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Bogotá enfrenta preocupante incremento de “guerras
de pólvora” en diciembre
Cada diciembre, pese a los constantes llamados de las autoridades sobre los
riesgos del uso de pólvora, Bogotá revive una peligrosa tradición que amenaza la
seguridad de sus habitantes: las denominadas “guerras de pólvora”. Este
fenómeno, protagonizado por grupos de jóvenes que enfrentan entre sí lanzando
voladores, está causando estragos en distintos barrios de la ciudad.
En sectores como La Perseverancia, Kennedy Central y algunas áreas de Bosa y
Suba, la escena se repite cada noche del último mes del año. Jóvenes armados con
tubos plásticos improvisados lanzan voladores en dirección horizontal hacia
otros, simulando batallas que parecen sacadas de un enfrentamiento real. Durante
minutos que parecen eternos, los proyectiles cruzan el aire a gran velocidad,
dejando a su paso quemaduras, ventanas rotas y el miedo constante de los
vecinos.
Una práctica fuera de control
El riesgo no se limita solo a los participantes. Las detonaciones, además de
causar lesiones graves, generan temor entre quienes viven cerca de estas “zonas
de batalla”. Según testimonios de los residentes, el ruido ensordecedor afecta a
enfermos, niños pequeños y mascotas. También existe el peligro de incendios,
especialmente por el uso de pólvora de fabricación casera que no cumple con
ninguna regulación.
Un vecino de La Perseverancia expresó su preocupación: “Esto lleva más de 30
años sucediendo. Muchos residentes prefieren irse de sus casas los días más
críticos, como el 7 de diciembre, porque es imposible dormir. El año pasado, una
vecina resultó herida cuando un volador le pasó por el cuello”.
Cifras alarmantes y respuesta institucional
La Secretaría de Salud de Bogotá informó que hasta el 17 de diciembre se han
registrado 67 quemados por pólvora, un incremento del 42% en comparación con el
año pasado. De ellos, 25 son menores de edad, lo que resalta la gravedad de la
situación. La manipulación de voladores es la causa principal de estas lesiones,
lo que demuestra la directa relación entre estas “guerras” y el aumento de
víctimas.
Ante este panorama, las autoridades han intensificado los operativos de
incautación de pólvora en la ciudad. Según cifras oficiales, hasta el 15 de
diciembre se han decomisado más de dos toneladas de material pirotécnico, la
mayor cantidad registrada en la historia de Bogotá. Estos operativos, que suman
más de 540 intervenciones, han resultado en 126 cierres de establecimientos y 83
comparendos.
“El llamado a las familias es claro: no compren pólvora. Existen muchas formas
de celebrar sin poner en riesgo la vida de sus hijos ni la tranquilidad de los
vecinos”, afirmó Gerson Bermont, secretario de Salud. A pesar de los esfuerzos,
el mercado ilegal sigue siendo un problema, con pólvora fabricada con fósforo
blanco, una sustancia prohibida y extremadamente peligrosa.
Un problema de cultura y regulación
La ley 2224 de 2022 regula el uso de pirotecnia en Colombia, permitiéndola solo
en manos de expertos certificados. Sin embargo, el incumplimiento es evidente en
las calles de Bogotá, donde cualquier persona puede adquirir pólvora sin
control. Esto refleja no solo un problema de seguridad, sino también un desafío
cultural que persiste año tras año.
Para las autoridades distritales, la solución requiere un enfoque conjunto entre
operativos, educación ciudadana y denuncias. “Con el inicio de las novenas,
vamos a redoblar los esfuerzos en las zonas de alta incidencia, pero necesitamos
que la ciudadanía reporte estas prácticas. Es un problema de todos”, afirmó
Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá.
Un llamado urgente
La situación exige medidas contundentes y la colaboración activa de todos los
bogotanos. Mientras las cifras de quemados siguen en aumento, queda claro que la
celebración irresponsable con pólvora no solo afecta a quienes la manipulan,
sino a toda una comunidad. Es momento de repensar las tradiciones para
garantizar una Navidad segura y libre de tragedias.
Colombia registra el nivel más bajo de
nacimientos en una década
Este jueves fue revelado el informe del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), sobre las tendencias de nacimientos y fallecimientos de
2023, señalando que se alcanzó el valor más bajo de la última década, con
515.549, 153.588 menos que en 2014.
La caída anual es generalizada por
regiones; sin embargo, los departamentos con una menor cantidad de nacimientos
son Guainía con 40,7%, Vaupés con 20%, Amazonas 17,8%, Vichada 16,5% y César
15,6%.
Acorde con el mes de ocurrencia, marzo se consolidó por segundo año consecutivo
como el mes con mayor número de nacimientos, alcanzando en 2023 un total de
45.529 nacidos vivos. Por su parte, septiembre ocupa el segundo lugar como uno
de los meses con más nacimientos, tanto en 2023 como en lo corrido de 2024pr,
precedido por agosto en este último periodo. Sin embargo, en 2024pr ningún mes
ha superado los 40.000 nacimientos, siendo junio el mes con la cifra más baja de
la serie 2019-2024pr, con 34.705 nacidos vivos.
En lo que concierne a las tasas específicas de fecundidad (TEFE) en 2023
registraron un descenso generalizado en todos los grupos de edad quinquenal, las
mujeres de 20 a 24 años presentaron la TEFE más alta, con 65,0 nacimientos por
cada 1.000 mujeres, lo que representa una disminución de 8
puntos respecto a 2022 y de 32,5 puntos en comparación con 2014.
Entre los grupos de edad de 15 a 44
años las reducciones fueron más pronunciadas en los segmentos más jóvenes; el
descenso más significativo se observó en las adolescentes de 15 a 19 años, con
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una reducción del 43,0%, al pasar de 69,6 nacimientos por
cada 1.000 mujeres de este grupo de edad en 2014 a 39,7 en 2023.
Por su parte, la tasa global de fecundidad (TGF) registra la caída anual más
alta de la última década, con una reducción del -10,5% respecto a 2022 y del
-30,3% frente a 2014, alcanzando un mínimo histórico de 1,2 hijos promedio por
mujer en 2023, muy por debajo de los niveles de reemplazo. La TGF en áreas
rurales (centros poblados y rural disperso) del país es 0,3 hijos promedio más
alta que en las zonas urbanas (cabecera municipal).
Bajo peso al nacer en Colombia
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bajo peso al nacer
se define como un peso por debajo de los 2.500 gramos al nacer, incluye tanto a
recién nacidos prematuros como a aquellos a término considerados pequeños para
su edad gestacional. El porcentaje de bajo peso al nacer en Colombia alcanzó un
máximo histórico del 11,3% en lo que va de 2024pr, reflejando un incremento
sostenido durante la última década.
JEP absuelve a 36 militares por ‘falsos positivos’
en Norte de Santander
La situación jurídica de 36 integrantes del Ejército Nacional, que no fueron
seleccionados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas
en Norte de Santander, ha quedado resuelta por la JEP. Así lo anuncia la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas a través de dos resoluciones que conceden
los primeros beneficios definitivos de la renuncia a la persecución penal, tras
corroborar que, ante esta Jurisdicción, los comparecientes aportaron verdad
plena, exhaustiva y detallada, además contribuyeron a garantizar los derechos de
las víctimas a la restauración y la no repetición.
Se trata de 21 exintegrantes de la Brigada Móvil N.° 15 y 15 del Batallón de
Infantería N.° 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de la II
División del Ejército Nacional. Estos comparecientes de la fuerza pública
enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos ocurridos entre 2006 y
2008, relacionados con homicidios en persona protegida, homicidios agravados en
algunos casos, y desaparición forzada.
Estos crímenes forman parte del patrón macrocriminal de muertes ilegítimamente
presentadas como bajas en combate, documentado por la JEP en la región, cuando
imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 máximos responsables, quienes
reconocieron su responsabilidad por estos mismos hechos en audiencia pública y
actualmente se encuentran en etapa de juicio ante el Tribunal Especial para la
Paz, que impondrá las sanciones correspondientes.
En sus decisiones, la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo,
conformada por los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García, informó que,
durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes de la fuerza pública
reconocieron su participación en la planeación, ejecución y/o encubrimiento de
seis hechos en los que ocho civiles fueron asesinados y, en algunos casos,
desaparecidos en los municipios de San Calixto, Hacarí, Ocaña y Bucarasica.
Además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los
crímenes. Estos aportes de verdad plena ante la JEP permitieron reconstruir lo
ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la
jurisdicción ordinaria, que en la mayoría de los casos no superaron la etapa de
la investigación.
La magistratura encontró evidencia suficiente para concluir que, en los casos de
los 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, además de dos sargentos
viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente, se puede
conceder el beneficio de la renuncia a la persecución penal. Este mecanismo,
implica la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como la
eliminación de los antecedentes penales, conforme a las normas vigentes de la
Constitución y lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz de 2016. Aplicar este
beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en
relación con graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en
sociedad.
En lugar de una pena de prisión, a los comparecientes se les exige el
cumplimiento de: 1) Aportes exhaustivos y detallados de la verdad. 2) Medidas de
reparación, especialmente dirigidas a la dignificación de las víctimas, su
memoria, buen nombre, la reparación simbólica y el perdón público; y 3)
Garantías de no repetición. Esto no excluye que varios comparecientes hayan
cumplido años de privación de libertad mientras avanzan sus procesos por estos
mismos hechos.
Precisamente, para lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las
víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la
seguridad jurídica de quienes participaron en él y contribuir a la convivencia y
la reconciliación, los comparecientes participaron en siete Audiencia de
Seguimiento a Régimen de Condicionalidad, en las que respondieron las demandas
de verdad y reconocimiento que les hicieron los familiares de las víctimas.
Como parte del proceso judicial, se
realizaron dos audiencias territoriales en el municipio de San Calixto y Cúcuta,
centradas en medidas de satisfacción de verdad y en el restablecimiento de la
dignificación y memoria de las víctimas. En el caso del BISAN, los 15
comparecientes llevaron a cabo acciones restaurativas y simbólicas para
dignificar la memoria de Julián Oviedo Monroy, un joven de Soacha engañado y
presentado como supuesta baja en combate en Ocaña, Norte de Santander, en 2008.
Estos 36 comparecientes, además, tienen en común que: a) se encuentran
vinculados a un único hecho delictivo en investigaciones y procesos ante la
Justicia Ordinaria, por el cual han reconocido su responsabilidad ante la JEP.
b) En el marco de los procesos desarrollados en la justicia ordinaria, no se
rompió la presunción de inocencia de los comparecientes, salvo un caso, en el
que existe una condena mediante sentencia ejecutoriada y el soldado se encuentra
privado de la libertad. En ese caso, con estas decisiones, se le concedió el
traslado a unidad militar.
En cuanto a los demás, quedaron en
etapa indagación y juzgamiento, algunos, incluso, se acogieron a su derecho a
guardar silencio, pero luego decidieron hablar en la JEP. c) Si bien
contribuyeron directamente a la ejecución de graves crímenes de guerra, no
tienen la mayor responsabilidad en el patrón macrocriminal de ejecuciones
extrajudiciales, ya que solo están implicados en pocos casos cometidos dentro de
las unidades militares
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mencionadas y no en otras. Por ello, se resolvió de manera
integral su situación jurídica.
La magistratura solicita a la justicia ordinaria materializar los efectos de la
extinción de la responsabilidad y la sanción penal, y adoptar las medidas
necesarias para eliminar los antecedentes penales, conforme a la legislación
vigente, evitando la iniciación de nuevos procesos por las conductas resueltas.
Asimismo, la subsala advirtió a los comparecientes que el beneficio de la
renuncia a la persecución penal está condicionado al cumplimiento continuo del
régimen de condicionalidad estricto. Esto podría incluir en particular,
Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador – Reparador por parte de
los dos comparecientes con mayor responsabilidad dentro de los partícipes no
determinantes en los crímenes. En caso de que alguno de los comparecientes
incumpla este régimen —ya sea cometiendo nuevos delitos, no atendiendo
requerimientos de la Jurisdicción o no llevando a cabo contribuciones a la
restauración— el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la
jurisdicción ordinaria para continuar con el proceso correspondiente.
El mes pasado, la Sala de Definiciones concedió el primer beneficio de renuncia
a la persecución penal a un soldado regular retirado, por cumplir con los
compromisos que exige el régimen de condicionalidad de esta Jurisdicción de
aportar a la verdad plena y participar en acciones restaurativas en favor de los
derechos de las víctimas del conflicto armado. El compareciente que obtuvo este
beneficio había sido condenado en la justicia ordinaria por hurto calificado y
agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de
las fuerzas armadas, las cuales eran vendidas a las AUC.
Estas decisiones que avanzan en el marco de la Ruta No Sancionatoria de la JEP
permiten saldar las cuentas de verdad y reparación con las víctimas y con la
justicia. Actualmente, hay en estudio dos ponencias con las que se espera
resolver si procede la renuncia a la persecución penal u otros tratamientos
penales diferenciados para agentes del Estado, entre ellos 13 comparecientes
vinculados a unidades militares en Meta y ocho en Santander para un total de 58
comparecientes que tendrían su situación jurídica resuelta antes de finalizar el
año.
Importación de gas causará alza en
tarifas advierte Naturgas
En rueda de prensa, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señaló que debido
a la importación para satisfacer la demanda interna de gas, las tarifas podrían
presentar aumentos proporcionales a las compras realizadas en el exterior.
Destacó que Colombia perdió la autosuficiencia para abastecer la demanda
esencial de gas en hogares, vehículos e industrias. Por ello, es necesario crear
incentivos que impulsen la exploración de hidrocarburos y revertir la caída en
exploraciones ocasionada por las políticas públicas actuales.
“La autosuficiencia se ha perdido, y eso afecta directamente a hogares,
transporte e industrias. Mientras no existan incentivos adecuados ni confianza
inversionista, la exploración continuará en declive”, afirmó Murgas.
La presidenta de Naturgas hizo un llamado a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) para que agilice los procesos regulatorios que permitan importar
gas a largo plazo con mejores condiciones económicas. Esto podría reducir los
costos de comercialización en los mercados internacionales y proteger a los
consumidores de incrementos desproporcionados en las tarifas.
“Es necesario establecer mecanismos regulatorios para que la importación sea
sostenible y menos costosa. De lo contrario, el impacto en las tarifas será
proporcional a las compras en el exterior”, destacó Murgas.
Impacto en las tarifas
Desde el pasado 1 de diciembre, Colombia comenzó a importar gas natural en
pequeñas cantidades (4 % de la demanda total) debido a la falta de gas nacional.
Naturgas advirtió que si la mitad del déficit se cubre con gas importado, el
aumento en el costo del gas podría alcanzar un 25 %, impactando las facturas de
los usuarios.
Regiones afectadas: Bogotá, Medellín, los Llanos Orientales y el Huila están
entre las zonas más afectadas, mientras que regiones como la Costa y el Valle
del Cauca no presentan faltantes significativos.
Crecimiento de usuarios y desafíos
En lo que va del 2024, 286.000 nuevos usuarios se conectaron al servicio de gas
natural, aunque la cifra es menor comparada con los 413.000 usuarios registrados
en 2023. La mayor parte de los usuarios nuevos pertenece a los estratos 1, 2 y
3, lo que refleja la importancia del gas natural en los hogares de menores
ingresos. Sin embargo, el costo de conexión sigue siendo un desafío,
especialmente para los estratos 1 y 2, donde el valor oscila entre 1,8 y 2
millones de pesos.
Transición energética y producción de gas
Naturgas destacó avances en la adopción del gas natural como combustible
vehicular, con 265.000 nuevos vehículos registrados en 2024. Entre 2014 y 2024,
se reportó la transición de más de 1.500 camiones de carga, 48 volquetas y 3.000
buses a gas natural, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes.
En términos de producción, Casanare sigue liderando como el mayor productor de
gas natural, seguido por Córdoba y La Guajira. No obstante, los niveles actuales
son insuficientes para cubrir la demanda interna, lo que obliga a depender de
las importaciones.
Alternativas
Naturgas también resaltó el potencial de los gases alternativos o sostenibles
como una solución para paliar los faltantes de gas. Por ejemplo, el relleno
sanitario Doña Juana, en Bogotá, podría generar un biogás más económico que el
gas natural. Sin embargo, para desarrollar estos proyectos se requieren
incentivos tributarios que permitan cerrar los ciclos de inversión.
La perspectiva a corto plazo indica que las importaciones continuarán hasta
2029, cuando entre en operación un proyecto del tamaño de Sirius. Mientras
tanto, Naturgas insistió en la necesidad de fortalecer la exploración y
producción local para garantizar la autosuficiencia y estabilizar los precios.
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