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Galán responde a Petro y defiende gestión en Bogotá
La disputa entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos
Fernando Galán, sumó un nuevo capítulo. En respuesta a las recientes críticas
del mandatario sobre la crisis hídrica y el proyecto del Metro elevado, Galán
publicó un video en el que desmiente varias de las afirmaciones del jefe de
Estado y lo invita a trabajar en conjunto por la ciudad.
Bogotá no se quedará sin agua
Uno de los puntos que Petro ha mencionado reiteradamente es el riesgo de
desabastecimiento de agua en la capital. En octubre de 2023, el presidente
aseguró que en marzo de 2025 la ciudad podría enfrentar una crisis sin
precedentes, incluso planteando la posibilidad de evacuar habitantes. Frente a
esto, Galán aclaró que la realidad es distinta: "Estamos a menos de 10 días de
marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por
encima del 40 % de su nivel y tiene más de 40 millones de metros cúbicos más de
lo que tenía el año pasado".
El alcalde también se refirió a la falta de planeación en administraciones
anteriores y cuestionó la decisión de Petro como alcalde de retirar el trámite
para Chingaza 2 sin plantear una alternativa viable.
Metro elevado: Una realidad en construcción
Otro punto de controversia es el Metro elevado. Petro ha insistido en que este
modelo no le sirve a la ciudad y que los estudios de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros respaldan su postura. Galán, sin embargo, desestimó esta afirmación.
"Este es el primer metro que la gente ve construyéndose, el primero que se está
haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá".
Además, el alcalde desmintió la afirmación de que el Metro elevado no reducirá
los tiempos de viaje, citando un estudio que demuestra que los desplazamientos
en la ciudad serán más eficientes.
Invitación a trabajar juntos
Galán también respondió a la declaración de Petro de que Bogotá "está muriendo".
Enfatizó que, aunque la ciudad enfrenta desafíos, también ha logrado avances en
vivienda, educación y políticas sociales.
Para finalizar, el alcalde invitó a Petro a visitar las obras del Metro y
conocer de primera mano los avances del proyecto. "La gente está cansada de
peleas, quieren ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a
Colombia y a Bogotá", concluyó Galán.
EPS deben regularizar recursos para la
red pública del Caribe: Supersalud
En su visita al departamento de La Guajira, el superintendente Nacional de
Salud, Giovanny Rubiano García,
solicitó a gerentes de EPS intervenidas y no intervenidas que se mantenga el
flujo constante de recursos a la red pública en la región Caribe.
El Superintendente afirmó que, en solo Magdalena, La Guajira y Cesar,
actualmente se está atendiendo a una población de aproximadamente 3 millones 560
mil usuarios del sistema de salud, y dos EPS tienen un impacto en el 50% de la
población afiliada en los departamentos de Magdalena y Cesar, que son Nueva EPS
y Coosalud.
Rubiano García hizo esta solicitud desde Riohacha, capital de La Guajira, en
donde reiteró a todos los gerentes de las EPS, tanto intervenidas como no
intervenidas, que “la instrucción es muy clara. Debemos llegar al ciento por
ciento del reconocimiento de los pagos en la cápita, y mínimo al 80% por
evento". Esto a raíz de la necesidad de que los hospitales departamentales y
municipales de la red pública, que atienden
además de la población local a la
población migrante, puedan mantener su oferta de servicios y garantizar su
sostenibilidad.
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El Superintendente también recalcó la
importancia de fortalecer los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en
todo el territorio, así como trabajar articuladamente con los Equipos Básicos de
Atención en Salud.
Según los datos consignados por la Adres, con corte a febrero 7 de 2025, el
total de recursos girados a la red pública es de más de 2.3 billones de pesos
(2.374.568,8) en los dos regímenes -contributivo y subsidiado- a nivel nacional.
De este total, 345.863 millones se han girado a 911 prestadores del régimen
contributivo y 2.028.705 millones a 977 prestadores del régimen subsidiado.
Por otra parte, el Superintendente ordenó a las EPS indígenas y privadas como
Anas Wayuu, Dusakawi y Cajacopi, con gran participación en La Guajira, que deben
permitir a los usuarios la libre escogencia de sus servicios de salud,
posibilitando que accedan a servicios de calidad y cercanos a su territorio.
Además, hizo un llamado a Nueva EPS para facilitar y simplificar las
autorizaciones de los servicios a pacientes crónicos, por lo que resaltó la
necesidad de revisar con dicha EPS estos procesos y hacer los cambios que sean
necesarios en beneficio de la comunidad.
Finalmente, el Supersalud informó que, en el corregimiento de Paraguachón, la
ESE Hospital San José de Maicao presta servicios especializados a las
comunidades indígenas y a los migrantes venezolanos, sin ninguna barrera en la
atención en salud, mejorando de esta forma la calidad en la atención y salvando
vidas con un enfoque preventivo.
Proponen incluir ecocidio como crimen de
competencia del CPI
En Colombia y el mundo los responsables de cientos de crímenes contra el
medioambiente tienen mínimas sanciones penales, administrativas o pecuniarias.
Estos daños, que solo en la Amazonia se traducen en la pérdida de una superficie
forestal superior al tamaño de Francia, según Greenpeace, motivó al abogado
Gerardo Antonio Durango Álvarez, doctor en Derecho y profesor del Departamento
de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede
Medellín, a analizar la propuesta de que sea un tribunal con vocación universal,
como la Corte Penal Internacional (CPI), el que proteja los derechos del
medioambiente.
Aunque la CPI es un tribunal competente para juzgar delitos como el genocidio,
los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y la agresión, la destrucción masiva
y sistemática del medioambiente –o ecocidio– no se encuentra tipificada en el
Estatuto de Roma de 1998 (que rige a la CPI), debido a su visión
antropocentrista, o cuidado del hombre
Según señala Unimedios, para su estudio, el profesor Durango analizó la falta de
sanciones proporcionales a los responsables de causar daños graves y
sistemáticos al medioambiente, y también la ausencia de cambios de paradigmas
para ampliar las sanciones penales —que hoy son individuales— hacia la
responsabilidad tanto de las sociedades como de las empresas y multinacionales.
Ecocidio como delito
Para ello acudió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia
sobre la protección y garantía del medioambiente, precursora de la definición
penal del ecocidio incluida en el art. 333 del Código Penal de Colombia,
desarrollado por la Ley 2111 de 2021, y lo tipifica como “el daño masivo y
la destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”. Dicha
normativa estipula prisión de 60 a 135 meses, y multas de 167 a 18.750 smmlv.
Así, analizó la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte
Constitucional le confiere derechos fundamentales al río Atrato como sujeto de
especial protección, a la vez que protege derechos fundamentales de las
comunidades ribereñas a la vida, el agua, la salud, los derechos ancestrales y
el medioambiente sano.
“Tras la adecuación de la Ley 599 de 2000 a la
2111 de 2021, Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en incluir
en su Código Penal la palabra ecocidio, seguido por Chile en 2023. No obstante,
hasta ahora estos cambios no han producido sanciones ejemplares en contra de los
ecocidas, además de no contemplar a empresas, sociedades e incluso al mismo
Estado como causantes de esta destrucción”, agrega el experto.
Para el académico, “las normas penales nacionales existentes no han frenado la
sistemática tala de la selva amazónica,
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los derrames de crudo, el tráfico de especies y la caza furtiva, entre otros
daños graves. Lo máximo que les puede suceder a los responsables es la
imposición de sanciones económicas”.
Earth4All es una iniciativa internacional para acelerar el cambio de sistemas
que necesitamos para un futuro equitativo en un planeta finito. Según su
encuesta más reciente, el 77 % del Grupo de los Veinte (G20) (integrado por 20
países industrializados y emergentes de todos los continentes) está totalmente
de acuerdo en que el ecocidio debería ser un delito penal que los líderes de
grandes empresas o altos funcionarios del gobierno aprueben o permitan acciones
que saben que causarán daños al medioambiente.
Frente a este resultado, el docente Durango señala que “incluir sanciones
penales que también consideren a las personas jurídicas como causantes de estos
crímenes contra el planeta llevaría a que gerentes, directores y personajes de
altos rangos piensen dos veces antes de causarle daños graves al medioambiente”.
General Pedro Sánchez designado como
ministro de Defensa
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la designación del general
Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de
Iván Velásquez. La noticia se dio a conocer durante la Cumbre de Gobernadores
que se lleva a cabo en Villa de Leyva, Boyacá.
Sánchez es el primer oficial de las Fuerzas Militares en asumir como ministro de
Defensa en propiedad desde que el gobierno de César Gaviria (1990-1994) inició
la designación de civiles para este cargo.
"Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa reemplazará
a Iván Velásquez que hizo una muy importante labor. Lo que he pensado y espero
no equivocarme y espero que sea un general de la República y que ese general
tenga que ver con la vida. Y que yo he observado que estos dos años cómo matan
niños en Gaza. (...) Mientras autoridades israelíes bombardean niños en Gaza y
autoridades estadounidenses enviaban niños encadenados, aquí demostramos cómo un
general salva vidas y salva la selva. (...) El próximo ministro de Defensa, será
el general Pedro Sánchez", afirmó el mandatario.
Trayectoria del general Sánchez
El general Sánchez, oriundo de Boyacá, cuenta con una destacada carrera en la
Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Es piloto con más de 6.800 horas de vuelo en
aeronaves de ala rotatoria y ha ocupado cargos estratégicos dentro de la
institución, como comandante del Comando Aéreo de Combate No. 4 en Melgar,
Tolima; segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate
No. 5 en Rionegro, Antioquia; y director del Centro de Doctrina Aérea y
Espacial.
En el ámbito académico, es administrador de empresas por la Escuela de
Administración de Negocios (EAN) y especialista en Seguridad y Defensa Nacional
por la Escuela Superior de Guerra. Además, posee maestrías en Estudios
Estratégicos por la Air University de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en
Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia.
Reconocimientos y operación humanitaria
El general Sánchez es reconocido por su liderazgo en la "Operación Esperanza",
desarrollada en junio de 2023, en la que logró la localización y rescate de
cuatro menores desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo. Esta
misión, considerada una de las más exitosas en términos de cooperación entre las
Fuerzas Militares, comunidades indígenas y voluntarios, le valió múltiples
distinciones nacionales e internacionales.
Entre sus condecoraciones se encuentran la Medalla Militar "Al Valor", la Cruz
al Mérito Aeronáutico y la Orden del Mérito Militar "Antonio Nariño". Además, en
enero de 2025 asumió la jefatura de protección presidencial, encargándose de la
seguridad del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y la
familia presidencial.
Con su nombramiento, el general Sánchez tendrá el reto de continuar con las
políticas de seguridad y defensa del gobierno Petro, en un contexto marcado por
desafíos en materia de orden público, criminalidad y la implementación de la
política de "seguridad humana" promovida por el Ejecutivo.
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