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El trasfondo de una masacre relacionada con el
narcotráfico en Puerto Colombia
Un violento ataque en Puerto Colombia, Atlántico, la noche del lunes festivo
dejó tres muertos y al menos nueve heridos, en un episodio que ha desvelado la
disputa sangrienta entre bandas criminales por el control del narcotráfico en la
región. La masacre ocurrió en el marco de una fiesta electrónica clandestina,
realizada en una cabaña a menos de diez minutos de Barranquilla, y se presume
que el ataque estuvo dirigido específicamente a un miembro de una de las bandas
criminales más temidas de la zona: Los Costeños.
Según las primeras investigaciones, cuatro hombres armados, encapuchados y a
bordo de dos motocicletas, irrumpieron en la fiesta y comenzaron a disparar
indiscriminadamente contra los asistentes. Los reportes iniciales señalan que la
principal víctima del atentado sería Raúl Alberto Henao Farías, alias ‘Choco’,
quien recibió un disparo en el fémur derecho. Este hombre de 26 años, con
antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, forma parte de la
mencionada organización criminal y, al parecer, su conflicto con otros miembros
de la banda habría sido el detonante del ataque.
Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el presunto autor intelectual
del tiroteo sería alias ‘El Turco’, quien estaría detrás de una disputa interna
por el control de las rentas ilícitas generadas por la venta de drogas
sintéticas, especialmente en fiestas electrónicas como la que se celebraba esa
noche. La conexión entre estas fiestas y el narcotráfico se ha venido
reforzando, ya que en varias ocasiones se ha documentado la venta y consumo
masivo de sustancias como tusi, éxtasis y marihuana en estos eventos
clandestinos.
Las autoridades señalaron que los tres muertos fueron identificados como dos
hombres jóvenes, oriundos del Atlántico. Entre ellos, se encontraba Ronaldo José
Alarcón Castrilleros, quien tenía antecedentes judiciales por hurto. La otra
víctima mortal, Luis Alfredo Vergara Julio, también tenía registros penales, lo
que refuerza la hipótesis de que el ataque no fue aleatorio, sino dirigido a un
círculo cercano al narcotráfico y los ajustes de cuentas entre bandas. Además,
la tercera victima fatal fue identificada como Massiel Karina Gómez Gómez, una
joven DJ de 25 años que se encontraba trabajando en el evento al momento del
ataque.
Además, de los nueve heridos, al menos cuatro cuentan con antecedentes
judiciales, lo que sigue apuntando a que el hecho no fue un simple tiroteo entre
desconocidos, sino parte de un conflicto estructural del crimen organizado. La
violencia en Puerto Colombia no es un fenómeno nuevo; de hecho, en 2022, otro
tiroteo en condiciones similares dejó dos muertos y varios heridos, también
relacionado con disputas entre bandas locales.
Otro elemento que ha complicado la investigación es la falta de funcionamiento
de las cámaras de seguridad en el lugar del ataque, lo que ha dificultado la
recopilación de pruebas clave. A pesar de esto, la Policía ha comenzado a
rastrear grabaciones de cámaras cercanas y ha solicitado la colaboración de los
testigos para aportar información sobre los autores materiales del ataque.
Con los heridos aún bajo tratamiento médico y la investigación en curso, las
autoridades continúan buscando pistas que permitan esclarecer los detalles del
ataque y dar con los responsables. Mientras tanto, la comunidad sigue en alerta
ante la creciente violencia vinculada a los negocios ilícitos que operan en la
región.
Portugal niega libertad a “Papá Pitufo” y Colombia
acelera su juicio
La batalla legal del conocido contrabandista colombiano Diego Marín Buitrago,
alias Papá Pitufo, sigue dando de qué hablar. En una reciente rueda de prensa,
la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo,
confirmó que el Tribunal Supremo de Portugal negó la solicitud de libertad
presentada
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por la defensa de Marín
Buitrago. Esta decisión fue tomada después de que su defensa apelara la orden de
captura en su contra, emitida por las autoridades colombianas por delitos como
concierto para delinquir y cohecho.
Según Camargo, la corte portuguesa otorgó un plazo de 20 días para que la
autoridad administrativa encargada de evaluar su solicitud de asilo tome una
decisión final. Aunque aún persiste la posibilidad de que Marín Buitrago logre
evadir la extradición por razones humanitarias o legales, la fiscal resaltó que
la extradición parece inminente, lo que podría acelerar su regreso a Colombia.
El caso de Papá Pitufo ha tenido varias complicaciones judiciales. En Colombia,
su defensa presentó una acción de tutela tras la imputación de cargos realizada
en su ausencia el pasado 31 de enero. La audiencia, celebrada sin la presencia
de Marín Buitrago, fue criticada por los abogados del acusado, quienes alegaron
que se le vulneraron sus derechos, especialmente el derecho al debido proceso.
En dicha diligencia, el Juzgado 48 Penal Municipal de Bogotá lo vinculó a un
proceso judicial en contumacia, sin permitirle participar activamente, lo que
motivó una apelación por parte de su defensa.
El Tribunal Superior de Bogotá, tras analizar la tutela, concluyó que la
audiencia de imputación fue irregular. Se determinó que el proceso fue viciado,
ya que se omitió la participación de las partes claves como la Fiscalía, el
Ministerio Público y las víctimas, lo que constituyó una grave deficiencia
procesal. En consecuencia, el tribunal ordenó la nulidad de las decisiones
posteriores a la imputación de cargos, dejando el proceso en un limbo judicial.
La situación judicial de Marín Buitrago es un reflejo de la complejidad de los
casos de narcotráfico de alto perfil, en los que se combinan disputas legales
locales e internacionales. Aunque el proceso sigue su curso, las autoridades
colombianas esperan que la extradición de Papá Pitufo se concrete en un corto
plazo, lo que podría llevarlo finalmente a enfrentarse a la justicia colombiana
por sus presuntos crímenes.
Masacre en Nariño: Asesinan a líder social y sus escoltas en Ricaurte
La violencia en Nariño ha tocado un nuevo nivel de crueldad con la masacre
ocurrida en el municipio de Ricaurte, donde Luis Aurelio Araujo Hernández, un
reconocido líder social, y sus dos escoltas fueron encontrados muertos y
calcinados en su vehículo. El crimen ocurrió la mañana del 3 de junio de 2025,
en la vereda Cuaiquer Viejo, en el piedemonte costero de este departamento.
Araujo Hernández, quien lideraba la organización indígena Camawari, que
representa a diez resguardos Awá en la región, fue interceptado junto a sus
escoltas por hombres armados que, según la información preliminar, dispararon
contra ellos y luego incendiaron el vehículo donde viajaban. Araujo Hernández y
sus escoltas, Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, fueron hallados sin vida,
con los cuerpos severamente quemados.
El subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Alex González, confirmó
que las víctimas fueron incineradas en el mismo vehículo, y expresó su dolor por
el acto. "Los violentos no solo arrebatan vidas, sino que buscan sembrar
terror", afirmó, dejando claro que este asesinato es parte de un patrón de
violencia dirigido a los defensores de los derechos humanos y las comunidades
étnicas en la región.
El líder indígena de 43 años, reconocido por su incansable lucha por los
derechos territoriales de su pueblo, había sido nombrado coordinador general de
Camawari en marzo de 2025, cargo con el que representaba legalmente a los
pueblos Awá en un contexto marcado por procesos de paz con grupos armados
ilegales. La organización se ha destacado por su trabajo en la defensa de la
cultura, los territorios y los derechos humanos de los indígenas en la región de
Ricaurte.
Este crimen se suma a una serie de ataques recientes que han sembrado el miedo
en el departamento de Nariño. Solo unos días antes, el 1 de junio, William
Arias, gobernador suplente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá en Barbacoas,
fue víctima de un atentado, aunque salió ileso. Además, el 31 de mayo, en
Linares, dos líderes indígenas,
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Aquiles Vallejos López y Brayan Lora Rosero,
fueron asesinados.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, condenó el asesinato y expresó su
solidaridad con las familias de las víctimas. "Este acto atroz busca quebrantar
la voluntad de las comunidades defensoras de la vida y los derechos humanos",
comentó el mandatario, quien anunció una reunión urgente con las fuerzas de
seguridad para abordar la creciente violencia en la región.
Las autoridades locales, junto con organizaciones de derechos humanos, han
iniciado una investigación para dar con los responsables del ataque y esclarecer
los móviles detrás de esta masacre. Sin embargo, aún no se ha identificado a los
perpetradores ni a las posibles causas del crimen.
Exministro Ricardo Bonilla será imputado por su participación en el escándalo
de la UNGRD
El escándalo de corrupción más grande que enfrenta la administración del
presidente Gustavo Petro sigue tomando nuevos giros. En esta ocasión, la
Fiscalía General de la Nación ha confirmado que procederá con la imputación de
cargos contra Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda, por su presunta
implicación en manejos irregulares dentro de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el ente acusador, Bonilla estaría
vinculado a los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la
celebración de contratos.
Este caso involucra un entramado de contratos ilegales, conocidos como "cupos
indicativos", a través de los cuales, según las investigaciones, se habrían
cuadrado acuerdos para beneficiar a congresistas de las comisiones de Crédito
Público a cambio de su apoyo para aprobar créditos urgentes para la Nación. La
Fiscalía afirma que Bonilla, quien dirigía el Ministerio de Hacienda, jugó un
papel clave en la aprobación de estos contratos a favor de seis legisladores.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que la imputación contra Bonilla
está vinculada a uno de los cuatro hechos de corrupción que conforman este caso,
y que el proceso se acelerará una vez se apruebe el principio de oportunidad
para María Alejandra Benavides Soto, exasesora de Bonilla y testigo clave.
Benavides ha acordado colaborar con la justicia en el marco de este principio,
lo que permitirá avanzar en el proceso judicial contra el exministro.
El caso de Bonilla comenzó a tomar forma tras las declaraciones de Olmedo López,
exdirector de la UNGRD, quien le dijo a la Fiscalía que Bonilla habría pactado
con él para destinar casi 92.000 millones de pesos en convenios que nunca fueron
firmados, pero que tenían como objetivo beneficiar a ciertos congresistas a
cambio de su apoyo político en la aprobación de los créditos para el país. Estos
contratos, que inicialmente se iban a gestionar para atender emergencias, se
desviaron hacia los intereses de los legisladores, según la versión de López.
Además, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD,
también mencionó a Bonilla en sus declaraciones, afirmando que el exministro
estaba al tanto de los manejos irregulares dentro de la entidad y que facilitó
el proceso para que los contratos fueran direccionados a los municipios de
Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, donde se habrían reportado emergencias
falsas para justificar la firma de los acuerdos.
En cuanto a los congresistas implicados, según López, los principales
beneficiarios de estos contratos fueron: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián
Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Astrid Manrique y Juan Diego Muñoz, todos ellos
llamados a declarar por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, salvo la
senadora Bitar, el resto de los involucrados ha optado por guardar silencio ante
las autoridades.
La imputación de Bonilla es un paso más en la investigación de un caso que ha
sacudido los cimientos de la administración actual, dejando al descubierto cómo
el poder político y económico se entrelaza con los recursos destinados a la
atención de desastres. A medida que avanza la investigación, la Fiscalía y la
Corte Suprema continuarán con el seguimiento de este escándalo que podría tener
implicaciones aún más profundas.
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