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Alertan desabastecimiento de medicina para
enfermedades autoinmunes
En los últimos meses, Colombia enfrenta una crisis en el suministro de
medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades reumáticas y
autoinmunes, afectando tanto a pacientes adultos como pediátricos. La Asociación
Colombiana de Reumatología emitió una alerta urgente sobre esta situación que
pone en riesgo la salud de miles de colombianos.
Las enfermedades reumáticas y autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus
eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, las vasculitis, la
espondiloartritis y la artritis idiopática juvenil, requieren un manejo continuo
para evitar complicaciones graves. Sin embargo, las demoras y faltantes en la
entrega de tratamientos esenciales están generando recaídas, daño orgánico
irreversible, hospitalizaciones prolongadas, discapacidad y complicaciones
severas en los pacientes afectados.
Según Asoreuma, la interrupción del tratamiento no solo acelera la progresión de
la enfermedad, sino que también obliga a los pacientes a recurrir a terapias más
costosas, incrementa la necesidad de hospitalizaciones y eleva la incidencia de
complicaciones severas e irreversibles. Además, esta situación vulnera el
derecho fundamental a la salud y a la vida de los pacientes, afectando
significativamente su calidad de vida y la de sus familias.
Desde el punto de vista económico y social, la entidad advirtió sobre el impacto
de esta crisis que se traduce en mayores costos para el sistema de salud,
incremento en las incapacidades laborales, pérdida de productividad y un
deterioro significativo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Ante la situación, la Asociación Colombiana de Reumatología hace un llamado
urgente a los distintos actores del sistema de salud para que implementen
estrategias efectivas que garanticen el acceso oportuno y continuo a los
medicamentos necesarios. Solicitan a las entidades responsables de la prestación
del servicio que optimicen sus procesos de suministro y distribución para
garantizar la continuidad de los tratamientos.
A la Superintendencia Nacional de Salud y demás entes de vigilancia y control,
la entidad solicitó que monitoreen activamente la entrega de tratamientos
esenciales y ejecuten intervenciones urgentes para corregir las fallas en el
suministro de medicamentos.
Fallo indígena permitiría minería en la
Amazonía alerta Procuraduría
Una demanda de nulidad simple contra una resolución expedida por el Cabildo
Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón interpuso la
Procuraduría General de la Nación, argumentando que permitiría minería en una
reserva de la Amazonía.
Dicha resolución aprobó la sustracción de 1.043,37 hectáreas de la Reserva
Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley 2ª de 1959, para el desarrollo
de un proyecto minero, desconociendo la competencia exclusiva del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en esta materia.
El ente de control consideró que la resolución fue
expedida sin competencia legal y en contradicción con el marco normativo
vigente, el cual establece que las reservas forestales nacionales son
administradas exclusivamente por el Ministerio de Ambiente, conforme a la Ley 99
de 1993.
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Según lo señalado en la demanda, la Resolución No. 009 de 2025 vulnera el
ordenamiento jurídico colombiano al desconocer que la sustracción de zonas de
reserva forestal nacional es una facultad exclusiva del Ministerio de Ambiente,
no de las autoridades indígenas.
Asimismo, la entidad subraya que el Decreto 1275 de 2024 establece que las
autoridades indígenas y ambientales deben coordinar sus actuaciones para
garantizar la protección de los ecosistemas. En este caso, la resolución del
Cabildo Gobernador no contó con la participación ni la autorización del
Ministerio de Ambiente, lo que la hace jurídicamente nula.
El año pasado, la Procuraduría General de la Nación reveló los impactantes
resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por
Mercurio en el país. También el ente investigador reveló cuales son las regiones
más afectadas por la minería contaminante en el país.
El ente de control informó que en los últimos diez años se ha reportado la
presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando
especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del
Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50 % de
los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.
Daño al medio ambiente
Detalló la Procuraduría que la extracción ilícita de minerales se ha consolidado
como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando
además desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de
riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades
ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.
Minhacienda aborda los retos fiscales y la
financiación de la consulta popular de Petro
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ofreció el jueves un panorama sobre las
finanzas del Estado, detallando los retos fiscales que enfrenta el Gobierno
Nacional. En su intervención, realizada en una entrevista con medios nacionales,
Guevara abordó una serie de temas cruciales, entre ellos los atrasos en los
pagos de subsidios energéticos, los recursos que se necesitarán para la consulta
popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, y el impacto de la caída de
ingresos por impuestos en el presupuesto nacional.
El principal punto de preocupación sigue siendo el embargo de cuentas del Estado
debido a la deuda de más de $4 billones que el Gobierno tiene con las empresas
del Grupo EPM, de los cuales $1,4 billones corresponden a subsidios de energía
para los hogares de estratos 1, 2 y 3. Ante la orden judicial de embargo de las
cuentas del Gobierno, Guevara afirmó que el Ejecutivo presentará una solicitud
de levantamiento de la medida, sustentándose en la inembargabilidad de los
recursos públicos que establece la Constitución y el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.
"Vamos a seguir el proceso legal para lograr que se levante el embargo, ya que
la ley protege los recursos del Estado", explicó Guevara, quien también destacó
que el Gobierno ha estado cumpliendo con los pagos de subsidios de energía, a
pesar de los problemas de liquidez que han afectado la capacidad de pago. En ese
sentido, señaló que se ha acordado un plan de pagos que se extenderá hasta
abril, para saldar las deudas con los comercializadores de energía.
Sin embargo, uno de los temas que
más ha generado incertidumbre es el financiamiento de la consulta popular
propuesta por el presidente Petro. Este proceso, que se estima costará cerca de
$500.000 millones, tiene como objetivo avanzar en la reforma laboral y de salud,
dos de
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los proyectos más ambiciosos del gobierno, tras la dificultad de
aprobarlos en el Congreso. Guevara afirmó que aún no se ha determinado de dónde
saldrán los recursos para financiar este gasto adicional, pero dejó abierta la
posibilidad de incluirlo en los ajustes presupuestales que se están evaluando.
"Estamos revisando la viabilidad de este gasto dentro de las reconfiguraciones
del presupuesto, tomando en cuenta los recursos disponibles y la necesidad de
continuar con las reformas clave para el país", indicó el ministro, dejando
claro que la situación fiscal sigue siendo un desafío importante.
Guevara reconoció que el panorama fiscal sigue siendo incierto, con un déficit
significativo que, según sus palabras, tiene raíces en la caída del recaudo
tributario y las deudas heredadas de años anteriores. La baja ejecución
económica de 2023, que registró un crecimiento de apenas 0,6 % frente a la
proyección inicial superior al 1 %, ha dificultado el cumplimiento de las metas
fiscales y el ajuste necesario para equilibrar las finanzas del Estado. En
consecuencia, el Gobierno está tomando medidas adicionales para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones y mantener la estabilidad económica del país.
Acuerdo entre Rappi y sindicato en Medellín
beneficia a 700 trabajadores
Con la mediación de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en
Antioquia, se lograron acuerdos parciales entre la empresa Rappi S.A.S. y la
Unión Sindical de Mensajeros de las Tiendas Turbo (USMTT), beneficiando
aproximadamente a 700 trabajadores en Medellín.
Dentro de los convenios alcanzados, se garantizan principios fundamentales como
el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa para
todos los repartidores de Rappi Turbo en la ciudad. Como parte de estas medidas,
se ajustó el procedimiento actual y se eliminaron siete causales de
inhabilitación de las cuentas "Soy Rappi".
Adicionalmente, en las nueve tiendas Turbo de Medellín se implementarán mejoras
en las condiciones laborales. Los trabajadores contarán con unidades sanitarias,
acceso a hidratación, zonas seguras de parqueo y personal de limpieza financiado
por la empresa. Estas medidas buscan garantizar un ambiente de trabajo limpio y
seguro, reduciendo el riesgo de accidentes y enfermedades laborales.
El proceso de mediación por parte de la Dirección Territorial de Antioquia
inició en noviembre de 2024, con la convocatoria a reuniones entre las partes
para negociar condiciones laborales en un marco jurídico atípico en Colombia,
pero alineado con los convenios internacionales en materia de derechos
laborales.
El próximo encuentro entre Rappi y USMTT está programado para el 9 de abril de
2025, donde se espera discutir una posible modificación a la tarifa base,
actualmente establecida en 3.400 pesos.
Sobre el proceso, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: "De acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Convenio 151 y 154 de la OIT, la
negociación colectiva no puede obstaculizarse por la inexistencia de reglas que
rijan su desarrollo. Nuestro actuar debe estar enmarcado en proteger
laboralmente las nuevas modalidades de trabajo, como las plataformas digitales
y, sobre todo, garantizar que las personas más vulnerables cuenten con trabajo
digno y decente".
Por su parte, el director de la Dirección Territorial de Antioquia, Fabio Andrés
González García, destacó el diálogo tripartito y la voluntad de las partes como
elementos clave en las tres sesiones celebradas entre Rappi y la USMTT. El
objetivo principal de estas negociaciones es mejorar las condiciones laborales y
fortalecer el derecho a la negociación colectiva en el sector de plataformas
digitales.
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