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Condenan a iglesia y autoridades de Fundación
(Magdalena) por muerte de 33 niños
El 18 de mayo de 2014, 33 niños
murieron calcinados al interior de un bus en Fundación (Magdalena). Más de una
década después de la tragedia, el Consejo de Estado tomó una decisión respecto a
los responsables del hecho. De acuerdo con el alto tribunal, el municipio, el
Instituto de Transporte y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tendrán que
pagar una millonaria indemnización a las familias de las víctimas.
Según el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la indemnización
será colectiva. El pago se basa en “las indemnizaciones individuales de quienes
hicieron parte del proceso como integrantes del grupo y las indemnizaciones
correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los
interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los
requisitos exigidos en esta providencia”.
El alto tribunal estableció que la iglesia asumirá el 80% del total del pago, es
decir, un equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales. Por su parte,
el municipio se encargará del 10%, que se traducen en 1.790 salarios mínimos
legales mensuales.
La tragedia, en la que también falleció una mujer, ocurrió el domingo 14 de mayo
de 2014, cuando los niños asistían a la iglesia, bajo el cuidado de Manuel
Salvador Ibarra. Los menores se transportaban en un bus conducido por Jaime
Gutiérrez Ospino. Ambos fueron enviados a la cárcel acusados por el delito de
homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo, en la modalidad de dolo
eventual. En diciembre de 2017, una jueza de Santa Marta les otorgó la libertad
a ambas personas.
Sin embargo, en mayo de 2021, el pastor Salvador Ibarra falleció en una clínica
de Barranquilla de covid-19. Una de las niñas víctimas era su hija. siempre
alegó que lo ocurrido fue un accidente.
Enfrentamientos entre disidencias de las FARC y
Ejército en Arauca dejan un soldado muerto y tres heridos
La Defensoría del Pueblo de Colombia
emitió un llamado urgente al Gobierno nacional para atender la crítica situación
de violencia que afecta al departamento de Arauca, una región históricamente
golpeada por el conflicto armado. En las últimas horas, un enfrentamiento entre
el Ejército Nacional y la estructura 10 de las disidencias de las FARC, liderada
por alias Iván Mordisco, en la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón,
dejó como saldo la muerte de un soldado profesional y tres más heridos.
De acuerdo con un comunicado oficial
emitido por el comando de la Décima Octava Brigada, los hechos ocurrieron en
horas de la tarde durante una operación militar orientada a proteger a la
población civil. Soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, unidad
adscrita a esta brigada, sostuvieron un combate con integrantes del grupo armado
organizado en el área general de la vereda La Esmeralda.
En el enfrentamiento, falleció el soldado profesional Keyler Alonso Ruiz
Hernández, oriundo del municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar, que
llevaba 13 años al servicio de la institución. Además, tres soldados resultaron
heridos y fueron evacuados con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea
Colombiana con el fin de recibir atención médica especializada.
La autoridad militar lamentó
profundamente la pérdida de Ruiz Hernández, calificándolo como un “valeroso
soldado” que falleció en cumplimiento de su misión constitucional. En el
comunicado, la institución expresó sus condolencias a la familia del militar y
aseguró que se están adelantando los procesos necesarios para brindar
acompañamiento tanto a los familiares del soldado caído en combate como a los de
los heridos. Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar con las
operaciones militares en la región para garantizar la seguridad de la población.
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El llamado de la Defensoría del
Pueblo al Gobierno
En respuesta a esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al
gobierno del presidente Gustavo Petro a implementar medidas urgentes para
proteger a las comunidades afectadas. “Ante la alarmante persistencia del
conflicto armado en Arauca, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades
locales y nacionales la implementación urgente de medidas para salvaguardar los
derechos humanos de las comunidades afectadas”, declaró Marín. Además, hizo un
llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los principios del
derecho internacional humanitario y eviten más tragedias en la región.
La defensora también subrayó la necesidad de que las instituciones garanticen la
seguridad y la justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves
violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el departamento.
Este territorio, ubicado en la frontera con Venezuela, ha sido históricamente
una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
La población civil de Arauca enfrenta múltiples riesgos derivados de esta
situación. Además de quedar atrapados en los enfrentamientos, los habitantes de
la región sufren las consecuencias de las actividades ilegales que financian a
los grupos armados, como el narcotráfico y la extorsión. Estas dinámicas no solo
generan inseguridad, sino que también agravan las condiciones de pobreza y
exclusión social en la zona.
El Ejército Nacional, a través de la Décima Octava Brigada, reiteró su
compromiso de continuar con las operaciones militares en cumplimiento de su
misión constitucional. Sin embargo, los recientes hechos en Puerto Rondón ponen
de manifiesto la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado
colombiano. Más allá de las acciones militares, se requiere abordar las causas
estructurales del conflicto, como la pobreza, la falta de acceso a servicios
básicos y la exclusión social, para garantizar una solución sostenible a largo
plazo.
Dictamen de la Procuraduría sobre los supuestos 20
mil cuerpos en hangar de El Dorado
La Procuraduría General de la Nación
hizo público el dictamen que le remitieron a la Jurisdicción Especial para la
Paz en el que se pronuncian sobre la controversia que suscitó el Comité contra
la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, cuando a principios de diciembre
habló de la existencia de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del
Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El documento, firmado por dos técnicos en criminalística y remitido a Lucila
Mercedes Vidal, directora de investigaciones especiales de la Procuraduría,
advierte que "en los hangares que se encontraban sin cerramientos no se observan
instalaciones que permitan inferir un espacio en el que se puedan almacenar
20,000 cuerpos humanos, ni aún considerando que los cuerpos se encontraran
esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición".
Agrega el informe que no se conoce el uso de hangares, para el almacenamiento de
restos humanos, en el principal aeropuerto nacional.
"En su mayoría se encuentran tomados por empresas privadas dedicadas a la
operación aérea y actividades relacionadas, sobre las cuales media un vínculo a
través de contratos de arrendamiento y con un objeto contractual definido, sin
que se indique la existencia de hangares o espacios de los cuales se desconozca
su poseedor o que estén destinados a una actividad de almacenamiento o bodegaje,
como la que motivó la visita dentro de la actividad preventiva por parte de la
Procuraduría General de la Nación", dice el informe sobre el uso de los
hangares.
Los técnicos que elaboraron el informe agregan que
en el momento en que efectuaron la visita muchos de los hangares estaban
cerrados o sin atención al público.
"Frente a la posibilidad de llevar a cabo una inspección a cada uno de los
hangares en el Aeropuerto El Dorado es necesario considerar que se trata de
predios entregados a particulares a través de contratos de arrendamientos, y no
de establecimientos abiertos al público o en cabeza de entidades públicas, por
lo cual se requiere ahondar en la obtención de información que permita
determinar la posibilidad de existencia de un hangar específico destinado a
propósitos diferentes a los señalados en la visita efectuada", puntualizan.
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La visita de la Procuraduría se llevó a cabo el 5 de diciembre y
se efectuó en los hangares de Helistar, Aerosucre, Avianca, Latam; hangares de
los grupos Santo Domingo y Sarmiento Angulo; espacios de Río Sur, Click Big,
Searca, Sarpa, Tac y hasta hangares al servicio del Ejército y de la
Administración para el Control de Drogas (DEA).
Desarticulan célula disidente de la Segunda
Marquetalia en Huila
En un contundente golpe contra las
estructuras disidentes de las FARC, las autoridades colombianas lograron la
captura de ocho integrantes de la compañía Óscar Mondragón, perteneciente a la
estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, en un operativo realizado
en el municipio de Acevedo, en el departamento del Huila. Según informó el
Ejército Nacional, la operación dejó además un cabecilla muerto, la incautación
de un arsenal de guerra y el rescate de un menor de edad cuyos derechos fueron
restablecidos.
De acuerdo con información proporcionada por las Fuerzas Militares, el
operativo, que se desarrolló en la zona rural de Acevedo, cerca de los límites
con el municipio de Palestina, incluyó acciones coordinadas por aire y tierra.
En la intervención participaron tropas del Batallón Magdalena de la Novena
Brigada, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Entre
los resultados más destacados se encuentra la incautación de ocho fusiles y
otros elementos bélicos que eran utilizados por esta organización para llevar a
cabo actividades delictivas en la región.
El secretario de Gobierno del Huila,
Juan Carlos Casallas, destacó la importancia de esta operación, señalando que
fue el resultado de un trabajo de inteligencia que se había planificado durante
varios días. “En el marco de una operación ofensiva de inteligencia, se logró la
captura de ocho integrantes de la compañía Óscar Mondragón, con el
acompañamiento de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional”, afirmó Casallas.
Entre los capturados se encuentra alias Arley señalado como el cabecilla de esta
estructura en la región. Según las autoridades, este individuo era responsable
de múltiples delitos, incluyendo extorsiones, secuestros y asesinatos dirigidos
contra comerciantes, campesinos y miembros de la fuerza pública. Alias Arley
resultó herido durante el operativo y recibió atención médica por parte de los
enfermeros de combate, en cumplimiento de los protocolos de respeto a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
El Ejército Nacional informó que
alias Arley ya había sido capturado en 2020, acusado de integrar una red
criminal que, según investigaciones, habría recibido órdenes de alias El Paisa
para planear atentados contra objetivos de alto perfil, como la Embajada de
Estados Unidos en Colombia, sedes de la Fiscalía General de la Nación y figuras
políticas como Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’. Además,
esta estructura habría perpetrado ataques contra reincorporados de las Farc y la
población civil en los departamentos de Caquetá y Huila, con el objetivo de
consolidar su control territorial.
El operativo también dejó como saldo la muerte de un integrante de la Segunda
Marquetalia, identificado como alias Levis, que lideraba las actividades
delictivas de esta célula en la región. Según detalló el Ejército, esta
organización era responsable de actos de extorsión, secuestro y atentados
terroristas que afectaban gravemente la seguridad y la tranquilidad de la
población civil.
Esta acción militar se desarrolla en una serie de operativos que las fuerzas
armadas han intensificado en el Huila para combatir a los grupos disidentes. En
noviembre, en la vereda Galilea del municipio de Palestina, se registraron
enfrentamientos que resultaron en la captura de cuatro integrantes de la misma
estructura y en el asesinato del soldado profesional Breiner Yesid Mora Peralta.
El Ejército Nacional destacó que las operaciones en profundidad continuaron el
21 de diciembre, cuando las tropas sostuvieron combates con este grupo armado,
logrando desarticular parte de su estructura y salvaguardar a la población
civil. La compañía Óscar Mondragón, vinculada a la Segunda Marquetalia, es
señalada como una de las principales responsables de los actos de violencia en
el Huila. Según las autoridades, esta organización instrumentalizaba a la
población civil y ejecutaba acciones criminales que incluían extorsiones a
gremios productivos, atentados contra las fuerzas de seguridad y asesinatos
selectivos.
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