|
EPM vs. Gobierno Nacional: La deuda que desata la
controversia
Recientemente, un juez de la República ordenó embargar las cuentas del Gobierno
Nacional por una deuda pendiente con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus
filiales. La noticia no pasó desapercibida, pues de inmediato encendió una serie
de reacciones políticas que involucraron a altos funcionarios del gobierno,
entre ellos, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas, Edwin Palma.
El presidente Petro, en un consejo de ministros televisado, calificó la decisión
como una "acción política" que no responde a los intereses de Medellín ni de
Antioquia, y mucho menos al interés nacional. Según el mandatario, el hecho de
que una empresa pública como EPM tome esa medida contra las cuentas del Estado
es un acto que no puede ser permitido, insinuando que detrás de la decisión hay
más que un simple reclamo financiero.
Por su parte, el ministro Palma fue aún más tajante en sus declaraciones. En una
intervención pública, acusó al alcalde de Medellín de usar la deuda como una
herramienta política, violando las normas del gobierno corporativo de EPM. Palma
subrayó que las cuentas de la Nación son inembargables, lo que, en su opinión,
convierte la orden judicial en algo cuestionable y sujeto a impugnación. De
hecho, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a las instancias judiciales
para revertir la medida.
¿Qué tan grave es la deuda que ha llevado a esta disputa entre EPM y el
Gobierno?
Para entender la magnitud de esta situación, es necesario mirar el origen de la
deuda. En Colombia, el sistema de subsidios de energía eléctrica y gas beneficia
a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Estos subsidios son cubiertos en parte
por el Gobierno Nacional, que tiene la obligación de asumir la diferencia entre
lo que los usuarios pagan y el costo real del servicio. Sin embargo, en los
últimos meses, el Gobierno no ha cumplido con esos pagos debido a la difícil
situación fiscal que enfrenta el país.
A lo largo de 2024, las empresas del sector energético, como EPM, acumularon una
deuda con el Gobierno que, según cálculos de los gremios del sector, llega a
$2.7 billones para las empresas de energía y $628.000 millones para las de gas
natural. La situación se agrava con los compromisos asumidos por el Gobierno en
cuanto a la "opción tarifaria", una promesa que aún no se ha cumplido
completamente debido a la falta de recursos y a los efectos de la caída de la
ley de financiamiento. En total, las deudas ascienden a unos $7 billones, una
cifra alarmante para las finanzas públicas del país.
De manera específica, el embargo de las cuentas ordenado por el juez responde a
una deuda de EPM con el Gobierno por $41.654 millones, a lo que se suman $5.258
millones en intereses moratorios. Este impago ha sido uno de los principales
detonantes de la controversia.
El ministro Palma también señaló que, aunque el Gobierno reconoce las deudas
pendientes con el sector energético, el 85 % de los pagos se han realizado a las
filiales de EPM. Además, argumentó que este dinero no ha servido para mejorar
los servicios, como el de Afinia, que cubre varios departamentos del Caribe y
donde se han registrado apagones. Estos inconvenientes, según Palma, han sido
aprovechados políticamente por alcaldes opositores, quienes, paradójicamente,
también tienen deudas con las empresas de distribución de energía.
Este cruce de acusaciones pone en evidencia las tensiones entre las autoridades
locales, las empresas del sector energético y el Gobierno Nacional. Mientras el
conflicto judicial sigue su curso, la pregunta que queda es si este
enfrentamiento será el detonante de una nueva crisis política y económica, o si,
por el contrario, se logrará encontrar una solución que
permita el cumplimiento de los compromisos fiscales sin sacrificar el bienestar
de los colombianos.
Bogotá impulsa proyecto piloto para el reúso de
aguas tratadas y mitigar la crisis hídrica
La crisis por agua potable que enfrenta
|
|
Bogotá desde el año pasado, marcada por racionamientos históricos, ha
llevado a las autoridades a explorar soluciones innovadoras para garantizar el
abastecimiento hídrico de la ciudad. Una de las iniciativas que está tomando
fuerza es el reúso de las aguas residuales tratadas, una propuesta que busca
aprovechar los caudales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Salitre (PTAR Salitre). Esta medida no solo pretende aliviar la presión sobre
los sistemas de agua potable, sino también promover un modelo de economía
circular para la capital colombiana.
En un contexto de escasez, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
ha solicitado formalmente a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de
Cundinamarca autorización para llevar a cabo un piloto que permita reutilizar
las aguas tratadas en la PTAR Salitre. El proyecto está diseñado para captar un
caudal de 77 litros por segundo, lo que equivaldría al consumo diario de una
localidad de unos 55.000 habitantes. Aunque la planta actualmente descarga 5.500
litros por segundo de agua tratada al río Bogotá, la cantidad destinada para el
reúso industrial se extraerá de este flujo.
El agua que se reutilizaría no será destinada para consumo humano, sino que se
empleará en actividades industriales, especialmente en procesos de enfriamiento
o en la producción de materiales de construcción. Esta estrategia tiene como
objetivo aliviar la presión sobre los recursos de agua potable y asegurar la
disponibilidad de agua para usos no esenciales, evitando que el suministro de
agua potable se vea afectado aún más por la crisis.
Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, destacó que el reúso de aguas
tratadas es clave para reducir la dependencia de los sistemas de abastecimiento
de agua potable y contribuir a la seguridad hídrica de Bogotá. La funcionaria
también subrayó que esta solicitud se hace dentro del marco de la normativa
ambiental vigente y siguiendo los principios de la economía circular, una
filosofía que promueve el aprovechamiento de recursos en lugar de su descarte.
El Acueducto de Bogotá inició este proceso en abril de 2024, con el objetivo de
implementar soluciones sostenibles frente a la escasez hídrica. De hecho, desde
la PTAR Salitre ya se están recirculando 26 litros por segundo, lo que
representa el 33 % del consumo de agua potable de la planta. Esta medida ha sido
una de las primeras pruebas de la empresa para optimizar el uso del agua tratada
antes de presentar la solicitud oficial ante la CAR.
En paralelo, entre junio de 2024 y enero de 2025, la EAAB sostuvo conversaciones
con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la CAR, obteniendo
el concepto favorable para el reúso de las aguas residuales tratadas. A pesar de
los avances, el proceso aún está en sus primeras etapas y las autoridades siguen
evaluando las mejores formas de llevarlo a cabo sin que impacte negativamente el
equilibrio ambiental del río Bogotá.
La urgencia de esta medida se debe al crítico panorama que vive la ciudad desde
que, en abril de 2024, Bogotá y varios municipios de la Sabana entraron en un
régimen de racionamiento de agua, producto de la disminución de lluvias y el
bajo nivel de los embalses. Además del reúso de aguas tratadas, se ha comenzado
a considerar la explotación de fuentes de aguas subterráneas, que ya están
siendo aprovechadas por sectores industriales y comerciales.
Mientras tanto, la PTAR Salitre sigue siendo un pilar fundamental en el
tratamiento de aguas residuales. Con capacidad para tratar 7,2 metros
cúbicos por segundo, actualmente procesa 5,5 metros cúbicos por segundo, lo que
representa el 30 % de las aguas residuales generadas por la ciudad. Este proceso
ha sido vital para mejorar la calidad del agua que se vierte al río Bogotá,
aunque se espera que, en el futuro, la PTAR Canoas trate la mayor parte de las
aguas residuales, una obra que aún está pendiente de la aprobación de
financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda.
|
|
Suspensión del cierre de farmacias
Audifarma por crisis de medicamentos
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una medida cautelar a
Audifarma el 8 de marzo de 2025, suspendiendo el cierre de sus farmacias tras la
crisis de desabastecimiento de medicamentos en varios puntos de dispensación,
especialmente en Quibdó, Chocó.
Durante una visita a la ciudad, las autoridades identificaron un grave problema
en el inventario de medicamentos. En las estanterías, algunos productos
esenciales como el Acetaminofén, así como tratamientos de alto costo para
enfermedades como el cáncer, escaseaban de manera alarmante. Los usuarios del
lugar señalaron que había afiliados que aún esperaban la entrega de medicamentos
desde diciembre de 2024, lo que agravaba la situación.
Ante este escenario, Supersalud ordenó la suspensión de las acciones que
implicaban el cierre de los establecimientos farmacéuticos encargados de
dispensar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS. Esta medida busca
proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios y asegurar que
reciban la atención médica que requieren de manera oportuna y continua.
La suspensión tendrá una duración inicial de dos meses, con la posibilidad de
prórroga si se demuestra que las acciones administrativas no afectan la
integridad física de los afiliados. Además, la Superintendencia exige que se
resuelvan las entregas pendientes de medicamentos antes de llevar a cabo
cualquier cierre definitivo de las farmacias afectadas.
La Supersalud también anunció que llevará a cabo un seguimiento exhaustivo a
través de informes periódicos para verificar que se cumpla con la medida. En
estos momentos, la situación en Quibdó y otras zonas afectadas sigue siendo
crítica, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de soluciones para
garantizar el acceso a los medicamentos y la atención médica a los colombianos.
Nuevo atentado contra la línea férrea del Cerrejón
deja un herido en La Guajira
Un nuevo atentado con explosivos contra la línea férrea de Cerrejón se registró
en la madrugada del martes, 11 de marzo, en el kilómetro 17 de la jurisdicción
del municipio de Albania, en La Guajira. Este es el quinto ataque en menos de
tres meses a las instalaciones de la compañía minera.
El atentado dejó como saldo a un trabajador de la empresa contratista de
vigilancia con heridas leves. El supervisor, quien se encontraba en las
cercanías del sitio cuando ocurrió la explosión, fue trasladado de inmediato a
un centro médico. Afortunadamente, las lesiones no fueron graves y el trabajador
se encuentra fuera de peligro, según informó Cerrejón.
Además de las lesiones al vigilante, el ataque ocasionó daños a la camioneta en
la que se desplazaba y a la infraestructura férrea, cuyos perjuicios están
siendo evaluados por la empresa. Cerrejón expresó su solidaridad con el
trabajador afectado y su familia, y condenó enérgicamente el atentado,
calificándolo como un acto de violencia que pone en riesgo la vida de las
personas y el desarrollo de la región.
La compañía hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las
medidas de seguridad en la zona y prevenir la repetición de estos actos
violentos. Cerrejón destacó que la paz, la seguridad y el progreso de La Guajira
no pueden ser amenazados por la violencia, y subrayó su compromiso con el
desarrollo sostenible de la región y las comunidades vecinas.
|
