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Pereira, Colombia - Edición: 13.447-1027

Fecha: Jueves 27-03-2025

Golpe a la criminalidad en Pereira: 954 capturas en lo que va del año

El trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Pereira, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional ha dado resultados contundentes en la lucha contra la criminalidad. En lo que va de 2025, se han realizado 954 capturas, con un fuerte golpe a estructuras delictivas responsables de homicidios y narcotráfico en la región. Entre los capturados, se encuentran 19 individuos considerados piezas clave en la dinámica criminal de Pereira y Dosquebradas, vinculados al grupo delictivo ‘Cordillera’.

La general Yurian Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, destacó que estos resultados son producto de operativos de inteligencia, investigación y prevención policial. Uno de los mayores logros ha sido la desarticulación del grupo ‘Fragata’, que operaba en la comuna Villasantana y otras zonas de la ciudad. En este operativo se ejecutaron seis órdenes de captura por homicidio, incluyendo la de alias ‘Goku’, cabecilla de esta estructura criminal.

Otro de los capturados es Jhon Andrés Silva Patiño, alias ‘El Zarco’, presunto cabecilla de ‘Cordillera’, señalado de ordenar diversos homicidios en Pereira. Para su captura, las autoridades emplearon tecnología de reconocimiento facial a través de drones, un recurso innovador en la lucha contra el crimen.

En el barrio Turín de Pereira fue detenido alias ‘Kenner’, sospechoso del homicidio de alias ‘Mico’ el pasado 15 de marzo, presuntamente relacionado con disputas por microtráfico. Asimismo, en el sector de la Churria, se capturó a alias ‘Norbey’, quien podría tener información clave sobre el doble homicidio del 20 de marzo en Puente La Máquina, Dosquebradas, donde dos cuerpos fueron hallados en bolsas plásticas.

Las autoridades también han ejecutado 45 allanamientos, que han permitido la incautación de 102 kilos de marihuana, 11 kilos de cocaína, cinco kilos de bazuco, tres kilos de base de coca y 4.364 pastillas de éxtasis. Además, han sido confiscadas 89 armas de fuego, las cuales están siendo analizadas para determinar su uso en homicidios registrados en la región.

Denuncian campo de concentración del Frente 33 en El Catatumbo

Una grave denuncia sobre la existencia de un campo de concentración en El Catatumbo, Norte de Santander, fue presentada ante Human Rights Watch (HRW). Según el informe, el Frente 33 de las disidencias de las FARC estaría llevando a cabo secuestros y sometiendo a civiles a trabajos forzados, violencia sexual y asesinatos, con el objetivo de consolidar su control en la región.

De acuerdo con testimonios recogidos por HRW, el grupo armado traslada a estos campamentos a personas sospechosas de colaborar con la Fuerza Pública o de incumplir sus normas. Uno de los sobrevivientes relató que fue llevado a ese

lugar por haber compartido en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército. Durante su cautiverio, fue obligado a trabajar desde las cuatro de la mañana hasta el anochecer cortando caña de azúcar.

La brutalidad dentro del campamento quedó evidenciada en el testimonio de este testigo, quien narró el asesinato de una pareja frente a los prisioneros. "Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos", aseguró. Además, denunció que las mujeres y niñas eran víctimas de violencia sexual, siendo obligadas a mantener relaciones con los combatientes a cambio de mejores condiciones dentro del lugar.

Según HRW, estos campamentos comenzaron a operar en 2024, aprovechando el cese al fuego pactado con el gobierno en el marco de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Esta situación ha permitido que el Frente 33 expanda su dominio sobre la región, incluso financiando obras públicas como carreteras, escuelas y hospitales para generar dependencia en las comunidades.

Los líderes sociales también han sido víctimas de amenazas y asesinatos. Uno de los casos más recientes es el de Pedro María Ropero, un dirigente de Campo Seis, Tibú, asesinado el 17 de enero tras oponerse a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal impulsada por el grupo armado.

El conflicto ha dejado un saldo devastador en El Catatumbo. Datos de la Gobernación de Norte de Santander indican que, hasta el 21 de marzo de 2025, se han registrado 94 muertes, incluyendo 81 civiles, 6 firmantes del acuerdo de paz, 4 menores de edad y 3 líderes sociales. Además, 59.511 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, con Cúcuta como la principal ciudad receptora con 30.468 desplazados, seguida de Ocaña, Tibú y otros municipios de la región.

Iván Mordisco reaparece en video y lanza críticas al proceso de paz

En un nuevo video divulgado el miércoles, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) que se apartó de las negociaciones con el Gobierno, lanzó críticas tanto al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con Juan Manuel Santos como a la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

La grabación, que dura siete minutos, fue publicada en conmemoración de los 17 años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo", fundador de las extintas FARC. En ella, Mordisco reivindica la figura de Marulanda y asegura que su legado sigue siendo una guía para la lucha revolucionaria.

"Ese legado de dignidad que se opone al silencio cómplice y a la pérdida de la esperanza nos ha mostrado el camino para levantarnos de la traición del mal llamado proceso de paz con Santos y del fraccionalismo de traidores que asaltaron el proceso con Petro", afirmó el líder guerrillero en el video.

La reaparición de Mordisco coincide con ataques perpetrados por su grupo en varios municipios del Cauca, como Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto, donde se registraron hostigamientos contra estaciones de Policía y bases militares. Aunque las autoridades confirmaron los ataques, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos.

El distanciamiento de Mordisco del proceso de paz se produjo en julio de 2024, tras un atentado del EMC contra una comunidad indígena en Toribío, lo que llevó al presidente Petro a suspender el alto al fuego en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Esto generó una división dentro del EMC, quedando una facción, liderada por Calarcá Córdoba, que continúa en la mesa de diálogo bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), mientras que la de Mordisco se apartó del proceso.

La última vez que se había visto a Mordisco en video fue en noviembre pasado, cuando expuso diez puntos en los que sugería su intención de retomar el diálogo con el Gobierno. En ese entonces, manifestó que "aún se puede recuperar el camino hacia la paz, las reformas y el proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas en el país".

Sin embargo, a la luz de su mensaje actual, esa voluntad parece haberse desvanecido. Su discurso reafirma su postura de continuar con la lucha armada y marca distancia con cualquier posibilidad de acercamiento con el Gobierno, lo que representa un nuevo desafío para la política de paz total de Petro.

Corte Constitucional ratifica restitución de tierras a víctimas del paramilitarismo

La Corte Constitucional reafirmó la decisión de restituir las tierras a 49 familias campesinas en Magdalena, víctimas del despojo forzado por grupos paramilitares. Con esta determinación, se deja en firme la sentencia del Tribunal de Cartagena emitida en 2018, que ya había reconocido la propiedad de los terrenos a los campesinos mediante la prescripción adquisitiva.

El fallo pone fin a una larga batalla legal en la que la empresa La Francisca S.A.S. intentó anular la decisión judicial, argumentando que no se le reconoció su buena fe en la adquisición de los predios. No obstante, la Corte consideró que la compañía no presentó pruebas suficientes que respaldaran su derecho sobre las tierras y determinó que no realizó acciones para verificar la legalidad de la propiedad.

Los hechos se remontan a 1987, cuando un grupo de campesinos comenzó a trabajar las tierras denominadas "Las Franciscas I y II". Sin embargo, un año después, fueron desalojados por un grupo armado que posteriormente arrendó los predios a empresas productoras de cacao y banano. Con el tiempo, la multinacional Dole Food Company tomó el control de la zona, marcada por la violencia y el desplazamiento forzado.

En 2014, los campesinos demandaron la restitución de sus tierras, alegando que fueron víctimas del conflicto armado. Cuatro años después, el Tribunal de Cartagena les otorgó la propiedad de los predios, tras determinar que La Francisca S.A.S. había actuado de mala fe en su adquisición.

La Corte Constitucional sostuvo que el tribunal actuó conforme a la ley, reconociendo la condición de víctimas de los campesinos y la violación de sus derechos humanos. Así mismo, destacó que los afectados ejercieron la posesión de los predios entre 1996 y 2004 sin reconocer dominio ajeno.

Esta decisión representa un paso significativo en la lucha por la restitución de tierras en Colombia, reafirmando el compromiso del Estado con las víctimas del desplazamiento forzado y garantizando su derecho a recuperar lo que les fue arrebatado por la violencia.

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