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Se destraba extradición de alias 'Papá Pitufo' a
Colombia: Justicia de Portugal dio luz verde
La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que, en primera instancia, un
tribunal de Portugal aceptó extraditar a Colombia a Diego Marín Buitrago, el
'zar del contrabando', conocido también con el alias de 'Papá Pitufo'.
Camargo dijo que la decisión fue apelada y, en ese orden de ideas, le
corresponde a la Corte Suprema de ese país dar el veredicto final sobre el
requerimiento de la justicia colombiana. Marín está siendo investigado por
cohecho y concierto para delinquir y una jueza autorizó imputarlo en contumacia
(en ausencia) mientras aterriza en el país.
'Papá Pitufo' está en el centro del debate público por sus supuestos aportes
durante décadas a campañas, incluida la del presidente Gustavo Petro. A esa
empresa política le fueron entregados 500 millones de pesos, que, según Petro,
fueron devueltos por orden suya en 2022.
Ese hecho se vino a conocer casi tres años después, tras el accidentado consejo
de ministros televisado en el que el jefe de la Unidad Nacional de Protección
(UNP), Augusto Rodríguez, acusó al actual ministro del Interior, Armando
Bendetti, de haber sido el canal del intento de financiación ilegal.
Este hecho destapó una supuesta red de corrupción en la DIAN, los puertos y la
Policía Aduanera, en la que, según denuncias, habría funcionarios comprados en
todos los niveles para permitir el ingreso de carga sin los respectivos
impuestos.
La solicitud de asilo
En simultáneo a la extradición, el gobierno de Portugal estudia una solicitud de
asilo que fue radicada por la defensa de 'Papá Pitufo' y que actualmente está
estudiando la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA) de Portugal.
De acuerdo con fuentes cercanas a este proceso, el trámite tardaría
aproximadamente dos meses, y si se aprueba, se negaría el requerimiento del
Ministerio de Justicia y Marín seguiría en Portugal.
Sin embargo, para algunos juristas es poco probable que suceda. En el caso de
Portugal, como en muchos otros Estados, se debe demostrar que la persona es
objeto de persecución debido a sus actividades en defensa de la democracia, los
Derechos Humanos, por su oposición política o por motivos raciales, religiosos o
de opinión.
"No considero posible que Portugal le conceda asilo a 'Papá Pitufo', quien está
siendo perseguido judicialmente por cometer delitos comunes, como contrabando y
lavado de activos, que además son severamente castigados en ese país", aseguró
el penalista Elmer Montaña.
Aún si Portugal rechaza la solicitud, 'Papá Pitufo' se jugaría una última carta
para evitar su aterrizaje en la justicia colombiana. Según el penalista Iván
Cancino, "España podría pedirlo como ciudadano, al tener nacionalidad compartida
con ese país".
Corte Suprema ordena decomiso de bienes
a exmagistrados del ‘cartel de la toga’
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra los
exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo
Malo Fernández por corrupción en el escándalo del ‘cartel de la toga’. Además,
compulsó copias a la Fiscalía para que inicie el proceso
de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos con dinero ilícito.
Ricaurte y Malo buscaron que su caso
fuera revisado nuevamente, pero el alto tribunal rechazó su solicitud y ratificó
las sentencias impuestas: 16 años y cinco meses
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de prisión para Ricaurte y nueve
años para Malo. Ambos fueron hallados culpables de recibir millonarios sobornos
a cambio de favorecer a políticos investigados por la Corte Suprema.
En el caso de Ricaurte, la justicia comprobó que, como exmagistrado, recibió
pagos ilegales para influir en los procesos contra los excongresistas Álvaro
Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, así como los exgobernadores Alejandro Lyons
y Juan Carlos Abadía. Por su parte, Malo Fernández, cuando aún era magistrado en
ejercicio, recibió $1.200 millones de Ashton para interferir en su proceso por
concierto para delinquir con grupos paramilitares.
La Corte también solicitó a la Fiscalía investigar otros posibles hechos de
corrupción ligados a la misma red criminal, que aún no han sido judicializados.
Con esta decisión, se busca frenar la impunidad en uno de los mayores escándalos
de corrupción judicial en Colombia.
La otra cara de la tragedia: 590 niños y
niñas huérfanos por feminicidio en 2024
El doloroso eco de los gritos de un niño al lado del cadáver de su madre, la
líder social María del Pilar Hurtado, asesinada en Tierralta, Córdoba, en 2019,
hizo visible una de las realidades más sombrías de los feminicidios en Colombia:
los menores de edad que quedan huérfanos por la violencia de género. Esta
tragedia, lejos de ser una cifra aislada, se ha convertido en una constante que
marca la vida de cientos de niños y niñas en el país.
En 2024, el feminicidio en Colombia creció un 55 % en comparación con el año
anterior, dejando 887 víctimas fatales. De estas, 293 eran madres, muchas de
ellas con hijos pequeños. Como resultado, 590 menores se quedaron sin la figura
materna, y la cifra podría ser aún mayor debido a las limitaciones de la
metodología utilizada para contar estos casos, que se basa principalmente en los
reportes de prensa. En al menos 30 % de los casos, el agresor es el compañero
sentimental de la víctima, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores,
quienes a menudo se encuentran en un escenario devastador: su madre muerta y su
padre en prisión o en proceso judicial.
La situación se agrava aún más cuando se considera que la mayoría de las
víctimas de feminicidio provienen de sectores de clase media-baja. Según Sandra
López, analista del Observatorio de Feminicidios, las mujeres asesinadas son
mayoritariamente trabajadoras informales, vendedoras ambulantes y mujeres
populares, un estatus que también afecta a sus hijos. "La precarización de su
vida es evidente en la ausencia de la madre, lo que impacta directamente a los
menores", asegura López.
Cuando un niño queda huérfano debido a un feminicidio, el Instituto Colombiano
del Bienestar Familiar (ICBF) entra en acción para evaluar su situación. El
proceso comienza con una evaluación integral, que incluye análisis psicológicos
y de riesgo, y si el menor fue testigo directo del crimen, se inicia una ruta de
atención psicosocial. El siguiente paso es encontrar una solución para el
cuidado del niño, que puede implicar reubicarlo con familiares cercanos, como
abuelos o tíos, o en caso de no ser posible, se busca una familia adoptiva o se
le coloca en una familia sustituta.
Las repercusiones psicológicas de vivir una tragedia como esta son profundas.
Expertos aseguran que los menores que presencian la muerte violenta de su madre
enfrentan efectos devastadores en su desarrollo emocional.
"Ver a un ser querido asesinado,
especialmente en manos de un familiar cercano, deja secuelas profundas. Los
niños se enfrentan a una naturalización de la violencia que requiere
intervención urgente", explica López.
Aunque la Ley 1098 garantiza los
derechos de los menores, incluyendo la protección en alimentación y educación, y
cubre hasta la universidad, la implementación efectiva de estas medidas a veces
se ve obstaculizada por barreras administrativas. Además, dado que muchos
feminicidios son cometidos
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por el compañero sentimental, el agresor debe ser responsable de una reparación
integral, lo que incluye la indemnización a los menores sobrevivientes, una
medida que aún enfrenta desafíos prácticos.
Recientemente, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca atender
de manera integral a estos niños huérfanos. Esta iniciativa aboga por tres
pilares fundamentales: atención psicosocial gratuita, la creación de una ruta
para garantizar los derechos de los menores y un Registro Nacional para hacer
seguimiento a los casos. "El Estado no puede permitir que estos niños queden
desamparados. Necesitan una vida digna a pesar de la tragedia", asegura Juliana
Aray, una de las autoras del proyecto.
Sin embargo, algunos defensores de los derechos de los niños insisten en que la
respuesta del Estado debe ser más preventiva, enfocándose en reducir la tasa de
feminicidios. "Más que crear nuevas leyes, se debe cumplir con las rutas de
atención y, sobre todo, garantizar que estos crímenes no sigan ocurriendo",
subraya un abogado especializado en derecho familiar.
En medio de esta dura realidad, la sociedad se enfrenta a la urgente necesidad
de no solo atender a las víctimas, sino también de frenar una violencia que deja
cicatrices profundas en las nuevas generaciones.
Exalcalde de Pereira seguirá en la
cárcel tras fallo judicial
El exalcalde de Pereira, Carlos Maya López, continuará recluido en un centro
carcelario luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira negara
la apelación presentada por su defensa. La decisión, emitida el martes 4 de
marzo de 2025, ratifica la medida de detención intramural en su contra y la de
otros exfuncionarios involucrados en el escándalo de corrupción relacionado con
la construcción de la avenida Los Colibríes.
El caso ha causado un gran revuelo en la ciudad, no solo por la magnitud de los
presuntos delitos, sino también por el impacto que ha tenido en la movilidad de
los pereiranos. La vía en cuestión, que debió haber sido terminada hace meses,
quedó inconclusa y con sobrecostos que superan los 20.000 millones de pesos.
Este escenario ha despertado fuertes críticas sobre la gestión de los recursos
públicos.
Los delitos imputados a Maya y a su exsecretario de Infraestructura, Milton
Hurtado García, incluyen peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por
acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según la Fiscalía,
las pruebas recolectadas hasta el momento justifican plenamente la detención
preventiva.
Los abogados defensores intentaron argumentar que la captura de Maya y Hurtado
se realizó sin pruebas suficientes. Alegaron, además, que los allanamientos
practicados en la residencia del exalcalde no cumplieron con los requisitos
legales y que en ellos no se encontró evidencia relevante. También cuestionaron
la interpretación de una llamada interceptada entre Maya y su esposa, en la que
supuestamente discutían planes para un viaje al exterior, afirmando que el
contexto fue tergiversado por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez no encontró mérito en estos argumentos y consideró que la
gravedad de los cargos y el riesgo de obstrucción a la justicia justifican la
reclusión de los acusados. El fallo confirmó que las actuaciones de la Fiscalía
y de la Policía Judicial se ajustaron a la legalidad, incluyendo las capturas
realizadas el 21 de junio de 2024 en Pereira y en Bogotá, donde Maya fue
arrestado en una reconocida universidad del centro de la capital.
El proceso judicial sigue su curso y la expectativa en la ciudad es alta. La
comunidad pereirana, indignada por el desfalco y la paralización de una obra
clave, espera que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que los
responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Por ahora, Carlos Maya
López y sus exfuncionarios deberán permanecer tras las rejas mientras se
esclarecen los hechos y avanza el proceso penal en su contra.
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