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6-El Imparcial |
JUDICIAL |
Pereira, Colombia - Edición: 13.415-995 Fecha: Martes 11-02-2025 |
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Tensión en Mistrató: Ejército y Clan del Golfo se enfrentan en zona indígena
La tranquilidad del corregimiento
San Antonio del Chamí, en Mistrató, se vio interrumpida por fuertes
enfrentamientos entre el Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo. Según
confirmó la Quinta División del Ejército, tropas del Batallón de Artillería de
Campaña Nº8 de la Octava Brigada sostuvieron combates contra esta estructura
criminal en la zona limítrofe con Antioquia.
Defensa de Uribe recusó a jueza por falta de imparcialidad en juicio
El lunes 10 de febrero continuó el
juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno,
soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía, en su exposición
inicial el pasado 6 de febrero, aseguró que presentará pruebas de que Uribe
habría enviado emisarios a cárceles para convencer a exparamilitares de
testificar a su favor en casos que lo vinculan con el Bloque Metro de las AUC. Durante la audiencia, la defensa presentó su versión de los hechos, señalando que los testimonios de los exparamilitares carecen de consistencia y que la Fiscalía ha tergiversado los hechos. Granados insistió en que las visitas a las cárceles no tenían como objetivo sobornar a testigos, sino lograr una retractación legal de declaraciones previas. Según la defensa, no se hicieron ofrecimientos a cambio de estos testimonios.
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Uribe también tomó la palabra para
defenderse y aseguró que jamás ordenó sobornos ni engañó a la justicia. "No
pretendo reemplazar a mis abogados. No soborné ni mandé a sobornar testigos, no
engañé a la justicia. En este juicio probaremos que hubo un juicio político en
mi contra", declaró el expresidente. Asimismo, negó conocer a Juan Guillermo
Monsalve, testigo clave en el caso, y explicó que en 2018 buscó una
rectificación de sus declaraciones sin recurrir a ofrecimientos indebidos.
Informe de la Guerra por narcotráfico que desató el desplazamientos y violencia en el Catatumbo
La región del Catatumbo, en Norte de
Santander, vive una de sus peores crisis humanitarias en los últimos años debido
a los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN y la
estructura 33 de las disidencias de las FARC. Un informe reservado de
inteligencia de la Fuerza Pública, conocido por medios nacionales, revela que la
ruptura de acuerdos entre estos grupos criminales por el control del
narcotráfico habría sido el detonante del conflicto.
La confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC comenzó en zonas rurales de Tibú, San Calixto y Teorama. Según el informe, la difusión de videos y comunicados por parte del ELN ha sido parte de una estrategia mediática para responsabilizar a la estructura 33 de las disidencias por el asesinato del tanatólogo Miguel Ángel López y su familia. Este crimen habría sido el punto de inflexión que desató los enfrentamientos, los cuales han dejado más de 30 muertos, según estimaciones extraoficiales.
En medio del conflicto, otros actores criminales han intentado aprovechar la situación. El ‘Clan del Golfo’ estaría moviéndose hacia el Catatumbo con la intención de disputar el control del narcotráfico, mientras que ‘Los Pelusos’,
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otro grupo delincuencial, busca consolidar su presencia en la
región. La guerra entre el ELN y las disidencias ha debilitado su relación con
la población civil, afectada por asesinatos selectivos, desplazamientos y
escasez de alimentos. Uno de los datos más reveladores del
informe es la supuesta relación entre el ELN y las Fuerzas Armadas Bolivarianas
de Venezuela. Según alias ‘Milton’, un exintegrante del Frente 33, el ELN paga a
los guardias venezolanos para impedir la entrada de disidentes a su territorio.
En 2023, la Guardia Nacional Bolivariana expulsó a integrantes del Frente 33 de
Venezuela, obligándolos a replegarse en Colombia, lo que habría exacerbado las
tensiones en la zona.
Explosivo del ELN mantiene en vilo a comunidad de
Chocó Desde hace más de dos semanas, un
explosivo abandonado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene en
zozobra a los habitantes del municipio de Río Iró, en Chocó. La carga fue
instalada el pasado 25 de enero tras un hostigamiento en el que resultó muerto
el patrullero de la Policía Yeison Yair Parra. Desde entonces, el artefacto
continúa en el parque principal, sin que las autoridades hayan logrado
desactivarlo. El lugar, que solía ser un espacio
de recreación para niños y familias, ahora es una zona prohibida para la
comunidad. “La gente tiene miedo de acercarse, los niños ya no pueden jugar
aquí”, relató un líder comunitario al diario regional Chocó 7 Días. La tragedia
comenzó cuando el patrullero Parra intentó acercarse al explosivo y fue abatido
por un francotirador del ELN. Desde ese momento, la amenaza permanece intacta,
generando terror entre los habitantes.
La crisis se agrava con la escasez
de agua potable. Los habitantes han dejado de reparar la bocatoma del acueducto
por miedo a ser atacados, ya que la zona está controlada por guerrilleros del
ELN. “Preferimos quedarnos sin agua que arriesgarnos a morir”, explicó otro
residente.
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