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Acciones estratégicas de Fiscalía para enfrentar situación en Catatumbo
En respuesta a la reciente ola de violencia que ha sacudido la región del
Catatumbo, en Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación implementó un
plan de acción integral que articula las capacidades investigativas, judiciales
y de atención a las víctimas.
La iniciativa busca brindar una respuesta oportuna y efectiva a las demandas de
justicia de la población civil afectada por homicidios, desplazamientos masivos,
secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos perpetrados en esta zona del
país.
El plan, desarrollado en colaboración con la Policía Nacional y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene como objetivo identificar
y actuar contra los responsables de los actos delictivos. Estas acciones se
enmarcan en los lineamientos del Direccionamiento Estratégico Fiscalía 2024-2028
y cuentan con la participación de delegadas como la de Seguridad Territorial, la
de Criminalidad Organizada, la Unidad Especial de Investigación (UEI) y el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Los actos violentos registrados en la región del Catatumbo involucran a miembros
del Frente de Guerra Nororiental del Eln y del frente 33 de las disidencias de
las Farc. En consecuencia, la Fiscalía ha iniciado tres investigaciones matriz
enfocadas en homicidios y delitos conexos, desplazamientos forzados y
afectaciones a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Estas
investigaciones buscan esclarecer los crímenes y llevar a la justicia a los
responsables.
Para garantizar una presencia efectiva en el territorio, equipos de trabajo
conjuntos se desplazaron a las zonas afectadas. La Seccional Norte de Santander,
con apoyo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones
Criminales (DECOC) y la Unidad Especial de Investigación, lideró las
diligencias. Asimismo, 46 funcionarios del CTI y la Policía Nacional se
movilizaron para realizar actividades de policía judicial, derechos humanos e
identificación de estructuras delictivas.
Con el fin de fortalecer la recepción de denuncias y la atención a las víctimas,
la Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana (DAUITA) estableció
cinco puntos de atención en el Estadio General Santander de Cúcuta y el Coliseo
de Ocaña, con la participación de 10 funcionarios especializados.
En cuanto a las indagaciones sobre homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz,
la Unidad Especial de Investigación ha asumido las investigaciones de los casos
registrados en El Tarra, Convención y Teorama. También se están abordando los
crímenes contra líderes sociales en Tibú, Convención y El Tarra.
La Fiscalía General reafirma su compromiso con la justicia y la protección de
los derechos de las comunidades afectadas, fortaleciendo la presencia
institucional en las zonas más golpeadas por la violencia y asegurando que los
responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
Prorrogan suspensión de demanda por
licitación de pasaportes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió extender hasta el 4 de
febrero de 2025 la suspensión del proceso judicial
interpuesto por la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg &
Sons y otras empresas, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La demanda
exige una indemnización de $117.000 millones por los presuntos perjuicios
derivados
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de la no adjudicación de la licitación para la emisión de estos
documentos.
La suspensión inicial había sido decretada el pasado 3 de octubre de 2024, a
solicitud conjunta de las partes, y se extendió hasta el 23 de enero de 2025.
Sin embargo, el día anterior a la reanudación del proceso, tanto la Cancillería
como la Unión Temporal solicitaron una nueva prórroga, que fue concedida por la
magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada. Este plazo adicional tiene como objetivo
permitir que las partes evalúen la posibilidad de llegar a un acuerdo que retire
la demanda y evite un fallo que podría impactar gravemente las finanzas del
Estado.
La controversia tiene su origen en la Resolución 7485 de septiembre de 2023,
emitida por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta la
licitación pública 011 de 2023, valorada en $599.651 millones. Thomas Greg &
Sons, que lidera la Unión Temporal Pasaportes 2023, asegura que esta decisión
les causó significativos daños económicos, ya que era la única firma habilitada
en el proceso y había sido la encargada de emitir estos documentos en años
anteriores.
Este caso también llevó a la Procuraduría General de la Nación a destituir e
inhabilitar por 10 años al excanciller Leyva, argumentando que violó los
principios de la contratación estatal al dejar sin adjudicar el contrato. La
gestión de Leyva, que rechazó en su momento una conciliación con Thomas Greg,
contrasta con la postura más conciliadora del actual canciller, Luis Gilberto
Murillo, quien ha manifestado disposición para alcanzar un consenso que evite un
costoso litigio para el país.
La nueva prórroga evidencia la complejidad de las negociaciones entre las partes
y la trascendencia de este proceso judicial, que mantiene en vilo la resolución
del conflicto y la continuidad de los servicios de emisión de pasaportes en
Colombia.
Es el desplazamiento más grande desde 1997: Defensoría sobre Catatumbo
La Defensoría del Pueblo de Colombia estima que la huida de más de 38.600
personas de la violencia por la arremetida de la guerrilla Eln es el mayor
desplazamiento masivo que vive el país desde 1997, cuando empezó el registro.
La entidad que vela por la protección de los derechos humanos "advierte que el
desplazamiento masivo causado en El Catatumbo (en la frontera con Venezuela) en
los últimos días, puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado
en un solo 'evento' desde que se tiene registro institucional de desplazamiento
en Colombia (1997)", indicó en la red X la defensora Iris Marín.
"Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas
afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024" cuando fueron 25.611,
añadió.
Desde el 16 de enero miles de personas escapan de la guerra en el Catatumbo,
donde rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacan a civiles y se
enfrentan con disidentes de las FARC, que no firmaron la paz en 2016.
Periodistas de la AFP en estas zonas críticas registraron cómo los guerrilleros
imponen un régimen de terror para ganar el control de estas montañas
estratégicas para la producción de cocaína y adonde no llega la fuerza pública.
La ola de violencia deja más de 80 muertos, según la gobernación de Norte de
Santander.
Las zonas más pobladas del departamento Norte de Santander se están
transformando en enormes campamentos de desplazados, que llegan con niños y
ancianos.
El presidente de izquierda Gustavo Petro suspendió las negociaciones de paz con
el ELN y declaró el "estado de conmoción interior" en el Catatumbo.
La política de "paz total" del mandatario no ha logrado su objetivo de apagar
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el prolongado conflicto colombiano y, en cambio, una
escalada de violencia en varios puntos del país ha dejado más de
100 muertos en una semana.
Para la oposición, Petro es indulgente con las organizaciones ilegales, lo que
les ha permitido fortalecerse.
"En 2024 había habido una disminución respecto de 2023, cuando se habían
presentado 154 eventos de desplazamiento masivo que había afectado a 54.665
personas", indicó la defensora Medina.
Vacío estatal incide en escalada de
violencia en Colombia: ONU
El enviado especial de la ONU para Colombia afirmó este martes ante el Consejo
de Seguridad que la falta de presencia estatal en las regiones más abandonadas
del país ha incidido en la reciente escalada de violencia entre grupos
guerrilleros que buscan el control del territorio.
"Es en el vacío de la presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan
por el control territorial y social. La aplicación del Acuerdo de Paz es
fundamental para encontrar soluciones duraderas que prevengan y resuelvan las
causas del conflicto armado", dijo Carlos Ruiz Massieu, encargado de verificar
el cumplimiento de dicho acuerdo firmado en 2016.
El reciente recrudecimiento de la violencia entre la guerrilla Ejército de
Liberación Nacional (Eln) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo, ha dejado más
de un centenar de muertos y unos 32.000 desplazados en los últimos días, la
mayoría en la región de Catacumbo, en la frontera con Venezuela.
Muchas de las víctimas fueron atacadas específicamente y asesinadas, recordó el
funcionario en la revisión trimestral del avance del acuerdo en el marco del
organismo de la ONU.
"Catatumbo, al igual que otras muchas regiones de Colombia, sigue esperando a
beneficiarse de los logros del acuerdo de paz de 2016", como con "servicios
públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad", recordó.
"La violencia erosiona la confianza y la legitimidad entre las partes,
comunidades y la opinión pública en general", advirtió.
"Solamente implementando a cabalidad el acuerdo y logrando una presencia
integral del estado en zonas marginadas desde hace tiempo, el país podrá superar
los factores que siguen incitando el conflicto", agregó.
Ante esta escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro anunció la
suspensión del diálogo con el Eln en el marco de su iniciativa Paz Total para
lograr poner fin a un conflicto que dura décadas.
Para el funcionario de la ONU, los avances no solo van a depender de la voluntad
política, sino de que se establezcan "objetivos y prioridades claras" y se les
dote con financiamiento.
En este sentido, se congratuló "por las recientes garantías dadas por el
presidente Petro, que indicaba que los presupuestos para el acuerdo de paz se
protegerán a pesar de la situación financiera compleja del país" y el plan de
respuesta rápida del Ministerio de Interior, que busca acelerar la
implementación, en particular en los proyectos de infraestructura en las
regiones priorizadas y en la reforma rural.
"Vamos a implementar y seguiremos implementando el acuerdo de paz", dijo por su
parte el canciller Luis Gilberto Murillo, en su última actividad como ministro
después de anunciar su dimisión, y pidió a los miembros del Consejo de Seguridad
su apoyo a los acuerdos.
Ante el reciente asesinato de al menos cinco firmantes del acuerdo, el
exguerrillero Diego Tovar, exmiembro de las Farc, recordó en el foro de la ONU
que la impunidad "sigue altísima" y llega "al 90%" según la ONU.
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