Tragedia en Gran Estación: Las claves legales tras
la muerte de una niña ecuatoriana

La reciente tragedia ocurrida en el centro comercial Gran Estación de Bogotá,
donde una niña ecuatoriana de 5 años perdió la vida al ser impactada por un
ventanal de al menos tres metros de altura, ha generado conmoción y
cuestionamientos sobre las responsabilidades legales involucradas. Este
desafortunado hecho ha abierto un debate sobre la seguridad en los espacios
públicos y las posibles consecuencias legales para las partes implicadas.
Jimmy Jiménez, abogado y socio fundador del bufete Integrity Legal, ha analizado
el caso bajo el marco del artículo 2341 del Código Civil colombiano, que
establece la responsabilidad civil extracontractual. Según el jurista, es
necesario determinar quién tenía el control sobre el vidrio que se desplomó. “Es
fundamental identificar si el ventanal era parte de la estructura del centro
comercial o si recaía en el local comercial Gef. Esta distinción será clave para
establecer las responsabilidades”, afirmó Jiménez.
Tipos de responsabilidades implicadas
En caso de que las investigaciones determinen que el centro comercial es
responsable, Jiménez explica que podría configurarse una responsabilidad de dos
tipos principales:
1. Responsabilidad por Mantenimiento y Seguridad: El centro comercial tiene el
deber de garantizar que las áreas comunes cumplan con los estándares de
seguridad. Si se demuestra que el ventanal era parte de la estructura general y
que no se realizaron las inspecciones o mantenimientos necesarios, podría
considerarse una negligencia grave.
2. Responsabilidad Solidaria: En ciertas situaciones, los centros comerciales
pueden compartir responsabilidad con los establecimientos que operan dentro de
sus instalaciones. Esto ocurre si se evidencia que hubo fallas en la supervisión
o control de las condiciones de seguridad de los locales.
Por otro lado, si el ventanal pertenece exclusivamente al local comercial Gef,
la responsabilidad sería directa y podría derivarse de una negligencia en el
mantenimiento o cuidado de las instalaciones. En este caso, la conducta de la
administración podría incluso configurar una culpa patronal, afectando
directamente a los directivos del establecimiento.
Sanciones posibles
Aunque las investigaciones aún están en curso, Jiménez detalla que las sanciones
podrían incluir:
-Sanciones Civiles: Indemnizaciones a la familia de la víctima por daños
morales, materiales y lucro cesante. Estas compensaciones buscan mitigar el
sufrimiento y los gastos ocasionados por la pérdida.
-Sanciones Penales: En caso de probarse una negligencia grave, los responsables
podrían enfrentar cargos penales que impliquen penas de prisión u otras medidas.
-Medidas Administrativas: Las autoridades podrían imponer multas, suspender
licencias de operación o exigir mejoras en las prácticas de seguridad.
Impacto en la familia de la víctima
La familia de la niña ecuatoriana enfrenta un dolor irreparable. Las
reparaciones civiles podrían incluir compensaciones por daños morales, los
gastos funerarios y el lucro cesante, que corresponde a los ingresos futuros que
la menor podría haber generado de haber continuado con vida. Estas medidas
buscan brindar algo de justicia a los afectados.
Un caso complejo y único
El abogado Jiménez enfatiza que cada caso es particular y depende de las pruebas
disponibles. “Los jueces analizarán la extensión del daño, la relación causal y
el grado de negligencia de las partes. Aún no se han encontrado pruebas
concluyentes para determinar al responsable”, concluyó.
Este lamentable suceso pone en el centro del debate la necesidad de reforzar las
medidas de seguridad en los espacios comerciales para prevenir tragedias
similares. Mientras tanto, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y
brindar justicia a la familia de la menor.
Alertan sobre daño estructural en al
menos tres carrotanques de UNGRD
La Procuraduría General de la Nación realizó la primera semana de diciembre una
visita de verificación en territorio para comprobar el
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estado actual de los 80 vehículos tipo carrotanque
parqueados en dos municipios del departamento, que fueron trasladados para
puesta a punto a Santa Marta, adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo (UNGRD).
En la visita de inspección al Batallón de Ingenieros de Construcciones No. 51 en
Maicao y al Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, ubicado en el
distrito de Riohacha, donde se encontraban los vehículos, el ente de control
evidenció abolladuras en la parte trasera del tanque de agua, como mínimo en
tres carrotanques.
En el informe de la visita, se recomendó a la UNGRD “revisar que estos tanques
sean funcionales, tanto por su estabilidad, como por posible riesgo sobre el
agua potable a transportar”. Entre las alertas de la Procuraduría, están golpes
en la defensa trasera que, aunque no afectan la estructura del vehículo, “sí
pueden ser un foco de deterioro”.
Adicionalmente, se encontró que presentan daños en los costados en donde están
instaladas las motobombas, “lo que representa un riesgo para quien manipule la
este elemento durante su operación regular”.
También se destacó que un carrotanque carecía de llanta de repuesto, lo que
representa un riesgo en seguridad vial, y un incumplimiento al artículo 30 del
Código Nacional de Tránsito. “Por lo que, en línea con lo anterior, se debe
revisar que todos los vehículos cuenten con su equipo mínimo de carretera, y que
los extintores no estén vencidos”.
Además, se evidenció que un carrotanque carecía de motobomba, por lo que de
acuerdo con el Ministerio Público sólo se observó los orificios donde estaba
instalada, con rayones y rastros de oxidación.
Otros hallazgos
Encontró la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial que, especialmente
en Uribia, “la arenisca y el polvo, probablemente con partículas salitrosas,
están generando deterioro en los equipos. En general, las motobombas presentan
oxidación”.
Asimismo, se evidenció acumulación de arena y polvo en los chasíses, producto de
su inmovilidad de meses. “Aunque visualmente no es perceptible un daño
estructural a nivel de chasís, sí se sugiere una revisión y mantenimiento para
garantizar la vida útil de estos vehículos de trabajo pesado”.

Otro punto por destacar de esta diligencia es que se logró establecer que la
UNGRD se encuentra en comunicación con los posibles beneficiarios de la
reasignación de los vehículos una vez se pongan a punto en el taller del
distribuidor en la ciudad de Santa Marta a donde fueron trasladados. La puesta a
punto, según explicó la UNGRD, se realiza con el fin de evitar mayores
perjuicios a las comunidades y detrimento patrimonial para el Estado.
Luz verde al proyecto para regular plataformas de
transporte digitales

Tras su presentación en el primer debate de la Comisión Sexta del Senado, la
propuesta para regular las plataformas digitales de transporte pasó a segundo
debate, tras la conciliación entre la bancada ponente, el Gobierno y las
asociaciones gremiales que hicieron parte de la discusión.
La propuesta presentada por el senador Julio Elías Vidal cuenta con 18 artículos
en el que propone una coexistencia de los sistemas de transporte en vehículos
particulares a través de plataformas como DIDI, Uber o Cabify, junto con el
transporte tradicional, especialmente con el gremio taxista. En su ponencia,
Vidal fue enfático en la importancia del proyecto y su avance en los debates,
pues tras 19 intentos en legislaciones y gobiernos previos, esta medida nunca
había podido avanzar, lo que sigue generando conflictos entre los diferentes
sectores.
Dentro de las principales medidas de esta norma se encuentra la creación del
Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (RUNSMI) como
parte del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y que sería regido por el
Ministerio de Transporte para agrupar las plataformas de intermediación, los
conductores, vehículos usados para la prestación del servicio y sus
propietarios.
Además, la propuesta también pide documentar a sus conductores, incluyendo
antecedentes judiciales y una actualización de los datos cada seis meses.
También se pediría “la asociación con una compañía de
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seguros autorizada para operar en Colombia, pólizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual que amparen los riesgos inherentes a la
actividad de intermediación y prestación del servicio de movilidad. Estas
pólizas deberán tener cobertura respecto a usuarios, conductores y terceros,
quienes tendrán la calidad de beneficiarios de las mismas”.
Aunque la
medida no fue del todo acogida por algunos congresistas y por parte del gremio
taxista representado por Hugo Ospina, uno de los acuerdos a los que llegó la
Comisión fue la creación de mesas técnicas para la participación de todos los
actores involucrados en la búsqueda de ajustes para el robustecimiento de esta
norma antes de su ponencia en segundo debate.
Finalmente, aunque se pidió el aplazamiento de la sesión, el proyecto pasó con
ocho votos a favor y solamente dos en contra. Tras los ajustes, este proyecto
debe ser sometido a tres debates más en Comisión Sexta de Senado y
posteriormente pasará a Plenaria para determinar si será constituida como ley o
no.
El Galeón San José: Una misión
arqueológica que redefine el patrimonio cultural de Colombia

El Gobierno colombiano presentó avances significativos en el proyecto "Hacia el
corazón del galeón San José", una iniciativa que busca investigar y proteger uno
de los hallazgos arqueológicos más importantes en la historia del país. Con una
inversión de 18 mil millones de pesos en 2024, el proyecto marca un hito en la
conservación del patrimonio cultural sumergido.
Un Área Arqueológica Protegida
Entre los logros destacados de este año se encuentra la declaración de la zona
del hallazgo como ‘Área Arqueológica Protegida’. Esta medida garantiza la
preservación del galeón San José, limitando cualquier actividad que pudiera
comprometer su integridad. Según Alhena Caicedo, directora del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el área de estudio confirmada
abarca 461.000 metros cuadrados, equivalente a 40 canchas de fútbol profesional,
donde los elementos del galeón permanecen intactos bajo las condiciones del
fondo marino.
“Estamos ante un patrimonio compartido por diversas naciones. Este proyecto nos
permite entender mejor nuestra historia, abriendo las puertas para que otros
países se unan a la investigación y preservación”, destacó Caicedo desde el
Museo Naval de Cartagena.
Inversiones y avances en la investigación
En 2024, los 18 mil millones de pesos invertidos permitieron la clasificación y
estudio de 1.138 objetos encontrados en el lecho marino. Estos incluyen
elementos que revelan nuevas pistas sobre el hundimiento del galeón, que, según
una nueva hipótesis, no se debió a una explosión durante la batalla de Barú,
sino a circunstancias diferentes descubiertas mediante la revisión de 250
expedientes históricos de archivos en Colombia, España, Perú y Reino Unido.
Caicedo también destacó que, para 2025, se proyecta una inversión similar,
aunque estará sujeta a las conclusiones de los equipos interdisciplinarios que
desarrollan metodologías avanzadas para la conservación de los restos. La
Dirección Marítima y la Armada Nacional han aportado tecnología de vanguardia
para el éxito del proyecto.
Proyecciones culturales y tecnológicas
El galeón San José no solo es un tesoro arqueológico, sino también un eje de
apropiación cultural. Durante diciembre de 2024 y enero de 2025, Cartagena
albergará una exposición que incluirá talleres y foros para la comunidad,
complementados con proyecciones multimedia en las murallas de la ciudad.
Según el ministro de las Culturas, Juan David Correa, “El galeón San José
representa la historia de los colombianos y es un legado que debemos proteger”.
Este esfuerzo posiciona a Colombia como un líder regional en la investigación
del patrimonio cultural sumergido en aguas profundas.
Hacia el futuro
Con un enfoque multidisciplinario que incluye arqueología, oceanografía y
robótica, el proyecto tiene un horizonte a largo plazo. Los resultados de las
expediciones serán presentados en el primer trimestre de 2025, fortaleciendo la
narrativa histórica del país desde el fondo marino.
“El galeón San José está perfectamente conservado y es una pieza clave para
contar una nueva historia de Colombia”, concluyó Caicedo. Este proyecto marca un
antes y un después en la protección del patrimonio sumergido, consolidando un
modelo de investigación integral y sostenible que inspira a futuras
generaciones.
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