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Escándalo de corrupción: Alias Papá Pitufo y su
influencia en la Policía y la DIAN
El caso de Diego Marín, alias “Papá
Pitufo”, sigue sacudiendo el país. Se le acusa de haber financiado ilegalmente
la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero las revelaciones van más allá.
Una serie de grabaciones expone su presunta red de sobornos para manipular la
Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asegurando la
libre circulación de mercancía ilegal en Colombia.
Las grabaciones obtenidas por agentes encubiertos revelan cómo Marín Buitrago
sobornaba a funcionarios clave para garantizar el ingreso de contrabando por los
puertos de Buenaventura y Cartagena. Según el fiscal 29 de delitos fiscales,
Andrés Marín Rodríguez, el empresario habría logrado influir en la Policía
Aduanera de Cali y Pereira para colocar oficiales de confianza en puestos
estratégicos. “Es como si los gatos estuvieran cuidando a los ratones”, dijo el
fiscal en audiencia.
El escándalo cobra mayor magnitud con los audios en los que Marín confiesa su
capacidad para influir en la designación de oficiales de la POLFA. En una de las
grabaciones, con música popular de fondo, explica cómo logró que cuatro mayores
de la Policía fueran asignados a puntos clave para facilitar el contrabando.
“Necesito que me meta a estos cuatro mayores. Póngalos donde le dé la puta gana,
pero es un compromiso”, se le escucha decir.
La red de corrupción también alcanzaba la Oficina de Trazabilidad de la POLFA.
En otra grabación, el contrabandista menciona que un funcionario le
proporcionaba listas de los contenedores a ser inspeccionados, permitiéndole
asegurarse de que los suyos pasaran sin inconvenientes. “Trazabilidad lo sabe
todo en el país. Si es mío, me mandan la relación”, confiesa.
Las revelaciones también incluyen intimidaciones dentro de la Policía Fiscal y
Aduanera. Marín se jacta de su influencia y de la lealtad del mayor Mario
Sarmiento, entonces secretario privado del director de la POLFA. “La gente sabe
quién soy yo. No se metan conmigo”, advierte en una de las grabaciones.
La conexión de Marín con la campaña presidencial de Gustavo Petro es otro punto
de controversia. Según denuncias, habría aportado 500 millones de pesos en 2022.
La Red de Veedurías Ciudadanas formalizó una denuncia ante la Fiscalía, aunque
aún no se ha abierto investigación formal. El presidente Petro, actualmente en
Emiratos Árabes, ha negado cualquier vínculo con el contrabandista, aunque
admitió haberse reunido con él sin conocer su historial delictivo.
El escándalo ha generado tensiones en el gobierno. Augusto Rodríguez, director
de la UNP, aseguró que Marín se reunió con Armando Benedetti y el empresario
Xavier Vendrell en Madrid, donde presuntamente se negoció el aporte ilegal.
Benedetti ha negado cualquier relación y denuncia una persecución en su contra.
El caso sigue en desarrollo y la Fiscalía enfrenta presiones para esclarecer la
posible infiltración del crimen organizado en instituciones estatales.
Nueva ola de violencia entre el ELN y el ‘clan del
Golfo’ en Chocó deja miles de desplazados
La lucha entre grupos armados en
Chocó se intensifica, dejando un saldo alarmante de 3.400 desplazados y más de
9.200 personas confinadas. Desde el 5 de febrero, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y el ‘clan del Golfo’ protagonizan enfrentamientos en el
municipio de Medio San Juan, poniendo en jaque la estabilidad de la región.
Los combates han tenido lugar en el
corregimiento de Puerto Murillo y en la vereda Unión Wounaan, a cuatro
kilómetros de distancia. Según fuentes de la Fuerza Pública, la disputa es
liderada por alias ‘Piernas Limpias’, con 120 hombres bajo su mando, y alias ‘Jeison’,
conocido también como ‘Galán’ o ‘Ministro’, quien comanda a
110 integrantes del ELN. La pugna gira en torno al control del
río San Juan, una ruta estratégica para el tráfico de oro y cocaína.
Históricamente, este territorio
estaba bajo dominio de las FARC, pero tras su
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desmovilización en 2016, el ELN
ocupó la zona. Posteriormente, el ‘clan del Golfo’, con presencia en Urabá,
intentó establecer su poder en la región al identificar su potencial para el
narcotráfico y la minería ilegal.
Las estrategias de estos grupos han variado con el tiempo. A finales de 2023, el
ELN decretó paros armados para forzar el desplazamiento de la población y
facilitar el transporte de estupefacientes hacia el Pacífico. Ahora, la
confrontación es directa, lo que ha desatado una crisis humanitaria en la zona.
Ante la creciente violencia, el
Ejército ha desplegado 340 uniformados para limpiar el territorio de minas
antipersonales y garantizar la seguridad de los habitantes. Su ingreso a la zona
será paulatino, con puntos clave de intervención en Puerto Murillo y sus
alrededores. Además, la Armada Nacional ha reforzado la vigilancia con lanchas
artilladas en la Boca de Sipí, un punto estratégico para el control fluvial.
La comunidad clama por una respuesta efectiva del gobierno para frenar la
violencia y garantizar la protección de los civiles atrapados en medio del
conflicto. Mientras tanto, el desplazamiento masivo y la crisis humanitaria
siguen creciendo en el Chocó.
Más de 80 casos
de homicidios
en Pereira y Dosquebradas en los
últimos 4 meses
La violencia en Pereira y
Dosquebradas no da tregua. En los últimos cuatro meses, los homicidios han
superado la barrera de los 80 casos, generando una creciente preocupación entre
los ciudadanos y las autoridades. Pese a los operativos y patrullajes
implementados, los asesinatos continúan ocurriendo con frecuencia alarmante en
los mismos sectores de ambos municipios.
Según los reportes de Medicina Legal, Pereira registró 24 homicidios en octubre
de 2024, 23 en noviembre y 28 en diciembre. En enero de 2025, de manera
extraoficial, se reportaron 16 homicidios en la capital risaraldense y ocho en
Dosquebradas. Estas cifras evidencian un patrón de violencia que se mantiene sin
grandes variaciones y que ha encendido las alarmas en la región.
El panorama de inseguridad ha llevado a la ciudadanía a cuestionarse sobre el
verdadero alcance del poder de las organizaciones criminales en la zona y la
efectividad de las autoridades para frenar la ola de homicidios. Mientras los
operativos policiales han sido constantes, los resultados han sido insuficientes
debido a la falta de material probatorio para judicializar a los capturados.
Esta situación ha generado tensiones entre la Alcaldía de Dosquebradas y la
Fiscalía, pues el alcalde Roberto Jiménez Naranjo ha señalado que el esfuerzo
institucional se ve desperdiciado cuando los detenidos quedan en libertad a las
pocas horas.
El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, ha tratado de
minimizar la preocupación ciudadana al destacar que la seguridad en la ciudad ha
mejorado en 13 de los 15 indicadores de delitos. Sin embargo, los homicidios
siguen siendo el punto crítico. Trejos argumenta que, si bien el número de
asesinatos sigue siendo alto, hay una tendencia a la baja en febrero de 2025
respecto a los meses anteriores.
A pesar de estas declaraciones, expertos advierten que no se puede analizar la
seguridad únicamente desde las cifras. Un investigador de la Universidad
Nacional explicó que la violencia en Pereira y Dosquebradas está influenciada
por el reordenamiento de las fuerzas del orden debido a cambios en la política
de seguridad nacional. Según su análisis, estos cambios pueden generar disputas
entre grupos criminales, lo que desemboca en enfrentamientos violentos.
Históricamente, los homicidios en Pereira han
oscilado entre 115 y 150 al año, por lo que las cifras actuales no son atípicas
en términos numéricos. No obstante, el investigador advierte que la dinámica del
crimen ha cambiado: se observan actos de violencia más extremos y desinhibidos,
lo que sugiere que las organizaciones criminales han perdido estructuras de
control. Además, el experto resalta que la impunidad ha jugado un papel clave en
el aumento de la criminalidad, ya que la falta de condenas fomenta la percepción
de que los delincuentes pueden operar sin consecuencias.
Desde la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
otro investigador coincide en que la situación actual presenta características
inusuales. Aunque la violencia en la región ha sido cíclica, la persistencia y
magnitud de los homicidios en los últimos meses es preocupante. Asegura que,
aunque las cifras
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oficiales pueden mostrar tendencias a la baja, las medidas
implementadas no han sido lo suficientemente estructurales para generar un
cambio real en el panorama de seguridad.
Uno de los casos más alarmantes que llamó la atención de los expertos fue el
asesinato de un joven en el barrio Frailes de Dosquebradas. Inicialmente se
habló de una “casa de pique”, lo que causó gran revuelo. Aunque la Policía
descartó esa versión, el hecho de que un grupo de adolescentes perpetrara un
crimen de tal magnitud con total impunidad es un indicio de que la violencia en
la región ha alcanzado niveles preocupantes.
El investigador de la UTP enfatiza
que el acceso sin control a armas de fuego ha sido un factor determinante en la
crisis de seguridad. La proliferación de armas en manos de individuos sin
disciplina criminal está provocando un aumento descontrolado de los homicidios,
lo que dificulta aún más la respuesta de las autoridades.
Ante este panorama, los expertos insisten en la necesidad de implementar
estrategias de seguridad más profundas y sostenibles. Más allá del aumento de
patrullajes y operativos policiales, se requieren programas educativos,
culturales y sociales que brinden oportunidades reales a los jóvenes en riesgo.
“Las estrategias de persecución y control pueden mitigar la violencia a corto
plazo, pero no solucionan el problema de fondo”, advierte el investigador de la
UTP. Agrega que, en la mayoría de los casos recientes, los homicidios no han
sido producto de conflictos de intolerancia, sino de disputas entre bandas
criminales. Además, la crueldad con la que se están ejecutando algunos
asesinatos sugiere un intento de enviar mensajes entre grupos delictivos, lo que
indica una reestructuración en el crimen organizado de la región.
En este contexto, los analistas insisten en que la seguridad no puede depender
únicamente de acciones represivas, sino que debe abordarse desde un enfoque
integral. La falta de oportunidades económicas y la vulnerabilidad social son
factores clave que alimentan la delincuencia. Sin una intervención estructural
que incluya educación, cultura y generación de empleo, la violencia en Pereira y
Dosquebradas podría continuar e incluso agravarse en los próximos meses.
Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera de respuestas concretas que
garanticen una verdadera reducción de la violencia en la región.
Capturan a 'Mono Pirry', presunto extorsionista de
las disidencias de las FARC con armamento de guerra
En un operativo realizado en el
sector de Loboguerrero, en la vía Buenaventura - Buga, la Policía Nacional del
Valle del Cauca capturó a dos presuntos integrantes de las disidencias de las
FARC que transportaban material bélico de alto poder destructivo. Entre los
detenidos se encuentra Arles Guaraca García, alias 'Mono Pirry', señalado como
exintegrante del Frente 49 de la extinta guerrilla de las FARC y con
antecedentes por extorsión.
Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un
vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Al inspeccionar el automotor,
hallaron una ametralladora M60 desarmada, dos granadas de 40 mm y 4.229
cartuchos de calibres 5.56 y 7.62, los cuales presuntamente serían utilizados
para cometer actos criminales contra la población civil.
La brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional, destacó la importancia de este operativo: “La pericia de
nuestros uniformados permitió la incautación de este armamento, evitando que se
utilizara en actos sicariales y protegiendo la seguridad de la región”.
Alias 'Mono Pirry' ya había sido detenido en 2014 en Villavicencio por extorsión
y, en esta ocasión, fue capturado junto a su pareja sentimental. Ambos fueron
puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su
situación judicial.
Este operativo hace parte de las acciones permanentes de la Policía Nacional en
su lucha contra el crimen organizado y la seguridad vial en el país. Las
autoridades reiteraron su compromiso de seguir adelantando controles
estratégicos para evitar el tráfico de armas y neutralizar amenazas contra la
tranquilidad de la ciudadanía.
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