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Trump firmó decreto que eleva al 50%
aranceles de acero y aluminio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un
decreto que aumenta del 25% al 50% los aranceles a las importaciones
de acero y aluminio por ser dos sectores que considera estratégicos.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump ha impuesto
aranceles generalizados, tanto a aliados como a adversarios, unas
medidas que han sacudido el orden comercial mundial y agitado los
mercados financieros.
También ha impuesto tarifas aduaneras del 25% a productos
específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.
En 2024, Estados Unidos importó alrededor de la mitad del acero y el
aluminio utilizados en el país.
Canadá es su principal proveedor de acero, seguido por Brasil y
México, con productos destinados a otras industrias como la
automotriz o la construcción. Y Argentina el sexto proveedor de
aluminio.
El decreto especifica que las nuevas tarifas aduaneras entrarán en
vigor el miércoles a las 00H01 locales (04H01 GMT).
El objetivo es "combatir con mayor eficacia a los países que
continúan descargando excedentes de acero y aluminio a bajo precio
en Estados Unidos", se lee en el texto.
"Aumentar los aranceles impuestos previamente brindará un mayor
apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza a la
seguridad nacional que representan las importaciones de artículos de
acero, aluminio y sus derivados", añade.
Trump anunció su decisión la semana pasada durante una visita a una
planta siderúrgica de US Steel en Pensilvania, un estado del noreste
cuna de la siderurgia nacional.
"Nadie podrá robarles su industria", declaró entonces.
Canadá presentó el 13 de marzo una denuncia ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) contra la primera oleada de aranceles
sobre el acero y el aluminio.
El país argumentó que estas medidas son "incompatibles con las
obligaciones de Estados Unidos" en materia de comercio
internacional, según la OMC.
Ecuatorianos definirán en referendo la
instalación de bases militares extranjeras
Como estaba previsto, ante la mayoría oficialista en el Congreso,
fue aprobada la reforma constitucional para permitir el
establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador presentada
por el presidente Daniel Noboa y que ahora deberá ser avalada en un
referendo.
El reelegido presidente
ecuatoriano propuso en octubre el cambio en la Carta Magna para
levantar la prohibición que existía al respecto, con el objetivo
declarado de fortalecer su guerra contra el narcotráfico.
La Asamblea Nacional, unicameral, aprobó la reforma con el apoyo de
82 de sus 151 miembros en una votación que cerró casi una hora de un
segundo y definitivo debate en su sede en Quito.
"Este es un aporte decidido a la seguridad, en contra del crimen
transnacional y para el retorno de la paz al territorio"
ecuatoriano, señaló el Parlamento en su cuenta en la red social X.
La Corte Constitucional deberá ahora examinar el texto sobre la
reforma que será sometida a referéndum, y que será convocado por
Noboa en un plazo de 45 días, tal como establece la actual
Constitución vigente desde 2008.
El exgobernante socialista Rafael Correa
(2007-2017) impulsó esa prohibición. También dio por terminado un
acuerdo que permitió a Estados Unidos el uso durante una década de
una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el puerto pesquero
de Manta (suroeste) para operaciones militares antidrogas hasta
2009.
El correísmo, que cuenta con 66 escaños al igual que el partido en
el gobierno (ADN) pero que tiene el apoyo de otros sectores, se
opuso a la iniciativa de Noboa.
"Lo mejor es que haya
cooperación entre los países de América Latina para evitar las bases
militares o el armamento nuclear", dijo
durante el debate el
asambleísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa y Relaciones
Exteriores de Correa.
El Legislativo señaló luego en un
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comunicado que dio luz verde a la reforma constitucional "con el objetivo de
fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado
transnacional".
"Esta reforma constituye un camino hacia el establecimiento de bases militares
extranjeras y la recuperación de la seguridad nacional mediante la cooperación
estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica, lo
cual permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado"", agregó.
En una gira por el exterior en mayo, Noboa afirmó que Israel quiere "ayudar" a
Ecuador con inteligencia para aplicar en esa lucha contra el narcotráfico. El
mandatario, quien se autodefine de centroizquierda, también ha buscado estrechar
lazos con Estados Unidos.
Ante la violencia desatada por una veintena de bandas con nexos con carteles
internacionales, que a sangre y fuego se disputan el poder, Noboa -en el cargo
desde noviembre de 2023 y reelegido hasta mayo de 2029- declaró el año pasado a
Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener a las Fuerzas
Armadas en las calles.
Las autoridades ecuatorianas han intensificado su ofensiva contra la
criminalidad, especialmente contra los carteles. Así, este lunes detuvo a seis
familiares del prófugo líder de la poderosa banda narco “Los Choneros”, Adolfo
Macías, en un operativo ejecutado en tres provincias, informó el ministro del
Interior, John Reimberg.
Macías, “alias Fito”, escapó de una cárcel de Guayaquil en enero de 2024. Su
fuga desató una ola de violencia, que incluyó explosiones, toma de rehenes en
cárceles y el asalto a un canal de televisión cuando transmitía en vivo su
noticiero.
Fito es el máximo jefe de “Los Choneros”, una organización dedicada al
narcotráfico que libra una sangrienta disputa contra otras bandas criminales por
el control de los mercados de la droga.
El operativo "Centinela VI" se realizó en las provincias de Guayas (capital
Guayaquil),
Manabí y Pichincha (Quito) y dejó
"seis familiares directos (de Fito) detenidos" en 33 allanamientos, así como
unos cincuenta bienes incautados por valor de 12 millones de dólares, señaló
Reimberg.
Eligen a Lee Jae-myung como presidente de Corea
del Sur
El candidato de centroizquierda Lee Jae-myung fue elegido presidente de Corea
del Sur frente a su rival conservador Kim Moon-soo, según los resultados
oficiales publicados el miércoles.
Tras el recuento de más del 98% de las papeletas, Lee ganó con el 49,2% de los
votos, frente al 41,5% para Kim, según las cifras publicadas por la comisión
electoral.
"Acepto humildemente la elección del
pueblo. Enhorabuena al candidato elegido, Lee Jae-myung", declaró Kim a la
prensa en Seúl.
El nuevo presidente electo de Corea del Sur, que tomará sus funciones el
miércoles, prometió "no defraudar las expectativas del pueblo" e hizo un
llamamiento a la unidad en el país, extremadamente polarizado.
"Puede que hayamos tenido puntos de vista distintos, posturas diferentes y
llevado colores distintos durante un tiempo. Pero hoy todos somos el mismo
pueblo orgulloso de esta gran nación. Caminemos juntos", declaró el político de
61 años a sus seguidores.
Como durante toda su campaña, Lee,
que estuvo a punto de morir el año pasado tras ser apuñalado en el cuello en
plena calle por uno de sus detractores, habló tras un cristal blindado y
protegido por una enorme presencia policial.
Participación masiva
Los surcoreanos acudieron masivamente a las urnas para elegir al nuevo jefe de
Estado y poner fin a seis meses de caos político causado por el intento fallido
del anterior presidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial.
La tasa de participación fue del 79,4%, la más elevada en 28 años.
Lee Jae-myung, líder
del Partido Demócrata, partía como favorito en esta elección de una vuelta,
frente al exministro Kim Mon-soo (73 años), del Partido del Poder Popular, al
que pertenecía Yoon.
Cuando se anunciaron los resultados de los sondeos, la sala del Parlamento que
ocupaban los militantes del Partido Demócrata se inundó de vítores y aplausos
para Lee Jae-myung.
El ganador de los comicios asumirá el cargo casi de inmediato y deberá enfrentar
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numerosos problemas,
incluyendo el desorden provocado por los aranceles estadounidenses en el
comercio internacional, que ha golpeado a la economía exportadora de Corea del
Sur.
Enfrentará también una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y la
creciente beligerancia de Corea del Norte con su arsenal militar en constante
expansión.
Pero, según los expertos, los votantes esperan, sobre todo, que esta votación
sirva para pasar página de la fallida ley marcial de Yoon, que dejó a Corea del
Sur sin líder durante los primeros meses del gobierno del estadounidense Donald
Trump.
La cuarta economía asiática atraviesa un periodo de inestabilidad política desde
principios de diciembre, cuando el conservador Yoon declaró por unas horas la
ley marcial y envió al ejército a la Asamblea Nacional, dominada por la
oposición.
"Nunca más se utilizarán las armas (...) para intimidar al pueblo como parte de
un golpe militar", declaró Lee el miércoles.
"Referendo sobre el gobierno anterior"
Desde ese episodio, hubo varios presidentes interinos. Yoon fue suspendido,
acusado de insurrección, arrestado después de semanas de resistencia y
destituido finalmente por el Tribunal Constitucional.
El país de 52 millones de habitantes, que pasó a un régimen democrático en 1987,
quedó fuertemente polarizado por la crisis política de la ley marcial.
"Las encuestas indican que la elección es considerada como un referendo sobre el
gobierno anterior", comentó a AFP Kang Joo-hyun, profesora de ciencias políticas
de la Universidad de Mujeres Sookmyung.
La noche en que se declaró la ley marcial, el exabogado Lee Jae-myung transmitió
en directo su carrera frenética hacia el Parlamento, rodeado por el ejército,
donde logró colarse junto con casi otros 200 diputados para votar una moción que
frustró la iniciativa de Yoon.
El año pasado fue blanco de un intento de asesinato que lo dejó al borde de la
muerte, por lo que hizo campaña con chaleco antibalas y pronunció sus discursos
protegido por cristales blindados.
Su rival, Kim Moon-soo, un exdirigente sindical que se pasó de bando, rechazó
disculparse en nombre de su partido un día después de la debacle en el
Parlamento.
Gobierno de Guatemala rechaza orden de captura
contra Velázquez y Camargo
A través de un comunicado oficial emitido este 2 de junio de 2025, el gobierno
guatemalteco manifestó su oposición rotunda a las órdenes de aprehensión contra
el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de Colombia,
Luz Adriana Camargo Garzón por supuesta corrupción a favor de la empresa
brasileña Odebrecht.
Ambos exfuncionarios fueron parte de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad respaldada por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que operó en el país hasta 2019. El comunicado oficial
asegura que las medidas “carecen de sustento legal” y representan un acto de
criminalización y abuso del derecho penal.
La orden fue emitida por el Ministerio Público de Guatemala, bajo la dirección
del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea
por corrupción. Según Curruchiche, Velásquez y Camargo habrían favorecido a la
empresa Odebrecht, causando una supuesta pérdida de 400 millones de dólares al
Estado guatemalteco. Se les acusa de asociación ilícita, obstrucción de
justicia, tráfico de influencias y colusión.
El Gobierno de Guatemala asegura que estas acciones responden a un “objetivo
político evidente” y denuncia la persecución sistemática de fiscales y
exfuncionarios que han combatido la corrupción. Además, reitera que se encuentra
en contacto con las autoridades del Gobierno de Colombia para presentar las
objeciones y defender la honra de la nación frente a lo que califica como un
acto irresponsable y espurio del Ministerio Público.
Velásquez, próximo a asumir como embajador ante el Vaticano, rechazó
públicamente las acusaciones en su cuenta de X, solidarizándose con los
guatemaltecos exiliados por razones políticas. Junto a esta orden, también se
incluyó a la exfiscal Thelma Aldana y otros exfiscales.
La comunidad internacional continúa observando con preocupación la situación en
Guatemala, donde persisten los señalamientos de persecución judicial y
politización de la justicia.
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