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Bogotá en alerta: Más de 2.400 casos de violencia
sexual infantil en solo tres meses
La ciudad de Bogotá enfrenta una alarmante ola de violencia sexual contra
menores de edad. En lo corrido del primer trimestre de 2025, se han registrado
2.404 alertas por presunto abuso sexual infantil desde entornos escolares. La
cifra, revelada mediante un derecho de petición por la concejal Diana Diago,
representa un incremento de 740 casos frente al mismo periodo del año anterior.
Uno de los casos que más ha conmocionado a la ciudadanía ocurrió en San
Cristóbal, al sur de la capital. Freddy Castellanos, un funcionario del ICBF
encargado del cuidado de niños en un salón escolar, fue capturado recientemente
por la Fiscalía, acusado de abusar sexualmente de menores a su cargo. El caso
encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad de los entornos educativos en
la ciudad.
El informe indica que la mayoría de las alertas provienen de colegios públicos
(2.030), en comparación con los privados (374). Además, la violencia afecta
principalmente a niñas y niños entre los 6 y 17 años, aunque también se
reportaron casos en menores de entre 3 y 5 años, e incluso en jóvenes mayores de
edad que aún cursan secundaria.
Las localidades más afectadas por este tipo de delitos son Ciudad Bolívar, Bosa,
Kennedy, Usme y Suba, zonas en las que las condiciones sociales suelen ser más
vulnerables. A este panorama se suma una preocupante falta de capacidad
operativa por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, que solo cuenta
con 86 agentes y dos patrullas para cubrir las 20 localidades de la ciudad.
Como resultado, el tiempo promedio de atención a emergencias ha pasado de 47
minutos en 2019 a casi tres horas en 2024. Hoy, se estima que 24 casos diarios
de menores en riesgo no reciben atención oportuna.
La concejal María Clara Name, del Partido Verde, urgió la creación de una Unidad
Especial de la Fiscalía para delitos contra menores. “Los niños víctimas de
violencia no pueden seguir siendo una estadística”, dijo en el Concejo de
Bogotá.
La ciudad enfrenta una crisis silenciosa que exige acción inmediata. Los
agresores no pueden seguir libres y la infancia no puede seguir desprotegida.
Van 117 muertos tras conflicto guerrillero en
frontera colombo-venezolana
El persistente conflicto en la frontera colombovenezolana entre la guerrilla del
ELN y disidencias de las FARC acumula 117 homicidios y casi 65.000 desplazados
en lo que va del año, informó el martes la Defensoría del Pueblo.
Desde el 16 de enero, el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) se enfrenta a sangre y fuego contra una disidencia de las extintas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control de la estratégica
región del Catatumbo (noreste), plagada de narcocultivos.
"Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas
desplazadas y 12.913 confinadas" que no pueden salir de sus poblados, indicó la
Defensoría del Pueblo en un informe que catalogó de "alarmante", presentado en
la ciudad fronteriza de Cúcuta.
La entidad que vela por el respeto a los derechos humanos denuncia que el ELN ha
ido "casa por casa" para matar a quienes considera afines a las disidencias del
Frente 33, que se apartaron del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el
grueso de las FARC.
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Una "fuerte estigmatización" ha caracterizado "toda esta confrontación que ha
llevado a perseguir, asesinar, desplazar", dijo la titular de la Defensoría,
Iris Marín Ortiz.
Según la funcionaria, "la fuerza pública ha entrado" a la región, pero no hay
"evidencia objetiva que pueda decir que hay una predominancia, un control
efectivo (...) en estos territorios", sino que son los rebeldes quienes imponen
su ley.
En medio del peor pico de violencia en una década, el presidente izquierdista
Gustavo Petro anunció el fin de semana un acuerdo para instalar una "zona de
paz" en Tibú, el municipio del Catatumbo con la mayor concentración de cultivos
de hoja de coca del país.
Allí, los disidentes del Frente 33 se asentarán y empezarán a desmovilizarse sin
la presión de sus rivales, bajo el plan de paz del gobierno.
"La Defensoría del Pueblo quisiera ser optimista respecto a este anuncio", sin
embargo "podría, si no se toman las medidas necesarias, agravar la situación de
riesgo" debido a que los disidentes seguirán armados, advirtió Marín.
La entidad registró también la existencia de "campos de resocialización" donde
"se obliga a la población civil a realizar trabajos forzados como forma de
disciplinamiento social", junto con denuncias de violencia sexual a mujeres.
El ELN, de corte guevarista y unos 5.800 combatientes, afianzó su control con "drones
explosivos, minas antipersonal y armamento" en la región, detalla el documento.
A un año y medio de dejar el poder, Petro no ha conseguido acordar la paz con
ninguna de las organizaciones ilegales como prometió.
Colombia apuesta por el futuro verde de la
aviación con su primera planta de SAF para 2029
En medio de un contexto global que exige acciones concretas frente a la crisis
climática, Colombia da un paso firme hacia la descarbonización de su sector
aéreo. Así lo anunció Carolina Rojas, presidenta ejecutiva de
Fedebiocombustibles, durante la quinta Conferencia Internacional de
Biocombustibles celebrada en Santa Marta. Según la líder gremial, en 2029 el
país contará con su primera planta de producción de SAF (Sustainable Aviation
Fuel), lo que marca un hito en la transformación energética del país.
La planta, que tendrá una capacidad anual de 50 millones de galones, será
desarrollada por BioD, empresa con trayectoria en el mercado del biodiésel.
Utilizará la tecnología ATH (Alcohol to Jet), un proceso que convierte alcoholes
derivados de biomasa en combustible para aviación. Actualmente, el proyecto se
encuentra en fase de factibilidad, evaluando variables técnicas, económicas y
operativas para garantizar su viabilidad.
Este anuncio llega en un momento clave, luego de que en enero de 2025 la
Aeronáutica Civil adoptara oficialmente la Resolución 00090, que traza la hoja
de ruta para la producción y uso de SAF en el país. La meta es ambiciosa:
alcanzar una producción de 100 millones de galones en 2035 y 450 millones en
2050. Según Rojas, lograrlo requerirá una estrecha colaboración entre los
sectores público y privado.
La industria biocombustible también reclama mayor claridad normativa.
Fedebiocombustibles ha insistido en la necesidad de una legislación que defina
con precisión las metas de mezcla de biodiésel y bioetanol, actualmente
fijadas en el 10 %, y que incluya una visión integral para biocombustibles de
aviación y marítimos.
Mientras el país avanza en la consolidación de su marco regulatorio, algunas
empresas ya están dando pasos concretos. Ecopetrol y Latam, por ejemplo, han
comenzado pruebas con tecnologías de cogeneración que permiten la producción
simultánea de SAF y otros combustibles renovables.
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Además, el gremio ve un potencial importante en los
biocombustibles marítimos, con una meta de producción de 15 millones de galones
anuales para 2030 y una reducción del 40 % en emisiones del sector naviero.
Los resultados, hasta ahora, son alentadores. En 2024 se vendieron 688.000
toneladas de biodiésel, y se proyectan 716.000 para este año. En cuanto al
bioetanol, las ventas en 2024 fueron de 396 millones de litros y se espera
cerrar 2025 con 440 millones. Las pruebas con mezclas voluntarias de hasta el 20
% también muestran buenos resultados, especialmente entre transportadores
pequeños.
¿Será este el inicio de una nueva era para la aviación en Colombia? El reto es
grande, pero la ruta ya está trazada.
Frisby enfrenta una batalla legal en Europa por el uso de su marca en España
Lo que parecía una simple anécdota
curiosa ha tomado tintes legales complejos para una de las marcas más queridas
por los colombianos. Frisby, la cadena de pollo frito nacida en Pereira y con
presencia nacional desde hace más de 40 años, se encuentra en medio de una
disputa marcaria internacional luego de que apareciera en España una empresa que
utiliza su nombre, colores, logotipo y hasta el emblemático pollo que la
representa.
Este “Frisby español” no solo replicó casi al detalle la identidad visual de la
marca original, sino que además afirmó contar con un registro válido ante la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y anunció su
intención de continuar con su expansión por el continente. Ante esto, la firma
colombiana evalúa posibles acciones legales en un escenario que, según expertos,
podría tomar años en resolverse.
Daniel Pardo, abogado experto en derecho corporativo de la firma Scola Abogados,
explicó a medios de comunicación nacionales que la situación es delicada y que
las implicaciones podrían abarcar frentes civiles, penales y administrativos.
“El uso no autorizado de una marca puede constituir competencia desleal y
suplantación marcaria”, aseguró.
Aunque el registro en la UE otorga cierta protección al presunto infractor, la
legislación europea también abre la puerta a que Frisby Colombia pueda actuar.
Según el Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, si se
demuestra que el registro fue solicitado de mala fe —por ejemplo, con
conocimiento previo de la existencia y reputación de la marca original—, es
posible solicitar su nulidad. Además, si se prueba que se trata de una marca
notoria, el riesgo de confusión o de aprovechamiento del prestigio ajeno puede
ser suficiente para invalidar el registro.
“El gran reto para Frisby es que ya existe un registro válido en Europa, y para
desvirtuarlo se necesita una decisión judicial. Esto implica tiempo, dinero y
recursos legales considerables”, señaló Pardo. En muchos casos, según el
abogado, quienes registran estas marcas en el extranjero buscan llegar a
acuerdos económicos con las empresas legítimas. “Hay personas que hacen de este
tipo de maniobras un negocio fraudulento”, advirtió.
Este tipo de conflictos no es nuevo. Apple, por ejemplo, tuvo que pagar 60
millones de dólares en 2012 a una empresa china que había registrado la marca
iPad en ese país. Y más recientemente, un local en Caracas, Venezuela, generó
controversia al presentarse con la estética de Starbucks sin serlo oficialmente.
Por ahora, Frisby Colombia enfrenta una batalla cuesta arriba, pero no
imposible. Detrás de la defensa de una marca no solo hay intereses comerciales,
también está el peso simbólico de una empresa que ha acompañado a generaciones
de colombianos. Y perder ese nombre, aunque sea en otro continente, no es algo
que se tome a la ligera.
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