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Galán propone mayor presencia del Ejército en San
Bernardo ante ola de atentados
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, admitió la crisis de seguridad en
el barrio San Bernardo y sugirió que una mayor presencia del Ejército podría
contribuir a mejorar la situación. La propuesta surge tras el quinto atentado
con granada en menos de un año, que dejó tres personas heridas la noche del 25
de marzo.
San Bernardo se ha convertido en el epicentro de una guerra entre bandas
dedicadas al microtráfico, dejando hasta ahora un saldo de cuatro muertos y 29
heridos. Horas antes del último ataque, Galán había anunciado los resultados de
un operativo policial en la zona, lo que refuerza la hipótesis de que estos
atentados son represalias de las estructuras criminales.
En una rueda de prensa, el mandatario distrital enfatizó la necesidad de un
trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y la Brigada XIII del Ejército.
“Sería muy positivo mayor presencia del Ejército. Ellos están a menos de tres
cuadras del Batallón de Guardia Presidencial, podrían ayudar en tareas de
vigilancia sin reemplazar a la Policía Metropolitana”, explicó.
La idea de reforzar la seguridad con militares ha sido tema de discusión en
varias administraciones. En 2021, el gremio de comerciantes Fenalco pidió la
militarización de la ciudad ante el incremento de robos y extorsiones. Sin
embargo, la entonces alcaldesa Claudia López rechazó la propuesta y optó por
patrullajes conjuntos entre Policía Militar y la Policía Metropolitana.
Hoy, con una administración distinta, el dilema sigue siendo el mismo: la ciudad
tiene un déficit de uniformados. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.656 policías,
lo que equivale a un agente por cada 470 habitantes, cuando el estándar
internacional sugiere uno por cada 300.
El secretario de Seguridad de Bogotá explicó que la presencia militar ya forma
parte del plan de seguridad distrital desde el inicio del mandato. “La
estrategia de seguridad urbana involucra a la Policía, la Brigada 13 del
Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Su acción coordinada busca
recuperar el control del espacio público y reducir vulnerabilidades”, aseguró.
A pesar de estas declaraciones, expertos como el exsubsecretario de Seguridad,
Andrés Nieto, advierten que las limitaciones legales impiden la militarización
en la ciudad. Según él, la asistencia militar solo es viable en situaciones de
excepcionalidad, lo que no aplica en el contexto actual de Bogotá.
Mientras el debate sigue abierto, los habitantes de San Bernardo continúan
viviendo bajo el temor de nuevos ataques. La demanda es clara: soluciones
efectivas y a largo plazo que garanticen la seguridad en este convulsionado
sector de la capital.
En riesgo el servicio de gas natural para 15 municipios de Boyacá
La compañía ENERCER S.A. alertó sobre el riesgo que tiene la prestación del
servicio público de gas natural domiciliario en municipios
de Miraflores, Páez, Berbeo, San Eduardo, Zetaquira, Campohermoso, Garagoa,
Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Chinavita, Pachavita, Úmbita y San Luis
de Gaceno, en el departamento de Boyacá.
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Indicaron que
enfrentan una grave dificultad derivada del incumplimiento en el pago, por parte
del Gobierno Nacional,
de los subsidios estatales aplicados a los usuarios de estratos 1
y 2 durante el segundo semestre del año 2024 y lo transcurrido del 2025.
"Estos recursos son fundamentales para garantizar la sostenibilidad financiera
del sistema y, por ende, la continuidad del suministro de gas", señaló la
entidad.
Durante los últimos meses, han elevado solicitudes ante el Ministerio de Minas y
Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las
autoridades territoriales, solicitando la cancelación inmediata de la deuda
acumulada. Sin embargo, pese a los múltiples esfuerzos realizados por la
empresa, no han recibido respuesta positiva ni soluciones efectivas por parte
del Gobierno.
Como resultado de esta situación, señalan que el pasado 27 de marzo de 2025,
recibieron una comunicación oficial del proveedor de gas natural, PLEXA S.A.
E.S.P., notificando la suspensión del contrato de suministro a partir del 1 de
abril de 2025, debido a la acumulación de cartera en mora, directamente
relacionada con la falta de pago de los subsidios.
Esto significa que, si no se recibe una solución inmediata por parte del
Gobierno Nacional, el servicio de gas natural domiciliario será suspendido a
partir de la fecha mencionada.
"Hacemos un llamado urgente a la comunidad para unir esfuerzos y exigir que el
Estado cumpla con su obligación de garantizar los recursos necesarios para que
este servicio esencial no se vea interrumpido. Mientras tanto, sugerimos tomar
medidas preventivas, abasteciéndose de fuentes de energia alternativas para
suplir las necesidades básicas de sus hogares en caso de que se materialice la
suspensión", expresó la compañía.
"La situación humanitaria en Colombia alcanzó su
punto más crítico": CICR
En 2024, el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto
más crítico en los últimos ocho años, advirtió el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) al presentar el informe Retos Humanitarios 2025.
La intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los
grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del
derecho internacional humanitario aumentaron de manera alarmante los riesgos
para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas.
“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los
conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas
humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las
hostilidades”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en
Colombia. “La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no
debería suceder”.
En 2024, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al derecho internacional
humanitario (DIH), reflejo de la creciente falta de respeto a las normas que
protegen a la población civil y a quienes han dejado de participar en los
enfrentamientos. El 44 % de estas violaciones estuvieron dirigidas contra la
vida y la integridad física y mental de las
personas protegidas por el DIH.
Un 33 % se relacionó con la conducción de las hostilidades, particularmente con
el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar
precauciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil
de los efectos de los ataques.
El 23 % restante abarcó hechos que
afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su
bienestar y el acceso a servicios esenciales.
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Estas cifras, a pesar de reflejar únicamente los casos
documentados directamente por el CICR, evidencian los graves retos que enfrenta
el país para garantizar la protección de quienes no participan en las
hostilidades.
El CICR expresó su profunda preocupación ante esta falta de respeto al DIH y
recordó que las partes en conflicto tienen la responsabilidad inexcusable de
salvaguardar a la población civil.
Gremios farmacéuticos rechazan amenazas de Petro y
piden soluciones estructurales para la crisis en salud
En medio de la creciente crisis del sistema de salud colombiano, los gremios
farmacéuticos han reaccionado ante las recientes declaraciones del presidente
Gustavo Petro, quien ha sugerido tomar medidas drásticas, como allanar depósitos
donde se almacenen medicamentos, si se comprueba que los productos están siendo
acaparados. La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina
Integral (Acemi), Ana María Vesga, rechazó de manera tajante estas amenazas y
subrayó que "con amenazas no se les responde a los pacientes".
Vesga hizo un llamado al mandatario a despolitizar el tema de la salud y a
centrarse en soluciones que garanticen un mejor servicio para los colombianos. A
su juicio, el enfoque debe ser el fortalecimiento financiero del sector y la
revisión profunda de los costos reales que enfrentan las Entidades Promotoras de
Salud (EPS), que hoy están al borde de la crisis por la falta de un ajuste
adecuado en el presupuesto.
En 2024, el sistema de salud necesitaba un aumento mínimo del 16 % en la Unidad
de Pago por Capitación (UPC), pero el incremento aprobado fue solo del 5.2 %, lo
que deja a las EPS en una situación crítica. La falta de recursos ha generado un
déficit que afecta tanto a los prestadores de servicios como a los pacientes,
quienes ven mermada la calidad de la atención.
“Si el Ministerio no reconoce el déficit, la ADRES no puede girar los recursos y
las EPS quedan en una situación crítica”, insistió Vesga en entrevista con un
medio nacional, reiterando que las amenazas no solucionan los problemas
estructurales del sector. En este sentido, la presidenta de Acemi recordó que la
Corte Constitucional ha ordenado mesas técnicas para revisar las cifras
financieras del sistema de salud, un proceso que, según ella, debe seguir su
curso institucional sin ser politizado.
Otros gremios del sector también se han pronunciado ante la crisis. Ignacio
Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de
Investigación y Desarrollo (Afidro), destacó que las afirmaciones sobre el
acaparamiento de medicamentos son inexactas. Según Gaitán, lo que realmente está
en juego es un problema de desfinanciamiento, con un retraso de hasta 200 días
en los pagos a los proveedores de salud, lo que pone en peligro la estabilidad
de todo el sistema.
Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco)
señaló que el Gobierno debe asumir su responsabilidad por los 4 billones de
pesos que adeuda a los actores del sector farmacéutico. La falta de pagos,
sumada a los problemas de regulación de precios y la escasez de insumos, ha
reducido significativamente la oferta de medicamentos en el mercado.
En medio de estas tensiones, la Defensoría del Pueblo también ha emitido alertas
sobre el acceso a los servicios de salud, señalando que la situación se está
agravando y que se requieren medidas urgentes para dar respuesta a las
necesidades de la población.
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