformas en agosto, cuando un juez del STF, Alexandre de Moraes,
ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país durante
cuarenta días luego de que la empresa ignorara sus órdenes de
eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro acusadas de
desinformación.
Según Moraes, esas cuentas representaban una amenaza a la
democracia.
EE. UU. sanciona a jefes de seguridad de Maduro por represión
poselectoral
Estados Unidos ha impuesto sanciones a 21 funcionarios del aparato
de seguridad y gabinete del mandatario venezolano Nicolás
Maduro por cumplir sus órdenes "para
reprimir a la sociedad" con el fin de "declararse fraudulentamente
ganador" de las elecciones, informó el departamento del Tesoro.
Estados Unidos señaló que estos funcionarios han "desestimado la
voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos,
quienes eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo
presidente".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento
del Tesoro sanciona entre otros a los jefes del servicio de
inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, y de la Dirección de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier José Marcano Tábata.
También destacan el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y
Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado
Cabello.
Las fuerzas de seguridad "han arrestado arbitrariamente en masa a
los partidarios de la oposición democrática" y han reprimido
violentamente las protestas, protesta Washington la víspera de que
se cumplan cuatro meses de los comicios.
"Las acciones represivas" son "un intento desesperado de silenciar
las voces de sus ciudadanos", denunció el subsecretario interino del
Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T.
Smith, citado en la nota.
Washington sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la
líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con
insistencia.
La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019 pero
Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a
varias compañías, como la estadounidense Chevron.
"Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos
alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela",
afirmó el funcionario.
Bajo las sanciones impuestas, se bloquean todas las propiedades y
activos en Estados Unidos de las 21 personas afectadas,
prohibiéndoles realizar cualquier transacción financiera. Asimismo,
el Departamento de Estado ha implementado nuevas restricciones de
visa para individuos cercanos al régimen de Nicolás Maduro.
Con estas medidas hasta la fecha casi 2.000 personas se ven
afectados por restricciones de visa.
Inicia el cese el fuego entre Israel Hezbolá en Líbano
Un cese el fuego en la guerra entre Israel y
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el movimiento islamista Hezbolá entró en
vigor el miércoles en Líbano, después de más de un año de enfrentamientos que
han dejado miles de muertos.
La tregua comenzó a regir a las 04H00 (02H00 GMT) y deberá poner fin a una
guerra que forzó el desplazamiento de decenas de miles de personas en Israel y
de cientos de miles más en Líbano.
Grandes extensiones de Líbano han sufrido el embate de los bombardeos israelíes,
cuyas fuerzas incursionaron en territorio libanés para enfrentar a los
combatientes de Hezbolá.
El conflicto comenzó con los ataques transfronterizos de Hezbolá en apoyo a su
aliado palestino Hamás, tras sus ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio
israelí.
El
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la tregua que permitirá
a las fuerzas israelíes concentrarse en las tensiones con Irán y en la guerra
con Hamás en Gaza.
Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense, Joe Biden, y le
agradeció "su implicación" para alcanzar el acuerdo, informó la oficina del
primer ministro israelí.
La tregua entre Israel y Hezbolá supone un "paso fundamental" para la
estabilidad regional, reaccionó el primer ministro libanés, Nayib Mikati.
Además de la guerra en Líbano, Israel combate a Hamás en la Franja de Gaza desde
el ataque del movimiento islamista palestino en el sur de su territorio.
Tanto Hamás como Hezbolá son apoyados por Irán, que disparó dos salvas de
misiles y drones contra Israel desde que empezó el conflicto en Gaza. La mayoría
de los proyectiles fueron interceptadas por Israel o sus aliados.
La duración del alto el fuego, precisó Netanyahu, dependerá "de lo que suceda en
Líbano" e Israel mantendrá, "en pleno acuerdo con Estados Unidos", una "total
libertad de acción" en el país.
"Si Hezbolá viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos", subrayó.
Tensión antes de la calma
La tregua se produce tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro
de Beirut, donde murieron al menos 10 personas, según las autoridades libanesas.
Menos de una hora antes de su entrada en vigor, el ejército israelí bombardeó
suburbios del sur de Beirut, según imágenes de AFPTV.
En tanto, Hezbolá -que no se ha pronunciado sobre la tregua- anunció la noche
del martes que había lanzado drones contra "objetivos militares sensibles" en
Tel Aviv en respuesta a los ataques israelíes en Beirut.
Israel lanzó una campaña de bombardeos
contra los feudos de Hezbolá en Líbano el 23 de septiembre y una operación
terrestre en el sur del país una semana después.
Con ello, Israel buscó neutralizar a Hezbolá en el sur de Líbano para asegurar
su frontera y permitir el regreso de 60.000 residentes desplazados.
La tregua "protegerá" a Israel de la "amenaza" del grupo chiita, afirmaron los
presidentes de Estados Unidos y Francia, Biden y Emmanuel Macron, en un
comunicado conjunto.
Ambos países "trabajarán junto a Israel y Líbano para garantizar el cumplimiento
íntegro de este acuerdo", añadieron.
Según el sitio web estadounidense Axios, el acuerdo negociado estos últimos días
prevé una tregua de 60 días. Durante ese tiempo, Hezbolá y el ejército israelí
se retirarían del sur de Líbano para permitir que
las tropas libanesas se desplieguen en la zona.
Tras el anuncio, el primer ministro libanés Mikati indicó que su gobierno se
comprometía a "reforzar la presencia del ejército en el sur del país".
Vigilancia internacional
El plan de cese el fuego incluye también la creación de un comité internacional
para supervisar su aplicación y Estados Unidos habría prometido apoyar acciones
militares israelíes en caso de actos hostiles de Hezbolá, añadió Axios.
La mediación se basa en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU
que puso fin a la anterior guerra entre Israel y Hezbolá, en 2006, y que
estipula que solo el ejército libanés y las fuerzas de paz pueden desplegarse en
la frontera sur de Líbano.
Pero el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, tachó el
acuerdo de tregua de "error histórico".
"Este acuerdo no cumple el objetivo de la guerra: permitir que los habitantes
del norte regresen a casa con total seguridad", reaccionó el político de extrema
derecha.
Según el Ministerio de Salud libanés, casi 3.800 personas han muerto en el país
desde octubre de 2023. Las hostilidades también desplazaron a cerca de 900.000
personas, según la ONU. Del lado israelí murieron 47 civiles y 82 militares en
13 meses.
El ejército israelí continúa sus ataques contra la sitiada Franja de Gaza, donde
al menos 22 personas murieron el martes, según la Defensa Civil.
La guerra estalló tras el ataque sin precedentes lanzado por Hamás contra Israel
que mató a 1.207 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP
basado en datos oficiales, incluidos los rehenes muertos o en cautiverio.
La ofensiva israelí lanzada en represalia en Gaza ha dejado al menos 44.249
muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio,
considerados fiables por la ONU.
El orden cívico para la Argentina de Javier Milei
“No vale todo. Vale ley”. “Con la ley y el orden, estamos cambiando el paradigma
de la seguridad”. En la Argentina de hoy, estas frases son habituales en los
discursos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en los del
presidente Javier Milei.
A pocas semanas de cumplir un año en el poder, Milei y Bullrich han presentado
los resultados de su política de seguridad y orden. Los homicidios se mantienen
a la baja, mientras que las calles ya no son bloqueadas por las marchas del día
a día,
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y las bandas dedicadas al narcotráfico vienen
desarticulándose.
Los buenos números se deben a un cambio de paradigma desde que comenzó el
gobierno libertario sobre el orden público y la seguridad, dos frentes a los que
se les ha dado un giro total.
Este martes, en un discurso en la Casa Rosada para las Fuerzas Armadas, el
presidente argentino explicó que su gobierno se ha enfocado en “tres pilares
fundamentales”. “El que las hace las paga, el delito hay que castigarlo en todo
momento y lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”; “el orden público
es sagrado, la calle es de todos, no la pueden secuestrar un puñado de
inadaptados”; y, por último, que “los buenos son los de azul (la policía), los
malos son los delincuentes”.
Garantismo del orden
En Argentina, según Milei, el orden de los derechos ha estado trastocado.
Mientras que los ciudadanos de a pie han tenido que aguantar un alza de la
inseguridad, un aumento de los impuestos y el permanente bloqueo de las calles,
los adinerados sindicalistas se acostumbraron a bloquear las vías, y los
delincuentes a incrementar el negocio del narcotráfico y otras rentas ilícitas.
“La seguridad pública es indispensable para el crecimiento de nuestro país, y
son las leyes las que separan a los hombres de las bestias, y están para ser
cumplidas”, dijo Milei, ayer, haciendo un contundente llamado a cumplir la ley.
Las palabras de Milei están basadas en el orden constitucional y el Estado de
Derecho. En América Latina y en el mundo −no solo en Argentina− hoy se discute
qué significa el Estado de derecho, con el que las sociedades logran organizarse
de manera armónica conforme al cumplimiento de la ley.
En principio, el Estado de Derecho parece básico y elemental para cualquier
sociedad. En el caso de la Argentina kirchnerista, sin embargo, estos principios
no estaban asegurados. Unos pocos grupos tuvieron por mucho tiempo derecho a
bloquear calles o lograr garantías penales, mientras la mayoría de ciudadanos no
gozaban del disfrute de las libertades básicas como la libre locomoción.
Recientemente, Patricia Bullrich destacó que ese estado de cosas está cambiando.
“Hace un año decidimos decirle sí al orden cívico que garantiza crecimiento”,
escribió en X, la red social donde diariamente anuncia capturas y resultados en
materia seguridad.
La palabra orden cívico resulta importante en todo esto. Introduce un enfoque
que permite aterrizar el gaseoso concepto de Estado de derecho que muchas veces
termina en interpretaciones jurídicas y constitucionales con pocos resultados
materiales para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, en seguridad.
Aunque Milei y Bullrich usan la palabra orden cívico permanentemente en sus
discursos, no han planteado una definición clara sobre el mismo. El presidente
libertario, sin embargo, ha sido más concreto en lo que entiende por Estado de
derecho. “Si hay una función que debe de cumplir el Estado de derecho, es la de
garantizar la vida, la propiedad y la libertad de nuestros ciudadanos”, comentó
ayer frente a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Víctimas y victimarios
Una de las bandas de narcotráfico más temibles de Argentina se le conoce como
“Los Monos”. Era, hasta hace poco, liderada por ‘Guille’ Cantero, un narco que
operaba en la ciudad más peligrosa de Argentina, Rosario.
‘Guille’ Cantero, recluido en una cárcel para hombres, ha presentado más de 10
habeas corpus para que autoricen su traslado a un centro penitenciario para
mujeres, bajo el argumento de que se autopercibe como mujer. Las solicitudes
hechas por este preso han sido negadas por la justicia argentina.
El caso de Cantero da cuenta de, según Milei, “un país cuyos valores han sido
trastocados”.
 “Con
nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo”, ha dicho el presidente
argentino. “Hay más casos como el de Cantero, donde los convictos argumentan
autopercibirse del género femenino ya sea para aprovecharse de las reclusas o
para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”, indicó.
Para los libertarios argentinos, el exceso de garantismo con los victimarios ha
hecho que se presenten casos como el de Cantero, un preso que, aprovechándose de
las políticas de género, ha buscado beneficios penales y traslados a cárceles
con condiciones más laxas.
Fin de los piqueteros
Mientras que presos como Cantero han buscado beneficios penales, los piqueteros
por mucho tiempo sacaron provecho del desorden cívico argentino y los enormes
beneficios que recibían por parte de los sindicatos, mano derecha del
kirchnerismo.
Por mucho tiempo, un desfile de bombos y platillos solía llenar las calles de
Buenos Aires. No jugaba Boca, tampoco River. La capital de Argentina se
acostumbró a que las vías públicas eran de los “piqueteros”, grupos numerosos de
hombres y mujeres que bloqueaban las calles con sueldo y comida incluidos, que
pagaban los poderosos sindicatos.
Entrado al Gobierno en diciembre de 2023, Milei y Bullrich definieron que esta
situación tenía que parar. Para ello, se creó el “Protocolo Antipiquetes” desde
comienzos de este año, con el que la ministra de Seguridad ha logrado que las
calles de las ciudades no sean bloqueadas por los manifestantes con poderes
especiales para el grupo de antidisturbios y, en caso de daño a un bien público,
se identifique al responsable, con multas no solo cívicas, sino monetarias.
“La Unidad Piquetera”, “el Polo Obrero (PO)”, así como “El Frente de Lucha
Piquetero” y “La Coordinadora por el Cambio Social”, y muchas otras
organizaciones más, hoy tienen que marchar siguiendo los protocolos básicos de
una movilización sin afectar el tránsito de los ciudadanos y la propiedad
pública y privada.
Buenas cifras en seguridad
El gobierno libertario en Argentina goza de buenas cifras en seguridad. A corte
de septiembre, los homicidios habían disminuido 15,7% en comparación con el
mismo periodo del año 2023. Durante 2023 se registraron 1.500 homicidios
acumulados, mientras que en 2024 el número desciende a 1.264.
Además, el “Plan Bandera”, llevado a cabo en Rosario para desarticular bandas,
logró que descendieran los homicidios de 71 en 2023 a 17 en 2024, marcando una
variación del-76,06%. |
