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Capturan a ocho personas por tráfico de explosivos
para disidencias de Iván Mordisco
Un golpe a las redes delictivas que
abastecen a los grupos armados ilegales dio la Policía Nacional con la captura
de ocho personas vinculadas al tráfico de químicos usados para fabricar
explosivos. El operativo, realizado en coordinación con la Fiscalía General de
la Nación, se desarrolló en Medellín, Santa Elena, Pereira, Armenia, Riosucio,
Ipiales y Los Patios.
Según las autoridades, la organización criminal adquiría los insumos en Ecuador
y los trasladaba hasta Ipiales, donde eran distribuidos principalmente hacia
Medellín. Para evadir los controles, ocultaban los productos en empaques de
insumos agrícolas, dificultando su detección.
El coronel Hebert Mejía, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó
que durante los allanamientos se incautaron 125 kilogramos de clorato de
potasio, 16 detonadores, un galón de ácido nítrico y ocho teléfonos celulares.
Estos elementos serán clave para el proceso investigativo.
Las personas capturadas fueron identificadas con los alias de 'Paty', 'Daniel',
'Chamo', 'Sebas', 'Chuco Orlando', 'Don Hermes', 'El Cantante' y 'Carlos'. Tras
su detención, fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien
legalizó las capturas.
La Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas,
municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o
explosivos. Se espera que en los próximos días se determine su situación
judicial.
Este operativo representa un importante golpe contra las disidencias de Iván
Mordisco, quienes han usado explosivos en diversas acciones violentas. Las
autoridades continúan con las investigaciones para identificar otros posibles
integrantes de la red criminal y desmantelar por completo sus operaciones.
Exalcalde de Pereira seguirá en la cárcel tras
fallo judicial
El exalcalde de Pereira, Carlos Maya
López, continuará recluido en un centro carcelario luego de que el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Pereira negara la apelación presentada por su
defensa. La decisión, emitida el martes 4 de marzo de 2025, ratifica la medida
de detención intramural en su contra y la de otros exfuncionarios involucrados
en el escándalo de corrupción relacionado con la construcción de la avenida Los
Colibríes.
El caso ha causado un gran revuelo en la ciudad, no solo
por la magnitud de los presuntos delitos, sino también por el impacto que ha
tenido en la movilidad de los pereiranos. La vía en cuestión, que debió
haber sido terminada hace meses, quedó inconclusa y con
sobrecostos que superan
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los 20.000 millones
de pesos. Este escenario ha despertado fuertes críticas sobre la gestión de los
recursos públicos.
Los delitos imputados a Maya y a su exsecretario de Infraestructura, Milton
Hurtado García, incluyen peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por
acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según la Fiscalía,
las pruebas recolectadas hasta el momento justifican plenamente la detención
preventiva.
Los abogados
defensores intentaron argumentar que la captura de Maya y Hurtado se realizó sin
pruebas suficientes. Alegaron, además, que los allanamientos practicados en la
residencia del exalcalde no cumplieron con los requisitos legales y que en ellos
no se encontró evidencia relevante. También cuestionaron la interpretación de
una llamada interceptada entre Maya y su esposa, en la que supuestamente
discutían planes para un viaje al exterior, afirmando que el contexto fue
tergiversado por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez no encontró mérito en estos argumentos y consideró que la
gravedad de los cargos y el riesgo de obstrucción a la justicia justifican la
reclusión de los acusados. El fallo confirmó que las actuaciones de la Fiscalía
y de la Policía Judicial se ajustaron a la legalidad, incluyendo las capturas
realizadas el 21 de junio de 2024 en Pereira y en Bogotá, donde Maya fue
arrestado en una reconocida universidad del centro de la capital.
El proceso judicial sigue su curso y la expectativa en la ciudad es alta. La
comunidad pereirana, indignada por el desfalco y la paralización de una obra
clave, espera que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que los
responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Por ahora, Carlos Maya
López y sus exfuncionarios deberán permanecer tras las rejas mientras se
esclarecen los hechos y avanza el proceso penal en su contra.
Ataque del ELN con explosivos afecta vía entre
Medellín y la Costa Atlántica
La violencia en el Bajo Cauca
antioqueño se intensificó una vez más este miércoles 5 de marzo, cuando un
artefacto explosivo detonado en la vía entre Puerto Valdivia y Tarazá
interrumpió el tránsito en la región. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián
Rendón, atribuyó el ataque al grupo guerrillero ELN, denunciando que busca
afectar la economía y el turismo al desconectar la región del Caribe colombiano.
El hecho, ocurrido
en el sector conocido como El 15, es el más reciente episodio en una escalada de
violencia que ha generado alarma entre la población. Desde enero, el conflicto
entre grupos armados en Antioquia ha provocado el desplazamiento de cientos de
familias, mientras que la reciente muerte de Oliverio Isaza Gómez, alias
'Terror' y exjefe del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, ha exacerbado la
lucha por el control territorial entre disidencias de las FARC, el ELN y el Clan
del Golfo.
El gobernador Rendón
ha criticado con dureza las estrategias del Gobierno Nacional en materia de
seguridad, calificando la "paz total" como un fracaso que ha dejado a los
antioqueños en medio de la guerra. En un llamado al ministro de
Defensa, Pedro
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Sánchez, instó a tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis.
Mientras las autoridades intentan restablecer la movilidad en la vía afectada,
la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
trabajan para evaluar los daños y garantizar la pronta reapertura del corredor
vial. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los habitantes de la región,
quienes temen que la violencia continúe afectando su cotidianidad y desarrollo
económico.
Mayor del Ejército condenado por permitir salida
irregular de un preso en Bogotá
Un juez de la Justicia Penal Militar
condenó al mayor del Ejército José Abel Quintero por abuso de función pública,
tras haber permitido la salida no autorizada de un recluso de la cárcel de alta
y mediana seguridad para miembros de la Fuerza Pública en Puente Aranda, Bogotá.
El oficial, en lugar de cumplir con su deber, llevó al preso a un club militar,
donde departieron hasta la madrugada.
Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2024, cuando Quintero autorizó la
salida de Jorge Esteban Bautista López, condenado por un juez especializado en
Bogotá. Según la investigación de la Fiscalía, el recluso estuvo fuera del penal
por 12 horas, regresando pasada la medianoche tras haber compartido con Quintero
en el club de oficiales. En los registros del establecimiento quedaron
evidencias de los gastos realizados a nombre del preso.
Inicialmente, Quintero fue procesado por prevaricato por omisión, pero logró un
preacuerdo con la Fiscalía que permitió modificar la acusación a abuso de
función pública. El juez consideró que esta tipificación se ajustaba mejor a los
hechos probados en el proceso.
Las pruebas contra el mayor incluyeron informes de cuatro funcionarios del penal
que notaron la ausencia del recluso, así como registros carcelarios que
confirmaron su salida sin permiso. También se revisaron documentos desde enero
de 2023 hasta septiembre de 2024, con especial énfasis en los días cercanos al
incidente. Además, el testimonio del director del penal y de otros miembros del
Ejército fue clave para esclarecer los hechos.
El fallo señala que el mayor Quintero facilitó la salida del recluso y lo hizo
pasar como su invitado en el club militar. "Incluso, hicieron uso de los
servicios del establecimiento, donde se registró un pago a nombre de Jorge
Esteban Bautista López", detalla la sentencia.
Mientras que los testigos confirmaron la salida irregular del preso, su propia
versión de los hechos resultó inconsistente con las pruebas documentales. Sin
embargo, sí permitió establecer que abandonó la cárcel sin cumplir con los
requisitos legales.
Finalmente, el juez Carlos Alberto Lasprilla declaró culpable a Quintero y le
impuso una sanción económica equivalente a dos días de salario mínimo. Además,
compulsó copias para que un juez de ejecución de penas determine si el preso
incurrió en alguna falta disciplinaria durante su salida irregular.
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