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Más de 15 marchas alterarán la movilidad
de Bogotá entre el 4 y el 8 de marzo
Entre el 4 y el 8 de marzo, Bogotá se verá marcada por una serie de marchas y
manifestaciones que afectarán la movilidad de la ciudad. La Alcaldía de Bogotá
ha confirmado la realización de al menos 15 movilizaciones en diferentes puntos,
convocadas por sectores diversos, cada una con objetivos distintos pero con una
causa común: la expresión de sus derechos y demandas.
Las manifestaciones tendrán lugar a lo largo de la semana, con especial énfasis
en los días miércoles y jueves, y abarcarán desde plantones hasta actividades
culturales y grandes marchas. Los ciudadanos podrán verse afectados por cierres
viales o desvíos en importantes arterias de la ciudad. La Secretaría Distrital
de Gobierno, que se encargará de velar por el desarrollo pacífico de las
protestas, desplegará su equipo de gestores de diálogo social para asegurar que
las jornadas transcurran sin alteraciones del orden público.
Entre los primeros eventos programados está el plantón realizado en la mañana
del 4 de marzo en la vía Suba-Cota, donde los habitantes de la zona se
concentraron en el Puente de la Virgen, cerca del Club Pueblo Nuevo. Este tipo
de manifestaciones se extenderán durante la semana, afectando principalmente el
tráfico en zonas estratégicas.
Las autoridades distritales piden a los bogotanos estar atentos a las
actualizaciones sobre movilidad a través de los canales oficiales de tránsito y
recomendaciones sobre posibles rutas alternas. Además, instan a quienes
participen en las marchas a que lo hagan de manera pacífica, respetando tanto el
derecho a la protesta como la seguridad de todos los ciudadanos.
Con el objetivo de garantizar el ejercicio de la protesta en un entorno de
respeto y seguridad, la Alcaldía reafirma su compromiso con la convivencia y el
diálogo, en medio de una de las semanas más agitadas para la capital.
Camioneros piden permiso para portar armas en las
vías: Respuesta del Ministro de Defensa
Recientemente, los gremios de transportadores en Colombia manifestaron su
creciente preocupación por los constantes ataques
violentos que sufren los camioneros en las carreteras del país. En respuesta,
solicitaron al nuevo Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que autorice a los
conductores de carga el porte de armas de fuego como medida para defenderse ante
los riesgos que enfrentan en las vías. La propuesta generó debate y, aunque la
solicitud fue rechazada, el ministro ofreció alternativas para abordar la
situación de seguridad que aqueja a este sector vital de la economía colombiana.
El futuro ministro de Defensa reiteró que el porte de armas en Colombia es
exclusivo de las fuerzas del orden, es decir, de las Fuerzas
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Militares y la
Policía Nacional, y no se extenderá a los camioneros. Sin embargo, Pedro Sánchez
destacó que las autoridades están trabajando intensamente para mejorar la
seguridad en las carreteras.
"Entendemos la problemática de
seguridad y estamos fortaleciendo las capacidades para responder a estos retos",
expresó, refiriéndose a las operaciones conjuntas que realizan las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional en diversas zonas del país, con el objetivo de
garantizar la protección de los transportadores y de la población en general.
La petición de los gremios de transportadores no surgió de la nada. En una carta
dirigida al ministro, los camioneros expusieron la grave situación de violencia
que enfrentan a diario en las carreteras, mencionando casos de asesinatos,
robos, extorsiones y hasta quemas de vehículos. “Durante este tiempo, decenas de
transportadores han perdido vilmente la vida en nuestras carreteras”, señalaron
en su misiva. Para los líderes del sector, la situación se ha deteriorado tanto
que consideran urgente tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad
de los conductores.
Además del permiso para portar armas, los gremios solicitaron otras acciones
como la creación de una póliza de terrorismo, la activación del Fondo de
Seguridad Vial (Fosevi), la asignación de recursos para garantizar la custodia
militar en las rutas más peligrosas, y la implementación de una red de
comunicaciones para reportar cualquier incidente que ponga en riesgo la
seguridad de los transportadores.
A pesar de que estas demandas fueron respaldadas por algunos gremios como la
Confederación Colombiana de Transportadores, la Asociación Colombiana de
Camioneros y el Sindicato Nacional de Conductores, la propuesta generó
divisiones dentro del sector. Por ejemplo, Gustavo Botero, líder de Dignidad
Camionera en Caldas, expresó su preocupación de que permitir el porte de armas
podría aumentar la violencia y las confrontaciones en las carreteras, y no
solucionaría los problemas de fondo relacionados con la seguridad. “El porte de
armas es volver a las convivir, necesitamos soluciones, pero no generando más
violencia”, afirmó Botero en declaraciones a medios nacionales.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa insiste en la importancia de fortalecer
el trabajo conjunto entre las fuerzas del orden y los transportadores, y ha
hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con información precisa y
oportuna en casos de emergencia, a través de los números de atención 107 o 314
358 7212. La seguridad en las vías colombianas sigue siendo un reto pendiente,
pero el gobierno asegura que está comprometido con encontrar soluciones eficaces
que garanticen la tranquilidad de todos los colombianos.
La Procuraduría vigilará los incrementos en las tarifas del gas domiciliario
en Colombia
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento detallado de los
aumentos en las tarifas del gas domiciliario en Colombia. Su objetivo es
garantizar que cualquier ajuste en los precios se haga de manera justa,
transparente y conforme a la normativa vigente, para evitar posibles abusos en
detrimento de los usuarios.
El Ministerio Público solicitó a las
autoridades competentes adoptar medidas que protejan los derechos de los
ciudadanos, en especial de los sectores más vulnerables, frente a los posibles
impactos negativos de los incrementos. La Procuraduría hizo un llamado al
Ministerio de Minas y Energía para que revise las políticas
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públicas relacionadas con estos aumentos y proponga
soluciones efectivas para mitigar el impacto económico que puedan generar.
Asimismo, instó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
reforzar la vigilancia sobre la legalidad de los ajustes tarifarios, y a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a implementar medidas
regulatorias urgentes, considerando la situación actual del abastecimiento de
gas en el país. El ente de control subraya que los precios deben ser razonables
y justos para los consumidores, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.
Por último, la Procuraduría exigió a las empresas distribuidoras de gas natural
ofrecer información clara y detallada sobre las razones de los aumentos y su
impacto en los usuarios. Este monitoreo preventivo busca asegurar que los
colombianos continúen recibiendo el servicio de gas de manera eficiente, sin
afectar de manera desproporcionada a quienes más lo necesitan.
Alerta en Medellín por cierre de camas
para partos: ¿Qué está detrás de la crisis?
El anuncio de la Clínica de las Américas de suspender la atención de partos en
su sede de la 80 a partir del 1 de marzo de 2025 ha generado una fuerte
preocupación en Medellín, donde ya se vive una crisis en la disponibilidad de
camas para partos. Este cierre, que afecta la capacidad de atención de la
ciudad, se suma a una creciente preocupación sobre la sostenibilidad financiera
del sistema de salud en la región.
La clínica informó que, en lugar de continuar con el servicio obstétrico,
enfocará sus esfuerzos en fortalecer su atención pediátrica y en salud para la
mujer. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que la
situación es alarmante. Con el cierre de estas cinco camas obstétricas, la
ciudad se queda con solo 245 camas para partos, cifra muy inferior a la que
realmente necesita, según los cálculos de las autoridades locales.
Gutiérrez explicó que, en función de la tasa de natalidad actual, Medellín
requiere un total de 315 camas de obstetricia, pero debido a la crisis
financiera del sistema de salud, tanto las instituciones públicas como privadas
han tenido que reducir su capacidad. La falta de pago de las EPS y los bajos
valores de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) son factores que agravan la
situación, lo que ha llevado a muchas instituciones a cerrar camas, afectando
directamente a las mujeres que requieren este servicio esencial.
Ante la crisis, el alcalde anunció que se espera que la Unidad Hospitalaria de
Manrique, que abrirá sus puertas en julio de 2025, aporte 49 camas adicionales,
aliviando parcialmente la carga. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica,
especialmente para un sistema de salud que enfrenta dificultades económicas.
Además del cierre de camas, un informe reciente de Medellín Cómo Vamos revela
que la ciudad enfrenta una importante disminución en su tasa de natalidad. En
los últimos 20 años, la cifra de nacidos vivos ha caído a la mitad, lo que,
según los expertos, refleja un cambio en los modelos familiares y una tendencia
hacia la individualidad. Oliver Tabares, profesor de la Universidad de Medellín,
señaló que este fenómeno también responde a la falta de espacio para el
crecimiento de la ciudad, que enfrenta restricciones topográficas y una
expansión demográfica hacia el Oriente antioqueño.
La crisis en el sector salud y la baja natalidad plantean importantes desafíos
para el futuro de Medellín, obligando a las autoridades a repensar sus políticas
de crecimiento y atención sanitaria en un contexto de cambios demográficos y
económicos.
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