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Postergan audiencia del exalcalde de Pereira
Carlos Maya hasta marzo de 2025
El proceso judicial que involucra al exalcalde de Pereira, Carlos Maya, y varios
de sus colaboradores, ha sido aplazado hasta marzo de 2025. La audiencia, que
estaba programada para este año, fue suspendida luego de que los abogados
defensores presentaran apelaciones ante la decisión de un juez de vincular a
cuatro empresas privadas como víctimas indirectas del caso.
La polémica surgió cuando el juez delegado solicitó que estas empresas, que
prestaron servicios al Consorcio Prosperidad Vial Cerritos durante la ejecución
de la Avenida Los Colibríes, fueran reconocidas como víctimas del proceso. Las
empresas alegan que el consorcio les adeuda alrededor de 700 millones de pesos
por los trabajos realizados. Este reclamo llevó a que tanto la Procuraduría como
los abogados defensores solicitaran que las compañías siguieran una vía distinta
a la ya iniciada en el juicio.
Tras la apelación, la audiencia quedó reprogramada para marzo del próximo año.
Esta nueva fecha ha generado incertidumbre sobre los plazos del proceso
judicial. Según el Código Penal Colombiano, el tiempo máximo para que los
acusados sean llevados a juicio es de 240 días hábiles. Si este plazo se excede,
los imputados podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. En el caso
de Carlos Maya y los demás procesados, los plazos podrían superarse en julio de
2025.
El exalcalde y sus compañeros de proceso enfrentan múltiples cargos, entre
ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal,
falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, abuso de
autoridad, y peculado por apropiación bajo circunstancias agravadas.
El aplazamiento de la audiencia ha puesto en duda la eficacia del sistema
judicial colombiano, especialmente en casos de alto perfil, generando
preocupaciones sobre los derechos de las víctimas y las garantías procesales de
los acusados.
Golpe a ‘La Inmaculada’: ocho presuntos
extorsionistas capturados en Tuluá
Un fuerte golpe a la organización criminal ‘La Inmaculada’ se dio el sábado 7 de
diciembre de 2024, cuando las autoridades lograron
capturar a ocho de sus integrantes, quienes formaban parte del componente
financiero del grupo. Este operativo, denominado “Aquiles”, es el resultado de
una investigación de ocho meses, y se desarrolló en varias ciudades del Valle
del Cauca, como Tuluá, Buga, Palmira y Bogotá.
Los detenidos fueron arrestados por orden judicial y enfrentan cargos por
extorsión agravada. Según el coronel Giovanni Cristancho Zambrano, comandante
del Departamento de Policía Valle, los arrestados se encargaban de recolectar el
dinero extorsionado a comerciantes de la galería de Tuluá, quienes eran
amenazados con armas de fuego y panfletos
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intimidatorios, donde los
delincuentes se hacían llamar parte de la temida organización ‘La Inmaculada’.
Las extorsiones variaban entre
100.000 y un millón de pesos mensuales, y los pagos se realizaban mediante
plataformas digitales como Nequi y Daviplata, además de empresas de giros.
Durante los operativos, las autoridades incautaron siete celulares de alta gama,
un arma de fuego con dos proveedores y munición.
El golpe a ‘La Inmaculada’ forma parte de una lucha constante de las autoridades
contra las organizaciones dedicadas a la extorsión, un delito que afecta
principalmente a los comerciantes. La Policía Nacional, a través de su campaña
“¡Yo no pago, Yo denuncio!”, sigue instando a la comunidad a no ceder ante las
amenazas y a denunciar cualquier caso de extorsión a la línea 165, disponible
las 24 horas del día.
Alias Pichi, el 'Pablo Escobar de
Santander', cae tras una intensa operación policial
La madrugada del 9 de diciembre, un grupo élite de la Policía Nacional, en
conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Óscar Camargo
Ríos, conocido como alias "Pichi", quien era considerado el "Pablo Escobar de
Santander". El operativo tuvo lugar en una zona rural de Copacabana, Antioquia,
y puso fin a meses de vigilancia y seguimiento que involucraron diversas
técnicas de inteligencia, incluyendo la interceptación de comunicaciones y
análisis de datos de bienes y redes sociales.
Pichi, de 38 años, se encontraba prófugo desde octubre, cuando se fugó de su
arresto domiciliario en el barrio El Poblado de Medellín. El escape se produjo
en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que ya había sido activado para
su recaptura. Desde su huida, las autoridades se embarcaron en una operación de
seguimiento meticuloso, que les permitió descubrir los movimientos del criminal
y los de sus cómplices.
El historial criminal de Camargo Ríos es extenso. Nacido en Bucaramanga, comenzó
su carrera en el crimen hace 20 años como “campanero”, un miembro de la cadena
de distribución de estupefacientes, y con el tiempo escaló en el mundo del
narcotráfico, convirtiéndose en un líder de alto perfil. De acuerdo con las
autoridades, su poder y organización en el narcotráfico de Santander lo
colocaban en la misma categoría que figuras como Pablo Escobar, al punto de ser
apodado el "Pablo Escobar de Santander". Se le imputan delitos de concierto para
delinquir, narcotráfico, porte de armas, y fuga de presos.
En su fuga, Pichi contó con una red de apoyo que lo protegió en diversos puntos
del país. Según la información obtenida por los investigadores, tras escapar de
su arresto domiciliario, se ocultó en Medellín, específicamente en el barrio
Villa Hermosa, donde fue acompañado por su escolta personal. Las autoridades
lograron identificar a tres personas clave en su protección: alias "Pacheco",
alias "Ariel" y alias "Sury", quienes no solo lo resguardaban, sino que también
se encargaban de su logística y manutención.
A través de interceptaciones
telefónicas y análisis de datos digitales, la Policía logró trazar los
movimientos de estos cómplices, lo que llevó a identificar tres inmuebles de
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interés. Uno de estos se encontraba en una zona exclusiva de Medellín, donde
Pichi y su red de colaboradores buscaban permanecer en el anonimato, utilizando
plataformas digitales para arrendar propiedades a corto plazo.
En este seguimiento, también se descubrió que los cómplices de Pichi no solo se
dedicaban a su seguridad, sino que varios de ellos tenían antecedentes en el
mundo de la seguridad privada. Por ejemplo, alias "Pacheco" era socio e
instructor en una empresa de formación de escoltas, mientras que alias "Ariel"
había trabajado previamente como escolta de esposas de narcotraficantes
conocidos.
El trabajo de inteligencia permitió que el 29 de octubre se interceptaran más de
60 líneas telefónicas, lo que fue crucial para localizar a Pichi en una finca en
la vereda El Noral, en Copacabana, Antioquia, donde se encontraba en compañía de
varias personas. La operación para su captura fue altamente planificada y
ejecutada de manera simultánea, logrando no solo arrestar a Pichi, sino también
a dos de sus escoltas, Jeison Roleywer Gonzales Saavedra y Luis Carlos Pacheco
Pantoja, quienes fueron detenidos por porte ilegal de armas.
En el lugar de la captura, las autoridades encontraron una pistola Five Seven de
calibre 9 mm, 4 proveedores, 99 cartuchos y una suma de dinero en efectivo
superior a los 6 millones de pesos, lo que confirma el nivel de organización y
recursos que manejaba alias Pichi. Además, la Policía incautó varios bienes
asociados con su red criminal, incluyendo propiedades en Medellín y Bucaramanga,
que se investigan para posibles procesos de extinción de dominio.
Alias Otoniel revela supuestos vínculos entre paramilitares y la Fuerza Aérea
colombiana
En su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Dairo
Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, exlíder del Clan del Golfo, expuso
detalles reveladores sobre los supuestos nexos entre los paramilitares y la
Fuerza Aérea Colombiana. Durante tres días de audiencias, que tuvieron lugar en
los Estados Unidos donde está recluido desde su extradición en 2022, Otoniel
aseguró que, durante la década de 2000, hubo apoyo aéreo por parte de las
fuerzas militares a los grupos paramilitares, especialmente en los Llanos
Orientales, donde se libraron intensos combates.
Según las declaraciones de Otoniel, el Bloque Centauros, comandado por Miguel
Arroyave, recibió apoyo logístico y aéreo para enfrentar a las Autodefensas
Campesinas del Casanare, lideradas por Martín Llanos. El exlíder del Clan del
Golfo aseguró que los enfrentamientos entre ambos bloques, que generaron más de
mil muertes, fueron marcados por la intervención de la Fuerza Aérea en favor de
los paramilitares, lo que permitió que el Bloque Centauros obtuviera la victoria
en la batalla decisiva en Villanueva, Casanare.
Otoniel detalló la magnitud de la violencia en estos combates, mencionando que
en un solo enfrentamiento, el Bloque Centauros sufrió 87 bajas y más de 100
heridos en tres días de combates. Estas declaraciones, de ser verificadas,
podrían abrir una nueva línea de investigación sobre la implicación de miembros
de la Fuerza Aérea en acciones que favorecieron a grupos paramilitares, lo que
reabre el debate sobre la relación entre estos actores y el conflicto armado en
Colombia.
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