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Minhacienda aborda los retos fiscales y la
financiación de la consulta popular de Petro
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ofreció el jueves un panorama sobre las
finanzas del Estado, detallando los retos fiscales que enfrenta el Gobierno
Nacional. En su intervención, realizada en una entrevista con medios nacionales,
Guevara abordó una serie de temas cruciales, entre ellos los atrasos en los
pagos de subsidios energéticos, los recursos que se necesitarán para la consulta
popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, y el impacto de la caída de
ingresos por impuestos en el presupuesto nacional.
El principal punto de preocupación sigue siendo el embargo de cuentas del Estado
debido a la deuda de más de $4 billones que el Gobierno tiene con las empresas
del Grupo EPM, de los cuales $1,4 billones corresponden a subsidios de energía
para los hogares de estratos 1, 2 y 3. Ante la orden judicial de embargo de las
cuentas del Gobierno, Guevara afirmó que el Ejecutivo presentará una solicitud
de levantamiento de la medida, sustentándose en la inembargabilidad de los
recursos públicos que establece la Constitución y el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.
"Vamos a seguir el proceso legal para lograr que se levante el embargo, ya que
la ley protege los recursos del Estado", explicó Guevara, quien también destacó
que el Gobierno ha estado cumpliendo con los pagos de subsidios de energía, a
pesar de los problemas de liquidez que han afectado la capacidad de pago. En ese
sentido, señaló que se ha acordado un plan de pagos que se extenderá hasta
abril, para saldar las deudas con los comercializadores de energía.
Sin embargo, uno de los temas que más ha generado incertidumbre es el
financiamiento de la consulta popular propuesta por el presidente Petro. Este
proceso, que se estima costará cerca de $500.000 millones, tiene como objetivo
avanzar en la reforma laboral y de salud, dos de los proyectos más ambiciosos
del gobierno, tras la dificultad de aprobarlos en el Congreso. Guevara afirmó
que aún no se ha determinado de dónde saldrán los recursos para financiar este
gasto adicional, pero dejó abierta la posibilidad de incluirlo en los ajustes
presupuestales que se están evaluando.
"Estamos revisando la viabilidad de este gasto dentro de las reconfiguraciones
del presupuesto, tomando en cuenta los recursos disponibles y la necesidad de
continuar con las reformas clave para el país", indicó el ministro, dejando
claro que la situación fiscal sigue siendo un desafío importante.
Guevara reconoció que el panorama fiscal sigue siendo incierto, con un déficit
significativo que, según sus palabras, tiene raíces en la caída del recaudo
tributario y las deudas heredadas de años anteriores. La baja ejecución
económica de 2023, que registró un crecimiento de apenas 0,6 % frente a la
proyección inicial superior al 1 %, ha dificultado el cumplimiento de las metas
fiscales y el ajuste necesario para equilibrar las finanzas del Estado. En
consecuencia, el Gobierno está tomando medidas adicionales para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones y mantener la estabilidad económica del país.
El precio de la vivienda en Colombia
supera la inflación y agrava el acceso para los colombianos
El mercado inmobiliario en Colombia está atravesando una crisis que afecta a una
parte importante de la población. A pesar de que la
inflación general del país ha mostrado una leve disminución, el precio de la
vivienda sigue aumentando a un ritmo preocupante, lo que está dificultando el
acceso a la propiedad para muchas familias.
José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF), explicó que la subida de los precios en el sector
inmobiliario responde a una combinación de factores. Entre ellos se encuentran
el aumento en los costos de los insumos y materiales de construcción, que ha
afectado tanto la oferta de casas como de apartamentos nuevos. Aunque la
inflación general del país ha bajado al 5.3 %, el precio de la vivienda nueva ha
superado esta cifra, con un aumento de más del 9 % en el último
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trimestre de 2024.
Este incremento ha sido más pronunciado en los apartamentos (9.32 %), mientras
que las casas han experimentado un aumento menor (3.4 %).
Uno de los sectores más afectados por esta situación es la Vivienda de Interés
Social (VIS), que ha tenido un crecimiento muy limitado en los últimos meses.
López señaló que los procesos de iniciación de proyectos de VIS se han vuelto
más lentos, lo que ha reducido considerablemente la oferta de viviendas con
subsidio. Esto se traduce en precios más altos, tiempos de entrega más largos y
un aumento en los alquileres. La falta de claridad en los plazos para acceder a
subsidios ha complicado aún más la situación para las familias que dependen de
este tipo de vivienda.
Además de las dificultades generales en el mercado, la situación varía según las
regiones del país. En ciudades como Cúcuta y Popayán, los precios han subido a
niveles de doble dígito, mientras que en Bogotá los precios en estratos bajos
han mostrado una caída debido a las políticas locales.
Un factor adicional que ha influido en la compra de vivienda es el cambio de
mentalidad entre los jóvenes. Según López, muchos de los jóvenes colombianos
están postergando la compra de una vivienda, ya que sus ingresos no les permiten
hacerlo en los primeros años de su vida laboral. Además, esta generación tiene
un enfoque más pragmático sobre este tema, optando por adquirir propiedades a
una edad mayor.
El panorama actual del mercado inmobiliario refleja un acceso limitado a la
vivienda, especialmente para aquellos sectores más vulnerables. Sin una
respuesta efectiva a estos desafíos, el sueño de ser propietario de vivienda se
aleja cada vez más para miles de colombianos.
Federico Gutiérrez: "El ministro o está
mal informado o miente con determinación" sobre el caso EPM
El conflicto entre el Gobierno Nacional y Empresas Públicas de Medellín (EPM)
continúa escalando, y esta vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha
salido al paso de las declaraciones del ministro de Minas y Energía, quien
afirmó que el 85 % de la deuda del Gobierno con EPM había sido saldada. En una
entrevista con medios nacionales, Gutiérrez desmintió al ministro, calificando
sus palabras de "incorrectas" y acusándolo de "mentir con determinación".
El centro del conflicto es la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con EPM,
que asciende a un total de $41.654 millones, además de $5.258 millones en
intereses moratorios. Este dinero corresponde principalmente a los subsidios de
energía para los hogares de estratos 1, 2 y 3, un compromiso que el Estado no ha
cumplido desde el año pasado. Gutiérrez aseguró que, si el ministro estuviera
bien informado, no habría necesidad de interponer demandas judiciales para hacer
valer los derechos de las empresas del servicio público. “Si hubieran pagado el
85 %, no hubiéramos tenido que llegar a esta instancia”, dijo.
El alcalde también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, quien calificó
las decisiones judiciales como una “acción política” en su contra. Gutiérrez no
dudó en replicar: "El presidente olvida que en este país hay independencia de
poderes. Él no es el que manda en todo", y agregó que el pronunciamiento de la
justicia fue una respuesta legítima a un reclamo que lleva más de un año sin
solución. Según Gutiérrez, este es un caso sin precedentes en Colombia, donde un
gobierno no cumple con sus obligaciones frente a los recursos destinados a la
población más vulnerable, como lo son los subsidios a la energía.
“¿Dónde está la plata?”, cuestionó Gutiérrez, refiriéndose a los miles de
millones de pesos que el Gobierno ha recaudado, pero que no han llegado a los
sectores que más lo necesitan, como la salud y los proyectos sociales. Para él,
este es un gobierno con un nivel de recursos nunca antes visto en el país, pero
que no responde con soluciones a las necesidades de la gente.
A pesar de las afirmaciones del ministro de Minas, el alcalde aseguró que el
Gobierno Nacional aún le debe a EPM una suma que supera el billón de pesos solo
por los subsidios de energía de los estratos más bajos. Este incumplimiento,
señaló, afectó no solo a EPM, sino a toda la cadena de prestadores de servicios
públicos. En este sentido, Gutiérrez adelantó que no se quedarán de brazos
cruzados y que vendrán más acciones judiciales, tanto por los pagos de EPM como
por el incumplimiento relacionado con el Metro de la 80, que también tiene
recursos asignados por ley, pero que el Gobierno ha decidido postergar.
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El alcalde insistió en que la única respuesta del Gobierno debe ser cumplir con
lo estipulado por la ley y dejar de buscar excusas. "El populismo y la demagogia
no deben interferir en la responsabilidad del Gobierno de cumplir con lo
pactado", afirmó. En un panorama que sigue siendo tenso, Gutiérrez confía en que
la justicia continuará apoyando las acciones legales emprendidas, mientras se
espera que el Gobierno finalmente dé respuestas concretas sobre los pagos
pendientes.
San Vicente del Caguán: Una nueva esperanza para la paz y el medioambiente
San Vicente del Caguán, un municipio del Caquetá marcado por el estigma del
conflicto armado y el recuerdo de la fallida zona de despeje durante el proceso
de paz con las FARC en los años 2000, está viviendo una transformación. Hoy, más
que nunca, la región quiere dejar atrás su pasado violento y convertirse en un
referente de paz, sostenibilidad y desarrollo comunitario.
En medio de este cambio, los líderes y lideresas locales han impulsado
iniciativas que buscan transformar la economía, fortalecer el tejido social y,
lo más importante, proteger la biodiversidad de la región. La paz que tanto
anhelaba San Vicente no llegó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Aunque la
zona fue uno de los puntos de negociación, hoy persisten grupos disidentes como
el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandado por Calarcá Córboba,
que siguen sembrando incertidumbre en el territorio. Sin embargo, la comunidad
no se detiene y sigue luchando por un futuro mejor.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el municipio es la deforestación.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
en el primer trimestre de 2024, Caquetá perdió más de 11.500 hectáreas de
bosques, lo que muestra un aumento respecto al mismo periodo de 2023. La causa
principal de esta pérdida es la ganadería extensiva, un sector que
históricamente ha sido el pilar de la economía local. Sin embargo, muchos
ganaderos están buscando un cambio hacia prácticas más sostenibles, conscientes
de que la preservación de la Amazonía es clave para el futuro de sus
comunidades.
Un ejemplo de este cambio es la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de San
Vicente del Caguán (Asogasanvi), que desde 2020 promueve sistemas de ganadería
respetuosos con el medioambiente. Hilder Cruz, uno de los representantes de esta
asociación, destacó que ya han logrado 185 acuerdos de conservación con
ganaderos locales y restaurado 210 hectáreas de tierras. "Nuestra meta es que
San Vicente sea el municipio líder de la Amazonía", afirmó Cruz, subrayando que
la ganadería sostenible es una alternativa viable y rentable para los campesinos
de la región.
Las apuestas de la comunidad no se limitan solo al ámbito productivo, sino que
también incluyen la reforestación y el fortalecimiento organizativo. En este
sentido, las mujeres juegan un papel fundamental. María Raquel Espinoza, líder
de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (Aampy),
compartió su experiencia en la reforestación, destacando que han recolectado 145
especies amazónicas en su vivero para ayudar a recuperar los ecosistemas
locales.
El fortalecimiento de las organizaciones sociales es otro de los pilares en los
que se apoya la construcción de paz en San Vicente. Raúl Ávila, de la
Corporación de Trabajadores Campesinos, Agropecuarios y Ambientales de los
Llanos del Yarí (Corpoayarí), afirmó que la ausencia de la institucionalidad en
el territorio ha obligado a las comunidades a organizarse para resolver sus
problemas. "Este territorio tiene una gran herencia de procesos asociativos, y
estamos comprometidos en seguir adelante", aseguró Ávila, destacando el trabajo
de las organizaciones en la defensa del territorio.
Un aspecto fundamental en el proceso de transformación de San Vicente es la
necesidad de cambiar la narrativa que ha acompañado al municipio durante años.
En lugar de ser percibido como un territorio violento y lleno de estigmas, los
líderes de la región insisten en que la identidad de San Vicente debe estar
vinculada a su riqueza natural y su capacidad para promover la paz. "Tenemos una
biodiversidad enorme, una conexión con la Amazonía que debemos aprovechar", dijo
Carlos Vinasco, de ICO Conexión Colombia.
Este esfuerzo de transformación es parte de un proyecto más amplio que busca
consolidar la paz en Colombia. Los diálogos sociales y las iniciativas
comunitarias en San Vicente del Caguán son un ejemplo de cómo las comunidades
afectadas por el conflicto pueden ser agentes de cambio y promotoras de la paz.
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