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Aranceles del 25% para coches no
fabricados en EE. UU. anuncia Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un
arancel del 25% por ciento a los automóviles fabricados fuera del
país que entrará en vigor el 2 de abril, una nueva medida en el
marco de la guerra comercial iniciada por el magnate republicano.
"Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y
por quitarnos nuestros empleos, nuestra riqueza y muchas cosas que
nos han estado quitando a lo largo de los años", ha resaltado este
miércoles en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.
Los anuncios realizados por Trump sobre los aranceles han agitado
los mercados en las últimas semanas. El índice bursátil S&P 500 ha
caído este miércoles un 1,1%, mientras que el Nasdaq se ha apuntado
una caída del 1,8%, según Bloomberg.
Esto se produce después de que la Administración Trump concediera a
principios de marzo una exención de un mes, hasta el 2 de abril, a
todos los automóviles que entren en el marco del tratado de libre
comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.
Polonia adoptará decreto que limita
derecho de asilo: primer ministro
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el miércoles que
firmará un decreto que restringirá el derecho a solicitar asilo en
el país, una medida que, según el gobierno, busca luchar contra la
inmigración irregular orquestada por Bielorrusia y Rusia.
Tanto Polonia como otros países de la Unión Europea (UE) situados en
el este del bloque han acusado a Rusia y a su aliado Bielorrusia de
empujar a miles de migrantes a cruzar la
frontera en los últimos años.
Tusk, un europeísta que lidera un gobierno de coalición, escribió en
la red social X que firmará la disposición "esta misma noche (...).
Como prometido, sin demora".
El anuncio se produjo después de que el presidente polaco, Andrzej
Duda --aliado de la oposición de derecha-- informara que había
firmado una ley que permite al gobierno limitar temporalmente y bajo
ciertas condiciones el derecho de asilo.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, indicó en
diciembre que los países miembros podían limitar excepcionalmente el
derecho de asilo en caso de que los migrantes fuesen
"instrumentalizados" por Moscú y Minsk.
El anuncio se produjo
mientras Polonia estaba inmersa en una controversia por impedir el
ingreso de migrantes. Lo hizo alegando que Bielorrusia y Rusia
utilizaban esas oleadas migratorias como "ataque híbrido" para
desestabilizar al bloque.
En diciembre, Tusk declaró que el proyecto de ley buscaba recuperar
"el control de las fronteras de Polonia". Pero grupos de derechos
humanos criticaron las medidas.
Según los guardias fronterizos polacos, más de 30.000 personas
intentaron cruzar ilegalmente la frontera entre Bielorrusia y
Polonia en 2024.
Para impedir los cruces,
Varsovia instaló en su frontera una valla metálica de cinco metros
de altura equipada con dispositivos de vigilancia sofisticados. El
país también desplegó miles de soldados en la zona.
Bolivia declaró emergencia
nacional por lluvias: van 50 muertos
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció
este miércoles la declaración de la
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emergencia nacional para así
"agilizar la respuesta" de las autoridades a las devastadoras lluvias
torrenciales que han sacudido a todo el país y que dejan ya más de medio
centenar de fallecidos.
"Esta medida va a permitir agilizar la respuesta a los daños, gestionar
recursos, movilizar mayores recursos a los lugares afectados, la elaboración del
plan postinundaciones, dado que la afectación es a los nueve departamentos",
detalló el mandatario, según recoge 'El Deber'.
Arce destacó que dos de los nueve departamentos del país han declarado el estado
de desastre y otros tres se encuentran en situación de emergencia. Así, invitó a
los nueve gobernadores a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de
Autonomías prevista para el próximo lunes.
Según precisó Arce, las inclemencias meteorológicas dejan un balance provisional
de al menos 51 muertos --la mayoría de ellos en Cochabamba y La Paz-- y ocho
desaparecidos. Más de 200 municiones han sufrido inundaciones, en los que se
registran casi 2.600 viviendas afectadas, incluidas cerca de 820 destruidas.
El presidente boliviano se acogió a un informe del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (Senamhi) para destacar que precipitaciones como las
registradas en los últimos días no se habían visto desde hacía más de 40 años.
"Estamos atravesando una situación complicada", ha reconocido.
Magistrados designados por la izquierda
avalaron juicio al derechista Bolsonaro
Tan anunciado como polémico. Así es el fallo de los magistrados de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de Brasil que da luz verde a juzgar al expresidente
derechista, Jair Bolsonaro, por presunta rebelión e intento de golpe de Estado.
Más allá de los seguidores del exmandatario, la oposición política y analistas
destacaron que dicho fallo es político y sin sustento jurídico. Lo primero,
porque los cinco magistrados que integran la mencionada sala son tan afines como
cercanos al izquierdista presidente Luis Inácio Lula da Silva (inclusive dos
fueron nombrados por él en anteriores administraciones) y, lo segundo, por no
existir prueba alguna que vincule o demuestre que Bolsonaro promovió no sólo un
plan contra la democracia sino un presunto intento de asesinar a su rival
político.
El Tribunal Supremo Federal (TSF) es el máximo órgano judicial en Brasil (la
Corte Suprema de Justicia en otros países). Son 11 magistrados repartidos en dos
salas. Ante la sala primera fue denunciado (por la Fiscalía) Bolsonaro y otras
33 personas por supuestamente tratar de anular los resultados de las elecciones
de octubre 2022, donde en la segunda vuelta Lula se impuso con una ventaja de
1.8% de los votos y, también presuntamente, poner en marcha un plan
‘desestabilizador’ que se materializó con los ataques de manifestantes a las
instituciones en Brasilia, dos meses después (enero 8).
Baste mirar la composición del TSF para determinar su mayoritaria inclinación
política. La mencionada Sala, que emitió el fallo unánime, está integrada por
Alexander de Moraes, considerado la ‘bestia negra’ de Bolsonaro, quien tras
militar en la Social Democracia Brasileña (centroizquierda) fue designado por el
centroderechista Michel Temer en 2017; Flávio Dino (nombrado por Lula en 2023),
Luiz Fux (Dilma Rousseff en 2011), Cristiano Zanin (Lula, 2017) y Cármen Lúcia
Antunes (Rousseff 2006), quien fungió como abogado del hoy mandatario y le
rehabilitó políticamente al lograr su excarcelación en 2019 cuando el Tribunal
le anuló la condena del caso Lava Jato por considerar que “no se le había
respetado sus derechos ni el debido proceso”.
La Segunda Sala está conformada por otros
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cinco magistrados,
cuatro de ellos designados entre el 2002 y el 2021 por Lula, Rousseff y Fernando
Henrique Cardozo (centroizquierdista). La excepción es Nunes Márquez, nombrado
por Bolsonaro hace cinco años.
Con una sorpresiva
celeridad, ya que la denuncia de la Fiscalía se presentó hace un mes (febrero
19), el Tribunal Supremo la avaló, abriendo así un proceso penal contra
Bolsonaro y sus colaboradores por organización criminal armada, tentativa de
abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño
calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio histórico.
Ahora viene la fase de instrucción, en la que las partes han de recabar pruebas
y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal oficialice una fecha
para el juicio, tras el cual los magistrados decidirán si el exmandatario, uno
de los abanderados con el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier
Milei de la nueva derecha mundial, será absuelto o condenado. Puede enfrentar
una condena de hasta 40 años de cárcel.
Hoy al emitir el fallo, el magistrado De Moraes, dijo que “existen pruebas
razonables que sustentan la denuncia…Bolsonaro conocía, manejaba y discutía el
borrador" en el que se redactó el plan golpista, en el que –aseguró– también
estuvieron implicados el resto de acusados.
Se trata del exministro de Justicia Anderson Torres, de los antiguos titulares
de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; del exjefe de Gabinete de
Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, del exdirector de Inteligencia Alexandre
Ramagen; del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; y de quien fue uno
de sus aliados y asistentes más estrechos, el coronel Mauro Cid.
Todos ellos forman parte de una lista de 34 acusados por diferentes grados de
delito, si bien la investigación de la Fiscalía les sitúa como "núcleo crucial"
de los episodios violentos de aquel 8 de enero de 2023.
En su argumentación, De Moraes mostró imágenes de los hechos violentos de aquel
día y refutó a la defensa de Bolsonaro, que alegaba que los participantes eran
personas religiosas y de edad avanzada. "No se ve ninguna Biblia". "No fue
aquello un domingo en el parque", aseveró.
"La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al
Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se
hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la
resistencia del Ejército y medidas de excepción", explicó el magistrado.
Por su parte, el magistrado Antunes al justificar su decisión sostuvo que era
necesario volver atrás, antes del 8 de enero, "para llegar hasta esa máquina que
intentó desmontar la democracia".
“Es persecución”
Bolsonaro, que no estuvo presente durante la votación y la siguió por
videoconferencia desde la oficina que, como parlamentario, tiene su hijo Flávio
Bolsonaro en el Senado, junto a otros aliados, reiteró su inocencia y el intento
de poner fin a su aspiración presidencial.
Después, habló ante periodistas para denunciar que las acusaciones en su contra
son "infundadas" e, incluso, se comparó con la líder opositora venezolana María
Corina Machado, a quien con delitos inexistentes le impidieron ser candidata
presidencial y ahora está en la clandestinidad temiendo por su vida.
"Parece que tienen algo personal contra mí, y las acusaciones son muy graves e
infundadas… Vivimos momentos de intranquilidad por la creatividad de algunos",
manifestó el exmandatario derechista.
Cuando estaba teniendo lugar la votación en el Tribunal, Bolsonaro cuestionó por
redes sociales la celeridad con la que se estaba desarrollando todo este caso y
afirmó que este "teatro procesal" busca evitar que pueda presentarse a las
elecciones de 2026, pese a que ya fue inhabilitado por la Justicia Electoral.
La Fiscalía acusó al entonces saliente presidente de intentar impedir de forma
coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, pero
enfatizó que "el plan" comenzó en 2021 con otra serie de acciones y
declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la
limpieza del sistema electoral.
A sus 70 años, Bolsonaro confía en demostrar su inocencia y que es blanco de una
persecución política. Así no abandona su candidatura presidencial pese a la
inhabilitación hasta 2030 que le impuso el Tribunal Electoral por cuestionar el
sistema de urnas electrónicas.
La vida política de Brasil se sacude aún más con este juicio a Bolsonaro, quién
tiene un creciente apoyo electoral, en contravía de Lula, que ha visto la caída
libre en su popularidad. La encuesta Datafolha del mes pasado la ubicó en 24%,
el guarismo más bajo en sus tres mandatos presidenciales, como consecuencia de
la inflación, la alicaída economía y el ascenso de la derecha. Y, la
calificación “mala” o “muy mala” a su gestión se disparó del 34% al 41%.
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