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Gobernación de Risaralda transforma
comunidades indígenas con proyecto de agua potable SCALL
La
Gobernación de Risaralda, a través de Empresas Públicas de Risaralda,
ha culminado un innovador proyecto para garantizar el acceso a agua
potable en comunidades indígenas de Pueblo Rico. Mediante el sistema
de captación y almacenamiento de aguas lluvias (SCALL), se ha
mejorado significativamente la calidad de vida de 10 comunidades de
la región.
Con una inversión total de 9.181 millones de pesos, de los cuales
8.147 millones se destinaron a obra y 1.034 millones a interventoría,
este proyecto destaca como un modelo de colaboración
interinstitucional, involucrando a la Gobernación, la Alcaldía de
Pueblo Rico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El componente de obra incluyó la construcción de sistemas de
captación de agua lluvia y la instalación de tanques de
almacenamiento adaptados a las necesidades locales. Estas soluciones
sostenibles no solo resuelven un problema básico, sino que también
promueven el desarrollo social y ambiental en las comunidades
beneficiarias.
El cronograma de entrega de las obras inicia el 1 de noviembre de
2024 en la comunidad de Vichuvará y concluye el 14 de noviembre en
Inamurcito. Cada comunidad ahora contará con infraestructura que les
asegura un suministro constante y seguro de agua potable,
contribuyendo a la reducción de enfermedades relacionadas con el
consumo de agua contaminada.
El proyecto no termina con la entrega de las obras. Durante los
próximos seis meses, Empresas Públicas de Risaralda implementará
actividades sociales orientadas a garantizar la apropiación y el
mantenimiento de los sistemas por parte de las comunidades. Según
Ana María Camacho, gerente de la entidad, este acompañamiento busca
asegurar la sostenibilidad de la infraestructura y fortalecer la
autogestión de los beneficiarios.
“Este proyecto no solo representa un avance en infraestructura, sino
también una oportunidad para transformar la calidad de vida de las
comunidades indígenas de Pueblo Rico. Nos enorgullece saber que las
comunidades no estarán solas y que seguiremos trabajando con ellas
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas”, afirmó Camacho.
Gobierno gestionará predios para
atender peticiones de la minga Emberá en Risaralda
La
directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, anunció el
viernes que el Fondo para la Reparación gestionará dos predios en
Risaralda como parte del cumplimiento del pliego de peticiones
presentado por la minga Emberá al Gobierno nacional. El anuncio se
dio durante una reunión con autoridades tradicionales y voceros del
Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR).
Estos predios estarán destinados a proyectos productivos y a la
creación de un centro de pensamiento, donde las comunidades puedan
preservar su cosmovisión y costumbres. Según Solano, la gestión
busca atender las necesidades de una población históricamente
vulnerada, víctima del conflicto armado y que, en su mayoría, vive
en condiciones de pobreza extrema.
“Hemos discutido con los delegados de la minga sobre los retornos,
reubicaciones y las acciones necesarias para garantizar
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condiciones de vida digna. Este gobierno está
comprometido con el pueblo Emberá y con honrar los acuerdos basados en derechos
inalienables”, afirmó Solano.
La directora también
destacó que estos compromisos hacen parte de un diálogo amplio con la nación
Emberá, uno de los grupos étnicos más grandes del país. Este proceso incluye
otras gestiones en el marco de las conversaciones sobre retornos y reubicaciones
de las comunidades desplazadas.
Los acuerdos alcanzados representan un paso significativo en la reparación
integral de estas comunidades indígenas, fortaleciendo su autonomía y
promoviendo soluciones sostenibles a largo plazo. Las autoridades tradicionales
del CRIR expresaron su expectativa por el cumplimiento de estos compromisos,
esenciales para mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
Risaralda avanza en seguridad y justicia bajo la
administración actual
En su rendición de
cuentas "Risaralda ¡Así vamos!", el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa destacó
los avances en seguridad y justicia que marcan su gestión, consolidando un
departamento más seguro e incluyente. A través de inversiones estratégicas y
programas sociales, la administración departamental ha logrado progresos
significativos en infraestructura, tecnología y fortalecimiento institucional.
Seguridad tecnológica y modernización
Un hito destacado es la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad (SIES), que conecta a Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría mediante
cámaras de vigilancia, con una inversión inicial de $1.500 millones. Este
proyecto se expandirá a nueve municipios adicionales con un presupuesto de
$10.000 millones, mejorando la respuesta inmediata en todo el departamento.
Además, con $11.400
millones, se avanza en la renovación del parque automotor de la Policía,
optimizando su capacidad de reacción. Este esfuerzo refuerza la presencia de las
fuerzas de seguridad en municipios clave como Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y
Guática.
Justicia fortalecida
En alianza con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la
Gobernación invertirá $1.400 millones en la construcción de un laboratorio
especializado, mejorando los procesos investigativos en Risaralda.
Por otro lado, se destinaron $400 millones para modernizar las instalaciones de
la Fiscalía y Migración Colombia, mientras se gestiona el terreno para un nuevo
búnker de la Fiscalía, clave para el trabajo judicial.
Convivencia y paz
El programa de Gestores de Convivencia ha capacitado a 85 líderes comunitarios
en mediación y resolución de conflictos, promoviendo valores como la tolerancia
y el respeto a los derechos humanos. Para 2025, se planea incluir a barras de
fútbol en estas actividades, fomentando la reconciliación a través del deporte.
Además, se integraron 30 gestores a la Secretaría de Gobierno para prevenir
delitos y promover la convivencia en las comunidades. Estos esfuerzos se
complementan con una inversión de $6.243 millones en 23 proyectos para
fortalecer la seguridad y convivencia en el departamento.
Infraestructura carcelaria
La construcción de la Cárcel La Concordia, en el sector de El Pílamo, avanza con
un 75% de ejecución en su primera etapa y una inversión de $132.000 millones.
Este centro penitenciario, con capacidad para 1.500 personas, modernizará el
sistema carcelario en Risaralda, reemplazando la antigua Cárcel de Varones La
40, que será transformada en un Centro de Arraigo Transitorio.
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Apoyo a las fuerzas militares
Con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), se asignaron $600
millones para mejorar la base militar Montezuma en Pueblo Rico, garantizando
condiciones óptimas para los soldados que custodian esta zona estratégica.
Seguridad regional y lucha contra el crimen
La Gobernación lideró un Consejo Regional de Seguridad, articulando estrategias
con Caldas, Quindío, Antioquia y Tolima. Este trabajo conjunto busca enfrentar
desafíos como el control fronterizo y la delincuencia organizada. Además, la
asignación de $250 millones en recompensas permitió capturas clave relacionadas
con feminicidios y homicidios.
Atención a víctimas y reconciliación
La administración de Patiño destinó $537 millones para la atención de 119.273
víctimas del conflicto armado, reafirmando su compromiso con la inclusión social
y la paz. Equipos profesionales trabajan en la implementación de la Política
Pública de Paz y en las medidas cautelares de la JEP, garantizando la reparación
y la no repetición.
Un balance positivo
El secretario de Gobierno, Israel Londoño, destacó que los primeros 11 meses de
gestión han sido positivos, con proyectos clave como la integración de nueve
municipios al sistema de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento del pie de
fuerza policial y la evacuación de invasiones a predios privados.
Con una visión integral que combina tecnología, infraestructura y programas
sociales, la administración actual de la gobernación está construyendo una
Risaralda más segura y equitativa, asegurando un impacto positivo para sus
habitantes y promoviendo un desarrollo sostenible en la región.
Indígenas levantan bloqueo en vía entre Risaralda
y Caldas tras acuerdos con autoridades
Las comunidades
indígenas de Quinchía, Guática, Filadelfia, Anserma, Belalcázar y San José
levantaron el jueves 28 de noviembre el bloqueo en el sector de Remolinos, en la
Troncal de Occidente. La decisión fue tomada tras una jornada de diálogo con el
Ministerio del Interior y autoridades municipales, en la que se lograron
acuerdos clave para atender las solicitudes de las comunidades.
La mesa de concertación contó con la participación de representantes del
Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Desarrollo
Social del departamento y funcionarios de personerías locales. También
estuvieron presentes los alcaldes de Anserma y Viterbo, quienes jugaron un papel
fundamental en las negociaciones.
Entre los compromisos pactados se destaca la realización de estudios
antropológicos y la agilización del registro oficial de las comunidades durante
2025. Adicionalmente, se trabajará con la Agencia Nacional de Tierras y la
Sociedad de Activos Especiales (SAE) para identificar y destinar predios que
beneficien a las comunidades en proceso de formalización.
Por su parte, las comunidades indígenas se comprometieron a cerrar los listados
actuales de integrantes, evitando la llegada de nuevos asentamientos. Este
acuerdo busca garantizar la estabilidad y autonomía de los pueblos indígenas
establecidos en la región.
El alcalde de Anserma, Ómar Andrés Reina, resaltó que el diálogo permitió
avanzar en las solicitudes pendientes, fortaleciendo la relación entre las
comunidades y las instituciones.
Con la instalación de la mesa de concertación, el bloqueo que afectaba la
movilidad en la zona fue levantado, y las partes continuarán trabajando en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos para proteger los derechos de las
comunidades indígenas y garantizar su bienestar.
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