Radican proyecto que busca
inclusión para personas con discapacidad

En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el
Senado llevó a cabo una audiencia pública que subrayó la importancia de
construir un sistema educativo inclusivo y accesible. Durante el evento, Tomás
Castillo Arenales, director general de AMICA, resaltó la relevancia de
garantizar la inclusión desde las primeras etapas de la vida.
Además en la jornada las senadoras Laura Fortich y Soledad Tamayo, radicaron un
proyecto de ley que impulsa la inclusión educativa para personas con
discapacidad. “Aunque hemos avanzado con iniciativas como la Ley de Reserva de
Cupos en el Sistema de Carrera Administrativa, necesitamos seguir trabajando
para que la educación sea el pilar que permita la igualdad de oportunidades”,
afirmó Fortich.
El Proyecto de Ley 333 de 2024, busca actualizar las políticas públicas de
inclusión educativa, fortalecer la accesibilidad y promover transformaciones
estructurales en el sistema educativo para garantizar una participación efectiva
de las personas con discapacidad.
“La inclusión educativa es más que un deber legal; es una apuesta por la equidad
y la justicia social”, planteó la senadora Tamayo.
Durante la audiencia también estuvieron las intervenciones del Instituto
Nacional para Sordos (INSOR), el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), y Henry
Mejía, líder de la comunidad sorda. Mejía hizo un llamado a la acción,
insistiendo en la necesidad de garantizar accesibilidad real en todos los
niveles educativos. “La inclusión sin accesibilidad no tiene significado”,
enfatizó, recordando el compromiso pendiente de implementar el Plan Nacional de
Accesibilidad según lo estipulado por la Ley Estatutaria 1618.
La audiencia concluyó con un llamado conjunto a trabajar por una educación que
valore la diversidad como una fortaleza y derribe las barreras que limitan el
acceso pleno de las personas con discapacidad a sus derechos.
Firman convenio para efectuar
proyecto energético en medio y bajo San Juan

El Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con la Agencia de Renovación
del Territorio (ART), firmó un convenio para estructurar e implementar proyectos
de comunidades energéticas.
Este esfuerzo se centra en la incorporación de Fuentes No Convencionales de
Energía Renovable (FNCER) y la electromovilidad fluvial, con el objetivo de
fortalecer las comunidades, promover economías populares y fomentar territorios
sostenibles en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET), como parte del acuerdo de paz.
Las comunidades que se beneficiarán son aquellas ubicadas en el medio y bajo San
Juan y Bajo Calima. A través de un convenio entre MinEnergía y ART, se
coordinarán esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para permitir que
estas comunidades autogeneren su propia energía mediante microcentrales
hidroeléctricas.
Esta energía será utilizada tanto para alimentar motores eléctricos en la
movilidad fluvial como para fortalecer proyectos productivos locales.
Los componentes del convenio incluyen
el desarrollo de Comunidades Energéticas, el fortalecimiento comunitario
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y el desarrollo productivo
sostenible. La intención es lograr una gestión integral del agua, promoviendo su
cuidado y conservación. Esto permitirá consolidar las estructuras sociales de
las comunidades, empoderándolas como actores activos en el desarrollo
territorial y en la implementación de soluciones que sean armónicas con el medio
ambiente, especialmente en los territorios PDET, contribuyendo así a la
construcción de paz en estas regiones.
Según la cartera, el convenio tiene un enfoque claro en garantizar los derechos
colectivos e individuales de los resguardos indígenas y consejos comunitarios
afrocolombianos. Se busca cerrar brechas de desigualdad y fomentar el desarrollo
productivo a través del acceso a servicios de energía eléctrica y movilidad
sostenible.
"Con la experiencia acumulada por la ART en la transformación de territorios
afectados por el conflicto y el compromiso del Ministerio de Minas y Energía
hacia una Transición Energética Justa, se espera mejorar las condiciones de vida
de los colombianos", manifestó el Ministerio de Energía.
Acción inmediata ante el
'caos en el sistema de salud' piden Exministros

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud de diferentes gobiernos como
de Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y otros, expresaron su
preocupación por la
situación actual del sistema de salud
en Colombia, calificando la crisis como una emergencia que requiere una acción
urgente.
A través de una carta, los exfuncionarios alertaron sobre la creciente
incertidumbre, desfinanciación y el deterioro en la atención a pacientes y
usuarios, lo que está generando una presión insostenible sobre el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Según los exfuncionarios, el proyecto de ley aprobado en primer debate en la
Comisión VII de la Cámara de Representantes mantiene "errores conceptuales" y no
aborda adecuadamente los problemas estructurales del sistema.
En su opinión, esta propuesta de reforma, que fue archivada por insuficiente en
el Senado de la República en abril, "carece de un aval fiscal del Ministerio de
Hacienda y no está debidamente costeada". Además, subrayan que el proceso
legislativo ha sido precipitado y no ha contado con un debate técnico que
permita una solución real a los desafíos que enfrenta el sector. "La precipitud
con la que se aprobó la iniciativa en la Comisión VII de Cámara hace perder
credibilidad en el proceso", afirman.
La carta también destaca que, a pesar
de una campaña publicitaria del Ministerio de Salud, la situación de salud
pública está empeorando. En los últimos 24 meses, enfermedades crónicas no
transmisibles como la hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad
renal crónica han aumentado más de un 30% anual, mientras que la incidencia de
VIH-Sida también ha registrado un incremento.
Esta alarmante situación se ve
reflejada en el aumento de quejas de los pacientes, que en el primer semestre de
2024 se tradujeron en un crecimiento del 22% en las Peticiones, Quejas, Reclamos
y Sugerencias (PQRS), así como un aumento del 43,5% en las tutelas interpuestas
por falta de acceso a medicamentos y servicios. "La tendencia al deterioro de
enfermedades en los últimos 24 meses muestra el aumento de casos superior al 30%
anual", puntualizan los exministros.
Además, el desabastecimiento de
medicamentos, la lentitud en los trámites y el déficit financiero de las
entidades
prestadoras de salud (EPS) han
profundizado la crisis, poniendo en riesgo la viabilidad del sistema. Según los
exministros, las EPS intervenidas por la Supersalud, como
la Nueva EPS, han mostrado peores resultados financieros que antes de las
intervenciones.
La situación es aún más grave para los
hospitales públicos, que se enfrentan a un creciente desfinanciamiento
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y a una oferta insuficiente de
servicios de salud. "La crisis actual del sector requiere acciones urgentes para
afrontar la coyuntura", destacan.
El déficit de la Unidad de Pago por Capita (UPC) también sigue sin solución, y
se estima que, al cierre de 2024, la deuda por presupuestos máximos podría
superar los cinco billones de pesos.
A todo esto, se suma la incertidumbre sobre el presupuesto del sector salud para
2025, ya que el gobierno nacional no ha definido un análisis técnico adecuado
para la asignación de recursos. "El presupuesto general de la Nación se expedirá
por decreto, por primera vez, y se desconoce el que le corresponderá al sector
salud en el año 2025", advierten.
Los exministros concluyen su carta haciendo un llamado urgente al Gobierno
Nacional para que atienda de manera inmediata los riesgos que enfrenta la salud
pública en Colombia, antes de continuar con el debate sobre la reforma
estructural al sistema. En su opinión, resolver la crisis actual es prioritario
para garantizar la salud de los colombianos. "Es responsabilidad del Gobierno
Nacional atender de inmediato los riesgos a los cuales se está sometiendo la
salud de los colombianos", afirman.
Obras del Metro de Bogotá:
trasladan redes en Av. Primero de Mayo

Las obras para la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá
avanzan con el traslado de redes de servicios públicos en el separador central y
en los andenes de la av. Primero de Mayo entre carreras 71f y 68g bis.
Durante la intervención, se mantendrá un carril habilitado en ambos sentidos al
lado del separador central, además para continuar con las obras, la Secretaría
Distrital de Movilidad (SDM) aprobó los siguientes desvíos:
Desvío hacia el oriente
El tráfico que se dirija al oriente sobre la av. Primero de Mayo podrá tomar la
calle 31 sur y seguir al oriente hasta la carrera 68I, donde podrán girar a la
izquierda y continuar su recorrido habitual por la av. Primero de Mayo.
Además, los vehículos que transiten
por la carrera 69b, y quieran tomar al oriente deberán girar a la derecha a la
altura de la calle 25 sur.
Desvío hacia el occidente
Los usuarios que van hacia el occidente por la av. Primero de Mayo deberán girar
a la derecha y tomar la carrera 69 hasta la calle 24 sur. En este punto girarán
a la izquierda para tomar la calle 8 sur, vía por la que podrán continuar al
occidente.
Además, quienes transiten por la carrera 68I podrán tomar la calle 35 sur hacia
el occidente.
Desvío hacia el sur
Los usuarios que se dirigen hacia el sur deberán tomar la calle 24 sur y girar a
la derecha a la altura de la carrera 68h.
Cabe destacar que, durante los cierres e intervención de los andenes del
corredor, se garantizarán senderos
peatonales debidamente señalizados.
Así mismo, algunas rutas del componente zonal SITP que transitan por el sector,
deberán tomar un desvío provisional, información que puede ser consultada en la
TransmiApp o ingresando a www.transmilenio.gov.co.
Finalmente, y ante cualquier inquietud sobre los trabajos en este punto, los
ciudadanos pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en la
calle 26 sur No. 68I-12/18, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a
5:00 p. m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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