Pereira, Colombia - Edición: 13.381-961

Fecha: Jueves 12-12-2024

  REGIONAL

El sistema penitenciario de Risaralda enfrenta una de sus peores crisis, con niveles de hacinamiento que superan el 50% en algunos de sus centros. Esta situación fue el eje central de la reciente reunión de la Comisión Departamental de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión, donde participaron autoridades locales, representantes de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Las cifras son contundentes: la cárcel de Pereira, diseñada para albergar a 649 personas, actualmente tiene 993 internos, lo que representa un hacinamiento del 53%. En Santa Rosa de Cabal, la situación también es crítica, con un 45% de sobrepoblación. Estos niveles no solo afectan la calidad de vida de los reclusos, sino también dificultan la implementación de programas de rehabilitación.

Sin embargo, en el centro de reclusión de mujeres en La Badea, la situación es diferente. Con una capacidad para 305 internas, actualmente alberga a 216, mostrando un panorama menos preocupante. Este contraste destaca las desigualdades dentro del sistema carcelario regional.

Durante la reunión, se resaltó la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que garanticen mejores condiciones en infraestructura, seguridad y programas de resocialización. La gobernadora encargada, Sandra Henao, subrayó el compromiso del gobierno departamental para abordar esta problemática de manera integral. “Debemos garantizar que las personas privadas de libertad cuenten con condiciones dignas y acceso a programas que favorezcan su reintegración a la sociedad”, afirmó.

Las autoridades también destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional, los municipios y entidades como el Ministerio de Justicia. Propuestas como convenios interadministrativos y la ampliación de la infraestructura penitenciaria están sobre la mesa, pero su implementación requiere de un compromiso conjunto y sostenido.

El Comité de Seguimiento Carcelario enfatizó la urgencia de avanzar en soluciones a largo plazo que no solo resuelvan el hacinamiento, sino que también mejoren la convivencia en los centros penitenciarios. Este esfuerzo también busca garantizar los derechos humanos tanto de los reclusos como del personal penitenciario, quienes también enfrentan las consecuencias de esta crisis.

En un departamento donde la conexión entre justicia y derechos humanos es fundamental, la crisis carcelaria no puede ser ignorada. Las medidas adoptadas en las próximas semanas serán decisivas para enfrentar este desafío y transformar un sistema que, hoy por hoy, lucha por cumplir con su función de rehabilitación y reintegración.

la más alta. Es la mejor y más alta calificación en grados de inversión”, destaca el documento enviado por la firma calificadora a la Gobernación de Risaralda.

Factores clave para la calificación

Dora Patricia Ospina Parra, secretaria de Hacienda de Risaralda, explicó que dos elementos han sido cruciales para mantener este reconocimiento. Primero, el cumplimiento puntual de los pagos relacionados con la deuda del departamento. Segundo, los estados contables y financieros reflejan balances sanos y viables, garantizando una estabilidad financiera sostenible.

La calificadora también valoró la austeridad en el gasto y el cumplimiento de las metas de recaudo. En este sentido, las estrategias implementadas para fortalecer las rentas propias, como el control al contrabando y el incremento de recaudos tributarios, han sido fundamentales. Un ejemplo de ello es el desempeño de las rentas provenientes de impuestos vehiculares, que han registrado un crecimiento promedio del 12,45% en los últimos cinco años.

La capacidad del departamento para diversificar sus ingresos ha permitido reducir la dependencia de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que representan un 20,38% del total recaudado en 2023. Esto refuerza la autonomía fiscal y mejora la sostenibilidad financiera.

Impacto positivo para el desarrollo

Esta calificación tiene implicaciones significativas para el desarrollo de Risaralda. Según explicó la secretaria de Hacienda, el reconocimiento de la calificadora abre las puertas a nuevas oportunidades de crédito. En concreto, permite acceder a 70.000 millones de pesos necesarios para proyectos estratégicos que se ejecutarán durante los próximos tres años.

Buena parte de estos recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura del departamento. Alrededor de 34.000 millones de pesos serán invertidos en la renovación del parque automotor de maquinaria amarilla, clave para atender emergencias y mejorar la malla vial. Además, la Secretaría de Educación recibirá fondos para mejorar el acceso y la calidad educativa, incluyendo el fortalecimiento de 18 megacolegios.

Otros sectores también se beneficiarán. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario adquirirá maquinaria y equipos para apoyar proyectos productivos, especialmente en comunidades priorizadas. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico destinará recursos al fortalecimiento de la oferta turística, mientras que la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura invertirá en implementación deportiva para preparar a los atletas de cara a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales.

Fortalezas identificadas

El informe de Value and Risk Rating destaca varios puntos que explican el rendimiento positivo de Risaralda:

-Sólido desempeño presupuestal: Altos niveles de ejecución de ingresos propios y gastos responsables.

-Cumplimiento del Plan de Desarrollo: Avances significativos en metas clave.

-Fortalecimiento tributario: Políticas efectivas de fiscalización y control.

-Proyectos estratégicos de impacto regional: Como el Hospital de Alta Complejidad.

-Diversificación económica: Sectores como el agro, turismo y comercio dinamizan la economía.

-Programas inclusivos: Iniciativas educativas y de capacitación para jóvenes y poblaciones rurales.

La ratificación de la calificación Triple AAA coloca a Risaralda como un modelo de gestión financiera en Colombia. Con una visión clara y una administración eficiente, el departamento está en una posición privilegiada para continuar creciendo y enfrentando los desafíos del futuro.

En última instancia, esta calificación no solo representa un aval financiero, sino también una muestra de confianza en las capacidades de Risaralda para seguir construyendo un territorio próspero y sostenible para sus habitantes.

Tras varios años de vivir en situación de vulnerabilidad en Bogotá, el día de hoy, jueves 12 de diciembre, 37 familias Emberá Chamí iniciarán su retorno al Resguardo

Unificado Chamí, ubicado en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda. Este proceso, que beneficia a 111 personas, marca un paso significativo en el restablecimiento de sus derechos y la recuperación de su vida en los territorios ancestrales.

El retorno, liderado por la Unidad para las Víctimas en colaboración con autoridades locales y nacionales, se realiza bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Lilia Solano, directora de la entidad, subrayó la importancia de este avance tras años de postergación. “Hemos trabajado intensamente para garantizar que las familias regresen en condiciones dignas, consolidando la sostenibilidad en sus territorios”, aseguró.

Las familias partirán desde el albergue El Buen Samaritano, lugar que se convirtió en su refugio temporal tras el desplazamiento forzado. Para facilitar el regreso, se dispuso de un despliegue logístico que incluye tres buses con equipos de apoyo conformados por representantes de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá. Además, durante el trayecto se garantizará la seguridad con el respaldo del Ministerio de Defensa.

Un acompañamiento integral

Para hacer del retorno un proceso sostenible, la Unidad proporcionará kits de alimentación y lonas para empaquetar pertenencias, además de coordinar la entrega de giros de sostenibilidad en los próximos días. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contribuirá con Bienestarina para complementar la ayuda humanitaria.

El compromiso con estas comunidades no termina con su llegada. Se han dispuesto transportes mulares y vehículos 4x4 para trasladar a las familias hasta las zonas más apartadas del resguardo, asegurándoles un retorno seguro y efectivo.

Un panorama esperanzador

Este retorno no solo representa un cambio físico, sino también una oportunidad para reconstruir sus vidas en sus tierras natales. Para las más de 200 personas que habitaron El Buen Samaritano, donde un 57% son niñas, niños y adolescentes, este proceso es un primer paso hacia la recuperación de sus tradiciones y bienestar.

Mientras estas 37 familias regresan, otras 39 han iniciado un proceso de integración en Bogotá. Este enfoque dual refleja el compromiso del Estado por atender las necesidades de la población desplazada, ya sea en sus territorios o en la capital.

Con acciones como estas, se avanza en la reparación integral de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto, reafirmando el compromiso con su dignidad y derechos. El retorno a Risaralda es, para estas familias, un nuevo comienzo lleno de esperanza.

Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la Terminal de Transporte de Pereira, destacó el impacto que esta situación tiene sobre los viajeros, quienes se enfrentan a largas demoras y limitaciones en el servicio. Las empresas de transporte han restringido sus operaciones por seguridad, complicando aún más la movilidad en esta ruta estratégica.

Además de los problemas causados por la naturaleza, la región enfrenta desafíos de orden público que agravan la situación. Entre 2022 y 2023, se reportaron al menos 32 incidentes que bloquearon esta conexión, muchos de ellos asociados a paros armados y ataques a vehículos.

Las comunidades locales han pedido atención urgente para mitigar los efectos de estos cierres y garantizar el tránsito seguro. Las pérdidas económicas acumuladas en los últimos años son millonarias, afectando tanto a transportadores como a comerciantes que dependen de esta vía.

Esta problemática evidencia la necesidad de soluciones integrales que prioricen la rehabilitación de la infraestructura vial y la seguridad en una región clave para la conexión entre ambos departamentos.