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Crisis de homicidios en Bogotá: Alcaldía pide
mayor respaldo del Gobierno Nacional
La violencia en Bogotá ha alcanzado niveles alarmantes en lo que va del año. La
creciente ola de homicidios y sicariatos en la capital ha llevado a la
Administración Distrital a hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para
fortalecer las estrategias de seguridad. A pesar de los esfuerzos de la Policía
Metropolitana y la Alcaldía, los asesinatos siguen marcando una preocupante
tendencia al alza.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel
Gualdrón Moreno, presentó recientemente un balance de operativos que han
permitido capturar a 35 presuntos homicidas. Entre ellos se encuentran miembros
de peligrosas bandas criminales como el Tren de Aragua y Satanás, responsables
no solo de homicidios, sino también de atentados con explosivos y extorsiones.
Las capturas de alias ‘Yunta’ y ‘Mauricio’, presuntos integrantes de la banda
Satanás, fueron uno de los golpes más significativos. En su poder fueron
encontradas armas de fuego, granadas y panfletos extorsivos. Estos individuos
estarían vinculados al asesinato de un conductor de transporte informal en Bosa,
un hecho que conmocionó a la comunidad.
A pesar de estos avances, la realidad sigue siendo cruda. Solo en enero se
registraron 100 homicidios en la ciudad, lo que representa un aumento del 45 %
en comparación con el mismo mes del año anterior. Las localidades más afectadas
por la violencia incluyen Bosa, Usme, Usaquén, San Cristóbal, Engativá y Los
Mártires.
Ante este panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán insistió en la necesidad de
que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Su administración se ha
propuesto reducir la tasa de homicidios en la ciudad de 14 a 8 por cada 100.000
habitantes, pero reconoce que este objetivo no se logrará sin un respaldo
contundente desde el ámbito nacional. “En Bogotá estamos extremando las medidas
para proteger la vida de los ciudadanos, pero es fundamental que también se
controle la situación del orden público en todo el país. La proliferación de
cultivos de coca tiene un impacto directo en la seguridad de las grandes
ciudades”, afirmó el mandatario.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, también alertó sobre la falta de
control en el mercado de armas ilegales, lo que ha facilitado el accionar de
grupos criminales. Según él, la ausencia de un inventario del armamento tras la
firma de los acuerdos de paz en La Habana ha dejado un vacío peligroso. “Hoy en
día trabajamos a ciegas. No hay una política clara para disminuir la
disponibilidad de armas ilegales, y eso se traduce en más homicidios y robos
violentos”, enfatizó.
Mientras tanto, la Policía Metropolitana continúa con operativos para combatir
el crimen en la ciudad. Se han incautado 115 armas de fuego y se han impuesto
más de 17.500 comparendos por porte de armas cortopunzantes. Sin embargo, la
lucha contra el homicidio requiere estrategias más estructuradas y coordinadas a
nivel nacional.
El llamado de la Alcaldía es claro: Bogotá necesita más apoyo del Gobierno
Nacional para frenar la violencia. La ciudad no es una isla y lo que ocurre en
el resto del país repercute directamente en su seguridad. Mientras la
delincuencia siga ganando terreno, la tranquilidad de los bogotanos seguirá en
juego.
Cuatro acuerdos de seguridad adopta el Gobierno
ante crisis en Catatumbo
Tras la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, la Instancia
de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para
el Ejercicio de la Política (SISEP) se reunió de manera extraordinaria, lo que
se tradujo en cuatro acuerdos para acelerar la respuesta a las alertas tempranas
y la ejecución de un plan de seguridad y protección.
En este espacio de alto nivel, presidido por la directora de la Unidad de
Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, también se acordó hacer
seguimiento al cumplimiento de órdenes judiciales y establecer mecanismos de
verificación de las acciones tomadas por la Instancia.
La activación de esta instancia es
fundamental para el cumplimiento de los procesos asociados a las garantías de
seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, y dentro de
sus responsabilidades está coordinar y dar impulso a la efectiva implementación
de las diferentes instancias. Durante la sesión
extraordinaria,
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se estableció que
entre el 16 de enero y el 10 de febrero, la Gobernación de Norte de Santander ha
registrado:
Homicidio de 56 personas, de ellas, seis firmantes del Acuerdo de Paz y dos
líderes sociales.
Desaparición forzada de nueve firmantes, especialmente en los municipios de
Teorama y Tibú.
54.098 personas desplazadas y 32.448 confinadas en medio de las hostilidades.
177 firmantes del Acuerdo de Paz desplazados, según la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN).
Al respecto, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yonny Peñaranda,
expresó que:
"Se debe garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas por la
violencia en el Catatumbo. Es un derecho fundamental que debe ser respetado y
protegido por el Estado colombiano. Esperamos que la respuesta del gobierno sea
rápida y efectiva para garantizar el restablecimiento de la paz".
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe sobre la
situación en el Catatumbo, así como algunas recomendaciones, entre ellas, que se
requieren medidas desde la seguridad humana y garantías de no repetición.
"La acción militar de control territorial es solo una parte", expresó, y agregó
que las alertas tempranas deben priorizarse y que es necesaria una aceleración
de las acciones de la Política de Desmantelamiento, así como la concreción del
Plan Estratégico de Seguridad y Protección en la región de El Catatumbo.
Cuatro acuerdos para atender la crisis en el Catatumbo
Ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), aprobado
recientemente en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.
Generar un canal directo de comunicación entre la Comisión Intersectorial para
la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y la Instancia de Alto
Nivel, que permita atender las alertas tempranas de forma preventiva.
Activación y articulación del comité de impulso de las investigaciones desde el
SISEP, para apoyar las actividades de la Fiscalía que, por razones de seguridad
o logística, no ha podido desarrollar.
Revisión de propuestas y recomendaciones de la Gobernación de Norte de
Santander, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Kroc y la Misión de
Verificación de la ONU, con el fin de establecer una ruta para su cumplimiento.
Participantes de la sesión extraordinaria
Como invitados permanentes a la IAN asistieron delegados del Partido Comunes, de
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la Oficina del
Consejero Comisionado de Paz.
Además, en la sesión extraordinaria participaron:
Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Representantes de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final).
Delegados de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la
Unidad para las Víctimas.
Representantes del Instituto Kroc.
Universidad Nacional anuló licitación de seguridad
por $98.000 millones
La Universidad Nacional de Colombia declaró desierta la licitación para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia en sus nueve sedes, un
contrato valorado en más de 98.000 millones de pesos. La decisión fue tomada
tras diversas denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de
adjudicación, incluyendo la falta de transparencia en la publicación del proceso
y condiciones restrictivas en los pliegos de la convocatoria.
Falta de publicidad y
cuestionamientos al proceso
El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2024, generó controversia al no
ser publicado en la plataforma oficial Secop II, como lo exige la normatividad
para la contratación pública.
En su lugar, la información
solo estuvo disponible en la página web de la Universidad Nacional durante el
periodo de vacaciones, lo que limitó la participación de potenciales oferentes.
Además, la licitación solo recibió
una propuesta por parte de la Unión |
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Temporal Alianza Segura, conformada por las empresas Detección
Seguridad Privada LTDA y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada. Según
denuncias, los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones favorecían
a esta unión temporal, impidiendo una competencia equitativa.
Razones para la anulación del proceso
La Universidad Nacional explicó que la licitación se declaró desierta debido a
que el único proponente no cumplió con los requisitos exigidos. En particular,
la institución señaló que la Unión Temporal Alianza Segura no realizó la visita
técnica obligatoria a las nueve sedes, lo que constituía una condición
indispensable dentro del proceso de selección.
"La propuesta presentada no cumplió con lo establecido en el numeral 2.3. VISITA
TÉCNICA OBLIGATORIA del pliego de condiciones y, en consecuencia, el proponente
incurrió en la causal de rechazo contenida en el literal b del capítulo V.
Causales de rechazo establecido en el pliego de condiciones", indicó la
universidad en su informe oficial.
Diferentes sectores académicos y empresariales habían manifestado preocupaciones
sobre la transparencia del proceso. Diego Torres, representante profesoral ante
el Consejo Superior Universitario (CSU), advirtió sobre un "alto riesgo de
corrupción por irregularidades, falta de control, transparencia, publicidad y
selección objetiva".
Torres argumentó que la presencia de un único oferente podía indicar una
contratación direccionada, especialmente porque los términos del pliego de
condiciones parecían estar diseñados para favorecer a una empresa específica.
Además, cuestionó la rapidez con la que se desarrolló el proceso, completado en
solo un mes, cuando normalmente licitaciones de esta magnitud toman alrededor de
tres meses.
Varias empresas del sector también expresaron su inconformidad. Seguridad
Montevideo Ltda. envió un documento al rector de la universidad, Leopoldo Múñera,
en el que criticó que muchos de los términos eran desproporcionados y no
cumplían con la normativa del sector de vigilancia y seguridad privada en
Colombia. Zona de Seguridad Ltda., por su parte, manifestó que la universidad no
atendió las observaciones hechas por los oferentes interesados, lo que generó
dudas sobre una posible falta de pluralidad en la participación.
Entre los requisitos considerados como restrictivos se encuentran la
sobrecalificación del personal y exigencias de infraestructura que, según las
empresas, no tenían una incidencia real en la prestación del servicio. Estos
factores reforzaron las sospechas de que el contrato podría haber sido diseñado
para beneficiar a un único proponente.
Colapsó puente que comunica La Vega y
Sasaima tras fuertes lluvias
En la madrugada de este jueves, la comunidad de Sasaima informó sobre el colapso
del puente que conecta La Vega y Sasaima en el sector Candelaria-San Antonio,
ubicado en el departamento de Cundinamarca. Afortunadamente, no se reportaron
heridos ni víctimas mortales en este trágico evento.
La noticia del colapso se difundió rápidamente a través de redes sociales,
alertando tanto a las comunidades locales como a las autoridades sobre la
necesidad urgente de intervención. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció
que desde el Instituto de Infraestructura y Concesiones (ICCU) se han coordinado
esfuerzos con bomberos del municipio, la Alcaldía Municipal y el Consejo
Municipal para gestionar una respuesta inmediata ante esta emergencia.
Las fuertes lluvias recientes han sido un factor determinante en este incidente.
Las crecientes súbitas en los ríos Dulce y Negro han afectado varios municipios
cercanos como Villeta, Útica y Pacho. Aunque hasta ahora solo se han reportado
daños menores en estas zonas, se conoció que Sasaima no tiene servicio de
acueducto por las crecientes que afectaron las bocatomas. Las autoridades están
trabajando arduamente para monitorear continuamente esta situación, además se
están realizando las respectivas limpiezas por desbordamientos.
El colapso del puente ha complicado significativamente la conexión entre La Vega
y Sasaima. Los equipos técnicos ya están trabajando para evaluar detalladamente
los daños sufridos por la infraestructura e identificar las causas precisas del
desplome. Se espera que pronto se emita un informe técnico con detalles sobre
las causas exactas del incidente y los planes necesarios para reconstruir o
reparar el puente.
Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a residentes y viajeros para
utilizar rutas alternativas hasta que puedan completarse las labores urgentes
requeridas para restablecer la conectividad segura entre ambos municipios.
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