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Capturan a funcionario de la UNP por transportar
armas para las disidencias
En una operación conjunta entre el
Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Medellín,
fue capturado un hombre señalado de transportar armas para las disidencias de
las FARC, en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La captura, confirmada en la tarde del 14 de enero, se dio en un inmueble de la
comuna 16, Belén, de la capital antioqueña, en el que antiguamente funcionaba el
desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El sujeto fue identificado como Johan Sebastián Rodríguez Mendoza, quien
trabajaría para la entidad estatal. También respondería a los alias de El Gordo,
El Burro, Giovany o Johan.
Según las autoridades, el hombre se dedicaba a transportar armas en vehículos
del Estado, desde el oriente del país hasta Medellín, para ponerlas a
disposición del frente 18 de las disidencias.
Las pesquisas de las autoridades darían cuenta de la relación y negocios
ilegales entre Rodríguez Mendoza y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro,
jefe de esa subestructura del grupo armado.
En la coordinación para la entrega de armas también estaría involucrado otro
sujeto conocido como alias Tres Codos. Estas serían usadas en acciones
amenazantes en contra de la población civil y ataques a la fuerza pública.
El ahora exfuncionario deberá responder por su responsabilidad en el delito de
concierto para delinquir agravado y ya fue puesto a disposición de las
autoridades competentes, para su respectiva judicialización.
En Pereira, hombre habría pagado $2 millones para
asesinar a la pareja de su excompañera sentimental
La justicia tarda, pero llega, el
material probatorio recopilado por la Fiscalía, permitió que un juez con función
de control de garantías de Pereira impusiera medida de aseguramiento en centro
carcelario contra Giovany Duque Parra, presunto responsable del homicidio de
Norbey López Castaño y del intento de asesinato de Yuli Andrea Velásquez
Melchor.
Este hecho de sangre ocurrió el 6 de agosto del año 2020 en el barrio Alfonso
López de Pereira; después de que Duque, al parecer, contratara los servicios de
un sicario por valor de $2 millones, para asesinar a López Castaño, pareja de su
exmujer; según la Fiscalía, el hoy procesado entregó al asesino detalles
puntuales para ubicar a la víctima, y el arma para cometer el crimen.
La investigación, adelantada por un fiscal de la unidad de delitos contra la
vida, evidenció que el día de los hechos el sicario interceptó a la víctima
cuando se disponía a abordar una moto, junto con su pareja sentimental, Yuli
Andrea Velásquez Melchor.
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Uno de los disparos dirigidos para
asesinar al hombre, impactó a la mujer, quien resultó gravemente herida. Los
móviles estarían relacionados con una situación de celos.
La Policía Nacional fue la encargada de capturar al ahora investigado en el
barrio San Francisco de Pereira, por los delitos de homicidio agravado,
tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa
personal.
Condenan a exgobernador de Guainía por desvío de
recursos en obras inconclusas
La Corte Suprema de Justicia de
Colombia ha emitido una nueva condena contra Efrén de Jesús Ramírez,
exgobernador del departamento de Guainía, por su implicación en una serie de
irregularidades que involucraron el desvío de millones de pesos en contratos
públicos. La Sala de Primera Instancia del alto tribunal sentenció al
exmandatario a más de 15 años de prisión, tras hallarlo culpable de los delitos
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a
favor de terceros.
Los hechos por los cuales se dictó esta condena ocurrieron entre 2004 y 2007,
periodo en el cual Ramírez estuvo al frente de la Gobernación de Guainía. En
junio de 2007, el entonces gobernador firmó un contrato con el Instituto
Nacional de Vías (INVÍAS) para mejorar la carretera Huesito-Puerto Caribe, que
incluía la construcción de puentes y otras obras de infraestructura. El contrato
fue valorado en más de 2.500 millones de pesos, de los cuales INVÍAS aportaría
la mayor parte, y la Gobernación debía contribuir con una pequeña parte de los
recursos.
Sin embargo, durante la investigación, se constató que el proceso de licitación
y ejecución del proyecto estuvo marcado por graves irregularidades. Uno de los
puntos más críticos fue la ausencia de estudios técnicos fundamentales para la
viabilidad del proyecto. No se realizaron los estudios geotécnicos,
hidrológicos, topográficos ni estructurales que habrían sido indispensables para
garantizar la calidad de las obras. Esto, según la Corte, comprometió el éxito
de las infraestructuras previstas y puso en evidencia la falta de diligencia en
el manejo de los recursos públicos.
A pesar de estas omisiones, el contrato fue adjudicado a un solo consorcio, el
Consorcio Vía Huesito-Puerto Caribe, el cual, al ser el único oferente, no
permitió una competencia abierta ni transparente. El proyecto fue firmado en
octubre de 2007, y el contratista recibió un anticipo del 50% del monto total,
aproximadamente 1.275 millones de pesos, para iniciar las obras. Sin embargo,
las obras quedaron abandonadas y no se ejecutaron como se había previsto. Los
puentes Quebrada Honda y Caño Seco, parte fundamental del proyecto, nunca fueron
terminados, y las obras que sí se realizaron no cumplían con los estándares
técnicos requeridos.
De acuerdo con la Corte, la administración de Ramírez permitió la certificación
de materiales y actividades que no cumplían con las especificaciones mínimas
necesarias, pero aun así se liberaron pagos al contratista. Además, se descubrió
que al menos 871 millones de pesos, es decir, un 34% del valor total del
contrato, fueron desviados y apropiados de manera indebida.
A raíz de estos hechos, Ramírez fue condenado por contrato sin cumplimiento de
requisitos legales y peculado por apropiación. La Corte subrayó que estas
acciones dañaron gravemente el erario
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público y afectaron a la comunidad, que nunca vio las mejoras en
la infraestructura vial que se les había prometido. Además de la pena privativa
de libertad, se le impuso una multa de 470 millones de pesos y fue inhabilitado
para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que permanecerá en prisión.
Cabe recordar que esta no es la primera condena contra Efrén
Ramírez por hechos ocurridos durante su gestión. En 2022, el exgobernador ya
había sido condenado a una pena de siete años y cuatro meses de prisión por
irregularidades en otros contratos durante su mandato. La Corte indicó que la
pena por los nuevos cargos deberá cumplirse una vez Ramírez haya terminado de
cumplir la condena anterior.
Este fallo puede ser apelado, y la defensa del exgobernador tiene
cinco días para interponer un recurso ante la Sala Penal de la Corte Suprema. La
condena, de ser ratificada, podría dejar un precedente importante en la lucha
contra la corrupción en las administraciones regionales.
Cayó cabecilla del Clan del Golfo: Otros dos
milicianos fueron heridos en combate
La Dirección de Inteligencia de la
Policía (Dipol) reportó la captura de tres miembros del Clan del Golfo, también
conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en un operativo
realizado en la vereda Campo Bello, en Tierralta, Córdoba. La operación, que
tuvo lugar en la zona rural de este municipio, se desarrolló en medio de un
enfrentamiento armado entre los uniformados y la estructura criminal, dejando a
varios miembros de la banda heridos.
Entre los detenidos se destaca Elkin Bello Ramírez, conocido en el mundo
criminal como alias Eugenio o Nacho. Según las autoridades, Bello Ramírez habría
sido uno de los cabecillas políticos del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del
Clan del Golfo, operando dentro de la organización durante más de ocho años. Se
le acusa de estar vinculado a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
y de haber facilitado, en 2024, la entrega de una lancha-ambulancia para las
comunidades del Alto Sinú. Este tipo de recursos, que suelen ser usados como
estrategia para ganar apoyo en las regiones bajo su influencia, lo había hecho
un objetivo para las autoridades.
Alias Eugenio no es un desconocido para la justicia; ya había sido capturado en
dos ocasiones. En 2013, fue detenido por concierto para delinquir, pero fue
liberado poco después. En 2018, fue arrestado nuevamente en Tierralta, durante
una de las fases más intensas del plan pistola ejecutado por el Clan del Golfo,
que buscaba intimidar a las autoridades con asesinatos selectivos.
Junto a él, también fueron capturados y heridos José Carlos Mariota Arias y
Diego Armando Palma Pérez, quienes eran sus escoltas personales. Ambos
resultaron heridos durante el enfrentamiento, y tras recibir atención médica en
un centro de salud, fueron trasladados a Montería bajo vigilancia de la Policía
para ser presentados ante la justicia.
Esta operación hace parte del Plan
de Campaña ‘Ayacucho’ 2023-2026, un esfuerzo estratégico para debilitar a los
grupos armados ilegales en diversas regiones del país. Las autoridades
calificaron la captura como un golpe significativo al Clan del Golfo, una de las
organizaciones criminales más poderosas y extendidas en Colombia. La acción no
solo debilita su estructura, sino que también envía un mensaje claro sobre el
compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado
en el país.
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