Pereira, Colombia - Edición: 13.395-975

Fecha: Martes 07-01-2025

Feminicida de Stefanny Barranco fue encontrado muerto en la cárcel La Picota

Iván José de la Rosa Gómez, feminicida de Stefanny Barranco, apareció muerto en su celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, el domingo 5 de enero. El detenido, quien asesinó a su expareja en el Centro Comercial Santafé en el norte de la capital en mayo de 2024, se habría quitado la vida hacia las 3:30 de la tarde, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
 

De acuerdo con información preliminar, los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y Medicina Legal, la cual entregará un resultado con base en la necropsia que se le realice a De la Rosa. Hasta el momento se conoce que la causa del fallecimiento del feminicida habría sido por asfixia al interior de su celda en el pabellón 27.

Stefanny Barranco Oquendo, una mujer de 32 años y madre de dos hijos, fue víctima de feminicidio el 29 de mayo de 2024 en el centro comercial Santafé, ubicado en el norte de Bogotá. Su pareja, Iván José de la Rosa Gómez, la atacó en su lugar de trabajo, un local comercial dentro del centro comercial, causándole la muerte.

Tras el crimen, De la Rosa intentó autolesionarse y fue capturado al día siguiente. Durante la audiencia de imputación de cargos, no aceptó su responsabilidad en el feminicidio agravado. El juez ordenó su reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá.

2025: El año clave para combatir la extorsión carcelaria, según el director del INPEC

La extorsión es uno de los delitos más alarmantes en Colombia, especialmente cuando proviene de las cárceles del país, donde las bandas criminales operan con impunidad desde el interior de los muros. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 2024, los casos de extorsión aumentaron en más de 2.000 respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo las prisiones en el epicentro de este flagelo. Ante esta situación, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, asegura que 2025 será un año clave para la lucha contra la extorsión carcelaria, con la implementación de la segunda fase de la operación Dominó, que se centrará en frenar este crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

En una reciente entrevista con medios nacionales, Gutiérrez detalló los avances de la primera fase de Dominó, una estrategia que, en 2024, permitió el decomiso de más de 31.000 teléfonos móviles en todo el país, y la identificación de 35 actores criminales involucrados en delitos como la extorsión. Además, se llevaron a cabo más de 1.700 operativos y 120 traslados de reclusos para romper los nexos de las bandas dentro de las cárceles. Sin embargo, la lucha continúa, y la nueva fase del operativo se enfocará en fortalecer la parte investigativa.

La segunda fase de Dominó, que ya está en marcha, tiene un enfoque más analítico y de seguimiento. Según Gutiérrez, se está trabajando de cerca con la Fiscalía para determinar a los responsables de los delitos cometidos desde las cárceles, lo que incluye no solo la extorsión, sino también las
 

amenazas, los atentados y la corrupción dentro del sistema penitenciario. En este proceso, se asignarán fiscales especializados en las cárceles de Girón, La Dorada, Cómbita e Ibagué, que han sido identificadas como las que presentan mayor incidencia de extorsión. La Fiscalía se apoyará en la Policía Nacional, específicamente en el Gaula, que liderará la estrategia con un enfoque en la investigación y desarticulación de las estructuras criminales.

Además de las medidas contra la extorsión, el INPEC ha implementado estrategias para fortalecer la seguridad dentro de las cárceles, como el uso de tecnología avanzada, incluyendo cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial. Estas herramientas permiten detectar patrones de comportamiento y posibles intentos de fuga, lo que ha sido clave para mantener el control en los establecimientos penitenciarios más conflictivos.

Uno de los desafíos más importantes para el INPEC es el hacinamiento. Según Gutiérrez, la capacidad de las cárceles del país está colapsada, con un 27% de hacinamiento, lo que equivale a alrededor de 104.000 reclusos, cuando la capacidad instalada es de 82.000. Este incremento en el número de internos responde, en parte, al aumento de las detenciones en las calles, que supera las 1.000 mensuales, y a la obligación impuesta por la Corte Constitucional de recibir a personas provenientes de estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI). El director del INPEC señaló que, para aliviar esta situación, se están llevando a cabo varios proyectos, como la construcción de nuevos patios para sindicados y la articulación con los entes territoriales para crear centros de detención transitoria.

Gutiérrez también abordó el tema de la seguridad de los funcionarios del INPEC, especialmente de los directores de cárceles, que han sido víctimas de atentados en los últimos años. Si bien la seguridad de estos funcionarios es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se ha priorizado a 16 directores a nivel nacional, algunos de los cuales cuentan con vehículos blindados y chalecos antibalas, ante el creciente riesgo que enfrentan.

En cuanto a la lucha contra las comunicaciones ilegales dentro de las prisiones, el INPEC ha estado trabajando con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa para establecer mecanismos de bloqueo de celulares. Si un recluso realiza una llamada extorsiva, la denuncia puede ser reportada a través de un sistema de coordinación con los operadores telefónicos, quienes se encargarían de bloquear el número sin necesidad de que el teléfono sea incautado. Esta medida, de concretarse, sería un gran avance en la reducción de la extorsión carcelaria.

Por último, Gutiérrez habló de la situación de los extraditables en Colombia. Actualmente, hay 358 personas bajo este estatus en el país, y el INPEC gestiona dos pabellones específicos para ellos en La Picota y El Buen Pastor. En 2024, el país logró la extradición de 247 personas, lo que refleja un esfuerzo constante por enfrentar la criminalidad transnacional.